¿Cómo alteró el Ramón y Cajal la prioridad quirúrgica de 57 pacientes?

El Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid está en el centro de una grave controversia después de conocerse que responsables del centro modificaron en el sistema informático la prioridad quirúrgica de 57 pacientes de Traumatología, según documentos internos y testimonios de médicos. Los enfermos habían sido clasificados como preferentes por sus cirujanos y pasaron después a figurar como pacientes de prioridad normal, sin que esos facultativos hubieran solicitado el cambio. El hospital niega haber cometido irregularidades.

Los cambios se produjeron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. No es una diferencia burocrática menor, de esas que parecen vivir cómodamente en una celda de Excel: ser considerado preferente implicaba que la intervención debía realizarse antes de 90 días, mientras que la nueva clasificación ampliaba considerablemente el margen disponible para operar. La cuestión que sacude al centro es precisamente esa: las prioridades establecidas con criterios clínicos habrían sido modificadas después desde la estructura de gestión.

Qué revelan los documentos del Ramón y Cajal

La información conocida apunta a que dos responsables del hospital ordenaron modificar informáticamente la prioridad de esos pacientes del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Según cuatro médicos afectados, los cambios se realizaron sin examinar personalmente a los enfermos y sin consultar a los cirujanos que habían determinado inicialmente su grado de prioridad.

El origen del asunto estaría relacionado con los objetivos de productividad utilizados para evaluar el funcionamiento de los servicios hospitalarios. Uno de esos indicadores penaliza la existencia de pacientes que permanecen esperando una operación más allá del plazo asociado a su prioridad. Dicho de forma sencilla: si alguien deja de aparecer administrativamente como preferente, también deja de engrosar determinados incumplimientos ligados a los pacientes preferentes que han esperado demasiado.

Según la documentación conocida, uno de los responsables explicó por correo electrónico a una doctora que los cambios estaban vinculados precisamente al cumplimiento de esos indicadores. El sistema contempla decenas de objetivos y su consecución puede tener efectos económicos sobre los complementos de productividad de determinados cargos. En el caso de un jefe de servicio, el plus citado ronda los 3.579 euros. La existencia de ese incentivo no demuestra por sí sola una conducta irregular, pero ayuda a comprender por qué la clasificación de los pacientes no es una cifra inocente.

De paciente preferente a paciente normal

La diferencia entre categorías afecta directamente al tiempo durante el cual una operación puede permanecer pendiente. La regulación sanitaria distingue entre pacientes cuya intervención no admite una demora prolongada y aquellos cuya patología permite esperar más sin que previsiblemente aparezcan secuelas importantes.

La normativa estatal establece tres niveles de prioridad quirúrgica. La prioridad 1 corresponde a tratamientos que no admiten más de 30 días de demora; la prioridad 2, a situaciones en las que se considera recomendable intervenir antes de 90 días; y la prioridad 3, a patologías cuya evolución permite una espera mayor.

Madrid desarrolla ese marco mediante la Orden 804/2016. Y aquí aparece uno de los puntos más delicados del caso: la regulación madrileña establece que son los especialistas quirúrgicos quienes indican la operación y fijan la prioridad clínica con la que el paciente entra en el registro de lista de espera.

El caso de una niña de tres años

Entre los episodios conocidos destaca el de una niña de tres años cuya situación podía acabar comprometiendo una pierna. Su especialista había establecido una prioridad elevada para operar, pero posteriormente la clasificación apareció modificada en el sistema. La médica detectó el cambio, protestó y consiguió que se corrigiera para poder intervenir a la menor en el momento que consideraba clínicamente necesario.

El episodio resulta especialmente relevante porque muestra de manera tangible lo que significa cambiar una categoría informática. Para el ordenador son unas palabras distintas dentro de una ficha. Para el paciente pueden ser semanas o meses de diferencia antes de entrar en un quirófano.

La doctora pidió posteriormente al gerente que se investigara lo ocurrido y trasladó el caso a la comisión deontológica del Colegio de Médicos. Este organismo ha señalado que no puede pronunciarse sobre el fondo mientras se desarrollan sus actuaciones, sujetas a confidencialidad.

Por qué importa quién modifica la prioridad

Un hospital necesita gestionar quirófanos, camas, profesionales, pruebas preoperatorias y miles de citas. Sería ingenuo imaginar que una lista de espera consiste únicamente en colocar pacientes uno detrás de otro, como quien reparte números en una pescadería. Hay incidencias clínicas, renuncias, aplazamientos, derivaciones y situaciones que obligan a reorganizar constantemente la programación.

Pero la gestión administrativa de una lista no es lo mismo que modificar la valoración clínica que determina qué enfermo debe pasar antes por quirófano. El área de Admisión puede realizar tareas como incluir pacientes, preparar su cirugía, registrar la actividad y gestionar administrativamente la lista de espera. La prioridad clínica, en cambio, está vinculada al criterio del especialista quirúrgico.

Ese deslinde explica la dimensión del caso. Si un médico revisa a un paciente y concluye que su situación ha mejorado o que puede esperar más, modificar la prioridad puede ser perfectamente razonable. Otra cosa sería rebajarla para que determinado indicador estadístico aparezca más limpio. Ahí el Excel deja de ser una herramienta y empieza a mandar demasiado.

Qué responde el Hospital Ramón y Cajal

El Ramón y Cajal niega haber cometido irregularidades. La dirección sostiene que la gestión de las listas quirúrgicas implica a distintos profesionales y órganos del hospital y, respecto al caso de la menor, señaló que la incidencia quedó solucionada porque finalmente pudo ser intervenida cuando su doctora lo consideró adecuado.

Esa explicación no resuelve, sin embargo, la cuestión central planteada por los profesionales: por qué aparecieron modificadas prioridades que ellos habían establecido y quién tenía autorización clínica para hacerlo.

Tampoco equivale a afirmar que los pacientes fueran abandonados o que las 57 intervenciones no acabaran realizándose. Lo conocido se refiere a una alteración de la clasificación en la lista de espera, con el posible efecto de ampliar el periodo durante el cual determinados enfermos podían permanecer pendientes sin superar formalmente ciertos objetivos de gestión. Conviene mantener esa precisión; bastante serio es el asunto sin necesidad de inflarlo.

Las listas de espera y la batalla de las cifras

El caso aparece en un terreno especialmente sensible para cualquier administración sanitaria. Las listas de espera son uno de los indicadores que más directamente percibe el ciudadano: no hace falta interpretar un balance presupuestario para entender lo que significan tres, cuatro o seis meses aguardando una prótesis, una operación de columna o cualquier otra intervención.

En febrero de 2025, cuando comenzaron los cambios conocidos, Traumatología del Ramón y Cajal registraba una demora media de 77,5 días y se encontraba entre los servicios madrileños de su especialidad con peores tiempos. La demora citada posteriormente ha alcanzado los 98,6 días.

Hay, además, una paradoja estadística. Las modificaciones denunciadas no tenían por qué reducir de forma visible el número total de personas que aparecía públicamente esperando una intervención. Los datos públicos muestran pacientes y tiempos agrupados por tramos, mientras que determinados indicadores internos valoran también si cada enfermo supera el límite correspondiente a su categoría de prioridad. Así, la misma persona puede seguir figurando en la lista pública mientras cambia el modo en que computa internamente.

Cuando el indicador empieza a mandar sobre el paciente

La controversia alrededor del Ramón y Cajal toca una cuestión más profunda que esos 57 expedientes: qué ocurre cuando una herramienta diseñada para mejorar la gestión sanitaria termina condicionando decisiones que deberían depender esencialmente de la situación clínica.

Medir tiempos de espera es necesario. Exigir resultados también. Sin indicadores, una administración sanitaria gigantesca funcionaría prácticamente a oscuras. El problema aparece cuando el incentivo se invierte y mejorar el dato resulta más sencillo que mejorar la realidad.

Por ahora existen documentos internos, médicos que denuncian modificaciones realizadas sin su autorización, una investigación deontológica sobre uno de los episodios y una dirección hospitalaria que rechaza haber actuado irregularmente. No consta una resolución que determine responsabilidades por estos hechos.

La frontera entre gestionar una espera y cambiar su gravedad

Lo que sí está establecido por la normativa madrileña es quién fija la prioridad clínica del paciente: el especialista quirúrgico. Y esa frontera importa. Una lista de espera puede gestionarse, reorganizarse y optimizarse. La gravedad de quien espera, en cambio, no debería adaptarse a la estadística.