¿Por qué piden 12 años al pontevedrés acusado de maltratar a su novia?

La Fiscalía pide 12 años y siete meses de prisión para un vecino de Pontevedra acusado de someter a su pareja a una sucesión de agresiones físicas, humillaciones y conductas de control durante una relación que ni siquiera llegó al año. El Ministerio Público sostiene que la violencia comenzó poco después de que ambos empezasen a convivir, en septiembre de 2023, y fue creciendo hasta desembocar en lesiones visibles, asistencia médica y, finalmente, una denuncia.

El caso llega a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El acusado se enfrenta a seis delitos relacionados con la violencia contra la mujer. Según el escrito de acusación, llegó a controlar el teléfono de su pareja, borrar mensajes, impedirle salir sola y buscarla cuando ella trataba de relacionarse con otras personas. La Fiscalía describe una situación de extrema vulnerabilidad en la que la víctima terminó incluso sintiéndose responsable de las agresiones que sufría.

La Fiscalía describe meses de control, insultos y aislamiento

La convivencia había comenzado en septiembre de 2023. Poco después, según la acusación pública, aparecieron los insultos, los empujones y los golpes. No se trataba únicamente de episodios aislados de violencia física. El fiscal dibuja un escenario más amplio: vigilancia, humillación y una progresiva reducción de la libertad de la mujer.

El acusado, siempre según el relato que deberá ser probado en el juicio, revisaba el teléfono de su pareja y eliminaba aquello que consideraba inconveniente. En alguna ocasión habría llegado a obligarla a cambiar de terminal. También pretendía acompañarla cuando salía de casa y se presentaba en los lugares donde estaba si ella se marchaba sola.

El mecanismo resulta reconocible más allá de este proceso concreto: convertir los movimientos cotidianos de otra persona —tomar un café, contestar un mensaje, encontrarse con alguien— en actividades sometidas a permiso. Los celos suelen servir de envoltorio social para ese comportamiento. Pero controlar un móvil o decidir quién puede salir a la calle no tiene demasiado misterio romántico: es control sobre la libertad de la pareja.

Las agresiones también habrían ocurrido en lugares públicos

La Fiscalía sitúa varios episodios fuera del domicilio. En mayo de 2024, en las inmediaciones de un establecimiento con karaoke, el hombre habría empujado y golpeado con fuerza a su pareja. En otro incidente ocurrido en el Búho Azul, según la acusación, la llevó hasta los aseos, la agarró por el cuello y le dio tres bofetadas.

Ella volvió a casa con él. No denunció y no acudió a un centro médico pese a estar lesionada.

Ese detalle atraviesa todo el caso y ayuda a entender su dimensión. La ausencia inicial de denuncia o de asistencia sanitaria no significa necesariamente ausencia de miedo. En situaciones de violencia de género pueden pesar el temor, la culpa, la vergüenza, el aislamiento o distintas formas de dependencia, factores que dificultan que una víctima rompa inmediatamente con su agresor o pida ayuda.

Un diente roto y una brecha en la frente

Durante junio de 2024 la situación, de acuerdo con la Fiscalía, empeoró. En una de las agresiones ocurridas en el domicilio compartido, el acusado habría golpeado a la mujer mientras le presionaba la cabeza contra el suelo. El resultado fue la rotura de un incisivo, una lesión que requería tratamiento odontológico y que dejó un perjuicio estético visible.

Ni siquiera entonces acudió al médico.

Las agresiones habrían continuado durante ese mismo mes, dentro y fuera de casa. El 29 de junio, durante otra discusión en el domicilio, la Fiscalía sostiene que recibió nuevos golpes y sufrió una brecha en la frente. Tampoco buscó asistencia sanitaria tras aquel episodio.

La sucesión que aparece en el escrito fiscal importa tanto como cada lesión por separado. Insultos, vigilancia del teléfono, restricciones para salir, golpes en espacios públicos, violencia dentro del domicilio y miedo a pedir ayuda forman, según la acusación, una secuencia sostenida en el tiempo. No una pelea puntual elevada artificialmente a categoría penal.

El 1 de julio cambió el curso de los hechos

El último episodio recogido por la Fiscalía se produjo el 1 de julio de 2024. El acusado habría golpeado otra vez a su pareja en distintas partes del cuerpo. Esta vez la mujer sí acudió a los servicios sanitarios del Sergas.

El examen médico constató hematomas en distintas zonas: alrededor del ojo izquierdo, en la frente, en ambos brazos, en una muñeca y en una rodilla. Era la primera vez que, dentro de la sucesión de agresiones descritas por la acusación, las lesiones acababan documentadas inmediatamente por profesionales sanitarios.

La denuncia llegó días después, el 9 de julio de 2024. El 12 de julio se acordó como medida cautelar una orden que impedía al investigado acercarse a menos de 300 metros de la mujer o comunicarse con ella. Esa prohibición continúa vigente mientras el procedimiento llega a juicio.

Más de 12 años de prisión solicitados por la Fiscalía

El acusado no está condenado. Este matiz es esencial: los hechos forman parte del escrito de acusación del Ministerio Fiscal y deberán someterse a prueba y contradicción durante la vista oral. La Fiscalía considera que las conductas descritas constituyen seis delitos relacionados con la violencia contra la mujer y reclama penas que, sumadas, alcanzan los 12 años y siete meses de cárcel.

También solicita mantener las medidas de alejamiento y que el acusado indemnice a la víctima por los daños sufridos. Será la Audiencia de Pontevedra la que determine qué hechos considera probados y, a partir de ellos, si existe responsabilidad penal y qué condena corresponde.

El juicio está previsto para este jueves 10 de septiembre en la Sección Cuarta. Sobre la mesa habrá algo más que las lesiones físicas consignadas en el procedimiento: el fiscal pretende acreditar también una dinámica continuada de sometimiento y control desarrollada durante prácticamente toda la convivencia.

Por qué una víctima puede tardar meses en pedir ayuda

Uno de los aspectos que más llaman la atención al conocer el caso es precisamente la repetición de una conducta aparentemente difícil de comprender desde fuera: después de sufrir golpes, incluso con un diente roto o una herida en la frente, la mujer regresaba a casa y evitaba acudir al médico.

Pero observar una situación de violencia desde fuera y vivir dentro de ella son cosas bastante distintas. Entre los factores que pueden dificultar una denuncia aparecen el miedo, la culpabilidad, la vergüenza, la falta de apoyo y la dependencia. La acusación de este procedimiento añade un elemento especialmente significativo: sostiene que el acusado consiguió que su pareja acabara culpándose a sí misma de su comportamiento violento.

Ahí aparece una de las partes menos visibles de este tipo de casos. Un moratón se fotografía. Una brecha puede medirse y un diente roto queda registrado. El deterioro de la autonomía, en cambio, tiene menos fotogenia judicial: empieza quizá con un teléfono revisado y puede terminar con alguien que ya no se atreve a salir sola a la calle.

La Audiencia tendrá que decidir qué hechos quedan probados

El proceso entra en su fase decisiva. La Fiscalía ha presentado una acusación especialmente grave, respaldada por el relato de varios episodios, lesiones y documentación médica correspondiente al último de ellos. La defensa tendrá la oportunidad de discutir esas pruebas y ofrecer su versión antes de que el tribunal dicte sentencia.

Hasta entonces existe presunción de inocencia, como en cualquier procedimiento penal. Y existe también un dato que no necesita adornos: una mujer terminó acudiendo a los servicios sanitarios con múltiples hematomas y denunció días después al hombre con quien convivía, tras meses de episodios que la Fiscalía considera parte de una dinámica de violencia y sometimiento.

Para las víctimas de violencia contra las mujeres y para quienes conozcan una situación similar, el 016 ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas; también existe atención por WhatsApp en el 600 000 016. En una emergencia inmediata, el teléfono es el 112.