¿Quién es Hammouchi, señalado por Cembrero tras la crisis de Ceuta?

Ignacio Cembrero ha situado un nombre propio en el centro de la tormenta abierta por la entrada masiva de migrantes en Ceuta: Abdellatif Hammouchi, máximo responsable de la Policía y de la inteligencia interior de Marruecos. El periodista especializado desde hace décadas en el país vecino sostiene que Hammouchi pudo coordinar la actuación que permitió y favoreció la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad española durante los días 30 y 31 de julio de 2026. Una acusación muy seria, aunque conviene colocar desde el principio el cortafuegos que separa los hechos acreditados de las conclusiones todavía abiertas: ningún informe policial español atribuye por ahora formalmente a Hammouchi la autoría de la operación.

Lo que sí ha cambiado el tablero es un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. El documento describe una movilización planificada, habla de agentes marroquíes que habrían guiado activamente a grupos hacia puntos concretos de la frontera y considera difícil explicar lo ocurrido como un fenómeno migratorio espontáneo. Interior, sin embargo, mantiene otra lectura: admite que aparecen agentes marroquíes en el informe, pero rechaza que de ahí pueda deducirse que Marruecos, como Estado, organizó la entrada. Y ahí está, precisamente, el enorme agujero político que Cembrero ha decidido explorar.

Qué sostiene exactamente Ignacio Cembrero

Cembrero cree que lo sucedido fue bastante más que una frontera desbordada. Su tesis es que el aparato de seguridad marroquí se habría incorporado a una movilización que inicialmente estaba creciendo en redes sociales y después habría contribuido a impulsarla. Según explicó en LaSexta, la circulación de mensajes aumentó tras una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio y acabó generando la impresión entre miles de jóvenes de que era posible entrar en Ceuta y permanecer en España.

El periodista apunta en particular hacia la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior marroquí. Su razonamiento parte de una incógnita bastante incómoda para Rabat: cómo pudieron concentrarse decenas de miles de personas en las inmediaciones de una frontera especialmente vigilada sin que los poderosos servicios de seguridad del reino detectaran, frenaran o controlaran el movimiento.

Cembrero da un paso más. Considera que la operación pudo comenzar con jóvenes que intentaban llegar a Ceuta a nado y terminar buscando la saturación de los dispositivos españoles, aunque cree que la dimensión adquirida por la movilización terminó desbordando incluso a quienes supuestamente la alentaron. Dicho de otro modo: una cerilla lanzada junto al bosque puede tener un objetivo concreto; el incendio, luego, desarrolla sus propias ideas.

El informe del CENIF cambia la dimensión del caso

El documento policial tiene 55 páginas y utiliza expresiones de enorme alcance. Habla de una posible “dirección estratégica y operacional”, de objetivos que irían más allá de los estrictamente migratorios y de un “guiado activo” de personas por miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. También describe traslados hacia determinados tramos fronterizos y una secuencia orientada a llevar al límite la capacidad española de respuesta.

El informe analiza igualmente la maquinaria digital previa a la entrada masiva. La Policía monitorizó una veintena de grupos de WhatsApp después de detectar convocatorias en Instagram, TikTok y Facebook dirigidas fundamentalmente a población joven marroquí. Según los datos conocidos este 3 de septiembre, el 90,8% de los números de teléfono identificados en la muestra tenía prefijo de Marruecos. Los investigadores consideran difícil que una campaña de semejante alcance surgiera únicamente de forma improvisada y apuntan al empleo de técnicas especializadas de difusión y viralización.

Ahora bien, un prefijo telefónico no lleva membrete ministerial. Que una campaña se origine mayoritariamente entre usuarios marroquíes y que agentes aparezcan favoreciendo movimientos no demuestra automáticamente que existiera una orden del Gobierno de Marruecos. Esa distancia, incómoda pero decisiva, es precisamente la que separa la evidencia operativa de la atribución política.

Hammouchi y la doble jefatura del aparato de seguridad

Aquí entra Abdellatif Hammouchi. Su posición no es la de un funcionario cualquiera perdido en un organigrama. Dirige simultáneamente la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), responsable de la Policía, y la DGST, principal servicio de inteligencia interior del reino.

Cembrero considera que esa doble responsabilidad convierte a Hammouchi en la figura capaz de coordinar una actuación en la que, según su interpretación del material disponible, policías uniformados habrían dejado avanzar a los grupos mientras agentes de paisano los orientaban. También subraya su estrecha vinculación con el Palacio Real y sostiene que una iniciativa de semejante naturaleza difícilmente habría podido realizarse al margen de las más altas estructuras del poder marroquí. De nuevo, se trata de la reconstrucción de Cembrero, no de una conclusión judicial ni de una imputación contenida en el informe del CENIF.

La condecoración de Marlaska que vuelve como un bumerán

La historia guarda una de esas ironías que la política fabrica mucho mejor que cualquier guionista. El 11 de noviembre de 2025, Fernando Grande-Marlaska entregó a Hammouchi la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una de las máximas distinciones del instituto armado, como reconocimiento a la cooperación entre España y Marruecos en materia de seguridad y lucha antiterrorista.

En realidad, la relación venía de antes. Hammouchi ya había recibido en 2019 la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, concedida a propuesta del propio ministro del Interior. Su papel como interlocutor privilegiado de España no apareció ayer: lleva años incrustado en la arquitectura de cooperación policial entre Madrid y Rabat.

Por eso la acusación de Cembrero tiene una carga política evidente. No está señalando simplemente a un responsable extranjero, sino a un hombre presentado durante años como socio esencial de España en terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada e inmigración irregular. El aliado imprescindible y el sospechoso señalado terminan siendo la misma persona. Una paradoja bastante áspera para cualquier Ministerio del Interior.

El Gobierno no compra, de momento, esa conclusión

La posición oficial es mucho más prudente. El Gobierno sostiene que no dispone de pruebas definitivas para afirmar que Marruecos organizara el episodio de Ceuta. Desde Interior se insiste en que la Policía no ha emitido ningún documento que atribuya la autoría intelectual del dispositivo a un Gobierno, servicio de inteligencia o persona determinada. Fuentes gubernamentales también conceden especial valor a las apreciaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que no considera probado que Rabat estuviera detrás de la organización.

Eso no elimina las contradicciones. El informe del CENIF habla de agentes marroquíes, planificación y movimientos dirigidos; el Ejecutivo responde que esos indicios no permiten todavía subir el último peldaño y acusar al Estado marroquí. Hay bastante trecho entre decir “participaron agentes” y afirmar que Mohamed VI ordenó una operación contra España. Jurídicamente es un abismo. Políticamente, sin embargo, la distancia parece bastante más estrecha.

Por qué Cembrero comprende una parte del silencio de Madrid

Aquí aparece el matiz más interesante de las declaraciones de Ignacio Cembrero. Pese a ser muy crítico con la política española hacia Marruecos, el periodista ha defendido parcialmente la cautela inicial del Gobierno. Su argumento es pragmático: Madrid necesita precisamente la colaboración de Rabat para mitigar las consecuencias de la crisis, especialmente en las devoluciones de ciudadanos marroquíes adultos.

No es una cuestión abstracta. Más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio, según el balance oficial español. El Gobierno asegura que entre el 90% y el 95% regresó en las primeras 24 o 48 horas. Entre el 10 y el 31 de agosto se produjeron además 3.519 retornos voluntarios a Marruecos y 214 expulsiones, mientras España seguía ampliando plazas de acogida y recursos administrativos en Ceuta.

La dependencia mutua explica buena parte de la diplomacia española. Acusar públicamente a Rabat de haber provocado una entrada masiva y, acto seguido, pedirle colaboración para devolver a miles de ciudadanos exige una peculiar gimnasia diplomática. Y Marruecos conoce perfectamente esa dependencia. Ahí reside una parte considerable de su capacidad de presión sobre España.

La sombra de la crisis de Ceuta de 2021

La sospecha tampoco surge en terreno virgen. En mayo de 2021, alrededor de 10.000 personas entraron en Ceuta en plena crisis diplomática entre España y Marruecos por la acogida hospitalaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio fue interpretado ampliamente como una forma de presión marroquí sobre Madrid.

Cembrero sostiene que Hammouchi habría desempeñado también entonces un papel relevante. Lo utiliza como antecedente para interpretar 2026: misma frontera, tensión política y un flujo migratorio convertido en instrumento capaz de poner a España contra las cuerdas sin necesidad de tanques, cañones ni comunicados solemnes. La llamada zona gris funciona precisamente así: presión por debajo del umbral de un conflicto convencional, con suficiente ambigüedad para que la responsabilidad resulte difícil de demostrar.

La diferencia es que esta vez existe un documento policial español que introduce elementos concretos sobre el comportamiento de agentes marroquíes. No resuelve quién dio las órdenes. Pero hace mucho más difícil despachar el asunto únicamente como una avalancha espontánea provocada por rumores en internet.

Una relación con Marruecos bajo una lupa mucho más incómoda

La tesis de Ignacio Cembrero puede resumirse con precisión: cree que el aparato de seguridad marroquí participó activamente en la crisis de Ceuta y sitúa a Abdellatif Hammouchi como posible coordinador por su control simultáneo de la Policía y la inteligencia interior. El informe del CENIF aporta indicios compatibles con una actuación organizada y con participación de agentes marroquíes, pero no prueba que Hammouchi diera la orden ni atribuye formalmente la operación al Palacio Real. Esa frontera entre indicio y prueba importa. Mucho.

El Gobierno mantiene por ello su cautela mientras la Audiencia Nacional examina lo ocurrido y Pedro Sánchez afronta este 3 de septiembre una comparecencia parlamentaria marcada precisamente por esa contradicción. Mientras tanto, Ceuta vuelve a recordar una realidad que Madrid conoce desde hace años: Marruecos es socio estratégico, vecino inevitable y potencia con intereses propios, tres cosas perfectamente compatibles y no siempre cómodas. La diplomacia suele consistir en convivir con contradicciones; el problema empieza cuando esas contradicciones cruzan una frontera por decenas de miles.