¿Por qué Perú declara el estado de emergencia en cinco cárceles clave?

Perú ha declarado el estado de emergencia durante 60 días en cinco de sus cárceles más sensibles para intentar cortar la actividad de organizaciones criminales que continúan operando desde el interior de los penales. La medida afecta a Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, donde la Policía Nacional reforzará el control con apoyo de las Fuerzas Armadas.

No significa, pese a la contundencia que tiene la expresión, entregar las llaves de las prisiones a los militares. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantiene la administración y custodia de los establecimientos, mientras la Policía conserva el control del orden interno y las Fuerzas Armadas prestan apoyo en las operaciones de seguridad. La emergencia alcanza también un perímetro de 200 metros alrededor de cada cárcel.

El Gobierno de Keiko Fujimori, que asumió la Presidencia el 28 de julio, encuadra la decisión dentro de su ofensiva contra unas bandas que han convertido algunas cárceles en una prolongación de sus estructuras callejeras. El mecanismo puede ser rudimentario y, precisamente por eso, eficaz: un teléfono clandestino, una tarjeta SIM, alguien que obedezca fuera y una amenaza. Los barrotes, entonces, sirven para bastante menos de lo que aparentan.

Estado de emergencia durante 60 días en cinco cárceles

El Decreto Supremo 128-2026-PCM comprende el penal de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. Son centros considerados especialmente sensibles por la presencia de presos vinculados con organizaciones criminales y por los problemas de seguridad detectados dentro y alrededor de sus instalaciones.

El diagnóstico utilizado para justificar la intervención dibuja un sistema penitenciario sometido a una presión enorme. La sobrepoblación carcelaria ronda el 156% y existen aproximadamente 45 presos por cada agente de seguridad penitenciaria. A ese desequilibrio se añaden los hallazgos reiterados de teléfonos, armas y antenas clandestinas durante las requisas.

Hay otro dato que ayuda a comprender por qué se han escogido precisamente estos establecimientos: los cinco penales concentran aproximadamente el 50% de los internos vinculados con organizaciones criminales del sistema penitenciario peruano. No se ha lanzado una red al azar sobre el mapa. El Ejecutivo ha puesto el foco allí donde considera que la capacidad de las bandas para mantener sus estructuras resulta más elevada.

Qué cambia dentro y alrededor de las prisiones

Durante los 60 días de emergencia podrán restringirse la libertad de tránsito, el derecho de reunión y determinados aspectos de la libertad y seguridad personales de quienes entren o circulen por las prisiones y por el perímetro de 200 metros incluido en la declaración.

La norma establece, al mismo tiempo, un límite importante cuando aparecen estados de excepción, cárceles y uniformes en una misma frase: las medidas no pueden vaciar los derechos esenciales a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso de los presos. El régimen extraordinario no convierte el interior de una prisión en una zona ajena a la ley.

La Policía y las Fuerzas Armadas podrán reforzar los accesos y desarrollar operaciones permanentes para localizar e incautar teléfonos móviles, tarjetas SIM, armas blancas y otros objetos prohibidos. También se intensificarán las tareas de inteligencia destinadas a anticipar fugas, disturbios y operaciones criminales.

Los 200 metros alrededor de los penales también cuentan

La vigilancia no termina en la puerta. El dispositivo permite proteger el perímetro exterior, su espacio aéreo y espectro electromagnético. Traducido a algo bastante cotidiano: el Estado pretende controlar no solo quién entra con un objeto escondido, sino también qué comunicaciones pueden llegar o salir desde las inmediaciones de los establecimientos.

El Gobierno había planteado también la incorporación de equipos de escaneo para detectar objetos ocultos y controles más rigurosos sobre visitantes, empleados, abogados, proveedores y otras personas que acceden a determinados penales. El objetivo es cerrar una de las grietas más conocidas del sistema: la entrada de dispositivos utilizados posteriormente para organizar extorsiones desde las celdas.

Por qué el Gobierno ha elegido estas cinco cárceles

Challapalca ocupa desde hace tiempo un lugar particular en la política penitenciaria peruana. A comienzos de 2026, el INPE trasladó allí a un centenar de internos considerados de alta peligrosidad procedentes de otros establecimientos dentro de una operación vinculada expresamente a la lucha contra la extorsión. Entre ellos figuraban miembros de organizaciones criminales.

También existen antecedentes claros en Trujillo Varones, conocido como El Milagro. En 2024 fueron trasladados desde allí 21 presos hacia Challapalca, Cochamarca y Ancón I tras las sospechas sobre actividades delictivas organizadas desde el propio recinto. Varios estaban procesados por extorsión y algunos pertenecían a bandas con una fuerte implantación en el norte del país.

La lógica de la nueva intervención es romper precisamente esas conexiones. Una cárcel puede tener muros altos, garitas y puertas de acero y seguir siendo permeable si dentro circulan móviles, dinero, información y órdenes. El crimen organizado contemporáneo necesita menos túneles que cobertura telefónica. Esa es una parte incómoda, pero bastante gráfica, del problema.

Inteligencia y redistribución de los presos

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, ha defendido que la actuación vaya más allá de las requisas tradicionales. Una de las prioridades será fortalecer la inteligencia penitenciaria, cruzando información del INPE, la Policía y las Fuerzas Armadas para identificar estructuras criminales, movimientos internos de las bandas y posibles redes de corrupción.

El Ejecutivo también plantea redistribuir a los presos según el delito cometido, su peligrosidad y su vinculación criminal. La idea es evitar que condenados con perfiles muy distintos compartan regímenes semejantes y trasladar a los considerados más peligrosos hacia establecimientos capaces de aplicar niveles superiores de seguridad.

El Ministerio de Justicia ha defendido igualmente un sistema más diferenciado respecto de determinados beneficios penitenciarios, relacionándolos con el comportamiento de los reclusos y su sometimiento al régimen carcelario. Ahí aparece una frontera delicada: reforzar la seguridad puede resultar necesario; convertir la disciplina penitenciaria en arbitrariedad sería otra cosa.

Keiko Fujimori endurece la respuesta contra el crimen

La declaración de emergencia llega pocas semanas después de la llegada de Keiko Fujimori al Palacio de Gobierno y encaja con una política de mayor dureza frente a las organizaciones criminales. El Ejecutivo también ha solicitado al Congreso facultades legislativas durante 120 días para ampliar su margen de actuación en materia de seguridad.

La presión social explica buena parte de esa velocidad. La tasa de homicidios de Perú alcanzó los 10,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a los 10,1 registrados el año anterior. A finales de agosto, además, cuatro personas murieron durante el secuestro de un empresario minero en el norte del país; el hombre terminó siendo liberado después del pago de un rescate.

Ese clima ha convertido las cárceles en otro frente de la lucha contra el crimen organizado. Detener a un cabecilla pierde parte de su efecto si, una vez encarcelado, conserva teléfonos, contactos y capacidad para dar instrucciones. Meter a una persona entre rejas no equivale necesariamente a desactivar la organización que dirige. Precisamente esa es la grieta que el Gobierno pretende cerrar.

Sesenta días para comprobar si las bandas pierden poder

La emergencia permitirá desplegar más policías, apoyo militar, inteligencia, controles tecnológicos y requisas, pero el resultado difícilmente podrá medirse por la cantidad de uniformes delante de una puerta o por las fotografías de teléfonos incautados. La Policía deberá presentar al terminar el estado de emergencia un informe detallado de las actuaciones y sus resultados.

Ahí estará la prueba bastante menos vistosa y mucho más relevante: comprobar si disminuyen las comunicaciones criminales, las extorsiones y las órdenes emitidas desde prisión. Perú ha decidido endurecer el control sobre cinco cárceles donde se concentra una parte considerable de sus presos relacionados con el crimen organizado. Durante 60 días, los muros estarán más vigilados; lo verdaderamente difícil será demostrar que también se han vuelto menos permeables al poder de las bandas.