¿Por qué Erin Brockovich se enfrenta ahora a Meta y Google por la IA?

Erin Brockovich vuelve a colocarse frente a empresas mucho más grandes que ella, aunque esta vez el escenario no es un acuífero contaminado de California sino la gigantesca infraestructura física que sostiene la inteligencia artificial. Su nueva batalla apunta a la proliferación de centros de datos en Estados Unidos, instalaciones de enorme consumo eléctrico y, en determinados casos, hídrico, cuya expansión está alimentando conflictos con comunidades locales. Entre los grandes operadores aparecen Meta, Google, Microsoft y otras compañías tecnológicas.

Conviene precisar algo desde el principio: Brockovich no ha presentado una gran demanda contra Meta y Google equivalente al caso PG&E que la hizo famosa. Su ofensiva actual es, sobre todo, ciudadana y ambiental. Ha puesto en marcha Brockovich AI Data Center Reporting, un proyecto que recopila testimonios y localizaciones de instalaciones existentes, en construcción o proyectadas para dibujar algo que normalmente queda fuera de la pantalla del móvil: el mapa material de la IA, con sus terrenos, líneas eléctricas, sistemas de refrigeración, tuberías y vecinos.

Erin Brockovich cambia Hinkley por los centros de datos de la IA

El paralelismo con su historia más conocida resulta inevitable. En los años noventa, mientras trabajaba en un bufete de abogados, Brockovich desempeñó un papel decisivo en la investigación sobre la contaminación con cromo hexavalente del agua subterránea de Hinkley, California, vinculada a instalaciones de Pacific Gas and Electric. El litigio terminó en 1996 con un acuerdo de 333 millones de dólares para cientos de afectados. Años después, Steven Soderbergh llevó la historia al cine y Julia Roberts ganó el Oscar por interpretarla.

Ahora el objeto es distinto, pero Brockovich reconoce un mecanismo que le resulta familiar: vecinos que descubren tarde que una gran instalación está prevista cerca de sus casas y ayuntamientos que negocian proyectos complejos mientras buena parte de la población apenas conoce sus dimensiones. Su crítica se concentra especialmente en la falta de transparencia, los acuerdos de confidencialidad y la información que llega a los ciudadanos cuando algunas decisiones urbanísticas o administrativas están muy avanzadas.

No está planteando que cada centro de datos sea una especie de Hinkley digital, ni que la inteligencia artificial deba desaparecer. De hecho, Brockovich ha rechazado una oposición indiscriminada a estas instalaciones. Lo que cuestiona es otra cosa: que una infraestructura capaz de modificar el consumo eléctrico, la demanda de agua y el paisaje económico de una localidad pueda aterrizar prácticamente como quien instala un almacén más. Solo que el almacén lleva dentro miles de servidores y puede necesitar la potencia de una pequeña ciudad.

Un mapa ciudadano que ya acumula miles de avisos

El proyecto arrancó después de que Brockovich comenzara a recibir mensajes de ciudadanos preocupados por instalaciones próximas. El 27 de abril lanzó públicamente una petición para recopilar casos. La respuesta convirtió aquella idea inicial en una base de datos considerable: la plataforma registraba, con datos actualizados al 20 de agosto de 2026, 9.212 comunicaciones procedentes de los 50 estados y unas 2.400 zonas postales diferentes. Texas, con 1.381 informes, encabezaba el recuento.

Las preocupaciones comunicadas tampoco son idénticas. Según la clasificación de la propia plataforma, el agua aparece en el 41,2% de los registros analizados, seguida por la electricidad y la red energética, la salud, el territorio y la fauna, el ruido y los procesos de zonificación. El secretismo y los acuerdos de confidencialidad constituyen otra categoría específica.

Hay, eso sí, una cautela indispensable. Son datos aportados por ciudadanos, no un censo oficial ni una investigación epidemiológica, y la propia naturaleza colaborativa del proyecto impide interpretar cada aviso como prueba de un daño ambiental. Sirven para localizar conflictos y detectar patrones; después hace falta contrastar permisos, consumos, estudios ambientales y documentación pública. La diferencia parece pequeña, pero en asuntos ambientales es toda la diferencia entre una señal y una sentencia.

Agua y electricidad: el precio físico de vivir en la nube

La palabra “nube” ha hecho un trabajo de relaciones públicas formidable. Suena ligera, blanca, casi sin peso. La realidad son naves industriales repletas de chips funcionando sin descanso y desprendiendo calor. Esa infraestructura necesita electricidad y refrigeración, y ahí comienza buena parte de la disputa.

Un gran centro de datos estadounidense puede llegar a utilizar millones de galones de agua al día, dependiendo de su tamaño, su tecnología de refrigeración, el clima y las condiciones de funcionamiento. El agua permite enfriar equipos con menor gasto energético que algunos sistemas exclusivamente basados en aire, de modo que existe una incómoda compensación entre consumo hídrico y eficiencia eléctrica. No hay una cifra universal válida para todos los centros, algo que a veces se pierde cuando la discusión política empieza a calentarse casi tanto como los servidores.

La electricidad plantea un problema todavía mayor. El auge de la IA está acelerando la construcción de instalaciones de escala extraordinaria y obligando a ampliar redes, generación y sistemas de respaldo. Estados Unidos ronda ya los 4.000 centros de datos, según estimaciones recientes, mientras los complejos de gran escala se cuentan por centenares. Esa demanda ha convertido una infraestructura hasta hace poco bastante invisible en un asunto electoral: tarifas, centrales eléctricas, terrenos, impuestos y agua han saltado de las páginas tecnológicas a los plenos municipales.

Cuando una decisión tecnológica termina en el recibo doméstico

La inquietud de las comunidades no se limita a cuánta energía consume una empresa. La cuestión decisiva es quién paga las ampliaciones necesarias y qué ocurre con el precio de la electricidad cuando una instalación gigantesca entra en una red local. Ese debate explica por qué la resistencia a nuevos centros de datos está atravesando fronteras ideológicas en Estados Unidos, con críticas procedentes tanto de grupos ecologistas como de sectores conservadores preocupados por impuestos, agua o costes energéticos.

Meta y Google responden con inversiones y compromisos ambientales

Las tecnológicas rechazan la idea de que su expansión consista simplemente en consumir recursos y dejar la factura al vecino. Meta sostiene que paga íntegramente los costes energéticos, de agua y de las infraestructuras necesarias para sus centros de datos, y afirma que pretende alcanzar un balance hídrico positivo en 2030, restaurando más agua de la que consume en las cuencas donde opera. La compañía asegura que mantiene más de 60 proyectos de restauración hídrica en 12 cuencas estadounidenses.

El tamaño de sus proyectos explica, sin embargo, por qué las promesas corporativas son examinadas con lupa. En Richland Parish, Luisiana, Meta ha elevado a más de 50.000 millones de dólares la inversión prevista alrededor de Hyperion, su enorme complejo para entrenamiento de IA, con una capacidad proyectada de 5 gigavatios. La empresa calcula unos 7.500 empleos durante el pico de construcción y alrededor de 1.000 puestos cuando el recinto esté operativo. El suministro energético asociado contempla nuevas plantas de gas, baterías y otras fuentes de generación.

Google también ha reforzado este año su respuesta al problema del agua. La compañía se ha comprometido a reponer más agua de la que consume en sus instalaciones para 2030 y, según su última actualización, participa en 165 proyectos distribuidos por 97 cuencas. En 2025 consiguió reponer aproximadamente el 78% de su consumo total de agua dulce. Google argumenta asimismo que la refrigeración mediante agua puede reducir en torno a un 10% la energía necesaria respecto de determinadas alternativas basadas en aire.

No es una discusión sencilla, y ahí reside precisamente su interés. Ahorrar electricidad puede exigir agua; ahorrar agua puede aumentar determinadas necesidades energéticas. Restaurar una cuenca tampoco significa necesariamente devolver cada litro exactamente al lugar y al momento en que se consumió. Las cifras agregadas resultan útiles, pero un pueblo que atraviesa una sequía vive en una escala bastante menos abstracta.

El verdadero choque de Brockovich con las Big Tech

El enfrentamiento de Erin Brockovich con Meta, Google y el resto del sector no gira, por ahora, alrededor de un tribunal. Gira alrededor del derecho de una comunidad a saber qué se está construyendo, qué recursos necesitará y qué compromisos públicos acompañan al proyecto.

Ese matiz importa. La IA suele presentarse como software: modelos, algoritmos, asistentes capaces de escribir o generar imágenes. Brockovich está desplazando la mirada hacia su trastienda física. La inteligencia artificial necesita suelo, agua, electricidad, subestaciones, generadores y redes de transmisión. También necesita permisos políticos. Nada de eso ocurre en una nube.

La activista reclama que los vecinos reciban información antes de que las decisiones sean prácticamente irreversibles, que existan audiencias públicas con datos claros sobre energía y agua y que las administraciones puedan evaluar los efectos sobre sus infraestructuras. Es una reivindicación menos cinematográfica que perseguir documentos secretos por el desierto de California, pero bastante reconocible: mirar detrás del expediente y preguntar quién sabía qué, cuándo lo sabía y quién soportará las consecuencias.

De heroína de Hollywood a incómoda vigilante de la IA

A sus más de seis décadas, Brockovich sigue explotando precisamente aquello que la convirtió en una figura singular: escuchar primero a quienes viven junto al problema y construir después un mapa suficientemente grande para que las experiencias aisladas dejen de parecer aisladas. Esa forma de trabajar explica también que académicos y activistas hayan situado su figura dentro del ecofeminismo, aunque ella se haya definido tradicionalmente en términos más próximos a la defensa del consumidor, la salud y las comunidades.

Su herramienta no demuestra por sí sola que los centros de datos estén provocando todos los perjuicios denunciados por sus usuarios. Tampoco invalida los argumentos de Meta o Google sobre inversión, empleo, eficiencia energética o restauración hídrica. Hace algo menos espectacular y quizá más incómodo: señala dónde conviene mirar.

Porque el nuevo conflicto alrededor de la inteligencia artificial ya no consiste solamente en decidir qué puede hacer un algoritmo. También obliga a decidir cuánta infraestructura estamos dispuestos a construir para alimentarlo, dónde y bajo qué reglas. Erin Brockovich ha vuelto a ese terreno que conoce bien, el lugar en el que una gran promesa corporativa se encuentra de repente con una comunidad que empieza a hacer preguntas. Y ahí Hollywood ayuda poco. Los contadores de agua y electricidad, en cambio, suelen tener bastante menos sentido del espectáculo.