¿Cómo controla EE.UU. el petróleo venezolano y dónde queda su dinero?

Estados Unidos ha reforzado de forma extraordinaria su control sobre la comercialización, los pagos y parte de la explotación del petróleo venezolano, pero hay una precisión importante: Washington no se ha convertido jurídicamente en propietario de todo el crudo de Venezuela ni ingresa automáticamente en sus arcas todo el dinero obtenido por PDVSA. La realidad es más compleja —y, en algunos aspectos, más profunda— que ese titular.

La última pieza llegó con la Licencia General 52C, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense. La norma amplía el margen para que determinadas empresas de Estados Unidos negocien y operen con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales, mientras Washington conserva importantes mecanismos de supervisión sobre los pagos y las operaciones autorizadas.

No significa, sin embargo, que el Tesoro estadounidense pueda meter en su presupuesto cada dólar procedente del petróleo venezolano. Parte de los ingresos vinculados a personas o entidades bloqueadas debe canalizarse hacia fondos o cuentas bajo custodia estadounidense. Esos recursos están sometidos al control de Washington, pero el propio Gobierno estadounidense los define como propiedad soberana de Venezuela mantenida bajo custodia, no como dinero propiedad de Estados Unidos.

Qué cambia con la nueva licencia para PDVSA

La Licencia General 52C, publicada el 14 de septiembre de 2026, sustituye a la 52B, que apenas llevaba unas semanas vigente. Autoriza determinadas transacciones que de otro modo estarían prohibidas por las sanciones estadounidenses y cubre operaciones con PDVSA y las sociedades en las que posee al menos un 50%, directa o indirectamente.

Hay un cambio particularmente práctico. Un responsable de PDVSA incluido en las listas estadounidenses de sancionados puede ejecutar y firmar contratos cubiertos por la licencia cuando actúe exclusivamente en su capacidad oficial dentro de la compañía. Hasta esta modificación, la presencia de una persona bloqueada en la firma podía convertirse en el último cerrojo de una operación que, en el resto de sus elementos, estaba permitida.

Washington abre así otra puerta al negocio con la petrolera venezolana, pero no retira el marco de sanciones. Lo reajusta. Ese matiz importa: no estamos ante una liberalización completa del petróleo venezolano, sino ante una arquitectura en la que Estados Unidos decide qué operaciones quedan autorizadas, bajo qué condiciones y con qué contrapartes.

Las licencias estadounidenses permiten la exportación, compra, venta, almacenamiento, transporte y comercialización de crudo y productos petroleros venezolanos bajo determinadas condiciones. También contemplan ventas hacia terceros países, aunque esas operaciones están sometidas a requisitos de información y a restricciones sobre determinados actores.

El dinero puede pasar por cuentas bajo custodia estadounidense

Aquí está uno de los puntos que más fácilmente se presta a equívocos. Las condiciones establecidas por Washington contemplan que determinados pagos destinados a personas bloqueadas, salvo conceptos permitidos como ciertos impuestos, tasas o permisos, se depositen en los denominados Foreign Government Deposit Funds u otras cuentas designadas por el Tesoro.

Es, en términos prácticos, una llave sobre la caja: el dinero puede proceder de recursos venezolanos y seguir teniendo naturaleza venezolana, pero su disponibilidad queda condicionada por el sistema estadounidense.

El mecanismo no nació esta semana. En enero, la Casa Blanca estableció protección especial para los ingresos petroleros venezolanos custodiados en cuentas del Tesoro, impidiendo que fueran embargados o ejecutados judicialmente sin autorización. Washington sostuvo entonces expresamente que esos fondos eran propiedad soberana venezolana depositada bajo custodia estadounidense para fines gubernamentales y diplomáticos.

Así que decir que Estados Unidos sencillamente «se queda con el dinero» de todas las ventas sería ir demasiado lejos. Lo controla, custodia o condiciona en determinados circuitos, que no es exactamente lo mismo. Y la diferencia jurídica, en un negocio de miles de millones, dista mucho de ser decorativa.

El verdadero salto está en el gran acuerdo petrolero

La nueva licencia se entiende mejor dentro de una transformación bastante mayor. A finales de agosto, la Administración de Donald Trump anunció un acuerdo que entrega a North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones de hasta 100 años sobre 17 campos petroleros venezolanos, vinculados a unas reservas probadas que la Casa Blanca cifra en alrededor de 65.000 millones de barriles.

El Gobierno estadounidense recibió a su vez una participación del 35% en la matriz de NABEP. También obtuvo derechos preferentes sobre la producción: acceso al 20% del crudo producido a coste de producción y derecho de tanteo sobre el 80% restante, según los términos divulgados por Washington.

Aquí sí aparece un beneficio económico estadounidense mucho más directo. Una participación accionarial puede generar dividendos y valor patrimonial para Washington. No es el equivalente a quedarse con toda la caja de PDVSA, pero tampoco estamos ante la tradicional relación entre un Estado productor y un simple comprador extranjero.

La Casa Blanca ha presentado el acuerdo como una vía para reforzar el suministro energético estadounidense y financiar la recuperación venezolana. También sostiene que NABEP podría invertir hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura y que Venezuela recibiría impuestos y regalías durante la vida de los proyectos. Son previsiones que dependerán del desarrollo real de las inversiones y de la producción.

La estructura del pacto presenta, además, elementos jurídicos y empresariales todavía complejos, entre ellos la configuración final de algunas asociaciones, las autorizaciones necesarias y las condiciones bajo las que se desarrollarán durante décadas los campos concedidos. Un acuerdo de cien años, desde luego, no es precisamente un contrato de temporada.

Washington también vigila hacia dónde va el crudo

Las licencias estadounidenses no limitan necesariamente el petróleo venezolano al mercado de Estados Unidos. El crudo autorizado puede alcanzar terceros países, aunque ciertas operaciones están sometidas a obligaciones de información y a restricciones relacionadas con determinados Estados, empresas o socios sancionados.

Ese diseño convierte al sistema de sanciones en algo parecido a una enorme aduana financiera: no hace falta poseer cada barril para influir sobre quién puede comprarlo, quién puede cobrar y mediante qué circuito financiero.

Los contratos amparados por este entramado deben mantener, en determinados casos, mecanismos de resolución de disputas en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. El resultado es una progresiva internacionalización del negocio venezolano, aunque bajo condiciones moldeadas de manera importante desde Washington.

Citgo queda en una caja aparte

Hay, además, una aparente paradoja. Mientras Estados Unidos facilita más operaciones comerciales con PDVSA, la misma Licencia General 52C prohíbe utilizar esa autorización para modificar la gobernanza de PDV Holding, Citgo Holding o Citgo Petroleum. No permite nombrar, destituir o sustituir libremente a sus administradores utilizando esta licencia.

Citgo sigue siendo uno de los activos más delicados de todo el tablero. La refinería estadounidense quedó separada operativamente de su matriz PDVSA durante los años de sanciones y continúa atravesada por litigios, acreedores y disputas sobre su control. La Administración interina venezolana encabezada por Delcy Rodríguez ha tratado de recuperar capacidad sobre activos exteriores, mientras el Tesoro estadounidense mantiene su propio cerrojo regulatorio sobre cualquier cambio relevante.

No es una apertura indiscriminada. Más bien parece un mecanismo de puertas diferentes con llaves diferentes: Washington facilita el negocio petrolero que considera compatible con su política y conserva restricciones específicas allí donde mantiene intereses jurídicos o financieros.

Por qué el petróleo venezolano vuelve a ser tan importante

Venezuela dispone de algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta, pero durante años ha producido muy por debajo de su potencial. Su bombeo se mueve alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, lejos de los más de tres millones alcanzados a finales de la década de 1990. El deterioro de instalaciones, la falta de inversión, las sanciones y años de problemas de gestión han dejado una industria gigantesca trabajando a medio gas.

Eso explica las imágenes casi insólitas de los últimos meses: maquinaria petrolera usada, bombas, camiones y equipos procedentes de Estados Unidos viajando hacia Venezuela para alimentar la reactivación del sector energético. El petróleo sigue bajo tierra; lo difícil es sacarlo de forma rentable y sostener durante años el ritmo de inversión necesario.

Washington pretende que las compañías estadounidenses desempeñen un papel central en esa reconstrucción. La Administración estadounidense ha planteado elevar la producción venezolana a corto plazo hacia 1,5 millones de barriles diarios, mientras el acuerdo con NABEP abre una vía de presencia empresarial y gubernamental estadounidense de muy larga duración.

También pesa la geopolítica. Parte de los campos incluidos en el nuevo esquema había estado vinculada a operadores chinos o rusos. El nuevo marco reduce algunas de esas posiciones y refuerza la influencia estadounidense en una industria que durante décadas ha sido escenario de competencia entre Washington, Moscú, Pekín y Caracas.

Venezuela mantiene el petróleo; EE.UU. controla más palancas

La fotografía que queda es menos sencilla que la frase «Estados Unidos se queda con el petróleo venezolano», pero quizá más reveladora. Venezuela conserva formalmente la propiedad soberana de sus recursos y los fondos petroleros depositados en cuentas del Tesoro siguen definidos por Washington como propiedad venezolana. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha acumulado una capacidad excepcional para condicionar contratos, compradores, intermediarios, flujos financieros y acceso a determinados campos.

A eso se suma el acuerdo con NABEP: participación estadounidense del 35%, derechos sobre una parte de la producción, preferencia para adquirir el resto y poder de veto en la gobernanza de la compañía. Es una relación que va bastante más allá de levantar unas sanciones y dejar que vuelva el comercio.

En otras palabras, Washington no posee todo el petróleo de Venezuela ni absorbe todos sus ingresos, pero tiene cada vez más manos sobre el volante. Sobre el barril, sobre el contrato y, en determinados casos, también sobre la cuenta donde termina el dinero. Esa es la dimensión real de la noticia.