¿Por qué crecen las protestas antirracistas por la crisis de Ceuta?

Colectivos antirracistas se han movilizado este sábado 19 de septiembre en Madrid, Pamplona y Palma para reclamar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio. Entre sus principales exigencias figuran una investigación independiente sobre posibles vulneraciones de derechos, la identificación de fallecidos y desaparecidos y mayores garantías para quienes continúan en la ciudad autónoma. En Madrid, unas 500 personas, según la Delegación del Gobierno, participaron en la concentración de la Puerta del Sol.

Las protestas llegan, además, en un momento especialmente delicado. Ceuta continúa gestionando las consecuencias de la llegada de decenas de miles de personas los días 30 y 31 de julio, mientras miles permanecen todavía en recursos temporales o fuera del sistema ordinario de acogida. Apenas un día antes de las movilizaciones, el nuevo centro instalado en el puerto completó sus 1.700 plazas pocas horas después de abrir. El debate, por tanto, ya no gira únicamente alrededor del control fronterizo y la seguridad: alcanza a la acogida, la protección de menores, las devoluciones y la actuación de las fuerzas de seguridad.

Las protestas por Ceuta llegan a Madrid, Pamplona y Palma

La concentración más numerosa conocida este sábado se celebró en la Puerta del Sol de Madrid, convocada por Articulación Antirracista de Madrid junto con diferentes organizaciones sociales. El lema elegido, «Ni instrumentalización ni represión. Basta de violencia racista y colonial», condensaba una protesta con un objetivo bastante concreto: exigir que lo ocurrido desde finales de julio no quede reducido a una discusión sobre control fronterizo y seguridad.

Los convocantes reclamaron una investigación internacional, independiente e imparcial sobre las presuntas vulneraciones de derechos humanos que atribuyen tanto a actuaciones españolas como marroquíes en Ceuta y Melilla. Se trata de una petición formulada por las organizaciones participantes, no de una conclusión judicial sobre lo sucedido. Esa distinción importa: las investigaciones abiertas todavía deben determinar responsabilidades concretas.

En Pamplona, la Plataforma Antirracista reunió a manifestantes en la plaza de las Merindades bajo el lema «Ceuta: No es seguridad, es racismo». Allí se reclamó también que la Unión Europea revise la financiación del control migratorio en terceros países, una política conocida como externalización de fronteras: básicamente, trasladar a países de tránsito parte de las tareas destinadas a impedir que los migrantes alcancen territorio europeo.

La plataforma navarra pidió asimismo identificar a las personas fallecidas y desaparecidas, garantizar información a sus familias y acabar con los controles policiales sustentados en perfiles raciales. También reclamó responsabilidades a España, Marruecos y las instituciones europeas.

En Palma, la Asamblea Antirracista de Mallorca convocó otra concentración en la plaza de las Columnas. Su mensaje incidió en la protección y dignidad de los migrantes y cuestionó el uso de la expresión «crisis migratoria», al considerar que desplaza el foco desde las políticas fronterizas hacia las propias personas que migran. Es la interpretación de los colectivos convocantes; las instituciones españolas, por el contrario, sí han empleado formalmente el concepto de crisis para describir una situación que ha desbordado las capacidades ordinarias de Ceuta.

El recuerdo de los muertos marca las movilizaciones

Uno de los elementos más visibles de las concentraciones ha sido el recuerdo a quienes murieron durante los intentos de entrada. En Madrid se habilitó un espacio de memoria con flores dedicado a los fallecidos, mientras las organizaciones volvieron a pedir que se esclarezca la suerte de las personas que continúan desaparecidas.

Las cifras requieren una precisión que a veces se pierde entre pancartas, declaraciones políticas y titulares. La ONG Caminando Fronteras cifró en 141 las personas fallecidas durante los acontecimientos iniciados el 30 de julio, 78 de ellas en Ceuta y 63 en Marruecos. Es un recuento elaborado por la organización mediante información recogida sobre el terreno y contactos con familias y comunidades; no equivale a un balance conjunto oficialmente certificado por España y Marruecos.

Las circunstancias descritas incluyen personas que intentaron alcanzar Ceuta a nado y otras atrapadas en las aglomeraciones producidas durante los cruces terrestres. Detrás de la estadística queda una imagen menos abstracta: cuerpos recuperados del mar, familias intentando poner nombre a desaparecidos y una frontera que durante aquellas horas quedó completamente sobrepasada.

La situación sigue lejos de normalizarse en Ceuta

Mes y medio después, el problema tampoco ha desaparecido de las calles. El Gobierno calculaba el 18 de septiembre que permanecían en la ciudad entre 9.000 y 10.000 migrantes. El centro temporal abierto en el puerto, con capacidad para 1.700 personas, se llenó prácticamente de inmediato, de modo que cientos de quienes esperaban acceder tuvieron que regresar a los asentamientos de las playas de Benítez y El Trampolín.

El Gobierno sostiene que la ciudad dispone ya de más de 6.000 plazas temporales de acogida y trabaja en nuevos espacios. Las autoridades consideran necesario concentrar a las personas en instalaciones donde puedan recibir asistencia, ser identificadas y comenzar los procedimientos administrativos que correspondan en cada caso. La fotografía sobre el terreno, sin embargo, sigue mostrando una capacidad limitada frente al volumen extraordinario de personas que permanece en la ciudad.

El traslado desde las playas volvió a generar tensión

El dispositivo desplegado el viernes para trasladar migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta el puerto ilustra precisamente esa fricción. El Gobierno dio por completada la operación y señaló que terminó sin incidencias destacables, aunque durante el acceso se produjeron momentos de tensión cuando numerosos migrantes intentaron adelantarse para conseguir alguna de las plazas disponibles.

Las fuerzas de seguridad intervinieron para recuperar el control y evitar una avalancha. Durante esos momentos se utilizaron medidas disuasorias y se efectuaron disparos al aire. El episodio fue controlado en poco tiempo y el operativo pudo continuar, pero la tensión dejó a la vista el problema de fondo: había más personas buscando alojamiento que plazas preparadas para recibirlas.

Ese episodio forma parte del contexto inmediato en el que los colectivos antirracistas han celebrado sus protestas y denunciado lo que califican de «represión». La palabra pertenece a los convocantes y expresa su interpretación de las actuaciones policiales; determinar si existieron conductas contrarias a derecho corresponde, en su caso, a las investigaciones y procedimientos competentes.

Los menores añaden otro frente a la crisis

La situación resulta todavía más sensible cuando se habla de niños y adolescentes. El Gobierno calculaba esta semana que quedaban entre 700 y 1.000 menores sin tutelar en las calles de Ceuta, mientras 2.048 niños migrantes solos habían sido ya filiados y acogidos bajo la protección de la administración ceutí. Otros 300 estaban siendo atendidos en recursos del Ejecutivo central.

El sistema de protección ha tenido que absorber en pocas semanas una presión difícilmente comparable con su funcionamiento ordinario. Solo recientemente comenzaron a abrirse los primeros expedientes mediante el nuevo procedimiento previsto para estudiar la situación individual de los menores, incluida la posibilidad de reagrupación familiar cuando concurran las condiciones legales.

A ese problema se han sumado denuncias de menores migrantes sobre presuntos abusos y vejaciones en algunos centros. La Fiscalía de Menores de Ceuta ha remitido varias de esas denuncias al juzgado para evitar investigaciones duplicadas y garantizar que sean examinadas por el órgano competente. La Fiscalía ha precisado que no existe una investigación general contra toda la red de centros y que las acusaciones deben estudiarse individualmente.

Ese matiz es esencial. Algunas menores han denunciado malos tratos, insultos, castigos y amenazas, pero corresponde a la investigación judicial establecer qué ocurrió y quién puede ser responsable. La existencia de las denuncias es un hecho; su contenido todavía debe ser probado.

Seguridad nacional y derechos fundamentales, el difícil equilibrio

La magnitud de lo sucedido llevó al Gobierno a declarar mediante el Real Decreto 681/2026 la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, vigente en principio hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma señala que la presencia de un elevado número de personas migrantes ha superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana, y establece una coordinación reforzada entre administraciones.

Pero el propio real decreto introduce un límite importante en medio de un debate cada vez más áspero: la declaración no suspende derechos fundamentales ni libertades públicas. Las actuaciones deben desarrollarse con los poderes ordinarios de las administraciones y bajo principios como legalidad, necesidad, proporcionalidad, protección de la vida humana, respeto a la dignidad y atención diferenciada a las personas vulnerables.

Ahí está, precisamente, el terreno sobre el que discuten instituciones y colectivos. El Estado tiene obligaciones de control fronterizo, identificación y aplicación de la legislación migratoria; las personas que se encuentran en situación irregular conservan, al mismo tiempo, derechos fundamentales que no desaparecen por haber cruzado una frontera sin autorización. No son principios incompatibles sobre el papel. Convertirlos en realidad cuando una ciudad de dimensiones reducidas recibe una afluencia extraordinaria es otra historia, bastante más incómoda.

Ceuta permanece bajo una lupa política, judicial y humanitaria

La movilización de este sábado no aparece aislada en el calendario. La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación penal sobre la entrada masiva de finales de julio y las circunstancias que rodearon su planificación, ejecución y efectos. Las pesquisas judiciales deben determinar responsabilidades concretas y separar indicios, acusaciones y hechos probados, algo especialmente necesario en un asunto cargado de tensión política.

Paralelamente continúan los procedimientos administrativos sobre las personas llegadas, la apertura de recursos de acogida y las investigaciones sobre denuncias concretas. Las concentraciones de Madrid, Pamplona y Palma añaden ahora una presión distinta: la de quienes reclaman que la respuesta institucional no mida únicamente cuántas personas entraron, cuántas regresaron o cuántas plazas quedan libres, sino también cómo fueron tratadas.

Ceuta sigue atrapada entre esas dos dimensiones. Una frontera sometida a una presión excepcional y una emergencia humana que no cabe únicamente en estadísticas de entradas y salidas. La seguridad está en el centro del problema, sí. También los derechos. Y, casi dos meses después de aquellas jornadas de julio, ambos continúan compartiendo el mismo escenario.