¿Puede el Congreso frenar a Trump y poner fin a la guerra con Irán?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una nueva resolución destinada a exigir el fin de la participación militar estadounidense en la guerra con Irán salvo que exista una autorización del Congreso. La votación terminó con 220 votos a favor y 204 en contra, un resultado especialmente relevante porque siete republicanos se unieron a los demócratas pese a que el Partido Republicano controla la Cámara.

Pero el voto no significa que Donald Trump tenga que detener inmediatamente las operaciones militares. Ese matiz es fundamental. La medida invoca los poderes del Congreso para reclamar la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades con Irán, pero su capacidad para producir por sí sola un fin inmediato de la guerra es limitada y su recorrido político todavía pasa por el Senado. El golpe para la Casa Blanca es, de momento, sobre todo institucional y político, aunque deja a la vista una grieta creciente dentro del propio partido del presidente.

La votación llega, además, en un momento incómodo para Washington. La guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 se acerca a los siete meses, el coste económico sigue aumentando, el estrecho de Ormuz continúa alterando los mercados energéticos y los informes oficiales han advertido del desgaste de determinadas reservas estadounidenses de munición. Al otro lado, Teherán mantiene una posición dura y enfría las perspectivas de negociación.

La Cámara vuelve a desafiar a Trump por la guerra con Irán

No es la primera vez. Es el tercer voto de la Cámara destinado a limitar la capacidad de Trump para mantener la campaña militar sin una autorización específica del poder legislativo. Hubo iniciativas semejantes en junio y julio. Esta vez, sin embargo, el dato político está en los escaños republicanos: siete representantes del partido del presidente votaron junto a los demócratas para reclamar el fin de las hostilidades.

Entre ellos figuran Zach Nunn y Mariannette Miller-Meeks, de Iowa; Nancy Mace, de Carolina del Sur; Tom Barrett, de Michigan; Warren Davidson, de Ohio; Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, y Thomas Massie, de Kentucky. En anteriores votaciones habían sido cuatro los republicanos favorables a limitar las operaciones. La fractura sigue siendo minoritaria dentro del partido, sí, pero ha crecido.

La resolución vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión constitucional que Estados Unidos arrastra desde hace medio siglo: hasta dónde llega la autoridad presidencial como comandante en jefe y dónde comienza el poder del Congreso cuando una operación militar deja de parecer una intervención puntual y se convierte en una guerra prolongada.

La Constitución estadounidense atribuye al Congreso la capacidad de declarar la guerra, mientras el presidente dirige las Fuerzas Armadas. La War Powers Resolution de 1973, nacida a la sombra de Vietnam, intentó poner límites más concretos a las intervenciones militares prolongadas sin autorización legislativa. Y ahí vuelve a abrirse la vieja costura entre la Casa Blanca y el Capitolio.

Lo que realmente cambia tras la votación

La resolución aprobada reclama la retirada de las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades con Irán salvo las unidades necesarias para defender a Estados Unidos, sus aliados o socios ante un ataque inminente. El registro de la votación deja un número claro: 220 votos frente a 204. Es una mayoría suficiente para que la Cámara exprese su rechazo a la continuación de la guerra sin autorización específica del Congreso, pero no para apagar automáticamente los motores de los aviones estadounidenses.

También importa el tipo de instrumento empleado. La War Powers Resolution de 1973 contempló mecanismos para que el Congreso pudiera reclamar la retirada de fuerzas desplegadas sin autorización, pero su funcionamiento constitucional ha sido discutido durante décadas. La sentencia del Tribunal Supremo en INS v. Chadha, de 1983, debilitó la idea de que una resolución legislativa pueda producir determinados efectos ejecutivos sin completar todo el procedimiento constitucional previsto para las leyes.

Dicho de una manera menos jurídica: el voto no pone fecha automática al regreso de las tropas. Sí deja constancia formal de que una mayoría de la Cámara quiere impedir que la guerra continúe indefinidamente sin una decisión expresa del Congreso. Y obliga a los legisladores, sobre todo a los republicanos, a posicionarse sobre una intervención que empezó como una campaña militar y lleva ya meses instalada en el paisaje político estadounidense.

Una guerra que pesa cada vez más en las cuentas de Estados Unidos

La duración del conflicto está modificando el debate. Estados Unidos inició sus operaciones contra Irán el 28 de febrero y, casi siete meses después, continúan produciéndose episodios de ataques y represalias. La discusión ya no gira únicamente alrededor de las atribuciones constitucionales de la Casa Blanca. Dinero, combustible y munición han entrado de lleno en la ecuación.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, organismo no partidista conocido por sus siglas CBO, calcula que el coste estadounidense de la guerra había superado los 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto. Si continúa el conflicto, el gasto adicional podría situarse entre 2.000 y 3.000 millones de dólares mensuales, dependiendo de la intensidad de las operaciones.

El impacto termina saliendo del presupuesto militar y acercándose al bolsillo del ciudadano. La propia CBO estima que las perturbaciones asociadas al conflicto podrían elevar la inflación estadounidense alrededor de medio punto porcentual durante los primeros meses de 2027. El estrecho de Ormuz explica buena parte del nerviosismo: por ese corredor marítimo circulaba antes de la guerra aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido globalmente.

El tráfico por Ormuz continúa lejos de su normalidad anterior al conflicto. Es una franja de agua estrecha en el mapa, casi una garganta entre Irán y Omán, pero por ella pasa una cantidad de energía capaz de mover precios desde Shanghái hasta Madrid. Cuando esa garganta se cierra o simplemente tose, los mercados lo notan.

El problema de las municiones aparece en los informes oficiales

La otra presión llega desde el propio aparato militar estadounidense. Un informe del inspector general del Pentágono calculó en alrededor de 33.400 millones de dólares el coste de la operación entre el 28 de febrero y el 30 de junio. De esa cantidad, unos 22.300 millones correspondieron al empleo de municiones.

El documento identificó carencias en determinadas reservas estratégicas y cuellos de botella en la industria encargada de reponerlas. También detalló daños sufridos durante el conflicto por instalaciones y material estadounidense en Oriente Próximo, incluidas aeronaves. Es una fotografía incómoda para una potencia acostumbrada a medir su superioridad militar también por la profundidad de sus almacenes.

Las cifras no contradicen necesariamente los más de 38.000 millones calculados posteriormente por la CBO: corresponden a periodos y metodologías diferentes. El informe presupuestario del Congreso extiende el cálculo hasta el 1 de agosto y advierte de que recuperar completamente algunas existencias de municiones utilizadas a gran velocidad podría requerir varios años.

La Administración, con todo, rechaza que Estados Unidos haya perdido capacidad para mantener sus operaciones. El Pentágono ha defendido públicamente que las fuerzas estadounidenses conservan los medios necesarios para ejecutar las decisiones del presidente. Una cosa es quedarse sin armas, algo que Washington niega; otra bastante distinta es estar consumiendo determinados arsenales a un ritmo que obliga a acelerar su reposición. Ahí está precisamente el problema señalado por los informes.

Teherán enfría la vía diplomática

Tampoco aparece una salida diplomática sencilla. Después de que Trump manifestara su disposición a retomar el diálogo, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, rechazó la posibilidad de conversaciones mientras no se cumplan las condiciones planteadas por Teherán.

Irán sigue reclamando el cese de las agresiones, incluidas las dirigidas contra aliados regionales como Hezbolá, compensaciones por los daños de guerra, cambios vinculados al bloqueo de Ormuz, el levantamiento de sanciones y el desbloqueo de activos iraníes congelados en el extranjero. Son posiciones que mantienen el canal diplomático prácticamente encallado.

En paralelo, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, viaja a China para reunirse con su homólogo Wang Yi. Pekín intenta conservar cierto margen de mediación antes de la prevista reunión entre Xi Jinping y Trump, en cuya agenda la guerra y las interrupciones del suministro energético a través del estrecho de Ormuz ocupan un lugar inevitable.

El conflicto, entretanto, hace tiempo que dejó de caber cómodamente entre Washington y Teherán. Los hutíes de Yemen continúan protagonizando ataques y Arabia Saudí ha intensificado sus operaciones en la zona. Las tensiones afectan también al mar Rojo y a Bab el-Mandeb, otro de esos pasos marítimos pequeños sobre el mapa y gigantescos cuando se mira el comercio internacional.

Arabia Saudí y Egipto han reiterado su interés en proteger la libertad de navegación en Ormuz, Bab el-Mandeb y el mar Rojo. La preocupación resulta bastante concreta: un deterioro simultáneo de esas rutas convertiría un conflicto regional en un golpe mucho más profundo para los flujos comerciales y energéticos internacionales.

Cada episodio añade una capa al problema estratégico estadounidense. Mantener presión sobre Irán, proteger bases, defender rutas marítimas, respaldar a los aliados y conservar suficientes interceptores y misiles para otras contingencias globales exige recursos distintos, pero al final muchos salen del mismo arsenal.

La guerra entra de lleno en la campaña de las elecciones legislativas

El calendario tampoco es inocente. La votación se produjo apenas 49 días antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso. Los representantes se preparan para regresar a sus distritos y dedicar buena parte de las últimas semanas a la campaña electoral.

Eso ayuda a entender por qué importan especialmente esos siete votos republicanos. No convierten la resolución en una derrota legislativa definitiva para la Casa Blanca, pero muestran que la guerra atraviesa la disciplina partidista y obliga a algunos congresistas conservadores a marcar distancias con Trump en una cuestión especialmente sensible para una parte de su electorado.

Los partidarios de limitar al presidente sostienen que una intervención militar mantenida durante meses necesita una autorización expresa del Congreso. Los defensores de la Administración argumentan que Irán continúa representando una amenaza para fuerzas e intereses estadounidenses y que el presidente conserva facultades constitucionales como comandante en jefe. La disputa, por tanto, no es nueva, aunque la duración y el coste de esta guerra la han sacado de los manuales de derecho constitucional y la han llevado directamente a la campaña electoral.

El Senado ya ha vivido sus propias batallas sobre los poderes de guerra. Durante estos meses ha debatido iniciativas destinadas a limitar las operaciones militares, con divisiones dentro del Partido Republicano y cambios de posición. La posibilidad de construir una mayoría política contra la continuación del conflicto sigue siendo distinta de conseguir una medida con fuerza suficiente para obligar al Ejecutivo a detener las operaciones.

Washington abre otra grieta mientras la guerra continúa

El voto de la Cámara no significa que la guerra con Irán haya terminado ni que Trump haya perdido de inmediato su capacidad para ordenar nuevas operaciones. Significa algo más concreto: la Cámara de Representantes ha vuelto a reclamar el control del Congreso sobre una intervención militar que se prolonga y esta vez lo ha hecho con más apoyo republicano que en intentos anteriores.

La diferencia entre ambas cosas es enorme. En Washington puede aprobarse una resolución por 220 votos y, pocas horas después, los aviones seguir volando exactamente igual. El Congreso ha elevado la presión, pero el conflicto sigue sobre el terreno.

Lo que sí ha cambiado es el contexto. Casi siete meses de guerra, más de 38.000 millones de dólares de coste estimado, dificultades para reponer ciertas municiones, alteraciones en los mercados energéticos y unas elecciones legislativas a menos de dos meses convierten una discusión constitucional aparentemente abstracta en un asunto cada vez más tangible.

Trump mantiene por ahora el control operativo de la campaña. El Congreso intenta recuperar terreno en una competencia que la Constitución estadounidense repartió deliberadamente entre dos poderes. Mientras Washington discute quién puede ordenar qué y hasta cuándo, la guerra con Irán continúa.