¿Qué implica la sentencia del Alvia para las víctimas y el maquinista?

La sentencia por la tragedia del Alvia entra, trece años después del descarrilamiento de Angrois, en una fase mucho menos abstracta: la de cumplir lo resuelto. El Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela ha iniciado la ejecución y ha requerido a QBE Insurance, aseguradora de Renfe y responsable civil directa, para que en el plazo de un mes abone las indemnizaciones liquidadas que sigan pendientes. La factura supera los 22 millones de euros, aunque parte de las cantidades ya pudo haber sido satisfecha durante estos años.

Al mismo tiempo, la ejecución de la pena de prisión impuesta al maquinista, Francisco José Garzón Amo, abre otra vía. Fue condenado a dos años y seis meses y quedó como único condenado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña absolviera al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. La magistrada ha dado traslado a su defensa para que se pronuncie sobre una posible suspensión de la pena mientras se tramita la petición de indulto. Y aquí aparece el segundo giro de estos días: la Fiscalía respalda que ese indulto sea parcial.

La sentencia del Alvia entra por fin en ejecución

El auto dictado en Santiago pone en marcha los mecanismos necesarios para ejecutar una resolución que ha recorrido un larguísimo itinerario judicial desde aquel 24 de julio de 2013. Ese día, el Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois, a pocos kilómetros de la estación de Santiago. Murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas.

La ejecución afecta ahora de manera especialmente visible a la responsabilidad civil. QBE debe pagar, dentro del plazo establecido, las cantidades pendientes y especificar importe, concepto y perjudicado. La compañía también tendrá que presentar una propuesta individualizada para calcular los intereses correspondientes a cada persona indemnizada. Después, los afectados podrán formular alegaciones sobre esas liquidaciones.

No es un detalle menor. En procedimientos que duran más de una década, los intereses acumulados pueden convertirse en una parte relevante de la cantidad finalmente desembolsada. La indemnización nominal explica solo una parte del cuadro; queda por concretar qué importes se abonaron anteriormente, qué cantidades continúan pendientes y qué intereses corresponden en cada caso.

El propio auto de ejecución puede ser recurrido, por lo que no es todavía firme. Eso no debe confundirse con la situación de la sentencia cuya ejecución se ha iniciado: son dos planos procesales distintos, aunque al lector —con bastante lógica— puedan parecerle piezas del mismo interminable expediente judicial.

Más de 22 millones para víctimas y familiares

La responsabilidad civil que queda sobre la mesa supera los 22 millones de euros. Aproximadamente 12 millones corresponden a familiares de las personas fallecidas y alrededor de 10 millones a quienes sufrieron lesiones, según las cantidades resultantes del fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña.

La distribución cambió sustancialmente respecto a la sentencia de primera instancia. Inicialmente, las indemnizaciones ascendían a unos 25,2 millones y la responsabilidad recaía sobre las aseguradoras vinculadas a Renfe y Adif. La Audiencia Provincial alteró ese escenario en enero de 2026 al absolver a Andrés Cortabitarte, antiguo director de Seguridad en la Circulación de Adif, cuya condena había sido uno de los elementos centrales del primer fallo.

Al desaparecer su responsabilidad penal, también cambió la arquitectura de la responsabilidad civil. QBE, aseguradora de Renfe, quedó como responsable civil directa de las cantidades fijadas judicialmente. La Audiencia, además, revisó al alza algunas indemnizaciones reclamadas por víctimas y familiares.

Por qué la absolución de Adif cambió el reparto

El juicio de primera instancia había concluido con dos condenados: Garzón y Cortabitarte. Ambos recibieron penas de dos años y seis meses de prisión por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes vinculados al accidente.

La Audiencia de A Coruña mantuvo la condena del maquinista, pero absolvió al antiguo responsable de Adif. La decisión no fue unánime: contó con un voto particular discrepante, que defendía mantener la responsabilidad del exdirectivo ferroviario. El resultado práctico, sin embargo, fue rotundo. Garzón pasó a ser el único condenado por el accidente y Renfe, a través de su aseguradora, quedó soportando la responsabilidad civil resultante.

Ese punto explica por qué la noticia de la ejecución no es simplemente otro trámite. Después de años de recursos, informes técnicos, declaraciones, peritajes y discusiones sobre los sistemas de seguridad de la línea, la resolución comienza a transformarse en algo material: pagos concretos a personas concretas.

Qué ocurre con el maquinista y su pena de prisión

Francisco José Garzón Amo fue condenado a dos años y seis meses de cárcel como autor de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, todos ellos cometidos por imprudencia grave. La diferencia entre las 80 personas que murieron y los 79 homicidios recogidos en la condena responde a que uno de los fallecimientos se produjo posteriormente y no quedó computado penalmente del mismo modo en la sentencia.

La ejecución de la condena no significa, sin embargo, que su ingreso en prisión sea automático en este momento. Existe una petición de indulto en trámite, promovida por el sindicato de maquinistas Semaf, y el tribunal ha pedido a la defensa que se pronuncie sobre la posibilidad de suspender temporalmente el cumplimiento de la pena mientras se resuelve esa solicitud.

El Código Penal permite esa suspensión cuando ejecutar inmediatamente la condena podría convertir en inútil el eventual indulto. Es una facultad judicial, no una consecuencia automática de haber solicitado la medida de gracia. Y tampoco equivale, por supuesto, a conceder el indulto. Esa decisión corresponde al Gobierno mediante un real decreto acordado en Consejo de Ministros.

Ahí conviene separar conceptos porque, entre palabras jurídicas, la realidad puede acabar cubierta de niebla: solicitar un indulto no borra una sentencia, que la Fiscalía lo apoye no obliga al Gobierno y suspender temporalmente una pena no significa perdonarla.

La Fiscalía apoya un indulto parcial, no total

El movimiento más relevante alrededor de Garzón llegó prácticamente al mismo tiempo que el inicio de la ejecución. La Fiscalía se ha mostrado favorable a concederle un indulto parcial, es decir, una reducción de la pena suficientemente significativa como para modificar las consecuencias de la condena.

El fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, considera que concurren razones de justicia y equidad. Entre las circunstancias que valora aparecen los trece años transcurridos desde el accidente, la conducta posterior del condenado, su arraigo familiar y social, su situación personal y el respaldo expresado por una parte de las víctimas. Garzón tiene 65 años, está jubilado, padece EPOC y participa en el cuidado de su madre, que tiene reconocida una discapacidad.

La Fiscalía marca, sin embargo, un límite bastante claro: rechaza un indulto total. Considera que eliminar completamente la pena resultaría incompatible con la gravedad de los hechos y la pluralidad de víctimas. Su propuesta apunta a reducir el castigo, no a hacer desaparecer la condena.

Tampoco existe unanimidad entre los afectados. Parte de las víctimas y perjudicados se ha mostrado favorable o no se opone al indulto, mientras otras familias rechazan esa posibilidad. Es probablemente uno de los territorios más delicados de todo el caso: una tragedia común dejó experiencias, heridas y posiciones muy distintas. Trece años de proceso judicial no las han uniformado.

Trece años de un proceso que cambió varias veces

Angrois se convirtió desde 2013 en algo más que la investigación de un exceso de velocidad. La causa acabó examinando también el diseño de seguridad de la línea, la evaluación de riesgos y la retirada del sistema ERTMS en aquel tramo, capaz de intervenir ante determinados errores de conducción.

La primera sentencia consideró responsables tanto al maquinista como al directivo de Adif. La Audiencia Provincial revisó esa interpretación y absolvió a Cortabitarte, manteniendo únicamente la condena de Garzón. Esa decisión provocó una nueva fractura entre las partes y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por distintas representaciones.

Mientras esa batalla jurídica ha ido desplegándose, las víctimas han vivido un calendario mucho más sencillo y bastante más áspero: trece años desde el accidente. Una justicia que necesita más de una década para alcanzar la fase efectiva de cumplimiento puede ser jurídicamente garantista y, al mismo tiempo, producir una sensación comprensible de distancia. Los códigos miden plazos; las familias, aniversarios.

Angrois entra en la fase del cumplimiento

La novedad esencial de la sentencia del Alvia está ahí. El debate sobre responsabilidades ya no ocupa por sí solo el centro del escenario: el Tribunal de Santiago ha comenzado a ejecutar el fallo, QBE tiene un mes para afrontar las cantidades pendientes y debe calcular los intereses correspondientes a cada perjudicado. Para las víctimas, esta es la parte de la justicia que finalmente puede tocarse, aunque llegue con más de trece años de retraso.

Queda abierta otra cuestión, distinta y políticamente sensible: qué ocurrirá con la pena del maquinista. La Fiscalía respalda reducirla mediante un indulto parcial y el tribunal estudia si procede suspender su ejecución mientras el Gobierno decide. La condena existe; el indulto todavía no. Esa frontera importa.

Angrois, entretanto, sigue siendo el mismo lugar donde el 24 de julio de 2013 un tren llegó demasiado rápido a una curva y una tarde de verano quedó partida en dos. Después vinieron los juzgados, los recursos, las responsabilidades técnicas, los votos particulares, las aseguradoras y una montaña de papel. Ahora llegan las indemnizaciones y queda por resolver la cárcel. La justicia, por fin, abandona parte del expediente y entra en la vida real.