La alcaldesa de Santander abre expediente por El Bocal

Gema Igual expedienta al agente que ignoró el aviso sobre El Bocal y el caso da un giro: 28 horas, seis muertos y una gran pregunta

La decisión de Gema Igual, alcaldesa de Santander, de abrir un expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que recibió el aviso sobre la pasarela de El Bocal ha cambiado el eje de la noticia. Ya no se mira solo el derrumbe que dejó seis jóvenes muertos y una superviviente grave; se mira también lo que ocurrió antes, en esas horas en las que el peligro ya había sido advertido con bastante claridad y, aun así, nadie cerró el paso, nadie inspeccionó la estructura y nadie activó una respuesta eficaz. El caso, de golpe, deja de ser solo una tragedia terrible en la costa de Santander y se convierte además en un problema político, administrativo y humano de primer orden.

La reconstrucción conocida hasta este viernes 6 de marzo sitúa el punto de inflexión el lunes 2 de marzo, cuando un vecino avisó al 112 Cantabria del mal estado de la pasarela. La alerta llegó a la Policía Local y quedó ahí, sin una actuación operativa real. Aproximadamente 28 horas después, el martes por la tarde, la estructura cedió al paso de un grupo de siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras. Seis murieron en la caída a una zona de rocas, agua y fuerte desnivel. La única superviviente, Ainara Rodríguez, de 19 años y natural de Elvillar, en Álava, continúa ingresada en la UCI del Hospital Valdecilla, consciente y estable dentro de la gravedad, con evolución favorable en las últimas actualizaciones conocidas.

Un aviso que llegó y no se convirtió en actuación

El detalle que sostiene ahora toda la historia no es menor, ni accesorio, ni burocrático. Es central. Un vecino, Fernando Cabellos, observó que la pasarela estaba mal, que el suelo cimbreaba, que la madera se movía más de la cuenta y que el paso por allí podía terminar mal. Llamó al 112 y describió el riesgo de forma concreta. No era una queja imprecisa ni un comentario al aire sobre el deterioro del paseo marítimo. Era un aviso ligado a una amenaza inmediata: si pasaba un grupo por encima, aquella estructura podía venirse abajo. Ese aviso existió, ese aviso se trasladó y, sin embargo, no se transformó en una intervención.

Eso es justo lo que ha terminado por admitir el Ayuntamiento. Gema Igual ha reconocido que la cadena de respuesta de la Policía Local falló y ha sido especialmente dura al referirse al agente que recibió la comunicación, hasta el punto de afirmar que “no hizo su trabajo”. La frase tiene un peso enorme porque no procede de la oposición, ni de una filtración, ni de una parte personada en un procedimiento judicial. Sale de la propia alcaldesa, que además ha defendido que la ciudad necesita saber qué pasó exactamente entre el momento en que se comunicó el riesgo y el momento en que la pasarela se desplomó. Ese giro, tan explícito, da una idea bastante precisa de la gravedad interna con la que se está leyendo el episodio en el Ayuntamiento.

El punto más inquietante es que, según lo conocido hasta ahora, no hacía falta resolver en unas horas toda la maraña competencial sobre la pasarela para evitar la tragedia. Bastaba con una medida inmediata y elemental: acotar el acceso, enviar una patrulla, avisar a otro servicio, poner una cinta, bloquear el paso o, sencillamente, comprobar in situ si el peligro descrito era real. La dimensión de la omisión se vuelve especialmente dura por eso. No se discute todavía solo quién debía asumir el mantenimiento estructural de la infraestructura a largo plazo; se discute algo más inmediato y más áspero: por qué no se reaccionó ante un aviso urgente sobre un riesgo mortal.

Qué se sabe de esas 28 horas

La cronología que ha ido aflorando dibuja un vacío muy serio. El vecino llamó el lunes. La alerta pasó por el Centro de Atención de Emergencias y acabó en la Policía Local de Santander. No consta, con lo conocido de forma pública, que se desplazara una patrulla a revisar el puente, que se diese orden de balizar la zona, que se comunicara la incidencia a un servicio técnico con carácter urgente o que se cortara el tránsito peatonal hasta una comprobación. Ese tramo de tiempo, casi un día y cuatro horas, es ahora el gran hueco del caso. Todo lo que ocurra a partir de aquí, tanto en sede administrativa como judicial, va a girar sobre ese intervalo.

La alcaldesa ha querido separar la responsabilidad individual del agente de la responsabilidad política del Ayuntamiento, pero esa línea es inevitablemente fina. La ciudad no está leyendo solo una desatención aislada. Está leyendo una posible avería del sistema. Porque si una alerta tan concreta entra y se pierde, la pregunta ya no es únicamente qué hizo o dejó de hacer una persona. La pregunta es qué protocolos estaban vigentes, cómo se tramitó el aviso, quién supervisaba, quién podía corregir la inacción y por qué una llamada tan clara no provocó ningún reflejo institucional. Ahí es donde el caso se vuelve más delicado para el gobierno municipal.

La tragedia del martes en la costa norte de Santander

El derrumbe se produjo el martes 3 de marzo, en la zona de Punta Cortada, dentro del entorno de El Bocal, un área abrupta de la costa santanderina donde las pasarelas de madera salvan desniveles y permiten el paso junto a un paisaje de acantilados, mar y roca abierta. El grupo avanzaba por la estructura cuando esta cedió de forma súbita. La caída fue a un punto especialmente hostil del terreno, con un acceso muy difícil y una combinación peligrosa de oleaje, piedra y desnivel. Desde los primeros minutos se activó un gran operativo de rescate con medios marítimos, aéreos y terrestres. Las tareas fueron complejas desde el comienzo y el escenario, de por sí, ya explicaba la brutalidad del suceso.

En un primer momento se localizaron varios cuerpos sin vida y una joven pudo ser rescatada con vida. Otra estudiante quedó desaparecida, lo que obligó a mantener durante horas un dispositivo de búsqueda de gran envergadura. Finalmente, el miércoles se localizó el sexto cuerpo, con lo que la tragedia quedó cerrada en su cifra más dura: seis fallecidos y una superviviente. Durante ese tiempo, Santander quedó suspendida en un silencio extraño, casi de playa cerrada en pleno temporal, mientras familiares, compañeros del centro y administraciones seguían un rescate que ya se movía entre la esperanza mínima y la constatación de lo peor.

Todos los jóvenes formaban parte del CIFP La Granja de Heras, un centro muy conocido en Cantabria por su formación ligada al ámbito agroganadero. Tenían entre 19 y 22 años y, según ha trascendido, habían salido a dar un paseo por la costa tras una jornada especial en el centro vinculada a las prácticas y a salidas de Erasmus. Ese dato ha añadido todavía más desgarro a una tragedia que ya de por sí resultaba demoledora: eran estudiantes en un momento de tránsito, de proyectos inmediatos, de despedidas y celebraciones pequeñas, de planes ya hechos para las siguientes semanas. De pronto, todo se rompe en una pasarela que debía servir para cruzar un tramo de costa y acaba convertida en una trampa.

Los nombres detrás del golpe

Las víctimas mortales son Lucía San Martín, de 22 años y vecina de Camargo; Xabier Bayón, de 21 años y natural de Balmaseda; Celia Lage, de 19 años y vecina de Barakaldo; Eunate Hervas, también de 19 años y de Barakaldo; Lluna Vallejo, de 20 años y natural de Almería; y Elena Sirbu, de 20 años y vinculada a Guadalajara. La única superviviente es Ainara Rodríguez, de 19 años, natural de Elvillar, en Álava. El alcance geográfico del duelo explica bien la dimensión de esta noticia: no afecta solo a Santander ni solo a Cantabria. Ha golpeado de lleno a familias y municipios de Cantabria, Bizkaia, Álava, Andalucía y Castilla-La Mancha.

La comunidad educativa de La Granja ha quedado devastada. El centro ha suspendido su actividad ordinaria, ha acompañado a las familias y ha intentado poner algo de orden emocional donde apenas cabe nada. En torno al instituto, la idea que más se repite es una mezcla de incredulidad y vacío. No eran jóvenes anónimos perdidos en una estadística de sucesos. Tenían rostro, grupo, amistades, profesores, rutina compartida. Esa dimensión concreta, casi doméstica, es la que ha hecho que la noticia no se lea como un accidente lejano, sino como un mazazo muy reconocible en buena parte del norte peninsular.

El expediente al agente y la posición de Gema Igual

La comparecencia de Gema Igual este viernes era uno de los momentos más esperados desde que se supo que existía una alerta previa. La alcaldesa confirmó que el Ayuntamiento va a incoar un expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que recibió la advertencia del 112 y no actuó. Lo hizo, además, con un tono poco habitual en una responsable municipal cuando el foco está sobre un miembro de un cuerpo propio. No trató de diluir lo ocurrido en el lenguaje gris de la administración. Admitió el fallo, habló de una cadena que “no funcionó como debía” y dejó claro que, a juicio del Consistorio, hubo una conducta que merece depuración.

Ese movimiento no cierra el caso, claro. En realidad, lo abre todavía más. Un expediente puede determinar si hubo negligencia, omisión de funciones o incumplimiento de protocolos, pero no responde por sí solo a la pregunta mayor: si el error fue solo individual o si hubo un fallo más amplio en el sistema de recepción y gestión de alertas. Ahí está el matiz decisivo. Porque cuando una llamada llega a un servicio público y no genera una respuesta, la responsabilidad puede no agotarse en quien atendió el teléfono. Puede alcanzar a los circuitos internos, a la supervisión, al diseño del protocolo y a la cultura operativa de un cuerpo que, en teoría, existe precisamente para reaccionar con rapidez ante un riesgo evidente.

Igual ha insistido en que no puede responder personalmente por cada actuación individual de un funcionario, pero también ha señalado que asumirá las responsabilidades políticas que correspondan. Esa frase intenta marcar una frontera entre la culpa disciplinaria y la responsabilidad institucional, aunque la presión sobre el Ayuntamiento no va a bajar por ese solo enunciado. En una ciudad como Santander, con el impacto emocional que ha causado El Bocal, la demanda de explicaciones es mucho más concreta: quién sabía qué, quién hizo qué y quién dejó de hacerlo cuando aún había margen para evitar la catástrofe.

Un caso que ya no cabe en una explicación simple

Al principio, tras el derrumbe, el debate parecía centrado en el estado de la pasarela y en la investigación técnica sobre el colapso. Eso sigue en pie y será importante. Pero la aparición del aviso previo rompe cualquier explicación lineal. Ya no basta con decir que una estructura se vino abajo. Ahora hay que responder también por qué, sabiendo que podía pasar algo grave, no se adoptó una medida de prevención inmediata. Ese elemento reordena el caso de arriba abajo. La tragedia no se explica solo por una infraestructura defectuosa. Se explica también, según la información ya conocida, por una respuesta pública que no llegó a tiempo.

También se ha abierto otro frente político delicado: el de la transparencia. La oposición municipal y buena parte del debate público van a pedir con toda lógica acceso a la secuencia exacta de llamadas, comunicaciones internas, turnos, decisiones y posibles omisiones. Cuanto más precisa sea esa reconstrucción, menos espacio quedará para la especulación. Y cuanto más se tarde en aclararla, más crecerá la sensación de que la ciudad aún no sabe del todo qué ocurrió en las horas cruciales anteriores al derrumbe.

La pasarela, Costas y el laberinto de las competencias

Uno de los asuntos más espinosos es el de la titularidad y el mantenimiento de la pasarela. Distintas informaciones conocidas estos días sitúan la infraestructura en un marco competencial ligado a la Demarcación de Costas, mientras que el Ayuntamiento ha apuntado que la conservación estructural no dependía directamente del Consistorio. Ese debate es relevante y puede tener consecuencias administrativas o judiciales importantes. Pero no debe confundir el plano principal de esta fase de la noticia. Una cosa es quién tenía que encargarse de la pasarela de forma ordinaria. Otra, muy distinta, es quién podía y debía reaccionar ante un peligro concreto comunicado con antelación.

Esa diferencia es clave. En términos administrativos, la ciudad puede encontrarse con varias responsabilidades repartidas entre instituciones. En términos prácticos, cuando llega una alerta que describe un posible riesgo de caída mortal, la exigencia inmediata no es resolver una disputa sobre competencias, sino impedir que alguien siga pasando por allí. Por eso, aunque el debate sobre Costas, Ayuntamiento y mantenimiento seguirá muy vivo, la parte más sensible del caso continúa siendo la omisión frente a un aviso previo. Es el elemento que más claramente conecta la información conocida con la idea de una tragedia potencialmente evitable.

Después del accidente, además, se procedió al precinto de otras pasarelas en la zona oeste del mismo entorno costero. Ese movimiento refuerza una percepción pública bastante evidente: había preocupación real por la seguridad de esas estructuras. Si tras la tragedia se cierran otros pasos similares por prevención, resulta inevitable que se multiplique la pregunta sobre por qué no se actuó del mismo modo cuando el aviso llegó un día antes del colapso. La política local, en estos casos, se juega muchas veces en esas comparaciones casi inevitables entre el antes y el después.

La investigación técnica deberá aclarar también el estado real de la madera, el desgaste de la estructura, la exposición al mar y el mantenimiento acumulado durante los últimos años. En una pasarela costera, sometida a humedad, salitre, viento y movimientos del terreno, la conservación no es un detalle. Es la diferencia entre una infraestructura de paso y una pieza insegura. Pero incluso aunque el análisis estructural termine señalando un deterioro avanzado o un fallo material grave, el debate sobre la alerta previa seguirá intacto. Porque el deterioro puede explicar por qué cayó. El aviso previo explica por qué no se evitó.

La llamada que ya pesa sobre todo el caso

Hay tragedias que se recuerdan por una imagen. La de El Bocal probablemente quedará asociada a dos. La primera, la más visible, es la de la pasarela rota sobre un tramo salvaje de costa. La segunda, mucho menos fotográfica y quizá más devastadora, es la de una llamada hecha a tiempo y perdida en el engranaje administrativo. Ese es el punto en el que la ciudad se está examinando a sí misma. No solo el Ayuntamiento, también su sistema de emergencias, su coordinación interna y su capacidad real para reaccionar cuando el peligro todavía está delante y no después.

Lo que ha ocurrido en Santander no cabe ya en el molde rutinario del accidente fortuito sin advertencias previas. La existencia de una alerta concreta cambia la temperatura moral y política del caso. Fernando Cabellos hizo lo que cualquier administración espera de un vecino responsable: detectar un peligro y comunicarlo. Lo hizo. El sistema recibió el mensaje. A partir de ahí, según la información conocida, se abrió un hueco incomprensible entre el aviso y la acción. Ese hueco es el que ahora pesa sobre todas las decisiones posteriores, sobre todas las comparecencias y sobre toda la investigación que sigue abierta.

La evolución favorable de Ainara Rodríguez aporta una de las pocas noticias menos sombrías en medio de una semana devastadora. Su recuperación, todavía con prudencia médica, convive con un duelo que atraviesa varios territorios y con una exigencia política creciente de claridad absoluta. Santander necesita saber qué ocurrió con precisión, sin frases de cartón ni refugio en la burocracia. Necesita saber cómo una advertencia sobre una pasarela inestable acabó desembocando en seis muertes. Y necesita saberlo porque, en este caso, la pregunta de fondo no es solo quién era competente sobre la madera, el tablero o el mantenimiento. La pregunta más dura es otra: quién dejó pasar las horas cuando aún se podía cortar el paso.

La noticia, a esta hora, queda exactamente ahí. Con una alcaldesa que admite un fallo grave, con un agente expedientado, con una investigación abierta sobre la cadena de respuesta y con una ciudad tratando de encajar un hecho especialmente cruel: que el derrumbe de la pasarela de El Bocal no se mira ya solo como una tragedia en la costa de Santander, sino como un desastre precedido por una advertencia precisa que no encontró la reacción que exigía. En esa diferencia, pequeña en el papel y gigantesca en sus consecuencias, está hoy el centro real del caso.