La UCO desinfla la pista de los viajes de Begoña Gómez

La UCO reduce a un solo viaje la búsqueda del juez Peinado sobre Begoña Gómez y deja tocada otra de las vías más sensibles del caso.

La última búsqueda del juez Juan Carlos Peinado sobre los desplazamientos de Begoña Gómez ha terminado con un resultado bastante más estrecho de lo que sugería el foco inicial. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha trasladado al juzgado que, dentro de los viajes internacionales revisados en los últimos cinco años, solo ha localizado un desplazamiento a uno de los destinos concretos señalados por el instructor: un viaje a República Dominicana, realizado entre el 1 y el 3 de junio de 2022, con Air Europa y vinculado a la asistencia a un congreso. En esa misma remesa de datos no consta que Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa e igualmente investigada en esta parte del procedimiento, coincidiera con ella en esos trayectos.

El dato cambia el aire de esta rama de la causa porque la diligencia se había presentado como una vía útil para aclarar si existieron viajes sospechosos, desplazamientos compartidos o movimientos internacionales que encajaran con una utilización impropia de medios o apoyos ligados a Presidencia. Lo que devuelve ahora la UCO es otra cosa: 36 viajes al extranjero revisados, un único desplazamiento a los países que el juez había puesto bajo la lupa y ninguna coincidencia acreditada entre Gómez y Álvarez en esos destinos. El contexto agranda el golpe. Apenas unos días antes, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la decisión de encaminar el caso hacia un tribunal del jurado porque entendió que el instructor no había reunido “indicios concluyentes y consistentes” ni había concretado con la precisión exigible qué conductas sostenían esa vía procesal.

Un rastreo amplio que acaba en un solo viaje

El corazón de la noticia está ahí, seco y bastante elocuente. Peinado pidió el pasado 6 de febrero que se concretaran los desplazamientos de Begoña Gómez y Cristina Álvarez a una relación muy precisa de países: República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia. El propósito era comprobar si esos viajes habían tenido carácter institucional o si respondían a asuntos privados, una distinción nada menor dentro de una causa que lleva meses mezclando actividad profesional, agenda pública, entorno de Moncloa y la cátedra universitaria que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La respuesta policial no ha llenado ese mapa. Lo ha encogido. De todos los destinos pedidos, solo aparece República Dominicana, y solo una vez.

La imagen es todavía más clara cuando se baja al detalle. Ese viaje aparece fechado entre el 1 y el 3 de junio de 2022 y la información conocida lo vincula con la asistencia de Gómez a un congreso empresarial. No se trata, por tanto, de una cadena de desplazamientos oscuros ni de una sucesión de trayectos en distintos continentes bajo sospecha creciente, que era la impresión que algunos titulares habían dejado flotando. Lo que emerge es un episodio concreto, acotado en tres días, con origen y regreso identificados, y además dentro de un marco de conservación de datos limitado porque los registros consultados solo guardan este tipo de información durante cinco años. Ahí está una de las claves más importantes y menos vistosas del asunto: el juzgado quería revisar movimientos desde 2018, pero la traza técnica disponible no alcanza más allá de ese umbral temporal.

Ese límite temporal importa mucho. No por un matiz burocrático, sino porque recorta la ambición de la diligencia. Cuando una investigación aspira a reconstruir desplazamientos desde el inicio de la etapa de Pedro Sánchez en la Moncloa y se encuentra con una base de datos que solo conserva cinco años, el campo de comprobación ya nace incompleto. Eso no invalida por sí mismo lo averiguado, pero sí obliga a leer el resultado con cuidado: la UCO no está diciendo que antes no hubiera viajes; está diciendo que, en el material disponible y dentro de los destinos pedidos, solo consta uno. La diferencia parece pequeña y en realidad no lo es. En una causa tan politizada, una frase puede usarse para inflar la sospecha o para situarla exactamente donde está. Y hoy está ahí: un viaje confirmado, ningún patrón acreditado.

El viaje a República Dominicana, pieza aislada y muy concreta

La referencia a República Dominicana no es una nota al pie. Es la única pieza que ha sobrevivido al rastreo. Según la documentación adelantada por varios medios, el desplazamiento se realizó con Air Europa, un detalle que inevitablemente reabre el eco de una de las áreas de interés público que más ruido generó en este caso: la posible conexión entre la actividad de Begoña Gómez y empresas que, en distintos momentos, aparecieron en el radar político y judicial. Pero el informe conocido no va más allá de acreditar ese vuelo y su fecha. No describe, al menos en lo publicado hasta ahora, una irregularidad asociada al trayecto ni un uso desviado de recursos. Acredita un viaje; no construye por sí mismo una conducta delictiva. Esa distinción es la que marca la frontera entre un dato relevante y una prueba incriminatoria.

Hay otro detalle que también pesa. La información remitida al juez no especifica cuáles de los 36 viajes detectados fueron institucionales y cuáles fueron particulares o ligados a la actividad privada de Gómez. Eso deja el informe en una posición curiosa: es valioso para descartar coincidencias o confirmar destinos, pero no sirve, por sí solo, para ordenar con limpieza el sentido de cada desplazamiento. Y aun así, incluso con esa limitación, el resultado es pobre para la hipótesis más expansiva. Si la idea era encontrar una secuencia de viajes especialmente comprometidos, el balance se queda en un solo caso localizado y en una lista adicional de destinos como Reino Unido, Egipto, Italia, México, Costa Rica, Perú, Suiza, Países Bajos y Ghana que aparecen en los registros, aunque no forman parte de los países sobre los que el juez puso el acento en febrero.

Qué buscaba exactamente el juez Peinado

Para entender por qué esta novedad importa, conviene mirar un momento el camino que traía la instrucción. La causa contra Begoña Gómez arrancó en abril de 2024 y fue creciendo por capas, como esos asuntos judiciales que comienzan con una sospecha concreta y acaban ramificándose hacia varios frentes. El nombre que aparece desde el principio es el del empresario Juan Carlos Barrabés, por la sospecha de una posible influencia en adjudicaciones públicas; después se sumaron otras piezas ligadas a la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, al registro y uso de un software y al papel de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa. En el estado actual del caso, sobre Gómez han gravitado cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

La línea de los viajes se inserta justamente en esa fase de expansión. No es la pieza original, pero sí una derivada significativa porque buscaba aclarar si hubo desplazamientos con relevancia penal, especialmente si podían vincularse al uso de medios públicos, a la actividad de la asesora o a destinos ya mencionados en el procedimiento. En febrero, Peinado reactivó esa vía al pedir datos a Interior y, casi al mismo tiempo, volvió a reclamar el análisis de los correos corporativos de Gómez enviados y recibidos desde su cuenta institucional entre 2018 y febrero de 2026, una petición que la propia Audiencia había cuestionado previamente por falta de justificación suficiente. Es decir, el juez intentó ensanchar el campo de comprobación en dos direcciones muy concretas: viajes y correos. Y por ahora, en la primera de ellas, la respuesta ha sido bastante menos fértil de lo esperado.

Conviene añadir algo que no es un detalle menor. La UCO no ha remitido un único informe reciente, sino dos. El primero es el de los viajes. El segundo se refiere a un requerimiento judicial relacionado con los dominios de internet asociados al máster que codirigía Gómez en la Complutense. Según lo publicado, la respuesta de Amazon a ese requerimiento tampoco aportó material aprovechable de forma inmediata y emplazó a activar los mecanismos internacionales judiciales y diplomáticos oportunos. La lectura conjunta de ambos informes dibuja una secuencia incómoda para el instructor: dos diligencias recientes, dos resultados con escasa o nula capacidad de apuntalar la hipótesis acusatoria.

La pieza de Cristina Álvarez, una ausencia con peso propio

En esta fase del caso, Cristina Álvarez importa casi tanto como el propio viaje. La asesora de Moncloa aparece bajo la lupa por la sospecha de que pudiera haber desempeñado funciones ajenas a su puesto público en favor de la actividad privada de Gómez. Por eso la coincidencia de ambas en desplazamientos internacionales tenía valor indiciario. No porque viajar juntas fuese delictivo en sí mismo —eso sería una simplificación absurda—, sino porque podía ayudar a reconstruir agendas, apoyos logísticos, presencia en eventos y una eventual utilización de estructura pública para fines distintos a los estrictamente institucionales. La UCO, sin embargo, no ha acreditado esa coincidencia en los destinos concretos solicitados. Y ese vacío no es ornamental: debilita una de las conexiones que el juzgado parecía querer explorar.

La falta de coincidencias tampoco clausura toda discusión sobre el papel de Álvarez. La causa sigue abierta y el foco sobre su relación con las actividades de Gómez permanece. De hecho, la investigación sobre la contratación y el uso de la asesora ha sido uno de los puntos que más atención ha concentrado en las resoluciones recientes. Pero, dicho con claridad, esta diligencia concreta no ha entregado el tipo de material que habría permitido presentar un relato mucho más contundente. El juez buscaba una especie de mapa compartido. Lo que ha aparecido es, más bien, un mapa sin esa superposición. En periodismo judicial, a veces lo decisivo no es lo que se encuentra, sino lo que no se consigue acreditar cuando se busca con tanta insistencia.

El informe que enfría una sospecha

Todo procedimiento de alta exposición pública vive atrapado entre dos velocidades. La primera es la del titular, que avanza rápido, simplifica y sugiere. La segunda es la del sumario, que exige precisión, fechas, soporte documental y una relación lógica entre hechos e hipótesis. El informe de la UCO sobre los viajes coloca este caso otra vez en ese choque de ritmos. Durante semanas se había instalado la expectativa de que podía emerger una secuencia de desplazamientos internacionales problemáticos, con especial atención a países concretos y a posibles coincidencias entre Gómez y su asesora. La información conocida ahora no alimenta esa expectativa; la enfría. Un único viaje, una finalidad asociada a un congreso, sin coincidencia acreditada con Álvarez en los destinos bajo examen. Poco más, al menos por ahora.

Ese enfriamiento tiene consecuencias dentro y fuera del juzgado. Fuera, porque reduce el recorrido de una narrativa que venía funcionando muy bien en clave política: la de unos viajes potencialmente opacos capaces de abrir una nueva grieta en el caso. Dentro, porque obliga a sostener la instrucción con material más fino, más discutible y bastante menos vistoso. No es casual que varios medios hayan descrito este episodio como un revés para Peinado o como una búsqueda que “hace agua”. El punto de fondo no es retórico. Es que la diligencia se planteó para aclarar una sospecha de cierto alcance y ha devuelto un resultado muy modesto comparado con esa ambición inicial.

Tampoco conviene exagerar en sentido contrario. Que esta línea de investigación no haya dado frutos espectaculares no equivale automáticamente a derrumbar todo el procedimiento. La causa sigue en marcha, las diligencias continúan y el juez todavía maneja otros frentes, desde los correos hasta la información ligada a la Complutense y a las actividades profesionales de Gómez. Pero en una investigación tan larga, cada paso cuenta y cada paso se interpreta. Cuando una diligencia anunciada como relevante termina reducida a un viaje aislado, el mensaje que deja no es menor: no hay, de momento, una trama de desplazamientos acreditada que respalde la sospecha más amplia.

Entre el dato verificado y el relato político

El caso de Begoña Gómez arrastra, desde su apertura, un componente político imposible de separar del componente judicial. Ocurre porque afecta a la esposa del presidente del Gobierno y porque cada novedad se convierte de inmediato en munición partidista. Pero los datos tienen una tozudez muy poco teatral. Y en esta ocasión los datos conocidos son bastante concretos: 36 viajes revisados, uno a República Dominicana entre el 1 y el 3 de junio de 2022, ninguna coincidencia acreditada con la asesora en los destinos pedidos, cinco años como límite de conservación de los registros. Todo lo demás pertenece, por ahora, al terreno de la interpretación.

Eso explica por qué la noticia tiene un doble filo. Para quien defendía que la investigación iba a destapar una cadena de movimientos comprometedores, el resultado sabe a muy poco. Para quien sostiene que la causa se ha ido ensanchando sin base sólida suficiente, este informe es una confirmación parcial de ese diagnóstico. Entre una lectura y la otra se mueve el caso desde hace meses. El problema para el juez no es que la política interprete; eso es inevitable. El problema es que los tribunales superiores ya han empezado a revisar su trabajo con bastante dureza y el nuevo informe policial no compensa ese desgaste, sino que lo subraya.

El revés previo de la Audiencia cambia el encuadre

Aquí entra la otra mitad de la noticia, la que da contexto y explica por qué este informe pesa más de lo normal. El 23 de febrero de 2026, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente los recursos presentados por las defensas de Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés y anuló la decisión de Peinado de transformar la causa para que, en caso de juicio, se tramitara por el cauce del tribunal del jurado. Los magistrados fueron muy claros al reprochar la falta de motivación de los autos y la ausencia de una descripción suficientemente precisa de las conductas concretas que justificarían ese salto procesal. Dijeron, además, que el instructor no había recabado “indicios concluyentes y consistentes” y que esa carencia afectaba al derecho a la tutela judicial efectiva de los investigados.

Traducido a lenguaje menos forense y más de calle: la Audiencia le dijo al juez que no basta con sostener una sospecha de forma genérica y empujar el procedimiento hacia una fase más avanzada. Hay que explicar con detalle qué hechos concretos se imputan, sobre qué base indiciaria se apoyan y por qué la vía elegida es jurídicamente sólida. Esa llamada al orden ya dejó tocada la estrategia de instrucción. Cuando, poco después, llega un informe policial sobre los viajes y ese informe no aporta el material que parecía perseguirse, el efecto acumulado es evidente. No es un tropiezo aislado; es un episodio más dentro de una secuencia en la que varias decisiones de Peinado han sido cuestionadas o corregidas.

Hay incluso un elemento más áspero. La propia Audiencia también dejó sin efecto una orden anterior relativa a los correos electrónicos institucionales de Gómez por falta de justificación, al considerar que no cumplía adecuadamente con los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Luego el juez volvió a pedir esos correos con un razonamiento distinto y ya ha entregado copia a la UCO para su análisis. Es decir, el instructor insiste, reformula y sigue buscando. Está en su papel. Pero cada reiteración se produce ya bajo la sombra de una crítica explícita del tribunal superior sobre su manera de motivar algunas resoluciones. Y eso hace que cualquier diligencia fallida o poco concluyente tenga hoy más peso del que habría tenido hace unos meses.

La palabra “prospectiva”, la gran sombra de fondo

En este tipo de procedimientos hay un término que siempre sobrevuela, aunque no aparezca escrito en letras enormes en cada auto: investigación prospectiva. Es decir, una pesquisa que se estira en busca de posibles delitos sin contar todavía con una base suficientemente delimitada. La defensa de Gómez y la Fiscalía han utilizado en distintos momentos argumentos próximos a esa idea para criticar algunas decisiones de la instrucción. La Audiencia, sin llegar a convertir ese debate en un eslogan, sí ha exigido “una mínima verificación sobre la consistencia” de las acusaciones antes de avanzar. Ese pasaje es importante porque conecta de manera directa con lo ocurrido ahora. La búsqueda de viajes sospechosos podía servir para reforzar esa consistencia. Lo conocido hasta el momento no lo ha hecho.

No significa que el juez haya perdido toda capacidad de sostener el caso. Significa que cada vez necesita más hechos verificables y menos insinuaciones. Y justo ahí el informe de la UCO deja una huella rara: no exonera de forma total ni fulminante, pero tampoco entrega un bloque nuevo de indicios. Deja una pieza suelta, concreta, escasa. En una instrucción que intenta convencer de que existe un armazón bastante más amplio, eso sabe a poco. Muy poco.

La causa sigue, pero con menos munición en esta rama

Nada de lo ocurrido estos días equivale a un archivo inmediato de la causa. Eso conviene dejarlo limpio desde el principio para no falsear la foto. Begoña Gómez sigue investigada, Cristina Álvarez sigue en el procedimiento y Juan Carlos Barrabés continúa siendo uno de los nombres centrales del caso. Peinado mantiene abiertas distintas líneas de trabajo y la UCO tiene aún por analizar los correos que le ha remitido el juzgado. Además, la pieza relacionada con la malversación y el eventual uso inadecuado de la asesora para actividades privadas ha tenido su propio recorrido, con resoluciones de la Audiencia que en otros momentos sí avalaron que ciertas conductas pudieran examinarse bajo ese encaje penal. La fotografía, por tanto, no es la de un derrumbe general, sino la de una rama concreta que pierde fuerza.

Eso sí, perder fuerza en una causa tan mediatizada tiene consecuencias inmediatas. En primer lugar, porque obliga a recolocar el foco informativo. El titular ya no es que aparezcan varios viajes oscuros, sino que no han aparecido en la forma y cantidad que se sugería. En segundo lugar, porque rebaja el valor probatorio de una línea que se había presentado como susceptible de abrir nuevas derivadas. Y, en tercero, porque confirma una tendencia de las últimas semanas: cada vez que la instrucción ha intentado ensancharse con pasos de gran impacto, ha tropezado con límites jurídicos, técnicos o probatorios difíciles de disimular. La lista es conocida: el tirón de orejas de la Audiencia por la vía del jurado, la corrección previa sobre los correos y ahora el informe sobre viajes con un balance raquítico.

El asunto, además, tiene una lectura de tono más profundo. En España, cuando una investigación judicial toca poder político, el ruido tiende a crecer antes que la prueba. El nombre, el cargo, la cercanía al presidente, el clima parlamentario, todo eso opera como una amplificación permanente. Pero luego llega el momento de contar vuelos, fechas, destinos, contratos, mensajes, reuniones. Y ahí ya no sirve la espuma. En ese terreno, la novedad de marzo deja una escena bastante más pequeña: un desplazamiento a República Dominicana, sin coincidencia acreditada con la asesora, dentro de una consulta limitada por el plazo de conservación de los registros. Ni más, ni menos.

La foto que deja marzo en el caso

Lo que queda después de este episodio es una imagen mucho menos aparatosa de la que se había sugerido. Peinado quiso comprobar si en los viajes de Begoña Gómez y Cristina Álvarez había un rastro de desplazamientos susceptibles de alimentar la causa. La UCO ha contestado con una hoja bastante sobria: 36 viajes al extranjero revisados, un solo desplazamiento a los países bajo examen, República Dominicana, del 1 al 3 de junio de 2022, Air Europa, un congreso, y ninguna coincidencia acreditada con la asesora en esos destinos. Puesto así, sin adornos ni niebla, el balance es claro. Esta línea de investigación no ha entregado la pieza decisiva que parecía prometer.

Eso no borra el resto del procedimiento, pero sí modifica de manera visible la conversación sobre él. La causa sigue viva, los correos corporativos de Gómez están ya en manos de la UCO para su análisis y el frente relativo a la Complutense y al software continúa dentro del perímetro judicial. Sin embargo, la rama de los viajes sale de esta semana con un peso bastante menor. Y eso importa porque era una de las pocas vías capaces de ofrecer una imagen muy gráfica, muy tangible, casi de aeropuerto y sellos. No la ha dado. Ha dejado, más bien, una escena de baja intensidad probatoria. En un caso donde cada novedad se sobredimensiona al segundo, esa ausencia de hallazgos llamativos es en sí misma la noticia.

Si se mira todo junto, el momento procesal de marzo tiene una lógica muy concreta. Primero, la Audiencia Provincial frenó el salto hacia el jurado y reprochó la debilidad argumental del instructor. Después, los nuevos informes de la UCO llegaron sin el combustible que la instrucción necesitaba para recuperar impulso en esta rama. Así queda la escena, bastante desnuda: un juez que insiste, un tribunal superior que vigila de cerca cómo motiva sus pasos y una policía judicial que, al menos en esta búsqueda, no ha encontrado la trama de viajes que algunos daban por hecha. Eso es lo que realmente ha dejado la semana en el caso Begoña Gómez.