¿Madrileños, por qué no despiertan? Las polémicas de Ayuso y Almeida

Isabel Díaz Ayuso gobierna la Comunidad de Madrid desde 2019 y José Luis Martínez-Almeida ocupa la Alcaldía de la capital desde aquel mismo año. Por el camino ha habido una pandemia devastadora, contratos de emergencia, investigaciones judiciales, familiares convertidos en noticia, comisionistas, dimisiones, enfrentamientos internos en el PP, sentencias que han tumbado decisiones municipales, negocios sanitarios bajo la lupa, protestas vecinales y, en 2026, hasta la compra de un ático de 6,3 millones de euros por una empresa pública madrileña que ha terminado en un juzgado. Y, pese a todo, ambos ganaron las elecciones de 2023 con mayoría absoluta.

Esa es la aparente contradicción. Aparente, porque los madrileños no votan con una carpeta de sumarios bajo el brazo ni existe un mecanismo democrático por el que determinada cantidad de polémicas provoque automáticamente un cambio de Gobierno. Ayuso y Almeida han conseguido convertir buena parte de las controversias que les afectan en una batalla política contra sus adversarios, mientras una parte considerable del electorado valora otros elementos: economía, impuestos, empleo, modelo de ciudad, identidad política o simplemente el rechazo que le produce la alternativa.

Pero tampoco conviene confundir las urnas con una absolución general. Ganar elecciones no hace desaparecer los hechos, del mismo modo que una polémica política no convierte automáticamente a nadie en delincuente. Entre una cosa y otra está el territorio incómodo que merece ser recorrido: qué ocurrió realmente, qué acabó archivado, qué continúa investigándose y qué responsabilidades son políticas aunque nunca lleguen a ser penales.

Madrid no vota con un sumario judicial

El dato electoral es difícil de esquivar. En mayo de 2023, Ayuso volvió a imponerse en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta. Almeida hizo lo mismo en la capital: logró 29 de los 57 concejales, el 44,5% de los votos, después de haber obtenido 15 ediles cuatro años antes. No sobrevivieron políticamente a las polémicas; electoralmente salieron fortalecidos.

Hay razones que ayudan a entenderlo sin recurrir a la cómoda caricatura del madrileño hipnotizado. Madrid mantiene un fuerte dinamismo económico y laboral. La EPA del segundo trimestre de 2026 situó la tasa de paro regional en el 7,6%, por debajo del promedio español, mientras el número de ocupados alcanzó 3,63 millones, máximo de la serie histórica. Eso pesa en las urnas. Mucho.

También pesa la nacionalización de la política madrileña. Ayuso ha hecho de la confrontación con Pedro Sánchez no una parte de su discurso, sino casi su ecosistema. Cada crisis regional puede desplazarse así a un tablero mayor: Moncloa, impuestos, independentismo, financiación autonómica, libertad. Almeida utiliza una fórmula menos volcánica, pero comparte el marco. Para un votante identificado con el PP, una acusación procedente del PSOE o Más Madrid puede ser recibida antes como munición partidista que como información nueva.

Ahí aparece uno de los grandes éxitos políticos de Ayuso: haber conseguido que buena parte de las críticas contra su gestión sean interpretadas por sus seguidores como críticas contra ellos mismos. Es un blindaje electoral formidable. No jurídico, claro.

Residencias: la cicatriz que no desaparece

El episodio más grave de la etapa de Ayuso no está relacionado con un piso, una comisión o una factura, sino con personas que murieron durante las semanas más brutales de la pandemia. Entre marzo y abril de 2020 fallecieron 7.291 residentes dentro de centros de mayores madrileños, según datos de la propia Comunidad obtenidos a través de Transparencia. Es esencial precisar algo que con frecuencia se pierde entre pancartas y argumentarios: las 7.291 muertes fueron por todas las causas, no exclusivamente por COVID-19.

Aquellos meses estuvieron marcados por protocolos de derivación que establecían criterios para limitar el traslado al hospital de determinados residentes según su situación física o cognitiva. Las familias llevan años denunciando que numerosos mayores quedaron atrapados en centros sin medios suficientes. Las transcripciones de llamadas al 112 conocidas posteriormente muestran escenas bastante más elocuentes que cualquier discurso parlamentario: trabajadores y familiares reclamando traslados mientras los hospitales atravesaban el colapso de la primera ola.

Aquí tampoco conviene hacer trampas con las cifras. Que 7.291 personas murieran dentro de residencias no demuestra que todas habrían sobrevivido con un ingreso hospitalario. Tampoco permite concluir que Ayuso ordenara personalmente que no fueran trasladadas. Pero reducir el asunto a una mera manipulación de sus adversarios tampoco encaja con lo que se sabe. Hubo protocolos escritos, hubo restricciones de derivación y hubo centros desbordados.

La controversia sigue viva seis años después. En 2025 un juez citó como investigados a dos antiguos altos cargos regionales vinculados a la elaboración de los protocolos. En 2026 la batalla judicial ha girado también alrededor de si las distintas denuncias deben investigarse conjuntamente o caso por caso; la Audiencia Provincial rechazó en abril una macrocausa, aunque las investigaciones sobre fallecimientos concretos continúan recorriendo los tribunales.

Políticamente, este es el esqueleto que más cuesta guardar en el armario. Porque aquí no hablamos de una ordenanza mal redactada ni de una adjudicación discutible, sino de la gestión del momento más traumático que ha vivido Madrid en décadas. Ayuso ha defendido reiteradamente su actuación y ha reprochado al Gobierno central la gestión general de la pandemia. Las asociaciones de familiares, en cambio, siguen reclamando responsabilidades y explicaciones. El tiempo ha enfriado muchas cosas. Esta, no demasiado.

El contrato del hermano: archivado, pero políticamente decisivo

En 2022 estalló otra tormenta. Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, había cobrado por su intervención en una operación relacionada con un contrato de la Comunidad para adquirir 250.000 mascarillas durante la pandemia. El contrato ascendió a 1,51 millones de euros y provocó una guerra interna en el Partido Popular que terminó arrastrando al entonces líder nacional Pablo Casado.

El caso produjo titulares enormes y un incendio político todavía mayor. Su desenlace judicial, sin embargo, debe contarse entero: la Fiscalía Anticorrupción archivó su investigación al no encontrar indicios de delito y señaló que Ayuso no había intervenido en el procedimiento de contratación. La Fiscalía Europea también archivó posteriormente la parte que investigaba por el posible uso irregular de fondos europeos al no apreciar indicios suficientes.

Así que no: el contrato del hermano de Ayuso no terminó acreditando corrupción penal. Pero sí reveló algo políticamente extraordinario. La sospecha sobre aquella operación abrió una guerra fratricida en el principal partido de la oposición, provocó la caída de Casado y consolidó a Ayuso como una figura con suficiente poder para sobrevivir incluso a la dirección nacional de su propio partido. Aquello no fue solo una polémica. Fue un cambio de era dentro del PP.

González Amador, Quirón y el ático de los 6,3 millones

El nombre que desde 2024 acompaña inevitablemente a Ayuso es el de su pareja, Alberto González Amador. Conviene empezar por lo que jurídicamente está claro. En septiembre de 2025 se abrió juicio oral contra González Amador por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal. A septiembre de 2026, el juicio todavía espera fecha; el juzgado ha reconocido su sobrecarga y ha ordenado que se proceda al señalamiento de la vista. González Amador mantiene su presunción de inocencia hasta que exista sentencia.

Hay, además, una segunda investigación relacionada con sus negocios y con Quirón Prevención. La Audiencia Provincial avaló que la UCO continuara investigando esa pieza y un juez permitió en junio de 2026 examinar movimientos bancarios. Hacienda comunicó también actuaciones tributarias vinculadas al grupo sanitario y a personas relacionadas con la causa. González Amador ha defendido la legalidad de sus operaciones e incluso pidió que se facilitaran a la UCO las diligencias solicitadas para evitar, según su defensa, una utilización política de la investigación.

El cruce entre vida privada, sanidad y dinero público hace el asunto especialmente sensible. Un informe de Hacienda conocido en 2026 reflejó que empresas de González Amador facturaron 4,4 millones de euros a Quirón entre 2021 y 2023. Eso no demuestra por sí mismo trato de favor de la Comunidad de Madrid. Sí explica por qué la relación se examina con lupa: Quirón es, al mismo tiempo, uno de los grandes operadores privados de la sanidad madrileña.

Y las cifras públicas son enormes. Entre 2019 y 2024, la Comunidad reconoció pagos superiores a 5.000 millones de euros a hospitales gestionados por Quirón. En marzo de 2026 el Tribunal de Cuentas dio un primer paso para analizar, a raíz de una denuncia del PSOE, el control de determinadas facturaciones de hospitales de gestión privada vinculados a Quirón y Ribera Salud. Que exista esa actuación no implica que el Tribunal haya acreditado irregularidades ni que Ayuso haya cometido delito alguno. Significa exactamente lo que significa: el manejo de esos fondos está siendo examinado.

Y cuando parecía que la legislatura ya tenía suficientes habitaciones ocupadas, apareció literalmente otra habitación. En 2026, Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad, compró un ático en la calle General Martínez Campos por unos 6,3 millones de euros. La explicación oficial fue que serviría como despacho provisional para la presidenta mientras se ejecutaban obras en la Puerta del Sol. El inmueble acabó puesto a la venta. Un juzgado de Madrid abrió diligencias en agosto tras recibir denuncias relacionadas con la operación.

El Gobierno regional sostiene que Ayuso no decidió personalmente la adquisición ni iba a disfrutar del inmueble para fines privados. Su entorno reconoció que la presidenta llegó a visitarlo después de la compra. La oposición denuncia falta de transparencia y cuestiona por qué una empresa pública necesitaba adquirir una propiedad de ese precio para una utilización temporal. A 7 de septiembre de 2026, existe investigación judicial, no una sentencia que declare ilegal la compra. Esa diferencia es indispensable. También lo es preguntarse cómo una operación de semejante importe pudo generar tantas dudas documentales y políticas antes de que alguien considerara conveniente explicarla con luz y taquígrafos.

Almeida: mascarillas, espionaje y decisiones anuladas

Almeida ha tenido una trayectoria menos estridente que Ayuso, aunque Cibeles tampoco ha sido precisamente un monasterio cartujo. Su gran escándalo de la pandemia fue el llamado caso mascarillas, surgido de los contratos mediante los que Luis Medina y Alberto Luceño vendieron material sanitario al Ayuntamiento en las semanas iniciales de la COVID-19 y obtuvieron comisiones millonarias.

Uno de los elementos que alimentó la controversia fue la vía de entrada: Medina reconoció que había llamado a un primo de Almeida para conseguir un contacto en el Ayuntamiento. Aquello resultaba políticamente explosivo, pero el proceso judicial terminó introduciendo una diferencia bastante importante. La Audiencia Provincial absolvió en 2025 a Medina y Luceño del delito de estafa al Consistorio; Luceño sí fue condenado por fraude a Hacienda y falsedad documental. En enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó tanto la absolución por estafa como la condena a Luceño.

Es decir, hubo comisiones, hubo un acceso facilitado mediante el entorno familiar del alcalde y hubo una operación que acabó durante años en los tribunales. Pero la Justicia no consideró probado que el Ayuntamiento hubiera sido estafado por Medina y Luceño. Convertir aquello retrospectivamente en una condena a Almeida sería falso.

Más turbio políticamente fue el episodio del supuesto espionaje al entorno de Ayuso en plena guerra del PP. Ángel Carromero, entonces director general de Coordinación de la Alcaldía y hombre de absoluta confianza del alcalde, dimitió después de que trascendieran informaciones sobre contactos para obtener datos acerca del hermano de Ayuso. Almeida negó que se hubiera utilizado el Ayuntamiento para espiar a la presidenta regional y Carromero no compareció finalmente ante la comisión municipal creada para investigar el asunto. Las informaciones publicadas entonces apuntaron a consultas a detectives para obtener datos que estos consideraron de obtención ilegal, pero no se acreditó que el espionaje llegara a contratarse o consumarse.

Luego están los reveses menos cinematográficos, aunque institucionalmente reveladores. En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la modificación de la ordenanza de terrazas aprobada durante el anterior mandato por falta de un informe de impacto ambiental considerado jurídicamente necesario. Meses después, el mismo tribunal anuló partes esenciales de la ordenanza que regulaba las zonas de bajas emisiones, entre otros motivos por la insuficiencia de su análisis de impacto económico. En abril de 2026, el Supremo rechazó el recurso municipal contra aquella resolución, cuando Madrid ya había aprobado una nueva regulación.

No hay sobres ni maletines en estos casos. Hay algo más prosaico: normas municipales importantes que tropiezan en los tribunales porque su elaboración no superó determinados controles jurídicos. Para un alcalde que ha hecho de su perfil de abogado del Estado una parte de su imagen de solvencia, tampoco es precisamente una medalla.

Bernabéu, árboles y Fórmula 1: la ciudad como escaparate

La segunda legislatura de Almeida ha profundizado otro debate: qué Madrid se está construyendo y, sobre todo, para quién. El Bernabéu es probablemente el ejemplo más visible. La transformación del estadio en un gran recinto de ocio provocó un conflicto feroz con los vecinos por el ruido de los conciertos. En febrero de 2026, el TSJM ordenó reabrir un procedimiento relacionado con la reclamación vecinal frente al Ayuntamiento. Un procedimiento penal separado contra el Real Madrid por los conciertos fue archivado posteriormente, pero el frente contencioso frente a la actuación municipal permaneció vivo.

Y el conflicto acaba de sumar otro capítulo. Este 7 de septiembre de 2026, vecinos del Bernabéu han acudido de nuevo a los tribunales contra la autorización municipal que permitió superar temporalmente determinados límites acústicos durante el partido de la NFL celebrado en noviembre de 2025. El Ayuntamiento justificó aquella excepción por el interés público y la proyección internacional del evento; la asociación vecinal cuestiona tanto esa motivación como los niveles de ruido alcanzados.

Está también el arbolado. Almeida reconoció este verano que entre 2024 y 2025 se habían talado unos 26.000 árboles en Madrid, aunque defendió su gestión comparándola con cifras superiores de mandatos anteriores y con las nuevas plantaciones previstas. La tala asociada a distintas obras ha generado durante años protestas ciudadanas y choques políticos. A veces Madrid parece debatirse entre dos imágenes: la ciudad que necesita transformarse y la ciudad cuyos vecinos descubren la transformación cuando escuchan una motosierra bajo la ventana.

Y finalmente está la Fórmula 1, proyecto compartido políticamente por Ayuntamiento y Comunidad. El circuito de Madring, alrededor de Ifema y Valdebebas, acogerá su primer Gran Premio entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026. Las obras del circuito fueron adjudicadas por Ifema por 83,2 millones de euros. Desde mucho antes de que ruede el primer Fórmula 1, el proyecto arrastra recursos judiciales, polémicas ambientales y una movilización de residentes por el ruido y las alteraciones de movilidad.

Las primeras pruebas con monoplazas de Fórmula 3 dispararon todavía más el enfado. Las mediciones realizadas por colectivos vecinales —no homologadas, un detalle importante— registraron picos superiores a 100 decibelios. Durante el Gran Premio, alrededor de 500 viviendas próximas al trazado tendrán restricciones especiales de acceso en vehículo y necesitarán acreditaciones. Ayuntamiento e Ifema sostienen que adoptarán medidas para reducir el impacto y defienden el retorno económico y la proyección internacional de la carrera.

La pregunta política es bastante más vieja que la Fórmula 1: cuánto ruido, tráfico, obra y transformación debe aceptar un barrio para que la ciudad consiga una fotografía globalmente rentable. Madrid lleva años respondiendo que bastante.

Una mayoría no borra las preguntas

Entonces, ¿están dormidos los madrileños? No. Esa explicación es demasiado fácil y, francamente, algo arrogante. En democracia hay ciudadanos que conocen estas controversias y siguen votando a Ayuso o Almeida porque priorizan otras cuestiones, creen sus explicaciones, desconfían de quienes los denuncian o consideran que el balance de su gestión compensa los costes políticos. Otros ni siquiera les votan: en 2023, el PP obtuvo grandes victorias, pero no dejó de existir el resto de Madrid.

Ayuso ha construido una maquinaria política excepcionalmente eficaz para convertir la crítica en combustible. Almeida, con menos épica y bastante menos dinamita verbal, se beneficia de la misma fortaleza electoral y de una oposición que durante años no ha conseguido ofrecer a suficientes madrileños una alternativa que perciban como mejor. El resultado es una especie de impermeabilidad política: el escándalo golpea, ocupa portadas, abre telediarios y después entra en el ciclo de polarización donde cada bloque encuentra la interpretación que esperaba encontrar.

Pero hay hechos que merecen sobrevivir al ruido. Las residencias y sus protocolos existen en la historia de Madrid. El contrato del hermano de Ayuso existió y fue archivado penalmente. González Amador irá a juicio por una causa fiscal y afronta además otra investigación, sin que eso convierta a Ayuso en acusada. Los miles de millones pagados a hospitales de gestión privada existen. El ático de Planifica Madrid costó 6,3 millones y su compra está siendo investigada. El caso mascarillas del Ayuntamiento existió, aunque la Justicia descartó la estafa al Consistorio. Varias normas de Almeida fueron anuladas por los tribunales. Los conflictos del Bernabéu y la Fórmula 1 tampoco son imaginación de cuatro vecinos malhumorados.

La democracia admite algo que la conversación pública lleva mal: dos verdades pueden convivir. Ayuso y Almeida han acumulado sombras, controversias y preguntas legítimas que cualquier Gobierno debería explicar sin convertir cada solicitud de transparencia en una guerra civil en miniatura. Y, al mismo tiempo, millones de madrileños pueden votarles legítimamente mientras conocen esas mismas historias.

Lo realmente peligroso empezaría cuando una mayoría electoral se utilizara como respuesta a todas las preguntas. Una urna sirve para elegir quién gobierna durante cuatro años. No es una goma de borrar.