¿Por qué investiga la UCO el contrato de Adif a Levantina en Asturias?

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a la sede de Adif para recabar documentación sobre una obra adjudicada a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. El contrato corresponde a unos trabajos de emergencia en la línea ferroviaria Gijón Sanz Crespo-Pravia, en Asturias, y ha quedado incorporado a las pesquisas sobre el posible amaño de obra pública relacionadas con el denominado caso Koldo.

El movimiento policial, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, no significa que se haya descubierto una obra inexistente ni que la adjudicación esté declarada ilegal. El desprendimiento que originó la actuación ocurrió realmente y provocó el descarrilamiento de un tren. La cuestión que trata de aclarar la investigación es distinta: si una necesidad ferroviaria auténtica pudo aprovecharse para favorecer a Levantina después de las gestiones de Koldo García ante responsables de Adif.

Qué ha buscado la UCO en la sede de Adif

Los agentes se personaron el viernes 11 de septiembre en las oficinas centrales de Adif, en Madrid, para requerir información relativa al expediente de las obras de estabilización de varios taludes de la línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia, perteneciente a la red de ancho métrico.

La diligencia llegó al área de contratación de la compañía pública. Ese mismo día, la secretaria general de Adif, Irene Bonet, remitió al juzgado documentación sobre la revisión de la certificación final de los trabajos. Sobre la mesa aparecen facturas, mediciones, conceptos ejecutados y el recorrido administrativo de una adjudicación que, casi seis años después, vuelve a ser examinada con lupa.

La revisión interna de Adif sostiene que las cantidades justificadas son coherentes con los trabajos realizados y que la documentación aportada permite continuar la tramitación administrativa del expediente. Es un matiz importante: una cosa es comprobar qué se hizo y cuánto se pagó; otra, bastante diferente, determinar cómo fue seleccionada la empresa encargada de hacerlo.

El contrato de Levantina: 489.300 euros y un coste final menor

El expediente fue adjudicado el 17 de diciembre de 2020 a Levantina Ingeniería y Construcción. El importe de la oferta seleccionada para las actuaciones en vía ascendía a 489.300 euros sin IVA. Con el impuesto incluido, la cifra alcanzaba los 592.053 euros, de ahí que en la cobertura del caso aparezcan cantidades distintas al hablar de una misma actuación.

La documentación revisada posteriormente por Adif refleja que el gasto finalmente abonado quedó en torno a 373.405 euros, más de 115.000 euros por debajo de la cantidad inicialmente prevista. Esa reducción ha sido utilizada por la defensa de Isabel Pardo de Vera para sostener que la obra no sufrió el sobrecoste que podría esperarse de una operación orientada a beneficiar económicamente a la adjudicataria.

En la documentación examinada se desglosan distintas partidas relacionadas con el refuerzo del talud, el tratamiento de vegetación, las medidas de seguridad y otros gastos asociados a la ejecución de los trabajos. La investigación, sin embargo, no se centra únicamente en cuadrar facturas. El asunto de fondo es cómo se decidió que Levantina fuese la empresa encargada de ejecutar la intervención.

Una emergencia ferroviaria que sí existió

El origen de la actuación se remonta al 14 de octubre de 2020. Un desprendimiento afectó al talud situado en la línea ferroviaria entre Gijón y Pravia, en el tramo próximo a Soto del Barco, y provocó el descarrilamiento de un tren de ancho métrico. Hubo heridos leves y Adif consideró necesario intervenir para estabilizar la zona y evitar nuevos corrimientos.

La emergencia, por tanto, está documentada. No se investiga una reparación imaginaria construida sobre el papel. La sospecha judicial discurre por un terreno bastante más concreto: si una obra realmente necesaria pudo convertirse en el vehículo para conceder un contrato a una empresa previamente favorecida mediante gestiones políticas o personales.

La conversación de Koldo que coloca la adjudicación bajo sospecha

Uno de los elementos que han situado este contrato bajo la lupa aparece en una conversación grabada por el propio Koldo García el 18 de noviembre de 2020. Según las pesquisas de la Guardia Civil, el entonces asesor de Ábalos planteó a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, la posibilidad de conseguir trabajo para Levantina.

La conversación pasó por contratos de mantenimiento y terminó alcanzando las obras de emergencia. Koldo insistió en obtener encargos para la constructora. Pardo de Vera mostró reticencias porque Levantina había recibido recientemente otro contrato y adjudicarle uno nuevo tan pronto podía resultar demasiado visible. La expresión que figura en las actuaciones es especialmente elocuente: podía “cantar”.

Menos de un mes después, el 17 de diciembre, Adif adjudicó a Levantina la actuación de emergencia para estabilizar los taludes de la línea asturiana. Esa proximidad temporal es uno de los elementos que los investigadores tratan de encajar con el resto de documentación y comunicaciones recabadas.

Por sí sola, la secuencia no demuestra un delito. Una conversación comprometida y una adjudicación posterior necesitan pruebas adicionales para transformarse en responsabilidad penal. De ahí que el juez Moreno esté reconstruyendo expedientes, decisiones administrativas, mensajes y pagos. En un procedimiento de este calibre, la cronología importa, pero no sustituye a la prueba.

Qué relación tiene Levantina con el caso Koldo

Levantina Ingeniería y Construcción aparece en las pesquisas sobre los presuntos amaños de obra pública vinculados al entorno de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La UCO ha analizado adjudicaciones y conversaciones en las que figuran constructoras que, según la hipótesis de los investigadores, pudieron beneficiarse de gestiones realizadas desde el entorno político del antiguo Ministerio de Transportes.

El responsable de Levantina, José Ruz, aparece en esa investigación. Las actuaciones judiciales buscan determinar si existió un sistema para favorecer a determinadas compañías y si hubo contraprestaciones económicas relacionadas con esas adjudicaciones. Se trata, por ahora, de una hipótesis sometida a investigación judicial y no de hechos declarados probados.

Dentro de ese mapa aparece Adif. Durante aquella etapa, Isabel Pardo de Vera presidía el gestor ferroviario y distintos responsables de la compañía tenían competencias en conservación, mantenimiento y contratación. La Guardia Civil está tratando de precisar qué capacidad de decisión tuvo cada persona y hasta dónde pudieron llegar las gestiones del entorno de Ábalos.

La investigación más amplia también alcanza a Santos Cerdán por las sospechas sobre un supuesto sistema de adjudicaciones y comisiones alrededor de determinadas empresas y obras públicas. Eso no convierte automáticamente cada expediente citado en una adjudicación amañada. Cada contrato debe analizarse por separado, con sus responsables, documentos y decisiones concretas.

Por qué una adjudicación de emergencia exige especial atención

Los contratos de emergencia son legales y, en determinadas circunstancias, imprescindibles. Cuando un talud cae sobre una vía y compromete la seguridad ferroviaria, la Administración necesita reaccionar con rapidez. La contratación pública permite, por ello, reducir trámites que en un procedimiento ordinario consumirían semanas o meses.

Esa agilidad tiene una contrapartida. Al disminuir la concurrencia y simplificarse el procedimiento, cobra todavía más importancia justificar por qué se escoge a una empresa concreta. En este expediente se recibió una sola oferta, la de Levantina, y la adjudicación se formalizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad acelerado.

La documentación administrativa defendía la capacidad de la compañía para responder a la incidencia. La UCO intenta determinar si aquella elección obedeció exclusivamente a criterios técnicos y operativos o si las gestiones recogidas en las conversaciones tuvieron algún peso efectivo. Esa es la frontera judicial: necesidad de la obra y limpieza de la adjudicación son cuestiones diferentes.

Una reparación urgente puede ser completamente real y, al mismo tiempo, resultar legítimo investigar cómo se eligió al contratista. No hay contradicción. El desprendimiento explica por qué había que actuar; no explica, por sí solo, por qué debía hacerlo precisamente una determinada compañía.

Adif entrega documentación y la investigación avanza

La visita de la UCO a Adif abre una nueva fase documental en unas pesquisas que llevan meses reconstruyendo la contratación pública relacionada con el caso. La Guardia Civil dispone de información aportada directamente por el gestor ferroviario sobre la ejecución y certificación de la obra, además del expediente administrativo de la adjudicación.

Adif sostiene en su revisión que las mediciones examinadas corresponden con los trabajos ejecutados y considera suficiente la documentación justificativa presentada. Ese informe puede aclarar cuánto se hizo y cuánto se pagó. No resuelve por sí mismo la cuestión penal que interesa al juzgado: si existió una influencia indebida antes de adjudicar el contrato.

El juez Ismael Moreno deberá valorar qué relevancia tiene la conversación entre Koldo García y Pardo de Vera, cómo se tomó la decisión del 17 de diciembre de 2020 y si existe una relación demostrable entre aquellas gestiones y la posterior elección de Levantina. Mientras las diligencias continúen abiertas, las sospechas deben manejarse como lo que son: hechos sometidos a investigación, no condenas anticipadas.

Una obra real y una decisión que sigue bajo la lupa

El contrato de los taludes asturianos concentra buena parte de las preguntas que rodean esta pieza del caso. Hubo un desprendimiento, hubo un descarrilamiento y la infraestructura necesitaba una intervención urgente. También consta una conversación previa en la que Koldo García pidió trabajo para Levantina y Pardo de Vera expresó sus reparos ante la posibilidad de concederle otro encargo tan pronto.

Entre aquella conversación y la adjudicación transcurrió aproximadamente un mes. Adif sostiene que los trabajos fueron ejecutados y que el importe final quedó notablemente por debajo del presupuesto inicial. La investigación judicial mira más atrás: quién promovió la elección de Levantina, qué razones pesaron realmente y hasta dónde llegaron las gestiones realizadas antes de adjudicar.

Ahí se encuentra el corazón del expediente. No está en discusión la existencia del talud ni la necesidad de repararlo; lo que la UCO y el juez tratan de esclarecer es si el procedimiento terminó condicionado para que aquella reparación acabara precisamente en manos de Levantina.