¿Quién financió a Alvise y por qué afronta juicio por 185 millones?

Álvaro Romillo, conocido en internet como CryptoSpain y por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis «Alvise» Pérez, está un paso más cerca de sentarse en el banquillo por el llamado caso Madeira. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha declarado concluido el sumario sobre la presunta estafa articulada alrededor de Madeira Invest Club (MIC), una trama que habría provocado pérdidas superiores a 185 millones de euros.

Conviene precisar el momento procesal, porque aquí una palabra cambia bastante la historia. Romillo no ha sido condenado y la apertura del juicio oral todavía debe completar sus trámites. Lo ocurrido este 15 de septiembre de 2026 es que el instructor ha dado por terminada la investigación y ha concedido diez días a las partes para comparecer ante la Sala. El empresario y otras nueve personas habían sido procesados por unos hechos que, según el juez, podrían constituir delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos mercantiles.

El nombre de Romillo tiene además una derivada política difícil de separar del caso. Él mismo reconoció haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez durante el periodo previo a las elecciones europeas de 2024. Esa entrega forma parte de otra investigación, distinta de la presunta macroestafa de Madeira Invest Club, que afecta al eurodiputado y se tramita en el Tribunal Supremo.

Qué acusa la Audiencia Nacional a Álvaro Romillo

El núcleo del caso está en Madeira Invest Club, una plataforma presentada como un club privado de inversión que ofrecía oportunidades aparentemente muy distintas: inmuebles, vehículos, relojes, oro y otros metales preciosos, startups y diferentes activos. Una oferta vistosa, casi un escaparate del dinero contemporáneo: un poco de lujo, un poco de criptomonedas y rentabilidades capaces de hacer levantar una ceja incluso al inversor menos desconfiado.

Según la investigación judicial, detrás de esa apariencia existía una estructura organizada para captar dinero de los clientes. Los inversores realizaban aportaciones convencidos de que su capital se destinaba a las operaciones anunciadas, cuando en realidad los fondos habrían terminado en cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores sin que existiese la actividad inversora que creían estar financiando.

Algunas de las promociones llegaban a ofrecer rentabilidades mínimas del 20 %. El problema no era solo lo generoso de la promesa. La tesis judicial es mucho más grave: las inversiones serían ficticias y el funcionamiento del negocio habría estado diseñado desde el principio para apropiarse de las cantidades entregadas.

El auto de procesamiento situó el perjuicio económico en 185.511.947,76 euros y cifró en 3.062 los inversores perjudicados entre enero de 2023 y septiembre de 2024. El volumen explica por qué el procedimiento se ha convertido en una de las investigaciones por fraude financiero más llamativas de los últimos años en España.

Cómo funcionaba Madeira Invest Club, según el juez

La acusación no describe únicamente una empresa que salió mal ni un negocio de alto riesgo que terminó desplomándose. El planteamiento judicial es otro: habla de una organización estructurada y jerarquizada, dirigida presuntamente por Romillo, en la que cada participante desempeñaba determinadas funciones relacionadas con la captación de clientes, la plataforma digital o la circulación del dinero.

Madeirainvest.com habría proporcionado la apariencia de un espacio seguro y rentable en el que los clientes podían colocar su dinero. La imagen importaba. También el lenguaje, los eventos y, sobre todo, las redes sociales.

Romillo tenía una notable presencia en TikTok y YouTube, donde hablaba de productos financieros, criptomonedas, fiscalidad y formas de gestionar el patrimonio. La promoción digital permitía vestir una propuesta compleja con un traje mucho más sencillo: alguien explicaba cómo ganar dinero, mostraba oportunidades fuera de los canales tradicionales y construía alrededor de ellas una comunidad.

Lujo, eventos y rentabilidades como reclamo

El universo de Madeira Invest Club no giraba exclusivamente alrededor de las criptomonedas. El abanico incluía coches, relojes, propiedades inmobiliarias, oro y bienes de lujo, un catálogo particularmente eficaz para convertir una inversión abstracta en algo tangible. No es lo mismo hablar de movimientos financieros que enseñar un automóvil, un reloj caro o una embarcación. La promesa adquiere cuerpo.

La investigación también atribuye importancia a los grandes eventos organizados por el club. Allí aparecieron personajes conocidos y, entre ellos, Alvise Pérez, cuya presencia terminó siendo mucho más relevante de lo que parecía entonces.

El instructor sostiene que Romillo ejercía un control directo de las operaciones y coordinaba tanto la captación de los fondos como la información difundida por la plataforma y la distribución del dinero dentro del entramado. Por la responsabilidad civil derivada de los hechos investigados, a los procesados se les impuso una fianza solidaria superior a 247 millones de euros.

Los 100.000 euros que conectan el caso con Alvise Pérez

Aquí confluyen dos historias judiciales diferentes que conviene no mezclar. Una es la investigación sobre Madeira Invest Club en la Audiencia Nacional. La otra se refiere a la presunta financiación irregular de Se Acabó La Fiesta (SALF) y se sigue en el Tribunal Supremo debido a la condición de eurodiputado de Alvise Pérez.

El vínculo es Romillo. El empresario reconoció haber entregado 100.000 euros en metálico a Pérez antes de las elecciones europeas de junio de 2024. El significado y el destino de aquel dinero están precisamente bajo investigación.

Romillo ha sostenido que la entrega estaba destinada a la campaña electoral. Alvise, por su parte, ha negado que esos fondos se utilizaran para financiar irregularmente a SALF y ha defendido versiones distintas sobre la finalidad del dinero.

No es un matiz menor. Determinar para qué se entregaron realmente esos 100.000 euros, cómo se contabilizaron y qué contraprestaciones pudieron existir es uno de los asuntos que investiga el Supremo. La entrega del dinero no equivale por sí misma a una condena de Alvise, y la causa contra el eurodiputado sigue su propio recorrido procesal.

Qué está investigando el Supremo sobre Alvise

El Parlamento Europeo retiró en mayo de 2026 la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez en relación con esta investigación, lo que permitió al Tribunal Supremo continuar con el procedimiento. La decisión de la Eurocámara tampoco implica culpabilidad: elimina el obstáculo derivado de la inmunidad para que la Justicia pueda investigar los hechos.

En julio, el Supremo reclamó a Se Acabó La Fiesta documentación sobre sus cuentas, libros de tesorería, balances, ingresos y gastos, movimientos bancarios y justificantes de los pagos utilizados durante la campaña de las europeas de 2024.

También pidió información al Tribunal de Cuentas y encargó investigar movimientos relacionados con carteras digitales o wallets vinculadas a los investigados. El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero con algo bastante menos retórico que un discurso político: apuntes bancarios, justificantes, transferencias y movimientos digitales.

La relación entre ambos procedimientos explica buena parte del interés público del caso. Romillo es, al mismo tiempo, el principal investigado en una presunta estafa multimillonaria y la persona que puso en conocimiento de la Justicia la controvertida entrega de dinero al líder de SALF.

Romillo está en prisión provisional

El empresario permanece en prisión provisional después de que el juez apreciara riesgo de fuga. La medida fue posteriormente confirmada por la Sala de lo Penal.

Junto a él fueron procesadas otras nueve personas, algunas pertenecientes a su entorno familiar. La tesis del instructor sitúa a Romillo en la cúspide de la estructura y atribuye al resto diferentes tareas dentro del funcionamiento de la organización investigada.

Eso tampoco significa que el procedimiento esté resuelto de antemano. Procesar a una persona supone que el juez aprecia indicios suficientes para continuar la causa contra ella; la culpabilidad solo puede determinarse mediante sentencia y con todas las garantías de defensa y contradicción propias del proceso penal.

Un caso de 185 millones entra en una fase decisiva

La novedad del 15 de septiembre es precisamente esa: la investigación judicial ha terminado y el caso abandona la larga etapa de instrucción. El juez ha declarado concluido el sumario y las partes deberán comparecer ante la Sala en el plazo fijado. Después llegará la decisión procesal sobre la apertura del juicio oral y, en su caso, las acusaciones definitivas.

Sobre la mesa quedan cifras poco habituales: más de 185 millones de euros de perjuicio atribuido, miles de inversores afectados, diez procesados y un sistema de captación que, según la Audiencia Nacional, mezclaba inversiones, redes sociales, promesas de elevada rentabilidad y una cuidada puesta en escena.

Y queda la conexión política. Los 100.000 euros entregados a Alvise no forman parte sin más de la presunta estafa investigada en Madeira Invest Club, pero han abierto una segunda vía judicial que alcanza directamente al eurodiputado. Son procedimientos diferentes unidos por una misma figura, Álvaro Romillo, y por un dinero cuyo origen, destino y finalidad examinan dos de los principales tribunales del país.

El caso Madeira se acerca así a un territorio distinto. Menos vídeos, eventos y promesas de rentabilidad; más autos judiciales, documentación financiera y responsabilidades que tendrán que probarse ante un tribunal. 185 millones de euros después, el brillo de aquel club de inversiones ha dejado paso a la cuestión que marcará el proceso: dónde terminó realmente el dinero.