¿Se rompe el Reino Unido? Escocia, Gales e Irlanda del Norte se alían

Escocia, Gales e Irlanda del Norte abren un frente constitucional común ante Westminster. John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill tienen previsto reunirse este lunes 14 de septiembre en Cardiff para firmar un memorando conjunto que reivindica el derecho de sus respectivas naciones a decidir su futuro mediante referendos. Hay, eso sí, un matiz importante: los tres actuarán en el encuentro como dirigentes del SNP, Plaid Cymru y Sinn Féin, respectivamente, y no formalmente en su condición institucional de primeros ministros.

El acuerdo no rompe el Reino Unido ni convoca automáticamente ninguna consulta. Tampoco fija una fecha para la independencia de Escocia o Gales ni para la reunificación de Irlanda. Su importancia es política: por primera vez los partidos que gobiernan las tres naciones con autonomía del Reino Unido coordinan públicamente una ofensiva para reclamar a Londres una vía legal hacia la autodeterminación. Y eso dibuja una fotografía constitucional difícil de encontrar hasta hace muy poco.

Cardiff reúne un frente inédito contra Westminster

El encuentro llega en un momento peculiar. El SNP continúa gobernando Escocia con John Swinney; Sinn Féin ocupa por primera vez la jefatura del Gobierno norirlandés con Michelle O’Neill; y las elecciones galesas del pasado 7 de mayo cambiaron el mapa político de Gales de manera bastante espectacular. Plaid Cymru obtuvo 43 de los 96 escaños del Senedd, por delante de los 34 de Reform UK, mientras que el Partido Laborista cayó hasta nueve diputados. Era la primera elección desde el inicio de la autonomía galesa en la que los laboristas no terminaban como primera fuerza.

Rhun ap Iorwerth se convirtió días después en primer ministro de Gales. El resultado produjo algo que Westminster no había tenido que gestionar hasta ahora: Edimburgo, Cardiff y Belfast están encabezados simultáneamente por políticos pertenecientes a formaciones que cuestionan la configuración territorial actual del Reino Unido. No todos lo hacen del mismo modo, ni con los mismos ritmos, ni siquiera persiguen exactamente el mismo resultado. Pero la coincidencia existe.

El memorando previsto para Cardiff intenta convertir esa coincidencia en presión política coordinada. Según la información conocida antes de la reunión, los firmantes reclamarán que Londres reconozca que escoceses, galeses y norirlandeses puedan determinar democráticamente su futuro constitucional. También abordarán asuntos menos incendiarios —financiación, reparto de recursos y cooperación entre gobiernos—, porque incluso las revoluciones constitucionales necesitan hablar de presupuestos.

Tres partidos soberanistas, tres proyectos diferentes

Conviene no meter las tres situaciones en el mismo saco. Escocia busca convertirse en un Estado independiente y el SNP mantiene esa aspiración en el centro de su proyecto político. Gales tiene un movimiento independentista históricamente bastante más reducido, aunque la llegada de Plaid Cymru al Gobierno ha dado a esa reivindicación una visibilidad institucional desconocida.

Irlanda del Norte es otra historia. Sinn Féin no plantea crear un nuevo Estado norirlandés independiente, sino integrar los seis condados de Irlanda del Norte en una Irlanda reunificada. Es una diferencia esencial, tanto política como jurídica.

La propia O’Neill llega, además, desde un territorio cuya arquitectura institucional nació precisamente para que identidades británicas e irlandesas pudieran convivir sin que una de ellas tuviera que desaparecer por decreto. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 estableció una fórmula democrática para cambiar el estatus constitucional de Irlanda del Norte. Ahí está una de las claves de toda esta disputa.

Escocia quiere una puerta que Londres mantiene cerrada

Escocia ya celebró un referéndum de independencia en septiembre de 2014. El resultado fue claro: el 55,3 % votó por permanecer en el Reino Unido y el 44,7 % por marcharse. Desde entonces, el SNP sostiene que el Brexit, los sucesivos resultados electorales y el paso del tiempo justifican una segunda consulta.

El problema no está únicamente en convencer a los votantes. Está en quién posee la llave de la urna.

El Tribunal Supremo británico resolvió por unanimidad en noviembre de 2022 que el Parlamento escocés no tiene competencia para legislar unilateralmente sobre un referéndum de independencia, porque la Unión y el Parlamento del Reino Unido son materias reservadas a Westminster. En la práctica, una consulta jurídicamente acordada requiere una transferencia de competencias desde Londres, como ocurrió antes del referéndum de 2014.

Y precisamente ahí ha aparecido una pequeña grieta política. El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró recientemente en la Cámara de los Comunes que, si existiera un consenso claro en Escocia favorable a una consulta, la situación debería considerarse de manera semejante a la prevista para Irlanda del Norte. Swinney recogió la frase al vuelo y le escribió el 10 de septiembre reclamando que ese principio se convierta en un mecanismo jurídico concreto. Burnham matizó después sus palabras y rechazó abrir una vía inmediata hacia un segundo referéndum escocés.

La sutileza británica alcanza aquí una de esas cumbres que harían sonreír a un constitucionalista: reconocer que podría existir una circunstancia en la que una consulta fuese justificable mientras se sostiene que, de momento, esa consulta no está permitida.

Gales llega con una fuerza política que antes no tenía

El elemento realmente nuevo de la ecuación es Gales. Durante décadas, la independencia galesa ocupó un espacio mucho más periférico que la escocesa. Incluso la autonomía llegó allí con pasos bastante más tímidos. Ahora Plaid Cymru gobierna por primera vez tras una victoria electoral que acabó con la larga hegemonía laborista.

Eso no equivale a decir que Gales esté a las puertas de abandonar el Reino Unido. Ni mucho menos. Ap Iorwerth ha defendido la independencia como horizonte político, pero también ha situado en primer plano cuestiones más inmediatas: financiación, competencias, servicios públicos y una relación diferente entre Cardiff y Londres.

Hay otra dificultad nada pequeña. La Constitución figura entre las materias reservadas al Parlamento británico dentro del actual modelo de autonomía de Gales. El Senedd puede aprobar leyes en amplios ámbitos domésticos, pero no dispone simplemente de un interruptor constitucional que permita organizar por su cuenta la salida del Reino Unido.

Cardiff busca, por tanto, modificar las reglas antes de jugar la partida decisiva. El acuerdo con Escocia e Irlanda del Norte pretende defender un principio común: que la capacidad de convocar una consulta no dependa permanentemente de Westminster.

Irlanda del Norte sí tiene un camino escrito en la ley

El caso norirlandés es el más delicado, pero también el que cuenta con las reglas más claras. El Northern Ireland Act de 1998, que trasladó al derecho británico elementos esenciales del Acuerdo de Viernes Santo, establece que el secretario de Estado para Irlanda del Norte debe convocar una consulta si considera probable que una mayoría de los votantes apoyaría abandonar el Reino Unido para formar parte de una Irlanda unida.

No significa que Sinn Féin pueda fijar mañana la fecha de un referéndum. La decisión inicial corresponde al Gobierno británico y existe una disputa política permanente sobre qué evidencias permitirían concluir que esa mayoría es probable.

Pero esa puerta existe. En Escocia y Gales, no de la misma manera.

Esa asimetría es precisamente uno de los argumentos que utiliza Swinney. Si el Reino Unido acepta jurídicamente que la voluntad democrática puede modificar la soberanía de Irlanda del Norte, sostiene el nacionalismo escocés, resulta cada vez más complicado explicar por qué debería existir un bloqueo indefinido para que los escoceses vuelvan a pronunciarse.

Westminster replica que el Acuerdo de Viernes Santo responde a circunstancias históricas y jurídicas específicas y que no constituye una plantilla constitucional para todo el país. Dos principios democráticos frente a frente, ambos fáciles de proclamar y bastante más difíciles de encajar cuando el resultado puede borrar fronteras.

Trump mete a Irlanda en una conversación ya bastante complicada

La cumbre de Cardiff tendrá lugar apenas dos días después de una intervención inesperada de Donald Trump. Durante su visita a Dublín, el presidente estadounidense afirmó que le gustaría ver una Irlanda unificada y aseguró que, a su juicio, terminará ocurriendo. Las palabras rompieron con la tradicional cautela de los presidentes estadounidenses respecto al resultado constitucional final del proceso norirlandés.

Trump no decide nada sobre el asunto, naturalmente. El futuro de Irlanda del Norte está sometido al mecanismo pactado entre británicos e irlandeses y, en último término, al voto de la población. Sus comentarios tienen, sin embargo, peso simbólico porque Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en el proceso de paz que desembocó en el acuerdo de 1998.

La reacción unionista fue inmediata. El líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, recordó que el futuro constitucional de Irlanda del Norte corresponde a sus ciudadanos, no a las opiniones expresadas en Londres, Dublín o Washington. Downing Street también reiteró que no considera que se den actualmente las circunstancias para convocar una consulta sobre la unidad irlandesa.

Trump ha añadido así combustible verbal a un fuego que ya estaba encendido. Nada nuevo en eso. Lo nuevo es que esta vez las chispas llegan justo cuando tres dirigentes soberanistas se sientan alrededor de la misma mesa.

Una Unión obligada a discutir sus propias reglas

El Reino Unido no se desintegra este lunes. No hay tres referendos convocados, no existe un calendario de separación y el memorando de Cardiff no altera por sí solo las competencias constitucionales de Londres, Edimburgo, Cardiff o Belfast.

Pero tampoco sería sensato despachar la reunión como una fotografía ceremonial. Después de las elecciones galesas de 2026, la política territorial británica ha cambiado de forma bastante visible. Tres gobiernos autónomos están encabezados por dirigentes cuyos partidos consideran insuficiente —o directamente superable— la Unión actual.

Hasta ahora Westminster podía tratar el independentismo escocés, el nacionalismo galés y el republicanismo irlandés como problemas separados, con historias, leyes y apoyos electorales distintos. Y siguen siéndolo. Cardiff introduce otra cosa: coordinación.

Quizá sea precisamente eso lo que más incomode en Londres. La pregunta ya no consiste únicamente en cuánto apoyo tiene la independencia en Escocia, cuánto ha crecido en Gales o cuándo podría existir una mayoría favorable a la reunificación irlandesa. El debate se desplaza hacia algo más incómodo: quién tiene derecho a decidir cuándo esos pueblos pueden volver a votar sobre su pertenencia al Reino Unido.

El memorando de Cardiff no derriba las paredes de Westminster. Las golpea, que es distinto. Los tres movimientos soberanistas siguen teniendo obstáculos políticos y jurídicos importantes, y cada territorio parte de una realidad electoral propia. Pensar en una desintegración automática del Reino Unido sería confundir una declaración política con una mudanza de fronteras.

Lo que sí aparece es una presión constitucional coordinada que Londres no tenía enfrente con esta configuración. Escocia aporta décadas de independentismo electoralmente competitivo; Irlanda del Norte, un mecanismo de reunificación reconocido por un acuerdo internacional y por la legislación británica; Gales, la novedad de un Gobierno dirigido por primera vez por Plaid Cymru.

El Reino Unido lleva siglos demostrando una extraordinaria capacidad para cambiar mientras aparenta que nada esencial ha cambiado. Esta vez vuelve a ponerse a prueba esa elasticidad. Cardiff no decide el final de la Unión, pero coloca sobre la mesa una cuestión bastante menos teatral y más seria: qué ocurre cuando tres de sus cuatro naciones empiezan a discutir juntas las condiciones para poder marcharse.