¿Qué pasó con Ana Buza? Su muerte llega a juicio con jurado en Sevilla

Ana Buza tenía 19 años cuando murió en la madrugada del 7 de septiembre de 2019, junto a la autovía A-4, a la altura de Carmona, en Sevilla. La primera explicación fue que la joven se había arrojado voluntariamente de un coche en marcha. Su familia nunca aceptó aquella versión. Siete años después, el caso llega finalmente ante un jurado popular, que deberá determinar qué ocurrió realmente aquella noche y valorar si existió una acción intencionada por parte de quien entonces era su pareja.

El juicio está señalado para comenzar el 18 de septiembre de 2026 en la Audiencia Provincial de Sevilla. La acusación particular ejercida por los padres de Ana pide 20 años de prisión por asesinato, mientras que la Fiscalía sostiene una tesis muy distinta: reclama tres años por homicidio imprudente. Es decir, ni siquiera las acusaciones coinciden sobre la naturaleza de la muerte. Y esa distancia —enorme, jurídica y humanamente— resume buena parte de un procedimiento que comenzó con un archivo prácticamente inmediato y acabó convertido en un caso que deberá ser examinado ante un tribunal.

De un suicidio aparentemente claro a un caso reabierto

La muerte de Ana fue inicialmente archivada apenas 36 horas después de los hechos. La hipótesis asumida entonces era que había saltado del vehículo que conducía su pareja. El padre de la joven, Antonio Buza, siempre ha denunciado que aquella conclusión se alcanzó demasiado pronto, antes de que la investigación pudiera desplegarse con la profundidad que él consideraba imprescindible.

Ahí comenzó una batalla judicial de años. Antonio, matemático de profesión, fue reuniendo informes, reconstrucciones, documentación médica y elementos que, a juicio de la familia, no cuadraban con un suicidio. El asunto pasó por recursos, reaperturas y cambios de criterio hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla consideró que existían indicios suficientes para que otra hipótesis, la de un atropello deliberado, pudiera ser examinada ante un jurado.

Conviene detenerse aquí. La Audiencia no ha declarado que Ana fuera asesinada ni ha condenado a su expareja. Eso corresponde al juicio. Lo que hizo fue considerar que la posibilidad de una conducta dolosa tenía suficiente consistencia como para ser sometida al veredicto de un jurado. La presunción de inocencia del acusado permanece intacta mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

La diferencia parece jurídica, casi de despacho, pero no lo es. Entre decir que una persona se arrojó de un coche y aceptar que puede haber sido atropellada deliberadamente hay dos historias completamente distintas.

Qué ocurrió aquella madrugada en la A-4

Ana había estado con su entonces pareja en Lora del Río durante la noche del 6 de septiembre. Según la reconstrucción recogida en el procedimiento, después de una discusión decidió regresar a Sevilla. Ambos iniciaron el trayecto en coche y, cuando circulaban por la A-4 en dirección a la capital, se produjo el episodio que terminó con la muerte de la joven.

El vehículo circulaba, según la acusación pública, a unos 117 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80. La Fiscalía considera que Ana cayó del vehículo en marcha por causas que no han podido establecerse con certeza y sostiene que la responsabilidad penal del acusado deriva de aquella conducción negligente. De ahí su petición de tres años de cárcel por homicidio imprudente.

La familia dibuja otra escena. Defiende que Ana salió o se bajó del automóvil tras la discusión y que posteriormente fue atropellada intencionadamente por el coche que conducía su pareja. Esa es la tesis sobre la que fundamenta su acusación por asesinato y su petición de 20 años de prisión.

Son dos reconstrucciones incompatibles. Una atribuye la muerte a una caída vinculada a un vehículo que circulaba a velocidad excesiva. La otra sostiene que hubo voluntad de matar.

Las versiones que alimentaron las dudas

Durante la investigación también adquirieron importancia las distintas explicaciones atribuidas al acusado sobre lo sucedido aquella madrugada. En el procedimiento han aparecido versiones diferentes de los hechos, desde la presencia de un animal que habría provocado una pérdida de control hasta la afirmación de que Ana saltó voluntariamente del automóvil.

La familia considera esas contradicciones uno de los elementos centrales de su tesis. También ha cuestionado determinadas actuaciones realizadas durante las primeras horas de investigación y sostiene que se dejaron sin explorar pistas que podrían haber aclarado antes lo ocurrido. El procedimiento terminó siendo reabierto y pasó posteriormente a un juzgado especializado en violencia sobre la mujer por la relación sentimental que existía entre Ana y el investigado.

Antonio Buza ha convertido esa primera investigación en una de sus grandes críticas. La justicia suele caminar con zapatos de plomo; aquí, paradójicamente, arrancó con zapatillas de atletismo. Treinta y seis horas bastaron inicialmente para cerrar una muerte que siete años después necesitará jornadas de testigos, peritos, abogados y deliberación de ciudadanos.

Los peritajes que cambiaron el rumbo del caso

Uno de los aspectos más complejos será determinar qué dicen las lesiones de Ana y cómo encajan con cada reconstrucción. La familia encargó estudios sobre el siniestro y recurrió a especialistas que analizaron tanto la mecánica del vehículo como las lesiones sufridas por la joven.

Según esos informes aportados por la acusación, la apertura de una puerta mientras el automóvil circulaba a gran velocidad plantearía dificultades físicas relevantes y las lesiones observadas serían compatibles con un atropello.

Entre las lesiones descritas figuran fracturas en ambos fémures y en la tibia derecha. Los peritos aportados por los Buza sostienen que determinadas características del cuerpo, unidas a los daños del coche y a la posición final de Ana, respaldan su interpretación de los hechos.

Pero tampoco en este terreno existe unanimidad. Durante la instrucción hubo informes forenses que no respaldaron la tesis del atropello intencionado, una discrepancia que ayuda a explicar por qué el instructor llegó a procesar inicialmente al acusado únicamente por homicidio imprudente. La Audiencia Provincial revisó después ese criterio y entendió que los indicios permitían llevar al jurado la posibilidad de una conducta dolosa.

Será ahí donde el juicio se vuelva especialmente técnico. Física, medicina forense, reconstrucción de accidentes, trayectoria del cuerpo, velocidad, daños materiales. Nada muy cinematográfico: centímetros, ángulos, fracturas y tiempos. A veces un proceso penal depende justamente de esas cosas pequeñas y frías.

La relación de Ana y su pareja también estará bajo la lupa

Otro elemento incorporado al caso es la relación sentimental entre Ana y el acusado. Según testimonios y documentación recogidos durante la investigación, meses antes de morir la joven habría manifestado preocupación por determinados comportamientos celosos, manipuladores y violentos de su pareja. Una antigua orientadora académica de Ana explicó que la joven se había puesto en contacto con ella para solicitar ayuda relacionada con esa situación.

La acusación particular considera estos antecedentes relevantes para sostener la existencia de un posible contexto de violencia machista. El jurado, sin embargo, tendrá que valorar qué hechos están acreditados y cuál es su relación concreta con la muerte. No basta con que una relación fuera conflictiva para probar un homicidio; tampoco sería razonable ignorar esos antecedentes si ayudan a reconstruir lo ocurrido.

Ese matiz importa. En un juicio penal no se juzga una impresión, una personalidad ni una relación sentimental en abstracto. Se juzgan hechos concretos y debe probarse la responsabilidad del acusado con las garantías propias del proceso.

Veinte años por asesinato frente a tres por imprudencia

La extraordinaria distancia entre las peticiones de las acusaciones anticipa el núcleo del juicio. Los padres de Ana solicitarán 20 años de prisión porque consideran que su hija fue asesinada. La Fiscalía, por el contrario, pide tres años de cárcel y la retirada durante tres años del derecho a conducir vehículos de motor, además de una indemnización para la familia, al entender que existió una conducta imprudente pero no una voluntad homicida.

Ese choque obliga al jurado a enfrentarse a algo más profundo que la simple cuestión de quién conducía el coche. Tendrá que reconstruir una madrugada ocurrida siete años atrás y decidir qué explicación encaja mejor con las pruebas presentadas durante la vista.

La defensa tendrá, naturalmente, la oportunidad de combatir cada indicio y cada reconstrucción. La carga de demostrar una responsabilidad penal corresponde a las acusaciones. Hasta entonces, hablar del acusado como autor probado de un asesinato sería adelantarse a una sentencia que todavía no existe.

Antonio Buza sí lo expresa desde otro lugar. Para él no hay duda: lleva años sosteniendo públicamente que su hija no se suicidó y que fue asesinada. Es la convicción de un padre y, desde septiembre, también una tesis que deberá superar el filtro más exigente: las pruebas presentadas ante un tribunal.

El juicio de Ana Buza comenzará el 18 de septiembre

La fecha es relevante porque el proceso ha sufrido varios aplazamientos. Inicialmente debía celebrarse en mayo de 2026, pero fue suspendido después de que la magistrada que debía presidir el Tribunal del Jurado asumiera responsabilidades en la Junta Electoral Provincial durante las elecciones andaluzas. Más tarde, problemas de agenda de la Fiscalía provocaron un nuevo cambio.

El señalamiento vigente fija el comienzo para el 18 de septiembre de 2026 con la constitución del jurado y las alegaciones iniciales. Los testigos están previstos para los días 21 y 22; posteriormente comparecerán los peritos, y la declaración del acusado está programada para el día 29. La planificación de la Audiencia extiende la vista hasta comienzos de octubre.

La fecha corrige también cierta confusión surgida en algunas publicaciones recientes que situaban el juicio el 7 de septiembre, coincidiendo precisamente con el aniversario de la muerte. El calendario judicial actualizado mantiene el inicio el 18 de septiembre.

Una respuesta que ya no cabe en 36 horas

Siete años después de aquella madrugada de 2019, el caso Ana Buza llega al punto que sus padres llevaban años reclamando: un juicio en el que las diferentes hipótesis deberán enfrentarse delante de un jurado, con testigos, informes técnicos y contradicciones sobre la mesa.

Lo que está acreditado es que Ana murió con 19 años junto a la A-4 y que viajaba aquella noche con quien era su pareja. Lo que sigue pendiente es lo esencial: establecer cómo murió y si otra persona tuvo una responsabilidad intencionada en su muerte.

La Audiencia de Sevilla consideró que los indicios existentes justificaban que esa posibilidad fuera examinada como un eventual homicidio doloso. La familia irá todavía más lejos y defenderá ante el jurado que se trató de un asesinato. La Fiscalía sostendrá que fue una muerte causada por una imprudencia grave.

Después de años de informes, recursos y despachos, la respuesta tendrá que salir finalmente de las pruebas. Ni del primer archivo, ni de una sospecha, ni de una convicción personal. Ese es precisamente el terreno para el que existe un juicio.