¿Qué negocian chavismo y oposición en Venezuela en su segunda ronda?

El chavismo y un grupo de exdiputados opositores de Venezuela retomarán este jueves 17 de septiembre el diálogo político promovido por Estados Unidos. Será el segundo ciclo de unas negociaciones que, tras los primeros acuerdos alcanzados en agosto, entran en un terreno bastante más espinoso: las libertades políticas y civiles, la libertad de expresión y las garantías para ejercer la oposición.

La nueva ronda estará encabezada, como la anterior, por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y principal negociador del chavismo, y la exdiputada Dinorah Figuera, que dirige una delegación vinculada al Parlamento elegido en 2015. No participan María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, una ausencia fundamental para entender tanto el alcance como los límites de esta mesa.

El desafío, esta vez, consiste en convertir una conversación política bastante abstracta —democracia, reconciliación, garantías— en cambios jurídicos comprobables. Venezuela conoce bien las mesas de negociación; podría llenar una hemeroteca con ellas. El problema nunca ha sido encontrar una mesa. Ha sido conseguir que lo acordado sobreviva después de levantarse de las sillas.

Las libertades políticas pasan al centro de la negociación

La delegación opositora pretende que este segundo ciclo abra formalmente una mesa dedicada a garantías políticas, derechos civiles y libertad de expresión. Dinorah Figuera adelantó que esa materia forma parte de la hoja de ruta pactada, mientras Sergio Vergara, otro de los negociadores opositores, situó el foco en las normas e instituciones que consideran vinculadas con restricciones y mecanismos de represión política.

El asunto no es menor. Hablar de garantías significa entrar en cuestiones que afectan directamente a partidos, candidatos, organizaciones civiles, periodistas y activistas. También obliga a discutir hasta dónde puede llegar el Estado cuando sanciona determinados comportamientos o expresiones políticas.

Hay aquí una diferencia respecto a la primera ronda. Entonces fue posible concentrarse en asuntos con una traducción institucional relativamente concreta, como la composición del Tribunal Supremo de Justicia. Modificar las condiciones en las que funciona la oposición toca fibras mucho más sensibles del sistema político venezolano.

Las leyes que la oposición quiere revisar

Entre las normas señaladas por la delegación opositora aparecen la denominada Ley contra el Odio, la legislación de fiscalización y control de las organizaciones no gubernamentales y la llamada Ley Simón Bolívar. Esta última, aprobada en 2024, contempla fuertes sanciones contra quienes promuevan determinadas medidas internacionales contra Venezuela o sus autoridades.

Los negociadores opositores sostienen que parte de ese entramado debería ser revisado para adecuarlo mejor a los derechos humanos y al pluralismo político. El debate no será únicamente sobre borrar artículos. Importará qué texto los sustituye, qué instituciones lo aplican y, sobre todo, qué garantías existen frente a interpretaciones arbitrarias.

Una reforma legislativa puede tener un gran valor jurídico y, sin embargo, resultar insuficiente si las instituciones encargadas de aplicarla mantienen las mismas dinámicas. Por eso el diálogo enlaza inevitablemente con la renovación del poder judicial y, más adelante, con el sistema electoral.

Esa conexión explica que la oposición insista en hablar de reinstitucionalización y no simplemente de reformas aisladas. Para que unas futuras elecciones sean realmente competitivas hacen falta candidatos que puedan presentarse, organizaciones capaces de funcionar, medios con margen para informar y tribunales con autonomía suficiente para resolver conflictos. Las piezas, al final, forman el mismo puzle.

El primer ciclo dejó un acuerdo sobre el Supremo

El precedente inmediato ofrece un dato tangible. El primer ciclo de conversaciones se celebró en Caracas entre el 6 y el 12 de agosto y concluyó con el compromiso de renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia. Las partes también acordaron trabajar para recuperar activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra y utilizarlos en la atención a las víctimas de los terremotos de junio, con mecanismos de control y auditoría de los recursos.

La reforma judicial ha empezado a producir movimientos institucionales. La Asamblea Nacional modificó la normativa para ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales y aumentar la participación de representantes de la sociedad civil en el procedimiento encargado de evaluar las candidaturas al Supremo.

Juan Miguel Matheus, integrante de la delegación opositora, ha señalado que el proceso de evaluación y postulaciones puede prolongarse alrededor de 90 días según los plazos legales. Esto convierte al Supremo en una especie de termómetro del diálogo: si aquella primera promesa termina materializándose mediante un procedimiento competitivo y creíble, la segunda ronda llegará con cierto capital político. Si se atasca, la confianza se evapora deprisa.

Y precisamente la confianza escasea.

Machado y González siguen fuera de la mesa

El diálogo tiene una limitación evidente: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de las negociaciones. Ambos han dejado claro que no participaron en el diseño ni en la puesta en marcha de este mecanismo, aunque tampoco han querido cerrarle la puerta si consigue resultados verificables.

Su posición ha sido exigir objetivos concretos: recuperación de instituciones democráticas, liberación de presos políticos, garantías efectivas para todas las fuerzas y un cronograma de elecciones presidenciales. Es una vara de medir considerablemente más ambiciosa que la simple continuidad del diálogo.

La ausencia de ese sector opositor introduce una cuestión política inevitable sobre la representatividad de los acuerdos. Dinorah Figuera encabeza una delegación formada por antiguos diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015, mientras Machado y González conservan un peso propio dentro del antichavismo. Eso significa que un pacto puede ser jurídicamente relevante y, al mismo tiempo, necesitar un respaldo político mucho más amplio para convertirse en la base de una transición estable.

No es una sutileza. Negociar con una parte de la oposición no equivale a cerrar un acuerdo con toda la oposición.

Estados Unidos impulsa un proceso ligado a la transición

Washington desempeña un papel central. La Administración de Donald Trump respaldó públicamente estas conversaciones y las ha situado dentro de un planteamiento de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición hacia elecciones democráticas. Estados Unidos considera el proceso una vía para ampliar libertades políticas y avanzar hacia una Venezuela más estable.

El contexto ha cambiado radicalmente respecto a negociaciones anteriores. El proceso se desarrolla después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y con Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo venezolano como presidenta encargada. Ese nuevo equilibrio de poder convierte a Estados Unidos en mucho más que un acompañante diplomático.

También el chavismo llega con sus propios intereses. Dirigentes oficialistas han reclamado que el levantamiento de las sanciones internacionales forme parte de las conversaciones. La negociación, por tanto, no discurre en una sola dirección: la oposición reclama apertura política e institucional, mientras el oficialismo busca aliviar restricciones externas y conservar capacidad de influencia en la reorganización del país.

Ese intercambio de intereses puede facilitar acuerdos, aunque también esconder bloqueos. Una reforma aparentemente técnica puede terminar condicionada por sanciones, activos congelados, reconocimiento internacional o futuras elecciones. Venezuela lleva años demostrando que allí hasta una coma constitucional puede terminar teniendo geopolítica alrededor.

Las elecciones siguen apareciendo al fondo

Aunque la agenda inmediata gira alrededor de los derechos políticos, el horizonte inevitable son las elecciones. La renovación del Supremo, unas garantías políticas más amplias y una eventual reforma del Consejo Nacional Electoral solo adquieren todo su sentido si terminan creando condiciones para una competición electoral reconocible como libre y creíble.

Machado y González han reclamado expresamente un calendario presidencial. Otros sectores opositores también han pedido que la cuestión electoral entre de lleno en la negociación. Hasta este momento, sin embargo, no existe un calendario presidencial pactado públicamente por las dos delegaciones.

Conviene separar, por tanto, lo acordado de lo deseado. Hay avances sobre el Supremo. Hay una nueva mesa dedicada a libertades y garantías. Hay respaldo estadounidense. Pero todavía queda una distancia apreciable entre esas piezas y un pacto integral que defina cómo, cuándo y bajo qué condiciones los venezolanos volverían a decidir en las urnas dentro de un marco aceptado por las principales fuerzas.

El examen será convertir los acuerdos en hechos

El segundo ciclo que comienza este 17 de septiembre puede resultar más determinante que el primero porque entra en el núcleo del problema venezolano: las reglas bajo las cuales puede existir oposición, expresarse una crítica, organizarse un partido y competir por el poder.

Una reforma de leyes restrictivas tendría consecuencias inmediatas. Una justicia con mayor independencia podría alterar el equilibrio institucional. Un sistema de garantías políticas fiable abriría después la puerta al debate electoral. Nada de eso está conseguido todavía.

Ahí estará la medida real del diálogo entre chavismo y oposición: no en la cantidad de comunicados conjuntos ni en las fotografías de las delegaciones, sino en si aparecen cambios verificables, instituciones menos partidistas y derechos políticos que funcionen fuera del papel. Venezuela vuelve a negociar. Esta vez, el verdadero resultado se verá cuando termine la reunión y empiece a aplicarse lo firmado.