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¿Por qué algunos roban entre escombros tras la catástrofe venezolana?

Los saqueos tras el terremoto de Venezuela muestran hambre, oportunismo y codicia entre ruinas, mientras la ley prevé hasta 17 años de cárcel

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Por qué roban en las catástrofes

Resumen

  • Los saqueos mezclan necesidad extrema, oportunismo y delincuencia organizada
  • En Venezuela, el robo agravado puede castigarse con hasta 17 años de prisión
  • La mayoría de los damnificados coopera y ayuda pese al caos de la catástrofe

Los saqueos aparecen después de ciertas catástrofes porque el desastre multiplica las oportunidades delictivas: viviendas abiertas, comercios destrozados, calles sin luz, propietarios evacuados y policías ocupados en salvar vidas. No existe una misteriosa mutación colectiva. Hay personas que buscan agua o comida en una situación límite y hay delincuentes que aprovechan la indefensión ajena para llevarse dinero, joyas, teléfonos o cualquier objeto que puedan vender.

La diferencia importa. Mucho. Tomar unas botellas de un comercio abandonado después de pasar dos días sin agua potable no responde al mismo impulso que rebuscar en una casa derrumbada para robar las pertenencias de una familia. Ambas conductas pueden tener consecuencias legales, pero equipararlas impide comprender el fenómeno y convierte una tragedia compleja en una película barata de buenos y malos. La realidad, como casi siempre, trae más barro pegado a los zapatos.

Venezuela: saqueos documentados y rumores todavía sin probar

Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio, las cámaras registraron saqueos en comercios dañados de La Guaira, la zona más castigada. Periodistas sobre el terreno presenciaron entradas en establecimientos mientras parte de la población buscaba alimentos y agua entre apagones, tuberías rotas y una distribución de ayuda todavía insuficiente.

También circularon imágenes de personas llevándose mercancías, colchones y otros objetos. En algunos comercios fueron sustraídos medicamentos, bebidas, electrodomésticos y artículos para el hogar, bienes difícilmente equiparables a una botella de agua tomada por alguien que lleva días en la calle. Las fuerzas de seguridad fueron desplegadas para vigilar locales, almacenes y viviendas desalojadas.

En las redes sociales se difundieron vídeos que supuestamente muestran a grupos entrando en estructuras colapsadas para sustraer pertenencias. Algunas grabaciones carecían de contexto, fecha verificable o identificación clara del lugar. Eso obliga a separar los hechos acreditados del ruido digital: sí hubo saqueos, pero no existe una base sólida para afirmar que multitudes organizadas estén recorriendo sistemáticamente los escombros para desvalijar a muertos y desaparecidos.

El matiz no pretende blanquear nada. Entrar en una vivienda destruida para apropiarse de lo ajeno es una segunda agresión contra quien acaba de perder su casa, quizá también a su familia. Tampoco conviene transformar varios episodios reales en una acusación colectiva contra los damnificados.

En La Guaira, junto a los robos, miles de vecinos han retirado cascotes, repartido comida, acogido desconocidos y señalado lugares donde todavía se escuchaban golpes. La tragedia produjo delincuencia, sí, pero produjo mucha más ayuda espontánea. Esa parte de la historia suele hacer menos ruido: una pala prestada no tiene el impacto visual de un televisor cargado sobre los hombros.

Hambre, oportunidad y codicia no son la misma cosa

La criminología distingue varias motivaciones. La primera es la necesidad extrema: la cadena de abastecimiento se rompe, los cajeros no funcionan, el agua potable desaparece y la ayuda tarda. Quien abre un supermercado para sacar leche infantil no actúa movido por el mismo beneficio que quien carga televisores, bebidas alcohólicas o aparatos electrónicos.

Después aparece el saqueo oportunista. El delincuente ve un lugar accesible, un objeto valioso y poca vigilancia. No necesita planificar demasiado. El terremoto ya ha roto la puerta, ha vaciado la calle y ha distraído a las autoridades.

Es la vieja lógica del delito de ocasión: una persona dispuesta, un objetivo fácil y nadie que pueda protegerlo. La catástrofe no crea necesariamente al ladrón; le entrega un escenario casi sin cerraduras, con el propietario lejos y la policía mirando hacia los edificios derrumbados.

Existe también el saqueo organizado. En ese caso pueden intervenir grupos que conocen el mercado negro, disponen de vehículos y buscan bienes concretos para revender: combustible, medicamentos, herramientas, metales, joyas o equipos electrónicos. Aquí ya no hay un estallido improvisado de desesperación, sino cálculo económico. El polvo de los edificios sirve de cortina.

No debe olvidarse otro motivo, menos visible: el resentimiento. Algunas personas interpretan el derrumbe del orden como una suspensión temporal de las normas y se dicen que pueden tomar lo que durante años les estuvo vedado. El razonamiento suele envolverse en una coartada social: las empresas tienen seguro, los ricos pueden pagarlo, el Estado nunca nos dio nada.

El perjudicado, sin embargo, puede ser un pequeño comerciante que también lo ha perdido todo, mantiene deudas, tiene empleados y observa cómo desaparece en minutos lo poco que resistió al temblor. La injusticia real no convierte cualquier apropiación en justicia instantánea.

La psicología del delito cuando desaparecen los límites

Una emergencia reduce los controles externos, pero también altera la percepción. El ruido, la oscuridad, el miedo, la falta de información y la sensación de abandono producen un entorno donde las decisiones se vuelven más impulsivas. Algunas personas sufren desinhibición: hacen en grupo algo que probablemente no harían solas, sobrias de miedo y a plena luz.

Se suma la desvinculación moral. El autor evita verse como ladrón y rebautiza su conducta: recoger, recuperar, aprovechar, rescatar mercancía. El lenguaje funciona como un trapo sobre el espejo. Si el objeto parece abandonado, si nadie observa o si otros ya están entrando, la culpa disminuye. No desaparece; se disfraza.

El trauma, por sí solo, no explica el robo. La mayoría de las personas sometidas a un desastre conserva el control, protege a otros y coopera. Tampoco existe un diagnóstico psicológico común para quienes saquean. Entre ellos puede haber delincuentes habituales, vecinos desesperados, oportunistas sin antecedentes y personas arrastradas por la conducta del grupo.

Meterlos a todos en la categoría de psicópatas resulta cómodo, pero científicamente es bastante pobre. La conducta delictiva durante una catástrofe depende de la necesidad, la oportunidad, la presión colectiva, la percepción de impunidad y la historia previa de cada individuo.

Cuando la multitud presta una máscara

El primer saqueador cruza una frontera. El segundo ya encuentra esa frontera pisoteada. Cuando varias personas entran en un establecimiento, la responsabilidad individual se diluye y cada una siente que su participación apenas cuenta. Aparece la imitación: si todos se llevan algo, hacerlo parece menos grave y quedarse quieto incluso puede percibirse como una pérdida absurda.

El anonimato ayuda. Un rostro cubierto de polvo, una calle sin cámaras y decenas de personas moviéndose a la vez reducen el miedo a ser reconocido. En ese instante, el grupo puede convertirse en una máscara psicológica. Nadie se siente plenamente autor, aunque cada mano sostenga una parte del botín.

También actúa el rumor. Basta con que alguien grite que la policía ha abandonado la zona, que van a regalar la mercancía o que el dueño ha huido para cambiar la percepción colectiva. En una emergencia, las noticias viajan deprisa y se comprueban tarde. Una falsedad repetida durante diez minutos puede bastar para vaciar un comercio.

El caos tampoco elimina por completo la capacidad de elegir. Muchas personas pasan delante del mismo escaparate roto y no entran. Otras vigilan el negocio del vecino, devuelven objetos encontrados o improvisan turnos nocturnos. La presión del grupo influye, pero no borra la responsabilidad de quien decide aprovecharse del desastre.

Katrina, Chile y Turquía: la historia obliga a desconfiar del tópico

El terremoto de Chile de 2010 dejó saqueos reales en Concepción, Talcahuano y otras localidades. Se sustrajeron alimentos y artículos básicos, pero también electrodomésticos y productos sin relación con la supervivencia. El Gobierno desplegó miles de militares e impuso toques de queda.

La tardanza en distribuir agua, víveres y combustible alimentó el desorden; después, el saqueo adquirió su propia inercia. La necesidad abrió la puerta y el oportunismo entró detrás, con bastante menos pudor y, en algunos casos, con vehículos para transportar el botín.

En Turquía, tras los terremotos de febrero de 2023, las autoridades anunciaron decenas de detenciones por saqueos o fraudes contra damnificados. Algunos equipos internacionales llegaron a suspender temporalmente operaciones por problemas de seguridad.

Volvió a repetirse el patrón: barrios devastados, ayuda desigual, miedo a perder las pocas propiedades que seguían en pie y acusaciones que, en ocasiones, desembocaron en violencia contra sospechosos. La indignación legítima puede convertirse también en linchamiento, otra forma de barbarie que no necesita uniforme.

El huracán Katrina, que arrasó Nueva Orleans en 2005, mostró la otra cara del relato. Hubo robos, pero numerosas informaciones sobre asesinatos, bandas y violencia masiva resultaron exageradas o falsas. Investigaciones posteriores comprobaron que parte de lo presentado como saqueo era la obtención de agua, pañales, comida o medicamentos por personas abandonadas durante días.

La imagen de una ciudad convertida en selva sirvió para justificar una respuesta policial más dura y, en algunos lugares, retrasó tareas de auxilio. La palabra saqueo metió en el mismo saco a quien buscaba insulina y a quien robaba un televisor. Periodísticamente cómodo; moralmente bastante tosco.

Japón ofreció en 2011 un contraste llamativo. Después del terremoto y el tsunami se registró relativamente poca delincuencia en las zonas afectadas. No fue magia oriental ni superioridad genética, como insinuaron algunos comentarios pintorescos.

Influyeron la preparación frente a terremotos, la cohesión comunitaria, unas normas sociales fuertes y una respuesta logística capaz de conservar cierto orden. La confianza pública también protege escaparates: quien cree que recibirá agua dentro de unas horas tiene menos motivos para romper una puerta.

Las catástrofes no producen siempre la misma reacción. Allí donde la población confía en que llegará comida, la necesidad de tomarla disminuye. Donde las autoridades desaparecen, la información se hunde y el abastecimiento falla, crece el espacio para el miedo, el rumor y el oportunismo delictivo.

La delincuencia sigue siendo responsabilidad de quien delinque, pero el contexto decide cuántas puertas deja abiertas. Un Estado eficaz no convierte a toda la población en virtuosa; sencillamente reduce la ocasión de delinquir y evita que la desesperación se mezcle con la impunidad.

Las penas en Venezuela pueden alcanzar los 17 años

La legislación venezolana contempla expresamente varias circunstancias que agravan el apoderamiento de bienes. El artículo 453 del Código Penal establece penas de cuatro a ocho años de prisión para determinados supuestos de hurto calificado, entre ellos actuar en grupo o sustraer bienes destinados a la reparación o alivio de un infortunio.

Cuando concurren dos o más de las circunstancias previstas en ese artículo, la pena puede subir a seis o diez años de prisión. No es un detalle ornamental: robar una caja de ayuda humanitaria añade daño al daño, pues priva a otras víctimas de comida, medicinas o material de rescate.

Si existe violencia o una amenaza grave, el hecho deja de ser un simple hurto y puede ser tratado como robo. El marco general previsto para esas conductas va de seis a 12 años de prisión.

Los supuestos agravados, como actuar mediante amenazas contra la vida, a mano armada o en un grupo donde alguno de sus miembros porte armas, pueden alcanzar penas de 10 a 17 años. La presencia de violencia transforma por completo la calificación penal y la gravedad del castigo.

La calificación concreta depende de lo ocurrido: qué se sustrajo, de dónde, con qué medios, si hubo violencia, cuántas personas participaron y si el autor se aprovechó realmente del desastre. Un vídeo de pocos segundos puede provocar indignación, pero no sustituye una investigación judicial.

El derecho penal, aunque a veces llegue tarde y jadeando, necesita pruebas. También necesita distinguir entre hurto, robo, necesidad, violencia, participación colectiva y aprovechamiento de bienes destinados a los damnificados. Castigar no consiste en lanzar una cifra al aire y esperar que caiga sobre el culpable adecuado.

Los saqueos perjudican, además, las operaciones de emergencia. Obligan a destinar policías a la vigilancia de comercios y viviendas cuando podrían proteger rutas de evacuación, hospitales o centros de distribución.

La entrada de intrusos en edificios inestables puede provocar nuevos derrumbes, alterar lugares donde se buscan desaparecidos y hacer que los propietarios regresen a zonas peligrosas para defender sus bienes. El robo deja entonces de ser únicamente un ataque contra la propiedad: pone vidas en riesgo y entorpece los rescates.

La humanidad no desaparece bajo los cascotes

Llamar chacales a quienes roban entre ruinas expresa una rabia comprensible, pero explica poco. Los animales no conocen escrituras de propiedad ni cajas de ayuda humanitaria. El saqueador humano sí sabe que delante tiene la desgracia de otro y, cuando actúa por lucro, convierte esa desgracia en negocio. Ahí reside la especial bajeza moral del delito.

Pero la imagen de una sociedad que se vuelve salvaje al primer apagón es falsa. Décadas de estudios sobre desastres muestran que predominan la calma, la cooperación y el auxilio. Los primeros rescatadores suelen ser vecinos; las primeras cocinas aparecen en portales; las primeras camillas, muchas veces, son puertas arrancadas de una casa.

Antes de que lleguen los uniformes, alguien ya está cavando. Esa solidaridad inmediata no borra los saqueos, pero los coloca en su proporción real: una minoría roba mientras una mayoría sostiene, comparte, busca y protege.

Una minoría roba porque encuentra una oportunidad, porque cree que no será castigada, porque necesita sobrevivir o porque la codicia cabe incluso entre dos losas de hormigón. Nada de eso vuelve inexplicable el fenómeno. Lo vuelve más incómodo: el desastre no revela una humanidad completamente podrida, sino hasta dónde pueden llegar algunos cuando creen que nadie mira.

La auténtica vergüenza no está en que una catástrofe produzca miedo o hambre. Está en usar el miedo de una familia, la ausencia de un fallecido o la casa abierta de un desaparecido como si fueran una invitación. Frente a esa sombra aparecen miles de manos que levantan piedras sin quedarse nada. Y son muchas más.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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