¿Cuánto nos ha costado Castor, el almacén de gas de los terremotos?

El proyecto Castor, aquel gigantesco almacén submarino de gas levantado frente a la costa de Vinaròs, se ha convertido en una de las infraestructuras fallidas más caras de la historia reciente española. Nunca llegó a prestar el servicio comercial para el que fue construido, su fase de puesta en marcha estuvo acompañada por cientos de terremotos y una secuencia sísmica de alrededor de un millar de eventos, y trece años después todavía genera costes.

La factura acumulada se mueve ya en el entorno de los 1.700 millones de euros si a los 1.350,729 millones vinculados a la compensación por la instalación se añaden los gastos y derechos de cobro asociados a su mantenimiento, operación y progresivo desmantelamiento. Y la cifra no está necesariamente cerrada: Castor continúa dando trabajo, aunque sea precisamente para conseguir que deje de existir como instalación energética.

Hay, eso sí, una precisión importante. Se ha repetido durante años que los consumidores españoles seguirán pagando Castor en el recibo del gas hasta 2044. Ese era el calendario del mecanismo financiero diseñado en 2014, con un derecho de cobro durante 30 años. Pero aquel sistema fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2017. La factura no desapareció —más bien cambió de bolsillo y de vía jurídica—, de modo que presentar 2044 como una fecha automática hasta la que seguirá cargándose la indemnización original en cada factura del gas resulta demasiado simplificador.

Cuánto ha costado realmente el proyecto Castor

El número que explica buena parte del caso es 1.350,729 millones de euros. Esa fue la compensación reconocida en 2014 a Escal UGS, la sociedad concesionaria del almacenamiento, después de renunciar a la explotación. Escal estaba participada mayoritariamente por ACS.

Castor había requerido una inversión total reconocida de 1.461,42 millones. De ella se descontaron aproximadamente 110,69 millones que ya habían sido abonados mediante retribuciones provisionales. El resultado fue aquella compensación de más de 1.350 millones.

Pero Castor no terminó ahí. Ni mucho menos. Enagás asumió la administración de las instalaciones, su conservación, mantenimiento y posteriormente las tareas necesarias para abandonarlas, de modo que el coste del proyecto siguió creciendo mucho después de que quedara claro que no iba a almacenar gas comercialmente.

A 30 de junio de 2026, sus estados financieros reflejaban aproximadamente 129,3 millones de euros pendientes de cobro relacionados con operación y mantenimiento, después de una sentencia favorable del Tribunal Supremo dictada en diciembre de 2025.

A eso se sumaban otros 200 millones de euros contabilizados como derecho de cobro por los trabajos de desmantelamiento. Solo durante el primer semestre de 2026, Enagás registró 72,5 millones de ingresos relacionados con Castor y unos costes de 68,9 millones.

La suma gruesa de la compensación principal y estas partidas sitúa el coste alrededor de 1.680 millones de euros, muy cerca de esa barrera psicológica de los 1.700 millones. No es, conviene insistir, una liquidación definitiva hasta el último céntimo: quedan actuaciones relacionadas con el abandono de la infraestructura y existen partidas cuya naturaleza contable y jurídica es distinta.

Un almacén que nunca llegó a funcionar comercialmente

Aquí aparece una de las paradojas más incómodas del asunto. Castor se construyó para almacenar grandes cantidades de gas natural aprovechando un antiguo yacimiento petrolífero situado bajo el Mediterráneo, a unos 1.700 metros bajo el fondo marino y a poco más de 20 kilómetros de la costa.

El proyecto incluía pozos submarinos, una plataforma marina, instalaciones terrestres y un gasoducto de unos 30 kilómetros. Sobre el papel era una especie de enorme despensa energética: guardar gas cuando hubiese disponibilidad y recuperarlo en momentos de elevada demanda o problemas de abastecimiento.

Eso nunca ocurrió en condiciones comerciales. Sí se inyectó gas colchón, imprescindible para preparar técnicamente un almacenamiento subterráneo y mantener la presión necesaria dentro del yacimiento. Precisamente durante aquellas operaciones de 2013 comenzó la crisis sísmica.

Por eso tampoco es del todo exacto decir que Castor jamás almacenó gas: gas hubo bajo tierra. Lo que nunca llegó fue la explotación normal de la instalación como almacén integrado y operativo del sistema gasista.

Los terremotos que acabaron con Castor

Las operaciones de inyección provocaron una secuencia sísmica extraordinaria para una zona que hasta entonces presentaba una actividad relativamente baja. Los estudios científicos posteriores han establecido una relación entre la inyección de gas y los terremotos registrados en 2013.

La literatura científica habla de alrededor de un millar de eventos en la secuencia completa, aunque el número varía según el periodo, la magnitud mínima considerada y el catálogo utilizado. Muchos fueron microseísmos prácticamente imperceptibles, pero algunos alcanzaron magnitudes cercanas a 4,2 y pudieron sentirse en municipios de Castellón y Tarragona.

La actividad se suspendió en septiembre de 2013. Años después, investigaciones encargadas por el Gobierno relacionaron los terremotos con las operaciones de inyección, mientras trabajos científicos posteriores profundizaron en el mecanismo: la presión y el comportamiento del gas habrían favorecido el movimiento de la falla de Amposta y la transferencia de esfuerzos hacia estructuras más profundas.

No fue simplemente una coincidencia temporal entre una obra industrial y varios temblores cercanos. La vinculación entre la operación del almacenamiento y aquella sismicidad inducida quedó respaldada por diferentes investigaciones.

Uno de los aspectos más desconcertantes fue que algunos de los terremotos más importantes aparecieron después de detener la inyección. El subsuelo, claro, no funciona como un interruptor de cocina. Detener una bomba no significa que las presiones introducidas en una formación geológica desaparezcan al instante.

Los fluidos siguen redistribuyéndose, las tensiones cambian y las fallas pueden reaccionar con retraso. Estudios posteriores señalaron además deficiencias en la monitorización sísmica disponible durante la puesta en marcha.

Ese episodio acabó dejando una enseñanza bastante menos espectacular que los titulares, pero mucho más útil: en infraestructuras que alteran presión y fluidos a gran profundidad, conocer bien las fallas cercanas y disponer de vigilancia suficiente no es un adorno burocrático. Castor se convirtió en el ejemplo español de lo que ocurre cuando la geología interviene en una planificación energética.

Por qué se pagaron 1.350 millones pese al Constitucional

La historia jurídica de Castor tiene una peculiaridad capaz de desconcertar incluso a quien haya seguido el caso durante años. En octubre de 2014, el Gobierno aprobó mediante real decreto-ley la extinción de la concesión y reconoció a Escal UGS una compensación de 1.350,729 millones de euros.

Enagás debía realizar el pago y, a cambio, recibiría un derecho para recuperar esa cantidad con cargo al sistema gasista durante 30 años. Ese derecho de cobro acabó en manos de Santander, CaixaBank y Bankia, que financiaron la operación.

En diciembre de 2017 llegó el vuelco. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos varios artículos del real decreto-ley, entre ellos los que articulaban el pago y su recuperación. El tribunal consideró que no estaba suficientemente justificada la extraordinaria y urgente necesidad exigida para utilizar un decreto-ley.

Eso no equivalía a una sentencia diciendo que Escal jamás pudiera tener derecho económico alguno. Lo que cayó fue el instrumento jurídico utilizado para organizar la compensación y cargarla al sistema gasista.

Y ahí apareció otro problema. Los bancos ya habían desembolsado el dinero para adquirir el derecho de cobro. Cuando ese derecho desapareció por la sentencia constitucional, reclamaron al Estado. El Tribunal Supremo les dio la razón en 2020 y reconoció su derecho a ser compensados por la Administración por las cantidades pagadas. La ingeniería financiera había desaparecido; la obligación económica, no.

Qué ocurrió con el pago hasta 2044

La fecha de 2044 procede del plan original aprobado en 2014. La indemnización debía recuperarse durante 30 años mediante los peajes y cánones del sistema gasista. Era una especie de hipoteca energética extraordinariamente larga.

Pero esa arquitectura fue precisamente una de las partes anuladas por el Constitucional. Después llegaron las reclamaciones patrimoniales de los bancos y, más recientemente, las de Enagás por los trabajos que siguió realizando sin recibir la compensación prevista inicialmente.

El Tribunal Supremo volvió a reconocer en diciembre de 2025 el derecho de la compañía a cobrar por las tareas de operación y mantenimiento. Así que la pregunta sobre quién paga Castor tiene una respuesta menos limpia de lo que sugiere una factura doméstica: terminan soportándolo los recursos públicos y el sistema energético, aunque no mediante el mismo mecanismo lineal de 30 años diseñado en 2014.

La diferencia no es menor. Una cosa es afirmar que Castor sigue provocando desembolsos públicos en 2026, y otra asegurar que cada consumidor conserva exactamente la misma cuota Castor en su recibo hasta una fecha fija de 2044. Aquella fórmula jurídica dejó de existir.

El contribuyente, por desgracia, conoce bien esta clase de metamorfosis: a veces una deuda desaparece de una casilla y reaparece, muy educadamente, en otra. En Castor, la factura cambió de forma, pero no se evaporó.

El desmantelamiento sigue aumentando la factura

El Gobierno decidió en 2019 que Castor no volvería a funcionar y ordenó su desmantelamiento definitivo. La primera gran fase consiste en abandonar y sellar permanentemente los pozos.

La autorización administrativa concedida en 2025 contempla el sellado definitivo de 13 pozos, el aislamiento de las formaciones geológicas capaces de contener fluidos, la retirada de determinados elementos submarinos y la restauración del fondo marino afectado por las operaciones.

Los trabajos se han prolongado durante 2025 y 2026. Enagás empleó para estas actuaciones una gran plataforma autoelevable de perforación, la Noble Resolve, trasladada hasta la zona del antiguo almacenamiento para ejecutar las tareas de abandono de los pozos.

A mediados de 2026 las operaciones seguían en marcha. Las propias cuentas semestrales de Enagás confirmaban que continuaban los trabajos de desmantelamiento de Castor y que la compañía mantenía un derecho de cobro de unos 200 millones por estas tareas.

Y sellar los pozos tampoco equivale necesariamente a borrar inmediatamente todo rastro de la infraestructura. Castor comprende instalaciones marinas, conducciones y elementos en tierra cuyo destino debe resolverse por fases. El almacén está muerto como proyecto energético desde hace años; desmontar el cadáver industrial lleva bastante más tiempo.

Castor ya no almacena gas, pero todavía acumula factura

Trece años después de los terremotos de 2013, Castor resume bastante bien una forma especialmente costosa de fracaso público: una infraestructura concebida como estratégica, construida con una inversión gigantesca, paralizada durante su puesta en marcha y mantenida durante años únicamente para garantizar que permaneciera segura hasta poder desmontarla. Su coste se acerca a 1.700 millones de euros contando la compensación principal y los gastos posteriores conocidos.

El proyecto no llegó a proporcionar el servicio para el que fue concebido y dejó, en cambio, una secuencia sísmica ampliamente estudiada, una década de litigios y una factura que ha ido cambiando de forma sin evaporarse.

Castor tampoco pertenece cómodamente a un solo Gobierno. Su gestación atravesó distintas legislaturas, la concesión llegó después, la paralización ocurrió bajo otro Ejecutivo y los problemas judiciales y económicos han sobrevivido a varios más. Hay proyectos que envejecen. Castor se institucionalizó.

La plataforma frente a Vinaròs acabará desapareciendo o reduciéndose a restos definitivamente sellados bajo el Mediterráneo. Mucho más difícil de desmontar resulta otra cosa: los casi 1.700 millones de euros que una infraestructura que nunca prestó servicio comercial ha terminado dejando en las cuentas públicas españolas.