¿Qué pasará con los menores de Ceuta si Marruecos guarda silencio?

El futuro de los menores migrantes llegados solos a Ceuta empieza a despejarse, aunque no precisamente por la vía que el Gobierno español consideraba prioritaria. El Ministerio de Juventud e Infancia duda de que Marruecos facilite su reagrupación con familiares residentes en el país vecino y trabaja con un escenario alternativo: que una parte de estos niños y adolescentes sea trasladada a otras comunidades autónomas. Los primeros movimientos podrían producirse en aproximadamente dos meses, una vez completados los expedientes individuales.

La desconfianza del ministerio tiene un dato detrás difícil de ignorar. Según fuentes de Infancia, antes de la crisis migratoria de finales de julio ya se habían remitido a Marruecos unos 600 expedientes desde 2021 relacionados con menores y Rabat no había respondido a ninguno. Esto no significa que pueda descartarse la reagrupación familiar: cada caso debe estudiarse por separado y, cuando sea viable y beneficioso para el menor, el retorno con su familia sigue siendo la primera opción. Pero Madrid ya prepara las otras salidas posibles.

Marruecos guarda silencio ante unos 600 expedientes anteriores

La cuestión es especialmente delicada porque las declaraciones públicas de ambos gobiernos no terminan de encajar. Marruecos ha afirmado que está dispuesto a recibir a quienes entraron irregularmente en Ceuta durante la crisis de los días 30 y 31 de julio, incluidos los menores cuando proceda legalmente su regreso. El Gobierno español, sin embargo, recuerda que los antecedentes no invitan precisamente al optimismo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado incluso el caso de un menor que quería regresar con su familia y cuya familia también deseaba recibirlo. El procedimiento, según su versión, quedó bloqueado por la falta de respuesta de las autoridades marroquíes. De ahí que el Ejecutivo español insista en reclamar una contestación formal de Rabat, más allá de las declaraciones políticas sobre su disposición a aceptar retornos.

Hay una diferencia importante. Una cosa es anunciar que se aceptará a los menores y otra, bastante menos vistosa pero jurídicamente decisiva, es tramitar cada expediente, comprobar los vínculos familiares y ofrecer garantías de que el niño quedará efectivamente protegido. Ahí está ahora el atasco.

Los menores no pueden ser devueltos automáticamente a Marruecos

La legislación española no permite tratar a un menor extranjero no acompañado como si fuera simplemente un adulto en situación irregular. No existe un botón administrativo de “devolver”. La Ley de Extranjería obliga a estudiar sus circunstancias familiares y a escuchar al menor antes de resolver sobre una eventual repatriación. El criterio que debe presidir la decisión es el interés superior del menor.

La repatriación puede realizarse mediante reagrupación con la familia o, cuando concurran las garantías necesarias, mediante la puesta a disposición de los servicios de protección del país de origen. Si ninguna de esas alternativas resulta posible o adecuada, el menor permanece en España bajo tutela de la Administración competente.

Eso explica por qué la falta de respuesta marroquí no conduce automáticamente ni al retorno ni a una permanencia definitiva en Ceuta. Abre otra ruta: la reubicación dentro de España.

Los primeros diez expedientes ya están en marcha

El Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado la apertura de los diez primeros expedientes correspondientes a menores afectados por la actual crisis. Esos procedimientos determinarán, caso por caso, si resulta posible la reagrupación familiar, si deben continuar bajo tutela en Ceuta o si pueden ser trasladados a otra comunidad autónoma.

La tramitación es bastante menos instantánea de lo que sugiere el debate político. Hay que identificar al menor, estudiar su situación familiar, entrevistarlo, garantizarle asistencia jurídica y nombrar la representación exigida por las nuevas reglas aplicables. El ministerio relaciona parte de las demoras con la implantación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y acusa al Ejecutivo ceutí, gobernado por el PP, de no haber colaborado suficientemente en algunos trámites. Ceuta y el Partido Popular discrepan de la gestión realizada por el Gobierno central.

El Ejecutivo central sostiene, además, que asumirá el coste del representante de los menores pese a considerar que esa responsabilidad corresponde a la Administración autonómica. Una de esas disputas competenciales que, sobre el papel, parece administrativa; cuando hay cientos de niños esperando una decisión, deja de ser una discusión de despacho.

El traslado a otras comunidades gana terreno

Si la reunificación con sus familias en Marruecos no avanza, el escenario con más posibilidades es que numerosos menores terminen reubicados en distintas comunidades autónomas. El Ministerio calcula que los primeros traslados vinculados a estos nuevos expedientes podrían realizarse dentro de unos dos meses.

Hay varias fórmulas disponibles. Algunas comunidades pueden alcanzar acuerdos directamente con Ceuta; también pueden intervenir entidades especializadas en protección de la infancia y, como última vía, el Gobierno dispone del mecanismo de distribución establecido tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 para territorios sometidos a una presión migratoria extraordinaria.

Ya existe un pequeño precedente en esta misma crisis. Navarra ha acordado recibir a cinco niñas procedentes de Ceuta mediante acogimiento familiar. Infancia pretende convocar otra Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para conocer qué autonomías están dispuestas a participar voluntariamente. Si esa fórmula resulta insuficiente, el Ejecutivo contempla recurrir al mecanismo legal de redistribución.

No sería un sistema completamente nuevo. Durante 2025 y 2026 ya se han producido reubicaciones de menores desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otros territorios. En febrero de 2026 el Gobierno cifraba en 1.019 los menores trasladados desde esas comunidades y ciudades autónomas.

Ceuta sigue soportando una presión excepcional

El problema no se reduce a una discusión diplomática entre Madrid y Rabat. El sistema ceutí de protección de menores quedó sometido a una presión extraordinaria después de las entradas masivas de finales de julio. A comienzos de septiembre, el propio Gobierno situaba en torno a 1.500 los menores migrantes no acompañados atendidos por el sistema de protección de Ceuta, muy por encima de su capacidad ordinaria.

Los datos han seguido moviéndose conforme avanzaban las identificaciones. El Gobierno informó este 15 de septiembre de que ya había 2.048 menores identificados y calculó que todavía podría haber entre 700 y 1.000 en las calles de la ciudad. Unas 900 personas menores de edad habían sido trasladadas entretanto a un nuevo dispositivo de acogida. Son cifras sujetas a actualización constante porque el proceso de filiación todavía continúa.

Para sostener esa estructura, el Estado ha aprobado fondos extraordinarios. El Consejo de Ministros autorizó inicialmente 25 millones de euros para atender a la infancia migrante no acompañada en Ceuta y posteriormente añadió una dotación de 63,6 millones destinada a reforzar la capacidad de acogida y los servicios de atención jurídica, sanitaria, educativa y psicosocial.

Los casos más vulnerables tendrán prioridad

No todos los expedientes seguirán exactamente el mismo camino. Infancia quiere priorizar la situación de los niños más pequeños que hayan expresado su voluntad de regresar con sus familias en Marruecos, siempre que el retorno sea seguro y jurídicamente viable. También recibirán atención específica otros perfiles particularmente vulnerables.

Entre ellos figuran menores susceptibles de protección internacional y niñas víctimas de violencia sexual, cuya situación exige medidas de protección reforzadas. El Gobierno ya había planteado utilizar entidades especializadas para trasladar a la Península a cientos de menores, una vía que requiere coordinación con Ceuta.

Aquí conviene separar el ruido político del expediente real. El destino de un niño no puede decidirse mediante una consigna sobre fronteras abiertas o cerradas, ni mediante una negociación colectiva con Marruecos. La decisión es individual, debe estar documentada y puede ser impugnada.

Una crisis que también enfrenta a Gobierno, Ceuta y PP

La gestión de los menores se ha convertido, inevitablemente, en otro frente político. Fuentes de Juventud e Infancia sostienen que el Gobierno ceutí conoce los planes de reubicación y que, en privado, reclama traslados hacia la Península aunque públicamente mantenga una posición distinta. El Ejecutivo de Ceuta y el PP han cuestionado repetidamente la respuesta del Gobierno central a la crisis migratoria.

El Ministerio también responsabiliza parcialmente de las demoras a la falta de cooperación política para activar determinados mecanismos. Entretanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que deben estudiarse primero las posibilidades de reagrupación familiar en Marruecos y, cuando no sean posibles, recurrir a la solidaridad de las comunidades autónomas.

Rabat, por su parte, rechaza las acusaciones de haber provocado o permitido deliberadamente la entrada masiva de finales de julio y sostiene que España no ha realizado todos los retornos posibles pese a la disposición marroquí a recibir a sus nacionales. Dos versiones chocan de frente. Y entre medias están los expedientes, que tienen la desagradable costumbre de necesitar firmas, garantías y respuestas concretas.

El silencio de Rabat empuja la solución hacia la Península

La situación que dibuja el Ministerio de Juventud e Infancia es bastante clara: España seguirá intentando la reagrupación familiar, sobre todo cuando el propio menor quiera regresar y existan familiares capaces de hacerse cargo de él, pero el Gobierno no confía en que Marruecos responda con rapidez después de la experiencia acumulada desde 2021.

Si Rabat continúa sin tramitar esos casos, muchos de los menores no permanecerán necesariamente en Ceuta. La salida prevista pasa por su traslado progresivo a otras comunidades, mediante acuerdos voluntarios cuando sea posible y recurriendo al sistema estatal de redistribución cuando sea necesario. No será inmediato: antes están la identificación, las entrevistas, la asistencia jurídica y la resolución individual de cada expediente.

La frontera política está a unos metros de Marruecos. La jurídica, en cambio, pasa por cada menor. Y esa diferencia explica por qué, pese a las declaraciones rotundas de unos y otros, el futuro de estos niños se decidirá expediente a expediente.