¿Qué trama atribuye EEUU a Rusia? Cinco acusados y planes de asesinato

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a cinco personas presuntamente vinculadas con los servicios de inteligencia rusos de participar en una red internacional destinada, según la Fiscalía, a preparar asesinatos selectivos, vigilar a disidentes y organizar ataques contra infraestructuras civiles y militares. Los cinco acusados permanecían en paradero desconocido cuando los cargos fueron hechos públicos el 15 de septiembre de 2026.

El núcleo del caso es especialmente grave. Los fiscales sostienen que la organización habría actuado para localizar y seguir a opositores o disidentes rusos en Estados Unidos y Europa, mientras buscaba personas dispuestas a cometer ataques en países considerados próximos a Ucrania. Uno de los encargos investigados llegó, según la acusación, a una oferta de 40.000 dólares para asesinar a un disidente en territorio estadounidense; otro supuesto plan en Lituania habría alcanzado los 25.000 dólares. Nada de ello constituye todavía una condena: se trata de acusaciones penales y los procesados conservan la presunción de inocencia.

EEUU sitúa la red en la órbita de la inteligencia rusa

La acusación, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, denomina al grupo RIS Network. El Departamento de Justicia sostiene que sus integrantes trabajaban para servicios de inteligencia de la Federación Rusa y que la estructura habría intentado contratar personas dentro y fuera de Estados Unidos para realizar vigilancia previa, asesinatos selectivos y acciones contra infraestructuras europeas.

Los acusados son Yuri Khrameev, de 63 años, descrito por las autoridades estadounidenses como antiguo coronel de los servicios de inteligencia rusos; su hijo Kirill Khrameev, de 27 años, identificado como oficial del Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB; los ciudadanos cubanos Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, y Yaidel Delgado Suarez, también de 35; y el venezolano Angel Eduardo Castro, de 22 años.

Los cinco están acusados de participar en una supuesta conspiración para financiar terrorismo, un delito que puede acarrear una pena máxima de 20 años de prisión. Yuri Khrameev, Delgado Suarez y Castro afrontan además un cargo de conspiración para cometer asesinato por encargo, cuya pena máxima es de diez años. Son penas potenciales: solo podrían imponerse después de una eventual detención, juicio y condena.

El supuesto plan contra un disidente en Estados Unidos

Uno de los episodios centrales de la investigación se sitúa en Estados Unidos. Según la acusación, miembros de la red trataron de reclutar a personas en el país para localizar y vigilar a un destacado disidente ruso que creían instalado en el área de Washington. Su identidad no ha sido divulgada públicamente en el procedimiento.

La operación habría comenzado con tareas aparentemente menores, como obtener imágenes y comprobar lugares relacionados con la persona vigilada. Después, siempre según los fiscales, apareció la verdadera dimensión del encargo: se llegó a ofrecer unos 40.000 dólares por cometer el asesinato. El homicidio no llegó a ejecutarse.

Los investigadores sostienen asimismo que Delgado Suarez habría intentado encontrar a más personas dentro de Estados Unidos capaces de colaborar en labores de vigilancia y en una eventual operación violenta. Esa dimensión doméstica explica buena parte de la gravedad con la que Washington ha presentado el expediente: no se habla únicamente de espionaje en el extranjero, sino de una presunta operación que habría intentado llevar la violencia política al propio territorio estadounidense.

Un precedente en Lituania por 25.000 dólares

El procedimiento recoge también un episodio anterior relacionado con Lituania. Según el Departamento de Justicia, un ciudadano estadounidense fue utilizado para vigilar a una persona exiliada y posteriormente recibió de Yuri Khrameev una oferta de aproximadamente 25.000 dólares para matarla. El hombre rechazó el encargo.

Después de la negativa, Khrameev habría planteado trabajos más sencillos, como incendiar un almacén o atacar una subestación eléctrica. Según la versión incluida en la acusación, el objetivo era golpear a países que ayudan a Ucrania. La secuencia retratada por los fiscales tiene poco del viejo espionaje de gabardina y periódico doblado: teléfonos, intermediarios y reclutamiento a distancia ocupan buena parte del escenario.

Europa aparece en el expediente con sabotajes y ataques

El caso va más allá de los presuntos planes contra disidentes. El Departamento de Justicia acusa a la red de haber buscado personas dispuestas a llevar a cabo acciones contra infraestructuras civiles y militares en países europeos alineados, o considerados alineados, con Ucrania. Los investigadores describen un modelo basado en intermediarios y colaboradores reclutados para ejecutar las operaciones sobre el terreno.

La Fiscalía estadounidense atribuye a Oemis Romagoza Durruthy tareas de coordinación logística. Según los cargos, habría organizado en junio de 2024 aspectos de un ataque en Praga, incluida la selección de posibles objetivos y el desplazamiento de otro participante. En septiembre de aquel mismo año habría coordinado también movimientos relacionados con un ataque en Lituania.

Las autoridades lituanas habían vinculado previamente a la inteligencia militar rusa un intento de sabotaje ocurrido en Šiauliai en septiembre de 2024 contra equipos de radio destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas. La investigación lituana situó detrás de aquella operación a personas relacionadas con Rusia y señaló al GRU como presunto beneficiario de la acción.

Una estructura que, según la acusación, iba más allá de cinco nombres

Los cinco procesados son los acusados identificados en el procedimiento estadounidense, pero la descripción de los fiscales apunta a una red con colaboradores e intermediarios. La imagen que plantea la acusación no es la de un pequeño comando desplazándose permanentemente de país en país, sino la de una estructura capaz de encargar distintas tareas a personas reclutadas allí donde resultaran necesarias.

Ese modelo permitiría separar a quienes supuestamente dirigían las operaciones de quienes realizaban la vigilancia, los viajes o los ataques. En la documentación estadounidense aparecen desde trabajos de reconocimiento hasta propuestas de incendios, sabotajes y asesinatos por encargo. Es, de momento, la tesis de la acusación; demostrarla ante un tribunal será otra cosa.

Qué está probado y qué sigue siendo una acusación

Hay una frontera que conviene mantener nítida. Está confirmado que existe una acusación federal formal contra cinco personas y que el Departamento de Justicia ha hecho públicos los cargos. No está judicialmente demostrado que todos los hechos descritos por los fiscales sucedieran exactamente como sostiene el Gobierno estadounidense ni que los acusados sean culpables.

El propio Departamento de Justicia recuerda que una acusación es solo una alegación y que los procesados deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. La diferencia no es retórica. Separa un expediente penal con cargos muy graves de una sentencia firme.

La Embajada rusa no había respondido inmediatamente a una petición de Reuters sobre las nuevas imputaciones. Rusia ha rechazado anteriormente acusaciones occidentales sobre operaciones de asesinato promovidas por Moscú en el extranjero. Esa posición forma parte del contexto del caso, aunque no determina por sí sola el valor de las pruebas que puedan presentarse durante un eventual proceso judicial.

A fecha de publicación de los cargos, los cinco acusados continuaban en libertad. Esa circunstancia puede convertir el procedimiento en una carrera larga: la existencia de cargos estadounidenses no garantiza por sí misma que los sospechosos puedan ser detenidos y puestos a disposición de un tribunal de Nueva York.

La guerra de Ucrania proyecta su sombra lejos del frente

El expediente se inserta en una preocupación más amplia de gobiernos occidentales por las llamadas operaciones híbridas: sabotaje, espionaje, desinformación, ciberataques o acciones clandestinas que se desarrollan lejos del frente convencional. En este caso concreto, las autoridades estadounidenses vinculan los supuestos objetivos europeos con países que apoyan a Ucrania.

La relevancia del procedimiento estadounidense está precisamente en esa combinación. Por un lado, aparecen posibles sabotajes en Europa; por otro, una presunta operación para localizar y asesinar a un disidente ruso en Estados Unidos. Washington presenta ambos escenarios como partes de una misma estructura, aunque será el proceso penal el que deba determinar qué elementos pueden probarse y cuáles no.

Por el momento quedan tres datos centrales: hay cinco acusados formalmente, los cargos incluyen financiación del terrorismo y, para tres de ellos, conspiración para cometer asesinato por encargo, y todos seguían fugados cuando se hizo pública la causa. El resto tendrá que recorrer un camino bastante menos inmediato: detenciones, posibles extradiciones, pruebas sometidas a contradicción y, solo después, una eventual sentencia. Washington acusa; la Justicia todavía no ha condenado.