¿Por qué Ceuta teme perderlo todo ante otra Marcha Verde de Marruecos?

El miedo que se ha instalado en Ceuta no nace únicamente de una frontera vulnerable ni de una discusión histórica con Marruecos. Tiene algo mucho más inmediato: durante unas horas de finales de julio, una ciudad de apenas decenas de miles de habitantes comprobó que su vida cotidiana podía quedar desbordada en muy poco tiempo. Comercios cerrados, playas vacías, calles sometidas a una situación excepcional, fuerzas de seguridad bajo una presión extraordinaria y decenas de miles de personas cruzando desde Marruecos. Después llegaron las pérdidas económicas, la tensión política y, casi como un eco de otra época, nuevas reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.

Una reproducción literal de la Marcha Verde de 1975 parece muy poco probable en el escenario internacional actual. Otra cosa es descartar una presión masiva sobre la frontera utilizando población civil, migración, propaganda y tensión diplomática. Ese riesgo no pertenece por completo a la ciencia ficción: informes policiales sobre los acontecimientos de finales de julio analizan si la entrada multitudinaria pudo ser planificada, mientras el Gobierno mantiene que no existen pruebas concluyentes para atribuir su organización al Estado marroquí. Las dos realidades conviven. Y ahí, precisamente, empieza el problema.

Ceuta descubrió hasta qué punto podía ser vulnerable

Los números explican parte de la inquietud mejor que cualquier discurso. El Gobierno cifró en unas 72.000 personas las que entraron irregularmente en Ceuta durante la crisis de finales de julio. Más del 90 % había regresado a Marruecos en las primeras 72 horas, según los datos oficiales difundidos entonces, mientras posteriormente Interior calculó que unas 5.000 personas continuaban en la ciudad.

Una masa humana semejante, entrando prácticamente a la vez en una ciudad pequeña y geográficamente limitada, no se parece a un flujo migratorio convencional. El sistema, simplemente, no está preparado para absorber en unas horas una presión demográfica de semejante tamaño.

Ceuta quedó prácticamente paralizada. Comercios, bares y restaurantes bajaron persianas. Las Fiestas Patronales fueron suspendidas. Hubo vecinos que evitaron salir de casa y empresarios que pasaron de preparar uno de sus meses fuertes del año a mirar locales vacíos y cajas sin movimiento. El temor dejó de ser un concepto político y adquirió textura: calles vacías, reservas canceladas y negocios detenidos.

El impacto económico siguió mucho después de que la frontera recuperara cierta calma. La Cámara de Comercio de Ceuta elevó a unos 33 millones de euros las pérdidas económicas directas entre finales de julio y agosto. El comercio sufrió fuertes caídas de facturación, al igual que la hostelería y la restauración, mientras la demanda turística procedente de la Península se desplomó durante las semanas más delicadas.

Ahí aparece ese temor a “perderlo todo”. No significa necesariamente que los ceutíes crean que Marruecos vaya a ocupar militarmente la ciudad de un día para otro. Significa que han visto lo rápido que pueden tambalearse seguridad, empleo, turismo, comercio y convivencia cuando la frontera deja de funcionar como una frontera normal.

El Gobierno respondió con un plan extraordinario de 309 millones de euros, destinado a seguridad, acogida, servicios públicos y apoyo económico, y declaró una situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad. El lenguaje administrativo suele ser bastante frío; en este caso resulta elocuente. Si el Estado activa instrumentos excepcionales es porque lo ocurrido tampoco fue precisamente un martes cualquiera.

La gran incógnita: espontaneidad, permisividad o estrategia

Este es el terreno más delicado. Informes policiales elaborados tras la crisis describieron indicios de una movilización planificada y no puramente espontánea, además de comportamientos de agentes marroquíes que están siendo analizados. Documentos previos también habían contemplado una eventual relajación temporal de los controles fronterizos del país vecino como posible mecanismo de presión.

El Gobierno español ha mantenido, sin embargo, una posición más prudente. Pedro Sánchez aseguró ante el Congreso que no existían pruebas sólidas que permitieran afirmar que Rabat hubiera organizado directamente la operación. Reconoció que lo sucedido debía investigarse y defendió la necesidad de conocer todos los informes disponibles.

No es exactamente una diferencia menor. Una cosa es que determinados agentes permitan, faciliten o vigilen una movilización; otra, bastante más grave, demostrar que el Gobierno marroquí diseñó deliberadamente una operación contra España. Esa segunda afirmación necesita pruebas contundentes, no intuiciones ni titulares gruesos.

El precedente, aun así, obliga a mirar con atención. En mayo de 2021, una relajación del control fronterizo marroquí permitió la entrada de miles de personas en Ceuta durante una crisis diplomática entre Madrid y Rabat. Cinco años después, la escala de los acontecimientos ha vuelto a despertar recuerdos incómodos. Las fronteras, como las ciudades, también tienen memoria política.

Por qué vuelve a hablarse de una Marcha Verde

La comparación con 1975 resulta inevitable porque la Marcha Verde fue precisamente una gigantesca movilización de población civil utilizada por Marruecos para ejercer presión territorial sobre España.

El 6 de noviembre de 1975, alrededor de 350.000 marroquíes movilizados por Hassan II avanzaron hacia el entonces Sáhara español. El régimen presentó la operación como una marcha pacífica; detrás existía una formidable organización logística y una estrategia política evidente. España atravesaba los últimos días del franquismo, Franco agonizaba y Madrid había decidido abandonar el territorio. Poco después llegaron los Acuerdos de Madrid.

Medio siglo después, las circunstancias son radicalmente diferentes. Ceuta no es el Sáhara Occidental de 1975. No es un territorio pendiente de descolonización reconocido como tal por Naciones Unidas, sino una ciudad bajo soberanía española, integrada constitucionalmente en España y dentro de la Unión Europea.

Ese matiz jurídico lo cambia casi todo. Pero la semejanza que inquieta a algunos analistas no reside tanto en el desenlace como en el método: colocar frente a una frontera a una cantidad enorme de civiles y obligar al Estado contrario a escoger entre permitir el paso, utilizar la fuerza o afrontar una crisis humanitaria retransmitida en directo. Una frontera convertida en dilema.

La expresión “otra Marcha Verde” tampoco nació con los sucesos de julio. Meses antes, el analista estadounidense Michael Rubin, antiguo asesor del Pentágono, había defendido públicamente la posibilidad de que Marruecos utilizara una movilización semejante sobre Ceuta y Melilla. Era la opinión de un analista, no una posición oficial de Estados Unidos, pero bastó para reabrir un debate que en ambas ciudades nunca desaparece del todo.

Marruecos vuelve a poner Ceuta y Melilla sobre la mesa

El temor aumentó cuando, tras la crisis fronteriza, responsables políticos marroquíes volvieron a reivindicar públicamente las dos ciudades españolas. El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, defendió los supuestos “derechos históricos y geográficos” de su país sobre Ceuta y Melilla y planteó la necesidad de dialogar sobre su futuro. España respondió rechazando cualquier negociación sobre soberanía.

También provocaron malestar las declaraciones del ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Tufiq, relacionadas con la consideración de las ciudades como territorios pendientes de recuperar. Madrid reaccionó diplomáticamente ante unas palabras consideradas inaceptables sobre territorio español.

El ciudadano ceutí observa así una secuencia difícil de ignorar: primero una entrada humana gigantesca; después semanas de inseguridad económica y social; casi inmediatamente, dirigentes del país vecino recuperando las reivindicaciones territoriales.

Puede tratarse de acontecimientos distintos. Pero vistos desde una terraza frente al Estrecho, con Marruecos prácticamente al alcance de la vista, separar psicológicamente unas cosas de otras resulta bastante más complicado.

Una Marcha Verde idéntica sería difícil; la presión híbrida, no tanto

Una operación oficial con cientos de miles de civiles avanzando sobre Ceuta como en 1975 tendría consecuencias diplomáticas, jurídicas y probablemente militares enormes. España es una democracia consolidada, pertenece a la Unión Europea y a la OTAN y mantiene una presencia militar permanente en la ciudad.

La Unión Europea ofrece además una protección que no existía hace medio siglo. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establece un deber de ayuda y asistencia entre Estados miembros cuando uno de ellos sufre una agresión armada en su territorio.

Con la OTAN aparece un matiz más incómodo. El artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte delimita geográficamente el ámbito de aplicación del artículo 5 y no menciona expresamente Ceuta y Melilla. Esa redacción lleva décadas alimentando una discusión jurídica y estratégica sobre el grado de automatismo de la protección aliada. No significa que España quedara sola ante una agresión; significa que la cuestión es bastante menos simple que un eslogan de tertulia.

Precisamente por eso una ofensiva militar convencional tendría un coste gigantesco para Marruecos. Dañaría sus relaciones económicas y políticas con España y la Unión Europea, pondría en riesgo acuerdos estratégicos y abriría una crisis internacional de consecuencias imprevisibles.

La llamada zona gris, en cambio, es otra historia. Migración descontrolada, campañas en redes sociales, rumores sobre aperturas fronterizas, concentraciones civiles, incidentes diplomáticos, presión comercial y reclamaciones territoriales constantes pueden ejercer una enorme presión sin alcanzar formalmente el umbral de una guerra.

Ninguno de esos elementos por separado implica una agresión militar. Combinados, sin embargo, pueden desgastar instituciones, crear alarma social y afectar a la economía. Esa es precisamente una de las razones por las que hablar de una nueva Marcha Verde no significa necesariamente imaginar 350.000 personas caminando hacia una alambrada.

La ciudad también teme perder su convivencia

Existe otro riesgo menos espectacular que una bandera cambiando de mástil, pero mucho más cercano: que una crisis prolongada deteriore la convivencia interna de Ceuta.

La ciudad lleva generaciones construyendo un equilibrio cotidiano entre ciudadanos de distintas confesiones y procedencias. No es una postal perfecta —ninguna sociedad lo es—, pero ese tejido forma parte esencial de la identidad ceutí. La presión fronteriza puede tensarlo con una facilidad inquietante.

La llegada masiva generó problemas reales de seguridad y servicios públicos, pero también dejó a miles de migrantes, incluidos menores y familias, en condiciones extremadamente precarias. Convertir a cualquier marroquí o musulmán residente en Ceuta en sospechoso sería añadir una segunda crisis a la primera. Un problema de seguridad no se arregla fabricando otro de convivencia.

El temor legítimo de un comerciante que ha perdido buena parte de sus ingresos puede coexistir con la obligación de proteger a un menor abandonado. Defender la frontera y respetar los derechos fundamentales tampoco son conceptos incompatibles, aunque la política española tenga cierta afición a presentarlos como si hubiese que escoger uno de los dos.

Ceuta después del susto: una frontera que ya no parece igual

No existen pruebas públicas que permitan afirmar que Marruecos esté preparando una nueva Marcha Verde destinada a ocupar Ceuta. Presentarlo como un hecho sería ir mucho más allá de lo conocido. Sí existen, en cambio, motivos objetivos para entender la inquietud: una entrada masiva sin precedentes, investigaciones sobre su posible planificación, graves pérdidas económicas y nuevas reivindicaciones territoriales procedentes de responsables políticos marroquíes.

La nueva Marcha Verde, si alguna vez alguien intentara reproducir aquella lógica, probablemente tampoco tendría la apariencia de 1975. No necesitaría cientos de miles de personas ordenadas detrás de banderas verdes ni una columna interminable de camiones atravesando el desierto. En el siglo XXI la presión puede viajar mediante teléfonos móviles, vídeos virales, rumores y movimientos humanos capaces de concentrarse sobre una frontera en pocas horas.

España ha reforzado su respuesta en Ceuta, ha activado instrumentos extraordinarios de seguridad nacional y ha planteado una mayor cooperación europea y fronteriza. El objetivo no es únicamente impedir otra entrada masiva, sino evitar que una ciudad entera pueda quedar sometida de nuevo a una situación de vulnerabilidad extrema.

Pero el verdadero patrimonio que muchos ceutíes temen perder no cabe únicamente en una escritura de propiedad. Es una combinación más frágil: el negocio que abre cada mañana, el paseo por la playa, una temporada turística normal, la tranquilidad de los barrios, la convivencia entre vecinos y la certeza de que una frontera internacional seguirá funcionando mañana como funcionó ayer.

Después de lo ocurrido, esa certeza pesa menos. Ceuta sigue siendo española y no existe evidencia pública de una operación destinada a cambiar su soberanía, pero la crisis ha dejado una huella difícil de borrar: la sensación de que la estabilidad también puede tambalearse en pocas horas.