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¿Cómo estafó un falso comercial 350.000 euros a mayores en Andalucía?
Un falso comercial fue detenido en Granada acusado de estafar más de 350.000 euros a mayores y personas vulnerables en seis provincias andaluzas.

Resumen
- Un detenido habría estafado más de 350.000 euros a más de 40 víctimas
- Se hacía pasar por comercial para obtener datos, firmas y documentos
- El fraude alcanzó seis provincias andaluzas y la investigación sigue abierta
La Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 41 años acusado de haber estafado más de 350.000 euros a personas mayores y con discapacidad haciéndose pasar por comercial de distintas empresas. Más de 40 afectados han denunciado hasta el momento y la investigación sitúa víctimas en Málaga, Granada, Almería, Jaén, Sevilla y Córdoba.
El método, según la investigación, mezclaba algo tan antiguo como ganarse la confianza ajena con herramientas financieras perfectamente actuales. El sospechoso habría conseguido entrar en domicilios, obtener datos personales, información bancaria, certificados de pensión y firmas y utilizar después esa documentación para contratar créditos, comprar teléfonos móviles y financiar vehículos sin conocimiento de sus titulares. La operación, bautizada como Larberik, ha terminado con el investigado en prisión provisional.
Un falso comercial que buscaba víctimas vulnerables
No había, aparentemente, grandes disfraces ni artificios. El hombre se presentaba como comercial, con aspecto correcto, educación y una imagen cuidada. Esa normalidad era precisamente parte del mecanismo: una persona que llama a la puerta, explica una supuesta oferta o gestión y consigue que le dejen pasar.
La Guardia Civil sostiene que dirigía su actividad especialmente hacia personas de edad avanzada o con distintas discapacidades, muchas de las cuales vivían solas. Una vez dentro de la vivienda, obtenía la información necesaria para realizar operaciones económicas a nombre de las víctimas.
Documentos de identidad, datos de cuentas bancarias, certificados relacionados con las pensiones y firmas podían convertirse después en la materia prima del fraude. No hacía falta vaciar una caja fuerte; bastaba con conseguir suficientes datos para aparentar que era la propia víctima quien solicitaba una financiación.
El resultado habría sido una sucesión de préstamos y compras no autorizadas cuyo importe acumulado supera ya los 350.000 euros.
El engaño podía continuar después de la primera visita
La investigación describe un procedimiento especialmente dañino porque, en determinados casos, la estafa no terminaba cuando el falso comercial abandonaba la vivienda.
El sospechoso habría regresado posteriormente alegando que existían supuestos problemas o errores con la financiación. Con ese pretexto convencía a algunas víctimas para entregar dinero en efectivo, realizar transferencias o efectuar pagos mediante un TPV portátil, como si aquellas cantidades sirvieran para cancelar operaciones anteriores.
El perjuicio podía ser doble. Por un lado aparecía un crédito, una compra o una financiación que la persona afectada no había solicitado realmente; por otro, podía acabar pagando más dinero para corregir un problema que, en realidad, formaba parte del propio engaño.
En otros casos, según la Guardia Civil, el sospechoso habría llegado a firmar documentos por las víctimas, aprovechando su situación de vulnerabilidad y el temor generado por las supuestas deudas.
El hallazgo en un coche que destapó la operación Larberik
La investigación no comenzó por una denuncia que revelara de golpe toda la trama. El hilo apareció en mayo durante un dispositivo de seguridad ciudadana realizado por agentes del puesto de Armilla, en Granada.
Los guardias civiles identificaron un vehículo y localizaron en su maletero numerosos documentos: contratos de crédito, talonarios y facturas que contenían datos de terceras personas. Aquello encendió las alarmas.
Los investigadores contactaron después con las personas cuyos datos figuraban en esos papeles. Fue entonces cuando comprobaron que varias de ellas aseguraban haber sido víctimas de operaciones realizadas presuntamente por el conductor del vehículo.
A partir de ahí, pieza a pieza, la investigación fue ampliando su perímetro hasta localizar más de 40 denunciantes repartidos por seis provincias andaluzas.
Málaga, entre las seis provincias con víctimas
La Guardia Civil ha confirmado afectados en Almería, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba. La cifra puede no ser definitiva: la investigación continúa abierta y el instituto armado no descarta nuevas actuaciones.
La dispersión geográfica ayuda también a entender la dimensión del caso. No se trataría de un episodio aislado concentrado en un único municipio, sino de una presunta actividad continuada que habría alcanzado a víctimas de distintos puntos de Andalucía.
Y existe otro elemento especialmente delicado: muchas de esas personas pertenecían a colectivos con mayor vulnerabilidad ante determinados engaños financieros. La apariencia de una gestión comercial ordinaria podía convertir una visita aparentemente rutinaria en el inicio de una deuda desconocida.
Móviles, motocicletas y un coche financiados con datos ajenos
Los investigadores atribuyen al detenido la adquisición, mediante las operaciones fraudulentas, de dos teléfonos móviles de alta gama, dos motocicletas de gran cilindrada y un turismo.
Parte de esos bienes habría terminado posteriormente en manos de terceros. Una persona relacionada con una de esas operaciones ha pasado a disposición judicial por un presunto delito de receptación, mientras los agentes mantienen abiertas otras líneas de investigación y no descartan más detenciones.
El registro del domicilio del principal investigado permitió intervenir una de las motocicletas denunciadas, el vehículo que utilizaba —que también habría sido obtenido utilizando documentación de una víctima—, más de 1.000 euros en efectivo y un TPV portátil.
Los agentes encontraron igualmente documentación bancaria, contratos de financiación y otros efectos relacionados con el caso. Entre ellos apareció un dato llamativo: un documento de renting de un turismo a nombre de una persona fallecida.
Los delitos que investiga la Guardia Civil
El detenido figura como presunto autor de un delito continuado de estafa, además de usurpación del estado civil y falsedad de documento público y privado.
La consideración de delito continuado responde, en términos generales, a la investigación de múltiples hechos presuntamente ejecutados mediante una dinámica semejante y no a una única operación. Será el procedimiento judicial el que determine finalmente qué hechos quedan acreditados y cuál es su calificación jurídica definitiva.
Tras su arresto, practicado con apoyo de la Policía Local de Granada y de Peligros, el hombre pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Granada, que acordó su ingreso en prisión provisional.
La investigación sigue abierta. También continúa el trabajo para delimitar el número definitivo de afectados, reconstruir las operaciones financieras y determinar el recorrido de los bienes presuntamente adquiridos con documentación ajena.
Una estafa levantada sobre algo tan sencillo como la confianza
El caso deja una imagen menos sofisticada que muchas grandes estafas digitales, pero quizá por eso inquietante: una puerta que se abre, unos documentos sobre la mesa y alguien que aparenta estar realizando una gestión corriente.
Según la investigación, esa confianza permitió convertir información cotidiana —una firma, una pensión, una cuenta bancaria— en créditos, compras y financiaciones que las víctimas no habían solicitado. Más de 40 personas han denunciado y el perjuicio económico conocido supera ya los 350.000 euros.
La operación Larberik no está todavía cerrada. Por el momento hay un hombre de 41 años detenido y enviado a prisión provisional, una segunda persona que ha pasado a disposición judicial por presunta receptación y una investigación que intenta reconstruir hasta dónde llegó un fraude que se extendió por seis provincias andaluzas, incluida Málaga.

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