¿Por qué la DEA dejó circular fentanilo durante años en Nuevo México?

La DEA permitió que cargamentos de fentanilo siguieran en manos de traficantes en Nuevo México sin incautarlos de inmediato mientras agentes y fiscales federales intentaban reunir pruebas contra organizaciones criminales de mayor tamaño. La controvertida táctica, conocida como fentanyl walking, se utilizó al menos entre 2023 y 2025: los investigadores vigilaban entregas, escuchaban comunicaciones y seguían a los sospechosos, pero en determinados operativos recibieron instrucciones de no intervenir.

El objetivo era llegar más arriba en la cadena del narcotráfico. El problema, bastante difícil de esconder bajo la alfombra burocrática, es que se trataba de fentanilo, no de una mercancía inocua utilizada como cebo policial. Documentos y testimonios sobre estas operaciones revelan episodios en los que decenas de miles de pastillas cambiaron de manos bajo vigilancia de la DEA. Un agente denunciante sostiene que, en una investigación, se permitió circular al menos 1,8 millones de píldoras. La cantidad exacta que terminó vendiéndose en las calles no está establecida y tampoco existe, por el momento, una relación demostrada entre esos cargamentos concretos y determinadas muertes por sobredosis.

El escándalo ha dejado de ser una disputa interna entre agentes y fiscales. El Congreso de Estados Unidos, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia han abierto distintos frentes para averiguar quién autorizó estas prácticas, durante cuánto tiempo se mantuvieron y si incumplieron las normas federales diseñadas precisamente para impedir que grandes cantidades de una droga tan peligrosa quedaran fuera del control policial.

Qué fue exactamente el «fentanyl walking»

En las investigaciones de narcotráfico no es extraño dejar avanzar temporalmente una operación ilegal. Es lo que en el argot policial se conoce como una entrega controlada: seguir la droga puede permitir descubrir almacenes, intermediarios, compradores, teléfonos, vehículos y, con suerte, responsables que nunca tocarían personalmente una bolsa de pastillas.

Pero una entrega controlada suele implicar vigilancia estrecha y algún mecanismo para recuperar la mercancía. Ahí aparece la grieta del caso de Nuevo México. Según testimonios y documentación conocidos sobre aquellas investigaciones, algunas partidas de fentanilo fueron observadas mientras pasaban de traficante en traficante y después dejaron de estar bajo el control efectivo de las autoridades.

No hablamos solamente de unas cuantas pastillas utilizadas para cerrar una compra encubierta. Las cantidades podían ser enormes. El agente David Howell, veterano de la DEA que presentó una denuncia interna, describió operaciones en las que los investigadores disponían de información extraordinariamente detallada sobre las entregas y, aun así, no incautaron la droga.

Las 74.000 pastillas vigiladas en Albuquerque

Uno de los episodios mejor documentados ocurrió en Albuquerque en junio de 2023. Los agentes seguían a una organización y disponían, entre otras herramientas, de comunicaciones intervenidas. Sabían dónde se realizaría una entrega y estaban preparados para observar el movimiento de los sospechosos.

Los traficantes entregaron unas 74.000 pastillas de fentanilo en un parque de casas móviles y recibieron dinero a cambio. Los agentes observaron la operación, pero no intervinieron. Días antes, miembros de la misma red habían transportado otro cargamento escondido en una rueda de repuesto. Tampoco fue incautado en aquel momento.

La explicación de quienes defendían la estrategia era conocida: detener a los participantes demasiado pronto podía destruir una investigación más ambiciosa. Alex Uballez, fiscal federal de Nuevo México entre 2022 y 2025, defendió que dejar avanzar determinados cargamentos podía servir para reunir inteligencia y perseguir organizaciones completas, especialmente cuando los recursos policiales eran limitados. La lógica existe. El dilema también: una gran operación futura difícilmente borra el riesgo creado por unas pastillas que permanecieron en circulación.

De cientos de miles a 1,8 millones: las cifras bajo lupa

Conviene distinguir aquí los hechos documentados de las estimaciones. Los testimonios y expedientes conocidos permiten afirmar que cientos de miles de pastillas fueron vigiladas sin ser incautadas inmediatamente entre 2023 y 2025. Cuántas terminaron realmente en manos de consumidores es otra cuestión y, por el momento, no existe una cifra definitiva.

Howell fue más lejos. En sus comunicaciones como denunciante afirmó que, durante una investigación multiestatal, los agentes permitieron entregar al menos 1,8 millones de pastillas de fentanilo. Un antiguo supervisor de la oficina de Albuquerque habló incluso de millones. Aquella investigación terminaría vinculada a una importante operación contra una organización de narcotráfico en 2025, en la que las autoridades llegaron a incautar más de tres millones de píldoras.

Eso no significa que pueda afirmarse que los 1,8 millones de comprimidos llegaron necesariamente al consumidor final. Tampoco que cada cantidad mencionada en comunicaciones interceptadas existiera físicamente en los términos estimados por los investigadores. Las cifras obtenidas mediante escuchas y seguimientos pueden incluir cálculos aproximados. Sirven para entender la escala de la investigación, no para fabricar una precisión que los expedientes todavía no permiten.

Y ahí está precisamente uno de los interrogantes centrales de las investigaciones abiertas: determinar cuánta droga se perdió definitivamente de vista después de que las autoridades decidieran no intervenir en determinadas entregas.

Un protocolo que cambió en 2024

La polémica sería menos grave si la DEA hubiera actuado dentro de una política inmutable y perfectamente clara. No fue así. El Departamento de Justicia había establecido en 2019 protocolos específicos de reducción de riesgos para las operaciones relacionadas con fentanilo debido a la extraordinaria peligrosidad de esta sustancia.

Esas normas exigían realizar esfuerzos razonables para impedir que el opioide siguiera distribuyéndose cuando los agentes tenían capacidad para intervenir. El principio era bastante sencillo: una investigación puede necesitar paciencia, pero el riesgo para la población pesa de una manera distinta cuando la mercancía investigada puede resultar mortal en cantidades diminutas.

En 2024 las reglas fueron modificadas. La nueva redacción concedía mayor discrecionalidad a los investigadores para decidir si debían impedir un envío o preservar una operación en marcha, equilibrando el peligro para la población con los posibles beneficios de mantener abierta la investigación. En lenguaje administrativo parece una ponderación sensata. Sobre el terreno significa algo bastante más incómodo: decidir cuándo compensa dejar circular una droga potencialmente letal.

La propia DEA lleva años advirtiendo de que una sola pastilla falsificada puede contener una dosis mortal. Su campaña «One Pill Can Kill» convirtió esa advertencia en uno de los grandes mensajes públicos de la agencia. Precisamente por eso varios agentes consideraron contradictorio que la misma institución aceptara investigaciones en las que decenas de miles de comprimidos permanecieran temporalmente en manos de redes criminales.

Howell llegó a alertar sobre fallecimientos por sobredosis que temía que pudieran estar relacionados con cargamentos que los agentes habían tenido oportunidad de interceptar. Entre los casos revisados figuraba la muerte de un niño de 15 meses en Española tras ingerir residuos de fentanilo. No se ha demostrado que la droga relacionada con aquella muerte procediera de un envío dejado circular por la DEA, una distinción esencial ante una acusación de semejante gravedad.

El Congreso y Nuevo México abren dos frentes contra la DEA

El caso entró formalmente en el terreno político el 31 de agosto de 2026, cuando James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, anunció una investigación y reclamó documentos, comunicaciones internas y expedientes relacionados con estas operaciones.

Comer sostiene que durante la Administración de Joe Biden se relajaron salvaguardias introducidas anteriormente y pretende determinar quién tomó aquellas decisiones. El asunto, sin embargo, atraviesa administraciones: las operaciones examinadas abarcan desde los años de Biden hasta comienzos de 2025, una vez iniciado el segundo mandato de Donald Trump. Convertir un expediente policial complejo en una cómoda pancarta partidista resulta tentador. La cronología, por desgracia para ese tipo de relatos, es menos obediente.

Nuevo México mantiene su propio frente. El fiscal general estatal, Raúl Torrez, inició una investigación después de conocerse las denuncias y solicitó al Gobierno federal políticas internas, informes, comunicaciones y documentos relacionados con las posibles consecuencias sanitarias de estas operaciones.

Tras considerar insuficiente la cooperación del Departamento de Justicia, Torrez presentó el 27 de agosto una demanda ante un tribunal federal para intentar obtener la documentación. Su oficina quiere determinar si funcionarios federales pudieron vulnerar leyes estatales y quién asumió la responsabilidad de permitir que el fentanilo continuara circulando mientras las investigaciones seguían abiertas.

El caso tiene además una dimensión nacional. El administrador de la DEA, Terrance Cole, pidió una revisión independiente de las actuaciones de la agencia, mientras la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia amplió el examen para determinar si prácticas similares pudieron utilizarse en otras oficinas del país.

La DEA niega haber permitido deliberadamente envenenar las calles

La posición de la agencia es radicalmente distinta de la que mantienen los denunciantes. La DEA sostiene que las descripciones según las cuales permitió conscientemente que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y ofrecen una imagen distorsionada de lo ocurrido. Según su versión, las decisiones adoptadas durante aquellas investigaciones fueron legales y razonables y se ajustaron a las directrices federales.

Ese matiz importa. No existe una sentencia que establezca que agentes de la DEA cometieron delitos ni una investigación concluida que atribuya muertes concretas a los cargamentos observados sin incautar. Buena parte del debate gira alrededor de algo bastante más complejo: hasta dónde puede llegar la discrecionalidad policial cuando el objetivo es destruir una organización criminal, pero la herramienta elegida implica dejar temporalmente una sustancia mortal en manos de esa misma organización.

Una investigación interna anterior del Departamento de Justicia consideró en 2024 que las decisiones de agentes y fiscales habían sido razonables y que no generaron un peligro específico demostrado para la salud pública. Los denunciantes rechazaron aquella conclusión. La revisión posterior vuelve así sobre un terreno que, evidentemente, quedó lejos de resolverse: quién autorizó cada operación, qué controles existieron y hasta qué punto pudo recuperarse la droga.

El daño que todavía no puede medirse

Nuevo México ofrece un telón de fondo particularmente áspero. Mientras las muertes por sobredosis descendían alrededor de un 14% en el conjunto de Estados Unidos durante el periodo analizado, el estado registró un incremento cercano al 21%. Esas cifras no prueban que la estrategia de la DEA causara ese aumento; establecer una relación causal exigiría identificar los cargamentos, seguir su distribución y conectarlos con intoxicaciones concretas.

La comparación con Rápido y Furioso, la fallida operación en la que autoridades estadounidenses permitieron circular armas para seguir su pista hasta organizaciones criminales mexicanas, ha reaparecido inevitablemente. Entonces algunas armas desaparecieron del radar policial y fueron recuperadas posteriormente en escenas de crímenes. Ahora cambia la mercancía, pero la discusión resulta incómodamente familiar: cuánto riesgo puede trasladar el Estado a ciudadanos que jamás aceptaron participar en una operación encubierta.

Eso es lo que convierte el fentanyl walking en algo más que una polémica sobre técnicas policiales. Perseguir a los dirigentes de una organización puede exigir investigaciones largas y operaciones encubiertas. El conflicto aparece cuando, para llegar hasta ellos, se acepta que una sustancia de enorme peligrosidad permanezca circulando. El corazón del caso está ahí: quién asume el riesgo mientras la investigación madura y qué límites existen cuando una agencia decide que seguir un cargamento resulta más útil que incautarlo.

A 4 de septiembre de 2026 siguen faltando documentos, responsabilidades individuales y una cifra fiable de las pastillas que realmente escaparon al control policial. El Congreso reclama explicaciones, Nuevo México busca documentación por la vía judicial, el inspector general examina el alcance de la práctica y la DEA mantiene que sus actuaciones fueron legales.

Una operación policial bajo una pregunta incómoda

La paradoja permanece intacta, casi brutal en su sencillez. Durante una de las peores crisis de drogas de Estados Unidos, la agencia encargada de combatir el fentanilo observó algunas entregas y decidió no detenerlas inmediatamente porque pretendía alcanzar objetivos criminales de mayor valor. Esa decisión puede tener una lógica investigadora; también tiene un coste potencial que todavía se intenta medir.

Lo que determinen las investigaciones será decisivo para separar una táctica policial legítima, aunque arriesgada, de una posible pérdida inadmisible de control sobre sustancias letales. Por el momento hay operaciones documentadas, cantidades enormes, agentes enfrentados sobre la conveniencia de la estrategia y varias instituciones reclamando respuestas. Lo que todavía no hay es una prueba que permita atribuir a esos cargamentos muertes concretas ni una cifra definitiva de cuántas pastillas terminaron realmente en las calles.