¿Qué revelan los correos sobre la lista de espera del Ramón y Cajal?

La polémica abierta en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid ya no gira únicamente alrededor de testimonios enfrentados. Correos internos y registros informáticos publicados el 16 de septiembre muestran que 57 pacientes de Traumatología que habían sido considerados preferentes pasaron a figurar con prioridad normal entre finales de febrero y mediados de marzo de 2025. El cambio era importante: una intervención preferente debía realizarse dentro de un plazo de 90 días, mientras que la categoría normal ampliaba ese horizonte hasta los 180.

La controversia se ha agravado porque la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid atribuye esas modificaciones al cirujano Luis Alberto Martos, precisamente uno de los médicos que denunció lo sucedido. Sin embargo, la documentación conocida —anotaciones del sistema interno y correos entre profesionales— señala órdenes procedentes del jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y referencias a la dirección médica. La investigación interna anunciada por la Comunidad seguía abierta cuando se conocieron esos documentos.

Los 57 pacientes cuya prioridad cambió en el sistema

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. Según la documentación publicada, 57 pacientes de Cirugía Ortopédica y Traumatología dejaron de aparecer como preferentes y fueron reclasificados como normales. No se trataba de adelantar o retrasar una cita unos días en una agenda saturada: sobre el papel, el margen previsto para su intervención podía pasar de tres a seis meses.

El elemento más delicado está en cómo se habrían efectuado los cambios. Los médicos que habían indicado inicialmente la prioridad no habrían realizado una nueva valoración clínica que justificase rebajarla. En algunos registros internos aparecen anotaciones que atribuyen las modificaciones a una indicación del jefe del servicio o a una orden relacionada con Traumatología y la dirección médica.

Eso cambia bastante el centro del debate. Una lista de espera hospitalaria no es simplemente una hoja de cálculo algo antipática donde los números entran y salen. La clasificación determina cuánto puede esperar un paciente según su situación clínica. Alterarla sin una reevaluación médica puede modificar tanto las estadísticas del centro como la demora real que soporta la persona afectada.

El correo que pide evitar los casos preferentes

Entre los documentos publicados figura un intercambio especialmente relevante. La cirujana Susana Alonso había pedido explicaciones después de comprobar que la prioridad de uno de sus pacientes había cambiado. Días más tarde recibió una respuesta del jefe del servicio, Basilio de la Torre, en la que se hacía referencia al compromiso del hospital de operar a los preferentes dentro de los 90 días y a las comunicaciones que recibía la dirección cuando ese plazo no se cumplía.

En ese contexto apareció la indicación de evitar, en la medida de lo posible, registrar pacientes como preferentes y manejar de otra manera la programación aproximada de la cirugía y el preoperatorio. La existencia de ese mensaje es uno de los principales elementos que contradicen la versión según la cual Martos habría actuado por su cuenta para reducir la complejidad de su trabajo.

Hay otra huella difícil de ignorar. Los registros aportados por el denunciante contienen referencias al cambio de prioridad por indicación del jefe de servicio y por orden vinculada a Traumatología y dirección médica. No resuelven por sí solos todas las responsabilidades administrativas, laborales o eventualmente penales, pero sí aportan información verificable sobre quién aparecía asociado a las modificaciones.

La Comunidad de Madrid señala al médico denunciante

La respuesta del Gobierno madrileño ha seguido una línea distinta. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, aseguró el 16 de septiembre que el propio Martos había manipulado irregularmente la prioridad de esos 57 pacientes para obtener un beneficio profesional, que describió como trabajar menos y afrontar intervenciones menos complejas. También negó que exista una manipulación generalizada de las listas de espera en la sanidad regional.

La versión de Luis Alberto Martos es justamente la contraria. El cirujano sostiene que descubrió las alteraciones al revisar su programación quirúrgica y que las comunicó primero dentro del hospital. Ha defendido, además, que el sistema informático conserva un rastro de las actuaciones realizadas, de modo que sería posible determinar quién efectuó o solicitó cada modificación.

Los correos conocidos añaden contexto. Martos comunicó sus quejas al director médico en marzo de 2025 y posteriormente al gerente del hospital en abril. Susana Alonso también remitió una queja al gerente en mayo. Según la documentación publicada, las respuestas de entonces no atribuían a Martos la autoría de los cambios que estaba denunciando.

La Consejería ha abierto diligencias internas para determinar lo ocurrido, aunque ha circunscrito inicialmente la investigación al Ramón y Cajal. Matute había defendido previamente que en la Comunidad de Madrid no se falsean las listas de espera, al tiempo que cuestionaba la credibilidad del médico denunciante.

Una disputa personal no resuelve qué ocurrió con los pacientes

El enfrentamiento entre Martos y sus superiores tiene antecedentes y se ha convertido en parte de la discusión pública. Pero, desde el punto de vista de lo ocurrido con la lista quirúrgica, el dato decisivo no es si existían malas relaciones en el servicio, sino quién ordenó cada cambio, con qué criterio clínico y mediante qué usuario o procedimiento informático.

Martos ha negado las acusaciones formuladas contra él y sostiene que la trazabilidad informática permitirá comprobar su versión. La documentación divulgada hasta el momento muestra, por su parte, comunicaciones de otros profesionales cuestionando los cambios y referencias explícitas a responsables jerárquicos. La investigación administrativa tendrá que determinar el alcance de esas actuaciones y escuchar a las partes implicadas.

Por qué cambiar de 90 a 180 días altera la gestión de la espera

La diferencia entre una clasificación preferente y una normal no es cosmética. Si un paciente deja de computar dentro del grupo que debe ser intervenido antes de 90 días, el hospital dispone de un margen temporal mayor antes de que ese caso incumpla el objetivo previsto para esa prioridad. En otras palabras: cambiar la categoría modifica el plazo asistencial asignado al paciente y puede influir en determinados indicadores internos de cumplimiento.

Los correos publicados vinculan precisamente la gestión de esos pacientes con los objetivos de demora. En uno de ellos se menciona que la dirección recibía avisos de la Consejería cuando un preferente superaba el plazo correspondiente. La información conocida también plantea si el cumplimiento de determinados objetivos podía tener consecuencias profesionales o económicas, extremo cuyo alcance deberá ser aclarado.

Ese matiz importa. No está acreditado judicialmente que las modificaciones obedecieran a un plan político ni que esta práctica fuese generalizada en el sistema madrileño. El Gobierno regional niega expresamente esa interpretación. El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha pedido a la Comunidad aclaraciones para conocer si lo ocurrido en el Ramón y Cajal fue un episodio aislado o puede haberse producido en otros centros.

Facua lleva el caso del Ramón y Cajal a la Fiscalía

El asunto ha salido ya del perímetro estrictamente administrativo. Facua presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen las modificaciones y determine si existen responsabilidades penales. La organización considera que determinados responsables hospitalarios podrían haber incurrido en prevaricación administrativa, pero esa es, por el momento, una tesis de la denunciante y no una conclusión judicial.

Facua reclama que se identifique quién ordenó cada modificación, los criterios utilizados y si el cambio de prioridad ocasionó algún perjuicio asistencial a los pacientes. Su denuncia apunta a responsables del hospital y no establece que existiera una orden política procedente de la Consejería.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha reclamado explicaciones a Madrid y varios sindicatos sanitarios han pedido una investigación más amplia. Las afirmaciones de que prácticas semejantes puedan darse en otros hospitales son, de momento, testimonios y acusaciones que deberán contrastarse con datos concretos. Una cosa es que existan sospechas en el sector; otra, bastante distinta, que se haya probado una alteración sistemática en toda la red.

Los documentos colocan el foco en la trazabilidad

El caso Ramón y Cajal ha terminado reducido a una cuestión muy material: correos, fechas, usuarios, órdenes y cambios registrados en un sistema informático. Es ahí donde tendrá que resolverse la contradicción entre la versión de la Consejería y la del cirujano denunciante.

Lo acreditado hasta ahora es que 57 pacientes cambiaron de categoría, que ese cambio ampliaba el plazo asociado a su intervención de 90 a 180 días y que existen comunicaciones internas que relacionan la gestión de esos casos con responsables superiores del servicio y con la dirección médica. La Comunidad sostiene que fue Martos quien actuó irregularmente; él lo niega y los documentos divulgados plantean una versión diferente sobre el origen de las órdenes.

Quedan por aclarar las responsabilidades individuales, el motivo exacto de cada modificación, si algún paciente sufrió un perjuicio asistencial y si lo ocurrido fue excepcional o formaba parte de una práctica más amplia. Ahí está la frontera entre la bronca política —ruidosa, previsible— y lo verdaderamente importante: qué pasó con esos pacientes mientras esperaban una operación.