¿Por qué Isabel Perelló tiene al CGPJ dividido y al borde del bloqueo?

Isabel Perelló vuelve a ocupar el centro de la batalla institucional en la Justicia española. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial afronta una fractura interna especialmente áspera, después de que nueve vocales progresistas cuestionaran públicamente su gestión y otros miembros del órgano respondieran acusándolos de intentar condicionar a la presidencia y de acercarse demasiado a las posiciones del Gobierno.

El episodio va bastante más allá de otra escaramuza entre conservadores y progresistas. Carlos Hugo Preciado, vocal elegido a propuesta de Sumar y situado inicialmente en el espacio progresista, ha salido en defensa de Perelló y ha acusado a sus compañeros de “subordinación” y “seguidismo” respecto al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Mientras tanto, el propio Bolaños ha elevado el tono contra el CGPJ, al que acusa de “corporativismo” por archivar su queja contra el juez Juan Carlos Peinado. Una tormenta casi perfecta: discrepancias dentro de cada bloque, enfrentamiento entre Gobierno y judicatura y nombramientos importantes que necesitan acuerdos difíciles de imaginar con el ambiente actual.

Isabel Perelló, en medio de una guerra que ya no tiene dos bandos

Perelló no es una figura secundaria en esta pelea. Es presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ desde septiembre de 2024, cuando fue elegida con 16 de los 20 votos del Consejo. Fue, además, la primera mujer en alcanzar la presidencia del Supremo desde la creación del tribunal. Magistrada desde 1985 y miembro de la Sala Tercera del alto tribunal desde 2009, llegó al cargo con un perfil que pretendía servir de puente después de años de bloqueo en la renovación del gobierno de los jueces.

Dos años después, aquel puente cruje. Y no precisamente por falta de tráfico.

El último choque comenzó alrededor de la apertura del Año Judicial, celebrada el 10 de septiembre. Antes del acto, nueve vocales progresistas difundieron un comunicado en el que reclamaban a Perelló una reflexión crítica sobre la gestión del Consejo. Consideraban necesario que la presidenta hiciera más autocrítica y abordara las responsabilidades propias del CGPJ, no únicamente los problemas imputables al Ministerio de Justicia.

La reacción del sector conservador fue muy dura. Sus vocales entendieron el movimiento como una deslealtad institucional y reprocharon que una discusión de esa naturaleza se trasladara públicamente antes de haber sido tratada dentro del Consejo. El desacuerdo político, algo normal en un órgano plural, pasó así a un territorio más delicado: la ruptura de la confianza personal entre sus miembros.

Carlos Hugo Preciado rompe el dibujo clásico del CGPJ

Aquí aparece el elemento que hace esta crisis particularmente incómoda. Carlos Hugo Preciado no procede del sector conservador. Fue elegido a iniciativa de Sumar, pertenece a Jueces y Juezas para la Democracia y, sobre el papel, encajaba dentro del bloque progresista. Sobre el papel.

Preciado se ha separado claramente de sus nueve compañeros y ha defendido el derecho de Perelló a señalar los problemas de la Administración de Justicia. En su escrito sostiene que el CGPJ no puede convertirse en “una prolongación política del Gobierno” y acusa a los firmantes del comunicado de proteger los planteamientos del Ministerio de Justicia por encima de las necesidades de los tribunales.

Su razonamiento resulta especialmente incómodo para el esquema habitual de bloques porque procede precisamente de uno de los vocales que debía formar parte del espacio progresista. Preciado defiende la colaboración entre instituciones, pero establece una frontera: colaborar con el Gobierno, sostiene, no equivale a seguir sus posiciones. De ahí su acusación de “subordinación” a Bolaños.

No es únicamente una pelea de etiquetas. El voto de Preciado puede alterar mayorías y ya lo ha hecho en anteriores decisiones del Consejo. En octubre de 2025 apoyó, junto a Perelló y vocales conservadores, una composición de las comisiones que dejó al sector progresista en minoría. Entonces nueve vocales llegaron a acusar a la presidenta de haber encabezado la ruptura del consenso interno. La grieta, por tanto, venía de antes; septiembre de 2026 simplemente ha vuelto a abrirla con bastante más ruido.

Qué dijo Isabel Perelló para provocar tanta tensión

El discurso de Perelló en la apertura del Año Judicial era esperado porque llegaba después de varias semanas de choques entre el Ejecutivo y distintos órganos judiciales. La presidenta eligió una defensa muy explícita de la independencia de jueces y magistrados.

Perelló admitió que las resoluciones judiciales pueden y deben ser criticadas. Eso forma parte de una democracia normal. Otra cosa, sostuvo, es atribuir a los jueces motivaciones políticas o utilizar la descalificación personal como forma de presión. Llegó a considerar de “extraordinaria gravedad” que se presente a los tribunales como órganos que deciden por criterios políticos y no jurídicos.

El mensaje tenía destinatarios fácilmente reconocibles aunque la presidenta evitara convertir el discurso en un ajuste de cuentas nominal. El Gobierno había criticado varias actuaciones judiciales recientes, y pocos días antes Perelló ya había reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “máximo respeto” por la actuación de una magistrada de la Audiencia Nacional en relación con la crisis de Ceuta.

Pero Perelló habló también de algo mucho menos vistoso y probablemente más importante para quien espera una sentencia: el atasco de los tribunales. La presidenta ha advertido de que la Justicia española no tiene capacidad suficiente para absorber todos los asuntos que ingresan. A finales de 2025 quedaban cerca de 4,7 millones de procedimientos pendientes y en algunos órganos se están señalando juicios a varios años vista. Ahí se acaba rápidamente la retórica sobre bloques; una justicia tardía resulta bastante menos abstracta cuando el expediente es el propio.

Bolaños contraataca y acusa al CGPJ de corporativismo

La tensión no se ha enfriado tras el discurso. Más bien lo contrario.

Félix Bolaños ha recurrido el archivo de su queja contra Juan Carlos Peinado, juez instructor de la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El ministro sostiene que el Consejo no investigó adecuadamente determinadas actuaciones del magistrado y acusa al órgano de actuar por “conservadurismo” o “corporativismo”.

Su recurso se dirige precisamente contra una decisión de la Comisión Permanente del CGPJ, uno de los órganos centrales del Consejo que preside Perelló. Bolaños considera que la respuesta dada a sus denuncias no alcanza los estándares de rigor que deberían exigirse al órgano encargado de la disciplina judicial. El CGPJ, por su parte, había entendido que las actuaciones cuestionadas tenían naturaleza jurisdiccional y no podían corregirse mediante la vía disciplinaria.

Así aparece una curiosa simetría. Perelló advierte contra la presión política sobre los jueces; Bolaños acusa al gobierno de los jueces de cerrar filas corporativamente. Y dentro del propio Consejo, unos vocales reprochan a otros estar demasiado cerca del ministro. Todo el mundo habla de independencia. El desacuerdo empieza cuando toca decidir quién está invadiendo el terreno de quién.

Por qué la pelea puede acabar bloqueando el Consejo

El problema práctico es la aritmética. Para muchos nombramientos relevantes de la cúpula judicial no basta con reunir una mayoría circunstancial. Las designaciones de presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, entre otras, requieren una mayoría de tres quintos de los miembros presentes del CGPJ. Eso obliga a negociar.

Cuando los bloques se hablan, negociar puede ser difícil. Cuando anuncian que rompen relaciones, la cosa adquiere otro color.

Por eso la palabra “parálisis” ha comenzado a circular alrededor del Consejo. No significa que el CGPJ haya dejado de funcionar ni que todos sus acuerdos estén bloqueados. Significa algo más concreto: determinadas decisiones relevantes pueden quedar atrapadas si conservadores y progresistas son incapaces de reconstruir los consensos necesarios.

Y el voto de Preciado vuelve a complicar el mapa. Su distanciamiento de los demás vocales progresistas rompe la tradicional división de diez contra diez que durante años permitió explicar el Consejo con una facilidad casi futbolística. La institución presenta ahora una geometría bastante menos cómoda: conservadores, nueve progresistas, un vocal progresista que vota con autonomía y una presidenta que insiste en presentarse como neutral e independiente de los bloques.

La disputa tampoco empezó este septiembre

El enfrentamiento actual tiene antecedentes claros. En octubre de 2025, los nueve vocales progresistas ya acusaron a Perelló de romper el consenso después de una votación sobre las comisiones internas del CGPJ. Entonces denunciaron que la nueva distribución dejaba a su sector en una posición subordinada pese a representar una parte muy relevante del pleno.

Perelló había llegado a la presidencia precisamente mediante un acuerdo amplio. Su elección con 16 votos fue interpretada como la posibilidad de abrir una etapa menos tribal después de los años de bloqueo institucional. La realidad posterior ha resultado menos elegante. Los desacuerdos sobre nombramientos, comisiones y relaciones con el Gobierno han ido desgastando ese consenso inicial.

No significa que Perelló se haya convertido sencillamente en la representante del sector conservador, como sostienen algunas críticas. Tampoco que las acusaciones de dependencia política lanzadas contra los vocales progresistas estén acreditadas por el mero hecho de formularlas. Son posiciones enfrentadas dentro de un órgano constitucional en el que las afinidades ideológicas existen, pero cada vocal conserva formalmente su autonomía.

Ahí está precisamente la dificultad. Las etiquetas sirven para contar votos hasta que alguien deja de votar como indica la etiqueta.

Isabel Perelló se juega algo más que una mayoría

Lo que ocurra en las próximas reuniones del Consejo permitirá comprobar si esta crisis permanece en el terreno de los comunicados o empieza a afectar de manera sostenida a nombramientos, comisiones y decisiones institucionales. El precedente aconseja cierta prudencia: el CGPJ ha atravesado enfrentamientos duros antes y ha conseguido pactar cuando la aritmética lo hacía inevitable.

Pero esta vez existen varias fracturas superpuestas. Está el choque entre vocales conservadores y progresistas; el enfrentamiento interno dentro del propio sector progresista alrededor de Preciado; la deteriorada relación entre parte del Consejo y el Ministerio de Justicia; y, por encima de todo ello, una presidenta que ha decidido defender públicamente la independencia judicial frente a las críticas procedentes del poder político.

Isabel Perelló llegó al cargo como una candidata capaz de concitar un apoyo excepcionalmente amplio. Ese capital de consenso está ahora bajo presión. Su reto no consiste únicamente en ganar votaciones, sino en mantener operativo un órgano donde casi cualquier cuestión delicada acaba convertida en una batalla sobre quién controla a quién.

Mientras tanto, fuera de los despachos, quedan millones de procedimientos pendientes y tribunales saturados. Es la paradoja menos vistosa de toda esta guerra: mientras el CGPJ discute sobre autonomía, bloques y lealtades, ciudadanos y empresas siguen mirando el calendario esperando una resolución. Al final, el funcionamiento real de la Justicia también se mide así, en meses y años.

Una mayoría que ya no cabe en dos bloques

La crisis alrededor de Isabel Perelló retrata un problema que España conoce demasiado bien: la politización percibida del gobierno de los jueces y la dificultad de separar la legítima discrepancia ideológica de la independencia que exige una institución constitucional. Ni criticar una resolución judicial equivale automáticamente a atacar a la Justicia, ni invocar la independencia convierte cualquier decisión de un juez o del CGPJ en intocable.

Perelló se encuentra justamente en ese incómodo punto de equilibrio. Tiene que defender a la judicatura frente a presiones externas sin transformar esa defensa en corporativismo, y debe presidir un Consejo plural sin convertirse en la cabeza visible de uno de sus sectores. No es un papel cómodo. Tampoco debería serlo.

La última pelea demuestra, sobre todo, que el viejo esquema de dos bloques perfectamente alineados se ha quedado pequeño. El CGPJ está dividido, pero también lo están sus divisiones. Y de esa aritmética extraña dependerá que el nuevo curso judicial avance o vuelva a atascarse en una institución que, paradójicamente, nació para garantizar que la Justicia pudiera funcionar lejos de las órdenes de la política.