¿Australia permitirá desactivar el algoritmo de las redes sociales?

Australia quiere que abrir Instagram, TikTok o Facebook deje de significar, por defecto, aceptar lo que una máquina ha decidido que merece nuestra atención. El Gobierno de Anthony Albanese ha presentado este 8 de septiembre un proyecto legislativo que obligaría a las redes sociales a ofrecer a sus usuarios la posibilidad de desactivar las recomendaciones personalizadas y quedarse con un feed formado por las personas y creadores que hayan decidido seguir.

La propuesta, bautizada como My Feed, My Way —algo así como «mi feed, a mi manera»—, forma parte de una reforma más amplia sobre seguridad digital. Y conviene precisar lo esencial: Australia no ha aprobado todavía esta nueva norma. El texto se encuentra en fase de consulta y el Ejecutivo pretende llevarlo al Parlamento durante 2026. Si prospera, las plataformas tendrán que preguntar expresamente al usuario qué tipo de muro quiere ver y respetar esa decisión.

Australia quiere que el algoritmo deje de mandar por defecto

El cambio parece pequeño hasta que uno recuerda cómo funcionan las redes sociales actuales. Seguimos a cien personas, pero la pantalla puede llenarse con vídeos de desconocidos, polémicas que nunca buscamos, productos que jamás pedimos y ese gato que aparece por quinta vez porque, aparentemente, tres segundos mirando un gato constituyen una declaración solemne de principios.

El algoritmo de recomendación estudia señales como los contenidos que vemos, cuánto tiempo permanecemos ante ellos, qué compartimos, dónde pulsamos o con qué publicaciones interactuamos. A partir de ahí construye un perfil y ordena el contenido intentando mantenernos dentro de la aplicación. No es necesariamente siniestro; es, sobre todo, el corazón comercial de buena parte de las redes sociales.

La iniciativa australiana pretende alterar esa relación. Las plataformas deberán enviar una notificación tanto a los usuarios nuevos como a los existentes para que puedan escoger entre mantener las recomendaciones algorítmicas personalizadas o utilizar un feed basado en las cuentas que siguen voluntariamente.

Para los mayores de 16 años, el Gobierno quiere que esa elección pueda modificarse posteriormente. Es decir, no debería convertirse en aquel maravilloso consentimiento digital que uno marcó medio dormido en 2017 y quedó grabado en piedra.

Qué vería un usuario que apague las recomendaciones

Desactivar el algoritmo no significa, literalmente, que una red social vaya a funcionar sin algoritmos. Sería casi imposible: las plataformas necesitan sistemas automatizados para organizar información, combatir spam, moderar determinados contenidos o administrar otras funciones.

Lo que desaparecería del feed principal serían las recomendaciones personalizadas de publicaciones procedentes de personas o creadores que el usuario no ha escogido seguir. En su lugar tendría prioridad el contenido de las cuentas seleccionadas deliberadamente.

Ese matiz importa. Australia no pretende construir una especie de Instagram estatal ni decidir qué vídeo aparece primero en el teléfono de cada ciudadano. La idea planteada por Albanese es bastante más sencilla: devolver al usuario una opción real sobre su feed que durante años ha ido quedando sepultada debajo de menús, configuraciones y diseños cuidadosamente pensados para que el flujo recomendado sea el camino natural.

De la prohibición a los menores al control del feed

La reforma no aparece de la nada. Australia lleva tiempo utilizando la legislación como una palanca contra algunas prácticas de las grandes tecnológicas y, desde el 10 de diciembre de 2025, las principales plataformas sujetas a su normativa deben tomar medidas razonables para impedir que los menores de 16 años mantengan cuentas.

La restricción alcanza a servicios como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Threads, Twitch y Kick, aunque el listado puede cambiar a medida que evolucionen las plataformas y sus características.

Con la nueva Digital Duty of Care, o deber digital de diligencia, Canberra quiere avanzar un peldaño más. Ya no se trata únicamente de establecer quién puede abrir una cuenta, sino de discutir cómo están diseñados los servicios digitales y qué responsabilidad tienen las empresas sobre los efectos previsibles de sus productos.

El Gobierno sostiene que las compañías tecnológicas deben asumir unas obligaciones mínimas comparables, salvando las distancias, a las existentes en otros sectores. Un fabricante de juguetes no puede encogerse de hombros ante un defecto peligroso diciendo que el niño decidió utilizar el juguete. Australia quiere trasladar esa lógica al territorio bastante menos tangible de una pantalla que nunca termina de desplazarse hacia abajo.

El proyecto va bastante más lejos que Instagram o TikTok. La futura obligación de diligencia alcanzaría también a videojuegos en línea, aplicaciones, servicios de mensajería y chatbots de inteligencia artificial, especialmente cuando los utilizan menores de 18 años.

Las compañías tendrían que reducir riesgos digitales vinculados a características capaces de fomentar comportamientos problemáticos o afectar negativamente a los jóvenes. También tendrían obligaciones frente a contenidos relacionados con trastornos alimentarios, pornografía, misoginia, glorificación del delito, retos que ponen vidas en peligro, abuso o acoso grave.

Ahí aparece uno de los debates más delicados. Una cosa es ofrecer un botón para escoger el feed. Otra, mucho más compleja, decidir dónde acaba la protección frente a daños graves y dónde empieza una intervención excesiva sobre lo que circula por internet.

El Gobierno insiste en que para los adultos la intervención estará centrada fundamentalmente en contenidos ilegales y daños graves, no en convertir al Ejecutivo en árbitro de opiniones incómodas. La oposición conservadora y otros sectores políticos han expresado dudas sobre el riesgo de censura, mientras los Verdes consideran que el proyecto incluso podría quedarse corto.

Multas millonarias para las tecnológicas que incumplan

Canberra tampoco plantea una declaración de buenas intenciones acompañada de un folleto. El proyecto contempla sanciones que podrían alcanzar los 109,2 millones de dólares australianos para las compañías que incumplan las obligaciones derivadas del deber digital de diligencia.

La vigilancia recaería sobre el regulador australiano de seguridad en internet. Las plataformas tendrían que documentar las medidas adoptadas para identificar riesgos, explicar qué están haciendo para mitigarlos y comprobar que esas medidas continúan funcionando.

El regulador recibiría asimismo poderes reforzados para actuar contra determinados contenidos y servicios, incluidos sitios y aplicaciones utilizados para generar imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial —las llamadas herramientas de nudify—, además de agilizar actuaciones relacionadas con ciberacoso infantil y abusos graves contra adultos.

La diferencia filosófica respecto al viejo modelo de internet es considerable. Durante años, la regulación ha actuado principalmente cuando algo malo ocurría. El concepto de deber de diligencia intenta trasladar parte de la responsabilidad al diseño previo del producto: prever riesgos razonables antes de que el daño llegue con la factura.

Europa también ha puesto límites a los feeds personalizados

Australia no está sola en esta discusión. La Unión Europea lleva años empujando en una dirección parecida mediante la Ley de Servicios Digitales. Las plataformas de muy gran tamaño sujetas a esta norma deben ofrecer al menos una opción de recomendación que no dependa de la elaboración de perfiles del usuario.

TikTok, Facebook e Instagram ya disponen en Europa de mecanismos para acceder a contenidos no personalizados. La diferencia está en hasta qué punto esas alternativas resultan visibles, sencillas y persistentes. Ahí suele vivir el diablo digital: no basta con que exista un interruptor si está escondido detrás de seis pantallas como una salida de emergencia situada detrás del almacén.

La propuesta australiana pretende convertir precisamente esa elección en algo explícito desde el propio servicio, obligando a preguntar al usuario qué experiencia quiere recibir. Y eso toca un punto especialmente sensible para las plataformas, porque los sistemas de recomendación no son un adorno añadido a última hora; sostienen buena parte del tiempo de uso, la segmentación publicitaria y la capacidad de descubrir contenidos que mantiene viva la economía de los creadores.

Apagar las recomendaciones cambiaría bastante más que el orden

Un feed dominado por las cuentas seguidas puede resultar menos imprevisible. También menos adictivo, probablemente menos eficaz para descubrir tendencias y quizá bastante más aburrido. No necesariamente peor. Simplemente distinto.

Los algoritmos tienen una virtud evidente: entre millones de publicaciones encuentran cosas capaces de interesarnos. También poseen un defecto que nace exactamente del mismo sitio. Su objetivo no siempre coincide con nuestro bienestar, nuestra curiosidad o nuestro deseo de estar correctamente informados; con frecuencia consiste en mantener nuestra atención.

Y la atención humana tiene sus manías. Un contenido que irrita puede funcionar mejor que otro que explica. Una pelea atrapa más fácilmente que una rectificación. Un vídeo extremo puede generar más segundos de pantalla que otro razonable. El algoritmo no tiene ideología, conciencia ni mal humor a primera hora; optimiza señales. El resultado, sin embargo, puede acabar pareciéndose mucho a todo eso.

Por eso la discusión australiana supera la cuestión técnica. Habla de quién decide qué vemos por la ventana digital desde la que millones de personas observan una parte creciente del mundo: la plataforma, mediante sus cálculos, o el ciudadano, mediante una elección deliberada.

El botón más pequeño puede abrir un debate enorme

La nueva ley australiana todavía tiene que superar consultas, negociaciones políticas y su paso por el Parlamento. No existe, por tanto, una fecha definitiva para que los usuarios puedan entrar en sus aplicaciones y apagar las recomendaciones personalizadas de la forma prevista por el Gobierno.

Pero el movimiento resulta significativo. Después de obligar a las grandes redes a restringir las cuentas de menores de 16 años, Australia coloca ahora el modelo algorítmico en el centro de la regulación. No prohíbe que exista ni declara culpable a la matemática. Algo más incómodo para las tecnológicas: plantea que utilizarla debería ser una elección visible del ciudadano.

Durante años internet nos pidió escoger a quién seguir. Después aprendió a decidir qué debíamos mirar aunque nunca lo hubiéramos seguido. Australia quiere colocar de nuevo un interruptor entre ambas cosas. Parece poca cosa, un botón en una pantalla. Pero detrás está una cuestión bastante mayor sobre el poder en la era de las redes: quién controla realmente el feed.