¿Por qué el TEDH corrige a Manuel Marchena por el cerco al Parlament?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar el derecho de reunión pacífica de cuatro manifestantes que participaron en la protesta que rodeó el Parlament de Cataluña en junio de 2011. Estrasburgo considera desproporcionadas las penas de tres años de prisión que el Tribunal Supremo les impuso en 2015, en una sentencia cuya ponencia correspondió a Manuel Marchena después de que el magistrado inicialmente encargado quedara en minoría.

La resolución europea afecta de lleno al razonamiento que permitió condenar a personas a las que no se atribuyó una agresión física concreta. El Supremo entendió entonces que sus comportamientos adquirían relevancia penal dentro del “clima coactivo” y la “atmósfera intimidatoria” creados alrededor de la Cámara catalana. Estrasburgo introduce ahora un límite bastante nítido: una protesta puede molestar, bloquear, intimidar incluso en cierto grado y justificar medidas de las autoridades, pero una pena de cárcel tan severa exige algo más cuando la persona condenada no ha cometido actos violentos.

No significa, y conviene decirlo desde el principio, que el TEDH haya declarado inocuo lo sucedido ante el Parlament ni que haya establecido una especie de salvoconducto europeo para bloquear parlamentos. La corte admite que aquella movilización produjo una perturbación seria, dificultó considerablemente el acceso de los diputados y podía justificar restricciones. El problema está en otro lugar: la proporcionalidad de la respuesta penal y la responsabilidad individual. Ahí es donde la sentencia española tropieza en Estrasburgo.

Qué ha decidido realmente Estrasburgo sobre el caso

El asunto lleva por nombre Molina Marín y otros contra España y corresponde a la demanda 61435/21. Los demandantes son Rubén Molina Marín, Ángela Bergillos Alguacil, Francisco José Cobos García y Carlos Munter Domec, cuatro de las personas condenadas por el Supremo tras la protesta vinculada al movimiento 15-M contra los recortes presupuestarios del Gobierno catalán de Artur Mas.

El TEDH concluye que España vulneró el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la libertad de reunión pacífica, interpretándolo a la luz del artículo 10, relativo a la libertad de expresión. La distinción importa. No está resolviendo si cortar un acceso parlamentario es una conducta jurídicamente neutra; analiza si, teniendo en cuenta lo que hizo cada condenado, una pena de tres años de cárcel resultaba necesaria y proporcionada en una sociedad democrática.

Y la respuesta europea es negativa. El tribunal recuerda que una conducta perturbadora no pierde automáticamente la protección del derecho de manifestación, mucho menos cuando la sentencia nacional no atribuye al manifestante una agresión concreta ni una incitación a la violencia. El Derecho penal no debería funcionar como una enorme red de pesca donde la violencia de unos termina atrapando también a quien gritaba, gesticulaba o se interponía sin golpear a nadie.

La corte concede a los Estados margen para proteger el funcionamiento de sus instituciones y los derechos de los diputados. Pero cuando aparecen las penas de prisión, ese margen se estrecha. Tres años son tres años. Aunque finalmente no se cumplan.

Del cerco de 2011 a la condena del Tribunal Supremo

La movilización se desarrolló entre el 14 y el 15 de junio de 2011, en plena onda expansiva del 15-M. La convocatoria, conocida como Aturem el Parlament, pretendía protestar contra los recortes presupuestarios que debía debatir la Cámara catalana. Centenares de personas se concentraron alrededor del parque de la Ciutadella y el acceso de numerosos parlamentarios quedó seriamente dificultado.

Aquella mañana dejó imágenes que siguen incrustadas en la memoria política catalana. Algunos diputados fueron increpados, otros sufrieron lanzamiento de líquidos u objetos y hubo incidentes protagonizados por manifestantes que no siempre pudieron ser identificados. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, accedieron al recinto en helicóptero. Nada particularmente parecido a una mañana tranquila de democracia parlamentaria.

El proceso penal, sin embargo, planteaba una cuestión más fina que la fotografía general del tumulto: qué había hecho cada acusado y hasta dónde podía extenderse sobre él la responsabilidad por el comportamiento colectivo.

De la absolución de la Audiencia Nacional a tres años de cárcel

La Audiencia Nacional absolvió inicialmente a los acusados del principal delito que se les imputaba. Su interpretación otorgaba un peso considerable a las libertades de expresión y manifestación en el contexto de una protesta política.

La Fiscalía, la Generalitat y el Parlament recurrieron. El Tribunal Supremo anuló parcialmente aquella decisión y, mediante la sentencia 161/2015, de 17 de marzo de 2015, condenó a ocho personas a tres años de prisión como autores de un delito contra las instituciones del Estado previsto en el artículo 498 del Código Penal.

Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, terminó siendo ponente de la sentencia. El ponente inicialmente designado, Perfecto Andrés Ibáñez, quedó en minoría y formuló un voto particular favorable a mantener la absolución. Ahí comienza la parte del caso que vuelve a primer plano más de once años después.

La “violencia ambiental” y el límite que marca el TEDH

En estos días se habla mucho de la llamada “violencia ambiental” asociada al razonamiento de Marchena. La etiqueta resulta útil para entender la controversia, aunque jurídicamente merece una precisión. La sentencia del Supremo utilizó expresiones como “clima coactivo” y “atmósfera intimidatoria” para valorar las actuaciones individuales dentro del contexto general de la manifestación. Posteriormente, el Tribunal Constitucional habló también de un “contexto general de intimidación ambiental”.

No era simplemente una discusión semántica. Esa consideración del ambiente permitía que una conducta aparentemente menos grave cambiara de significado al introducirla dentro de un grupo hostil. El contexto, en otras palabras, elevaba el peso jurídico de determinados gestos aunque no fueran violentos por sí mismos.

Por ejemplo, seguir a un diputado levantando los brazos y coreando consignas podía resultar penalmente relevante no solo por ese comportamiento aislado, sino porque ocurría mientras otras personas increpaban, escupían o arrojaban líquidos. Interponerse ante un parlamentario adquiría otra dimensión, según el Supremo, dentro de aquel escenario colectivo de presión.

El razonamiento tiene una lógica reconocible: un mismo gesto puede resultar inocuo en una calle vacía y tremendamente intimidatorio dentro de una multitud enfurecida. El Derecho conoce bien el contexto. Fingir que no existe sería tan absurdo como valorar un grito de “fuego” igual en una conversación doméstica que dentro de un teatro lleno. El problema aparece al recorrer el camino inverso: atribuir a una persona las consecuencias penales del ambiente generado también por terceros.

Estrasburgo insiste precisamente en la individualización de la conducta. Las acciones atribuidas a estos cuatro demandantes consistieron esencialmente en perseguir o seguir a diputados, levantar los brazos, corear consignas, recriminarles las políticas de recortes o dificultarles el paso. El propio procedimiento nacional no les atribuyó las agresiones físicas cometidas durante la protesta.

Eso cambia el calibre de la respuesta admisible. El ambiente puede ayudar a interpretar una conducta, viene a decir el TEDH, pero no convierte mágicamente al manifestante pacífico en autor de la violencia ajena.

Por qué tres años de prisión resultan decisivos

Este es probablemente el corazón de la sentencia europea. Estrasburgo no descarta que los actos de intimidación u obstrucción pudieran ser sancionados. De hecho, reconoce expresamente que las dificultades provocadas a los diputados superaron una molestia menor y podían justificar la intervención de las autoridades.

Lo desproporcionado fue la magnitud del castigo. Una pena de tres años de cárcel asociada a comportamientos no violentos tiene, para el tribunal europeo, un inevitable efecto disuasorio. No solo sobre quienes recibieron la condena. También sobre cualquier ciudadano que piense participar en una manifestación futura y pueda temer que los excesos de desconocidos situados a veinte metros terminen transformando su propia conducta en delito grave.

Ese fenómeno se conoce en la jurisprudencia sobre derechos fundamentales como efecto desaliento: el Estado castiga una conducta con tal intensidad que la sanción termina enfriando también comportamientos legítimos situados cerca de la frontera de lo prohibido. La democracia se queda entonces con una calle demasiado silenciosa, que tampoco es precisamente el ideal del Convenio Europeo.

Hay, claro, otro derecho en juego. Los diputados deben poder acceder libremente a un parlamento y ejercer la representación política de los ciudadanos. El TEDH no discute semejante obviedad constitucional. Lo que exige es proporcionalidad al protegerla. Entre no hacer nada y enviar a alguien tres años a prisión existe bastante terreno jurídico.

El Tribunal Constitucional había avalado las condenas en su sentencia 133/2021, al considerar relevante que las actuaciones individuales se produjeran dentro de aquel escenario intimidatorio y que el objetivo colectivo consistiera en obstaculizar el funcionamiento normal de la institución parlamentaria. La mayoría entendió que la protección de las libertades de expresión y reunión no podía neutralizar el derecho de representación política ni el funcionamiento del legislativo.

También hubo discrepancias dentro del Constitucional. Los votos particulares pusieron el foco, entre otras cuestiones, en la extraordinaria severidad de las penas y en que las conductas individualmente atribuidas a determinados recurrentes no habían consistido en agresiones físicas. Lo que entonces quedó en minoría se parece bastante, en uno de sus puntos esenciales, al problema de proporcionalidad detectado posteriormente por Estrasburgo.

Qué supone el revés para Manuel Marchena y la justicia española

Hablar de un revés para Marchena es razonable porque fue el ponente de la sentencia del Supremo que transformó las absoluciones en condenas y articuló la relevancia penal de las conductas dentro del clima intimidatorio. Pero conviene no convertir una resolución judicial colegiada en una batalla personal entre un juez español y los magistrados de Estrasburgo. Eso sirve para el cartel; explica bastante menos el Derecho.

Lo relevante es que el criterio de la Sala Segunda ha sido sometido al control europeo y, respecto de estos cuatro demandantes y estas penas concretas, no ha superado el examen de proporcionalidad. El TEDH no invalida cualquier sanción por los hechos del Parlament ni niega que existiera una presión grave sobre los diputados.

El tribunal europeo tampoco concede a los cuatro recurrentes la indemnización económica que reclamaban. La constatación de la vulneración constituye la reparación acordada por la corte. Las penas, además, no llegaron finalmente a ejecutarse. Pero Estrasburgo rechaza que esa circunstancia elimine el problema: durante años existió la posibilidad de acabar en prisión, y la amenaza penal también pesa. A veces pesa mucho.

La resolución puede tener trascendencia más allá de aquella mañana de 2011 porque vuelve a marcar una frontera delicada entre desobediencia, protesta, intimidación y violencia. No todo acto realizado en una manifestación está protegido. Tampoco todo acto molesto u obstructivo merece cárcel. El detalle individual vuelve al centro.

Una democracia también se mide cuando la protesta incomoda

El cerco al Parlament fue una protesta áspera, desordenada y por momentos inadmisible. Hubo diputados acosados y comportamientos violentos. Pretender edulcorarlo quince años después sería mirar aquella jornada con papel de regalo.

Pero una democracia constitucional no se examina únicamente cuando protege una manifestación educada, breve y colocada donde apenas molesta. El verdadero examen llega cuando debe separar, dentro del ruido, al agresor del manifestante, la intimidación del grito, el desorden del delito. Ahí la brocha gorda sale cara.

Estrasburgo no ha reconocido un derecho a impedir que funcione un parlamento. Ha dicho algo bastante menos espectacular y bastante más importante: el Estado puede proteger sus instituciones, sancionar los excesos y preservar el acceso de los representantes políticos, pero antes de mandar a alguien tres años a prisión debe demostrar qué hizo esa persona y aplicar una respuesta proporcionada.

Quince años después del 15-M, el caso regresa con una paradoja bastante europea: una sentencia sobre una protesta contra los recortes termina recortando, esta vez, el margen del poder punitivo del Estado. Y Manuel Marchena queda inevitablemente en el centro de la fotografía judicial.