Las pensiones subirán de nuevo con el IPC: así funciona la revalorización que enfrenta a los partidos

Catorce mil quinientos millones de euros. Esa es la nómina mensual de pensiones que la Seguridad Social abonó el pasado mes de septiembre, la más alta de la historia de España. En junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, la cifra rondaba los 9.000 millones. Ocho años después, el desembolso se ha disparado un 60% y las pensiones se han colado de lleno en la precampaña del 29N, con más de 9,5 millones de votos en juego.

Con ese telón de fondo, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha lanzado esta semana un «mensaje inequívoco»: las pensiones se revalorizarán en 2027 con la inflación, gobierne quien gobierne y aunque el Ejecutivo esté en funciones. La pregunta que queda es cómo funciona exactamente esa subida, cuánto costará y por qué todos los partidos hablan de ella sin ponerse de acuerdo en nada.

La fórmula: la media del IPC de doce meses, grabada en la ley

Desde la reforma de 2021 —la primera pata del llamado acuerdo con los agentes sociales—, las pensiones contributivas se revalorizan cada año con la media de la inflación interanual de los doce meses previos a noviembre. Nada de índices inventados ni decisiones discrecionales del Gobierno de turno: es un mandato legal, y por eso Cuerpo puede prometer la subida de 2027 incluso con el Ejecutivo en funciones tras el 29N.

El calendario de este año tiene su gracia. El INE publicará el dato de IPC de noviembre el viernes 27 de noviembre, justo dos días antes de las elecciones. La concreción de la subida exige un decreto ley que, según el propio ministro, se aprobará «en la primera ventana donde se pueda legalmente», previsiblemente en diciembre:

«A mi juicio está perfectamente justificada esa actualización de las pensiones en el mes de diciembre: es de urgente necesidad e interés general.»

El mecanismo, paso a paso, funciona así:

1. 1Se calcula la media del IPC interanual de diciembre de 2025 a noviembre de 2026.
2. 2El INE publica el último dato necesario el 27 de noviembre de 2026.
3. 3El porcentaje se aprueba por decreto ley, normalmente en diciembre, y se aplica desde el 1 de enero.
4. 4Con la inflación actual (4,9% en septiembre), los analistas apuntan a otra subida significativa en 2027.

Cinco años de subidas: así ha engordado la nómina

La revalorización con el IPC blinda el poder adquisitivo de los pensionistas, pero tiene una letra pequeña estructural: convierte cada episodio inflacionista en un incremento permanente del gasto público. La serie reciente lo ilustra mejor que cualquier discurso:

Fuente: Seguridad Social y El Mundo · Datos hasta septiembre de 2026

El resultado acumulado: los 1.084 euros que cobraba de media un jubilado en junio de 2018 se han convertido en 1.576 euros en septiembre de 2026. Y la factura anual completa, con unos presupuestos que proyectan 200.000 millones de euros para 2026, consolida las pensiones como la mayor partida de gasto público del Estado, muy por encima del desempleo o los intereses de la deuda.

La AIReF aprueba al Gobierno… y le enseña el precipicio

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha publicado esta semana su último examen sobre el sistema, y su lectura da para los dos titulares enfrentados que estamos viendo en campaña. Por un lado, la regla de gasto se cumple: el gasto neto en pensiones se situará en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% que obligaría a activar ajustes automáticos.

Por otro, la advertencia de fondo es contundente. Con las previsiones demográficas y fiscales actualizadas, la AIReF proyecta que el envejecimiento llevará la deuda pública al 123% del PIB en 2050. Y las transferencias del Estado a la Seguridad Social deberán aumentar 2,3 puntos, hasta el 3% del PIB: el equivalente a unos 50.000 millones de euros actuales. En ausencia de reformas, dice el organismo, el dinero saldrá de otras políticas públicas o de más endeudamiento. No hay tercera vía.

El matiz que poca gente conoce es el de la llamada «regla de gasto» introducida en la reforma de 2023: si el gasto neto en pensiones —descontado el aumento de ingresos previsto— superase el umbral del 13,3% del PIB en el promedio 2022-2050, saltaría un mecanismo automático de ajuste. La AIReF acaba de certificar que, con los números actuales, España se queda tres décimas por debajo. Cumplimiento raspado, pero cumplimiento al fin y al cabo. El problema es que tres décimas es un margen que se evapora con un solo año de inflación desbocada o con una desviación pequeña en las previsiones demográficas.

Pensiones como arma electoral: tres discursos, un mismo bolsillo

La campaña ha convertido el sistema en un campo minado. El PSOE usa la revalorización con el IPC como gran baza y alimenta el miedo a los recortes; el PP promete garantizar el poder adquisitivo, pero «pasando por una reforma del modelo», con su portavoz Ester Muñoz advirtiendo de que «el sistema actual va a petar»; y Vox plantea directamente una privatización parcial. El Pacto de Toledo, ese mecanismo que durante décadas blindó las pensiones del choque partidista, brilla por su ausencia.

Para el pensionista de a pie, la traducción práctica es sencilla y tranquilizadora: la subida de 2027 va a ocurrir, porque es ley y no promesa. No hay que solicitar nada ni estar pendiente de ningún trámite; la revalorización se aplica de oficio desde el 1 de enero. Lo que está en disputa no es si subirán las pensiones el año que viene, sino quién pagará la factura de aquí a 2050. Y esa respuesta, hoy por hoy, no la da ningún partido completo.

Queda un fleco que conviene vigilar: el salario mínimo interprofesional. La comisión de expertos presentará su informe a principios de noviembre y Trabajo prepara una subida de en torno al 5% —los sindicatos piden el 7%— que podría aprobarse incluso antes de las elecciones, con el Gobierno ya en funciones. Pensiones y SMI: las dos palancas del bolsillo, moviéndose justo antes de que se abran las urnas.