¿Cómo prepara Bukele su poder sin límite con la reelección indefinida?

Nayib Bukele ya no solo dispone del permiso constitucional para presentarse una y otra vez a la presidencia de El Salvador. Ha comenzado a utilizarlo. A finales de junio de 2026 inscribió su precandidatura para las elecciones de 2027, en las que buscará un tercer mandato consecutivo junto al vicepresidente Félix Ulloa. Si vuelve a ganar, algo más que probable dada su popularidad y la debilidad de sus adversarios, podrá gobernar hasta 2033.

El camino quedó abierto el 31 de julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la reelección presidencial indefinida, amplió los mandatos de cinco a seis años, eliminó la segunda vuelta electoral y adelantó a 2027 el final del periodo que Bukele había iniciado en 2024. No se han suprimido las elecciones. Se ha hecho algo más discreto y, quizá, más eficaz: desmontar progresivamente las barreras capaces de poner fin a su poder.

La transformación política salvadoreña no puede entenderse sin la caída de la violencia. Durante décadas, las pandillas convirtieron barrios enteros en mapas de fronteras invisibles, cobraron extorsiones y decidieron quién podía cruzar una calle. Bukele rompió buena parte de aquel dominio criminal y muchos ciudadanos recuperaron una normalidad casi olvidada. Ese éxito explica su enorme respaldo. Pero la seguridad no convierte automáticamente en democrático todo lo que hace un gobernante popular. Tampoco vuelve prescindibles los jueces independientes, la prensa crítica o el derecho de un detenido a defenderse.

La reelección indefinida ya tiene nombre y fecha

Bukele se registró para participar en las primarias de Nuevas Ideas previstas para el 12 de julio de 2026. No se esperan rivales internos con posibilidades reales. El partido está dirigido por Xavi Zablah Bukele, primo del presidente, y domina la Asamblea Legislativa junto a sus aliados. La maquinaria política, por tanto, no parece diseñada para escoger candidato, sino para confirmar al que ya ocupa el despacho.

Las elecciones generales están previstas para febrero de 2027. La reforma constitucional permite que el ganador inicie en junio un mandato de seis años. Bukele, que llegó a la presidencia en 2019 y comenzó su segundo periodo en 2024, podría permanecer en el cargo hasta 2033. Después, la Constitución reformada no le impondría ningún límite: podría presentarse de nuevo mientras conserve el apoyo electoral, el control del partido y unas instituciones dispuestas a despejarle la pista.

La defensa oficial sostiene que debe ser el pueblo quien decida cuántas veces puede gobernar una persona. Suena impecablemente democrático. Casi de mármol. El problema aparece cuando quien aspira a perpetuarse controla también el Parlamento, influye sobre los tribunales, domina los organismos de supervisión y compite frente a una oposición reducida a tres diputados. La papeleta permanece, sí, pero el campo se inclina.

Una Constitución reformada a velocidad de despacho

La operación no comenzó con la reelección indefinida. En enero de 2025, la Asamblea modificó el artículo 248 de la Constitución para que una reforma constitucional pudiera ser aprobada y ratificada por una misma legislatura. Antes se necesitaba el respaldo de dos asambleas sucesivas, un mecanismo concebido para impedir que una mayoría pasajera alterase las reglas fundamentales a su conveniencia.

El nuevo procedimiento eliminó ese tiempo de enfriamiento. Siete meses después, los diputados aprobaron y ratificaron en una sola jornada los cambios que liberaban la presidencia de los límites temporales. La votación terminó con 57 votos a favor y tres en contra. Apenas hubo deliberación pública y tampoco un proceso amplio de consulta social. La Constitución dejó de comportarse como un muro y adquirió la flexibilidad de la plastilina parlamentaria.

La reelección inmediata ya había sido autorizada en 2021 por una Sala de lo Constitucional renovada después de que la mayoría oficialista destituyera a sus anteriores magistrados. Aquella resolución permitió a Bukele competir en 2024 pese a que varias disposiciones constitucionales habían sido interpretadas históricamente como una prohibición expresa de encadenar mandatos. Primero llegó la reinterpretación judicial; luego, la reforma directa. El resultado es el mismo, aunque con traje jurídico nuevo.

El cambio que favorece al partido dominante

La reforma también eliminó la segunda vuelta presidencial. A partir de 2027 bastará con obtener más votos que cualquier otro candidato, aunque no se alcance la mayoría absoluta. En un escenario de oposición fragmentada y oficialismo hegemónico, la modificación reduce todavía más la posibilidad de una candidatura alternativa capaz de unir apoyos en una ronda definitiva.

El mandato actual de Bukele, que debía terminar en junio de 2029, se acortó hasta junio de 2027 para sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La explicación oficial habla de ahorro y orden electoral. En la práctica, el presidente renuncia a dos años de su periodo para optar inmediatamente a otros seis años de poder. Un sacrificio administrativo bastante rentable.

La reelección indefinida existe en algunas democracias parlamentarias y no conduce por sí sola a una dictadura. La diferencia está en los contrapesos institucionales. Un primer ministro puede repetir mandato si compite bajo reglas estables, ante tribunales independientes, medios libres, organismos de control autónomos y partidos con capacidad real para sustituirlo. El riesgo salvadoreño surge de la acumulación simultánea de poder, no de una única reforma observada al microscopio.

La seguridad, el gran contrato político de Bukele

El régimen de excepción comenzó el 27 de marzo de 2022, después de una oleada de asesinatos que dejó al menos 92 muertos en cuatro días y alcanzó los 62 homicidios en una sola jornada. La respuesta fue fulminante: despliegues militares, redadas masivas, endurecimiento de penas y suspensión de garantías constitucionales.

Los resultados visibles cambiaron la vida cotidiana. Según los datos oficiales, la tasa de homicidios cayó hasta 1,9 por cada 100.000 habitantes en 2024 y alrededor de 1,3 en 2025, frente a los niveles estremecedores que habían situado al país entre los más violentos del mundo. Bajaron las extorsiones, desaparecieron numerosos controles territoriales de las maras y volvieron a circular autobuses por zonas donde antes un cambio de barrio podía costar la vida. La reducción de la violencia es real y explica buena parte de la fuerza política de Bukele.

Negar esa transformación sería un error intelectual y también político. Buena parte del apoyo al presidente no nace de la propaganda, sino de una experiencia concreta: comerciantes que dejaron de pagar renta a las pandillas, familias que pueden visitar a sus parientes y jóvenes que atraviesan colonias antes vedadas. La tranquilidad recuperada pesa más que cualquier informe internacional cuando se ha vivido durante años con la amenaza pegada a la nuca.

El dilema aparece en otro punto. Un Estado democrático tiene derecho a perseguir a organizaciones criminales y proteger a la población; lo que no debería hacer es convertir una herramienta temporal en una forma ordinaria de gobierno. La eficacia policial no obliga a aceptar que toda sospecha equivalga a culpabilidad ni que las cárceles se transformen en espacios opacos, fuera del alcance de abogados, familias y jueces.

Cuando la excepción se convierte en sistema

La medida extraordinaria ha sido prorrogada cada mes desde 2022. El 24 de junio de 2026, la Asamblea aprobó su extensión número 52, vigente entre el 30 de junio y el 29 de julio. Cuatro años después, la excepción ya no parece un puente hacia la normalidad, sino la carretera principal.

El régimen mantiene suspendidas garantías vinculadas al derecho de defensa y a la inviolabilidad de las comunicaciones. También amplía de 72 horas a 15 días el plazo durante el que una persona puede permanecer detenida antes de ser presentada ante un juez. Sobre el papel son facultades destinadas a combatir estructuras criminales complejas. En la práctica, han permitido arrestos sustentados en denuncias anónimas, perfiles físicos, tatuajes sin relación con las maras o informes policiales insuficientes.

Las autoridades contabilizan más de 90.000 detenciones desde el inicio de la ofensiva. Bukele ha reconocido que miles de inocentes fueron encarcelados y posteriormente liberados, una admisión presentada por el Gobierno como prueba de que el sistema corrige errores. Pero una prisión injusta no se vuelve menor porque termine meses después. Para quien pierde el empleo, enferma entre rejas o deja a sus hijos sin sustento, el matiz administrativo tiene un consuelo escaso.

Organizaciones salvadoreñas e internacionales han documentado denuncias de torturas, desapariciones, falta de atención médica y muertes bajo custodia. El Gobierno rechaza que exista una política de abusos y sostiene que las críticas minimizan el daño causado por las pandillas. Ambas cosas pueden coexistir: las maras fueron una maquinaria brutal y el Estado sigue estando obligado a responder ante la ley.

De los contrapesos al mando único

La concentración institucional precede al estado de excepción. En mayo de 2021, la recién estrenada mayoría oficialista destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Los sustitutos fueron elegidos por el mismo bloque político que sostenía al Ejecutivo. Meses después, aquella nueva Sala habilitó la reelección inmediata de Bukele.

Desde entonces, el oficialismo ha reforzado su influencia sobre la judicatura, la Fiscalía y las instituciones encargadas de vigilar el uso del dinero público. Las reformas que permitieron apartar o trasladar a jueces y fiscales veteranos aceleraron la salida de profesionales considerados independientes. El fiscal general Rodolfo Delgado, nombrado tras la destitución de su antecesor, fue reelegido en 2024. La independencia judicial quedó, como mínimo, seriamente erosionada.

La Asamblea cuenta con 60 escaños y el bloque favorable al presidente reúne los 57 votos que han respaldado las principales reformas. La oposición parlamentaria cabe prácticamente en un taxi, aunque quizá convenga no darle ideas al conductor. Esta desproporción no es ilegítima por sí misma: nace de elecciones. Lo inquietante es que una mayoría electoral utilice su fuerza para debilitar las condiciones que permitirían una alternancia futura.

En 2025 se aprobó también la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a registrarse a organizaciones y personas que reciben financiación del exterior, impone un gravamen del 30% sobre esos fondos y concede al Gobierno amplias facultades para sancionar actividades consideradas contrarias al orden público o a la estabilidad política. La norma ha golpeado especialmente a medios independientes, asociaciones cívicas y entidades de derechos humanos.

La detención de la abogada anticorrupción Ruth López, de Cristosal, y del constitucionalista Enrique Anaya elevó la presión sobre las voces críticas. Ambos permanecieron incomunicados y sus procesos quedaron bajo reserva judicial. Cristosal terminó cerrando su oficina salvadoreña; la Asociación de Periodistas de El Salvador adoptó una decisión similar. Decenas de periodistas y defensores abandonaron el país. Cuando quienes observan al poder deben trabajar desde el exilio, el problema ya no es de relaciones públicas.

¿Dictadura o autoritarismo con urnas?

El Salvador conserva elecciones, partidos legales, una Asamblea y una Constitución. No es una dictadura militar clásica ni un régimen de partido único formal. Los ciudadanos siguen votando y Bukele cuenta con un respaldo social que sus adversarios no pueden despachar como simple manipulación. Su victoria de 2024 fue aplastante y los observadores no cuestionaron que hubiese recibido muchos más votos que sus rivales.

Pero una democracia es algo más que depositar una papeleta cada ciertos años. Requiere incertidumbre electoral, es decir, la posibilidad auténtica de que quien gobierna pueda perder; necesita controles capaces de frenar al Ejecutivo, garantías para la oposición y un espacio público donde criticar no implique cárcel, asfixia económica o exilio.

La deriva salvadoreña encaja con una forma contemporánea de autoritarismo electoral que no siempre necesita tanques en las avenidas. Llega mediante reformas legales, mayorías abrumadoras, jueces afines, campañas digitales y un líder que presenta toda crítica como defensa de los delincuentes. El viejo caudillo hablaba desde un balcón; el nuevo domina la retransmisión en directo, conoce los códigos de las redes y sonríe mientras cambia la Constitución. Modernidad, ante todo.

Calificar ya al país como una dictadura puede resultar discutible en términos estrictos. Hablar de democracia erosionada, régimen personalista o autoritarismo electoral describe mejor el punto actual: las urnas continúan abiertas, pero los mecanismos que rodean la votación están cada vez más subordinados al presidente. La frontera no se cruza en una sola noche. Se desplaza unos metros cada mes, como esas paredes húmedas que nadie ve avanzar hasta que ocupan media casa.

Un país más seguro frente a un poder sin fecha de salida

Bukele ha logrado algo que sus predecesores no consiguieron: quebrar el control territorial de las pandillas y devolver seguridad a millones de salvadoreños. Ese mérito explica su fuerza y obliga a cualquier análisis honesto a evitar la caricatura. Sin embargo, precisamente porque su popularidad es tan alta, no necesita destruir los límites institucionales para gobernar. Los elimina porque puede.

La reelección indefinida, la reforma exprés de la Constitución, la subordinación de los contrapesos y la permanencia del régimen de excepción forman parte de una misma arquitectura. Cada elemento puede justificarse por separado: voluntad popular, eficacia, ahorro, lucha contra el crimen, estabilidad. Juntos dibujan un sistema en el que casi todas las puertas se abren desde el mismo despacho.

El gran examen de una política de seguridad no consiste únicamente en reducir homicidios, sino en demostrar que puede sobrevivir al regreso de las garantías constitucionales, al control judicial y a la transparencia. Si el modelo solo funciona mediante una emergencia interminable, no ha restaurado plenamente el Estado: lo ha sustituido por una administración permanente de la sospecha.

Bukele podría ganar en 2027 y gobernar hasta 2033 con un apoyo popular indiscutible. Después podría volver a competir. Y otra vez. La democracia, sin embargo, no se construye pensando solo en el gobernante querido, sino también en aquel que algún día utilizará las mismas facultades sin merecer confianza. Los límites existen para ese día. El Salvador los está retirando mientras celebra haber recuperado sus calles; una victoria real, luminosa incluso, bajo una sombra política que cada vez ocupa más terreno.