¿Qué revela la Policía sobre Marruecos y la entrada masiva en Ceuta?

El informe policial enviado a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta dibuja un escenario bastante más inquietante que el de una convocatoria espontánea alentada por redes sociales. El documento recoge indicios de participación de gendarmes marroquíes y agentes de paisano, describe una acción organizada con un elevado grado de coordinación y considera que las mafias migratorias difícilmente podrían haber ejecutado por sí solas una operación de semejante magnitud.

Eso no significa, al menos por ahora, que la Policía haya probado formalmente que el Gobierno de Marruecos ordenó la operación. Y ahí está el centro de la controversia. El Ejecutivo español mantiene que no existe ninguna prueba que atribuya a las fuerzas marroquíes la planificación o ejecución de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio, mientras el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, el CENIF, reúne elementos que apuntan hacia una actuación organizada desde el lado marroquí. Una diferencia aparentemente semántica que, en política exterior, puede tener el tamaño de una frontera.

El informe sobre Ceuta señala indicios que apuntan hacia Marruecos

El documento policial presentado ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tiene 51 páginas más sus anexos y analiza el origen de la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta durante apenas 48 horas. La investigación se abrió para determinar si aquel movimiento pudo responder a una acción concertada o dirigida por una organización y para tratar de identificar a quienes participaron en ella.

La conclusión más significativa del análisis es que lo sucedido no encaja, según los investigadores, con un fenómeno simplemente espontáneo o accidental. El CENIF describe una operación compleja, desarrollada en distintas fases, con un nivel de planificación y coordinación muy elevado. También considera que existen estructuras diferentes actuando hacia un mismo objetivo y bajo una referencia organizativa común.

Hay, sin embargo, una frontera importante entre el indicio y la prueba. El propio informe reconoce que no puede identificar a personas concretas como autores intelectuales o materiales de la operación. Tampoco menciona expresamente al Gobierno marroquí ni a sus servicios de inteligencia como responsables. Describe el paisaje, por decirlo así, pero no coloca todavía una firma al pie.

Precisamente por eso resulta llamativo el detalle con el que analiza determinadas actuaciones desarrolladas en territorio marroquí.

Gendarmes uniformados y hombres de paisano

Los investigadores distinguen dos tipos de actores que habrían desempeñado un papel relevante: miembros uniformados de la Gendarmería marroquí y otras personas sin uniforme que aparecen sobre el terreno ejerciendo funciones de organización.

Según el análisis policial, algunas imágenes difundidas públicamente muestran a miembros de las fuerzas de seguridad dando indicaciones a quienes avanzaban hacia la frontera, ayudándolos a sortear obstáculos o facilitando el movimiento de grupos numerosos en dirección al espigón de El Tarajal.

El documento presta especial atención a otros hombres que no presentan el comportamiento habitual del resto de la multitud. Los investigadores observan que algunos caminan en sentido contrario al flujo, vigilan el entorno, hablan constantemente por teléfono, graban los movimientos de las personas o parecen dar instrucciones y organizar desplazamientos.

En determinados casos, el informe asegura incluso que esas personas aparecen impartiendo órdenes a efectivos uniformados. Es uno de los elementos que alimentan la sospecha de que detrás del movimiento pudo existir una estructura organizada mucho más sofisticada que una red de tráfico de personas.

Pero existe una cautela esencial: buena parte de este análisis procede de fotografías y vídeos obtenidos en fuentes abiertas y redes sociales. Algunas de esas imágenes no han podido ser fechadas con absoluta precisión ni vinculadas de manera independiente a los acontecimientos concretos del 30 y 31 de julio. En una investigación de seguridad nacional, ese matiz pesa bastante más que un pie de foto.

La Policía niega que el documento acuse formalmente a Rabat

La paradoja quedó servida cuando el director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe ningún informe policial que atribuya formalmente a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la entrada masiva.

La afirmación no supone que el informe carezca de referencias a gendarmes o agentes marroquíes. Las tiene. La cuestión es distinta: el documento recoge indicios de intervención sobre el terreno, pero no establece de manera concluyente que el Estado marroquí diseñara y dirigiera toda la operación.

Parece una discusión de abogados sobre el verbo exacto —participar, organizar, facilitar, planificar—, pero no lo es. Acusar oficialmente a un Estado vecino de utilizar una entrada masiva de personas para presionar a España tendría consecuencias diplomáticas muy diferentes a constatar que determinados agentes de ese país pudieron colaborar en ella.

Hay otra pieza delicada. El informe se elaboró por petición de la Audiencia Nacional y, según la explicación trasladada por la Dirección General de la Policía, la magistrada había indicado a los investigadores que no comunicaran su contenido a sus superiores mientras se desarrollaban las diligencias. Esa circunstancia explicaría que la cúpula policial y el Ministerio del Interior no conocieran previamente el documento. Después, la jueza autorizó el acceso de los mandos.

Moncloa mantiene que no hay pruebas contra Marruecos

El Gobierno ha optado por la prudencia y sostiene que sigue sin existir una prueba que permita responsabilizar a Marruecos de la planificación de la crisis. La posición oficial es especialmente sensible porque Pedro Sánchez había defendido durante las semanas anteriores la importancia de la cooperación con Rabat para controlar la frontera.

Moncloa considera que las explicaciones ofrecidas por el director general de la Policía respaldan esa postura. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha insistido en que no hay pruebas acreditadas de participación marroquí en la planificación y ejecución, aunque reconoció que no había leído personalmente el informe en el momento de hacer esas declaraciones.

La primera reacción gubernamental fue algo más abierta. Fuentes de Moncloa pidieron “máxima cautela” y mostraron su sorpresa ante la posibilidad de que existiese un documento con información relevante para la seguridad nacional que no hubiera llegado a las instancias superiores. Marlaska reclamó explicaciones por escrito a Pardo y quiso conocer desde cuándo estaba disponible esa información.

El ministro Félix Bolaños también evitó anticipar posibles medidas diplomáticas. La línea gubernamental consiste, por el momento, en esperar a conocer exactamente qué sostiene el documento y qué valor probatorio concede la Audiencia Nacional a sus conclusiones.

La controversia ha dejado, además, una fisura política interesante dentro del propio Ejecutivo. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y dirigente de Sumar, ha considerado “evidente” alguna responsabilidad de Marruecos, por acción u omisión, dada la magnitud de la entrada registrada desde territorio marroquí.

El argumento es sencillo: resulta difícil imaginar que decenas de miles de personas atraviesen una frontera exterior de la Unión Europea en pocas horas sin que el Estado situado al otro lado tenga alguna capacidad de intervención, aunque esa responsabilidad no equivalga necesariamente a haber diseñado la operación.

Ángel Víctor Torres, responsable de la gestión de la crisis, ha mantenido una posición más cercana a Moncloa, aunque dejó abierta la posibilidad de exigir explicaciones a Rabat si finalmente se demostrara una participación deliberada.

Mientras tanto, el PP ha utilizado el informe para acusar al Gobierno de haber ocultado el papel de Marruecos. El Ejecutivo rechaza esa acusación y sostiene que no conocía el documento debido precisamente a las condiciones impuestas durante la investigación judicial.

Una alerta previa añade otra incógnita a la crisis

El informe contiene también información sobre las horas anteriores a la entrada masiva. El CENIF había remitido el 29 de julio una comunicación que situaba en nivel de “riesgo extremo” la posibilidad de accesos irregulares coordinados por vía marítima y mediante saltos de la valla previstos para el día siguiente.

Aquí vuelve a aparecer otra batalla de interpretaciones. La Dirección General de la Policía sostiene que se trataba de una alerta de riesgo frecuente y que no anticipaba una entrada de la magnitud que finalmente se produjo. El documento, sin embargo, introduce un elemento que inevitablemente reabre el debate sobre cuánto sabían los servicios españoles antes de la crisis y hasta qué punto era previsible semejante movimiento.

La cuestión tiene peso porque durante las semanas anteriores habían aparecido versiones distintas dentro del propio Estado. Defensa señaló que el CNI había advertido del riesgo, mientras Interior defendió que no existió una información capaz de anticipar una entrada masiva de esas dimensiones.

No es un detalle burocrático. Saber qué información circulaba, quién la recibió y cómo se valoró permitirá distinguir entre un acontecimiento prácticamente imposible de prever y un posible fallo de análisis o coordinación institucional.

Qué investiga exactamente la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional todavía debe determinar el alcance penal de los hechos. La jueza María Tardón solicitó a la Policía que analizara si aquella llegada pudo ser una acción concertada o dirigida y que intentara identificar a sus posibles responsables.

El informe del CENIF constituye una pieza de esas diligencias, no una sentencia ni una conclusión judicial definitiva. Ese matiz resulta especialmente importante ante un asunto que mezcla inmigración, relaciones internacionales y seguridad nacional con la histórica sensibilidad española sobre Ceuta y Melilla.

También explica por qué resulta prematuro convertir cada indicio policial en una certeza diplomática. El documento puede apuntar hacia una intervención de agentes marroquíes y, al mismo tiempo, no disponer todavía de elementos suficientes para afirmar que la orden partió del aparato estatal de Rabat. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente, aunque resulten menos cómodas para el debate político.

La investigación tendrá que determinar si existió una dirección organizada, quién pudo ejercerla y qué relación mantenían las personas detectadas en las imágenes con las estructuras oficiales marroquíes. Ahí está la cuestión decisiva. Todo lo demás, de momento, tiene bastante ruido de tertulia alrededor.

Ceuta, entre los indicios policiales y la cautela política

La información conocida modifica de manera importante la fotografía inicial de la crisis de Ceuta. Ya no se discute únicamente sobre una multitud movilizada mediante redes sociales o sobre campañas de desinformación procedentes del extranjero. Existe un informe policial entregado a la Audiencia Nacional que considera la entrada un proceso organizado y analiza la posible intervención de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Lo que todavía no existe es una prueba concluyente que permita afirmar que el Gobierno de Marruecos ordenó esa operación. Esa es precisamente la línea que separa, por ahora, la versión del Ejecutivo español de las sospechas recogidas por los investigadores.

La diferencia puede parecer estrecha, pero es enorme. Una cosa es acreditar que algunos gendarmes ayudaron, orientaron o permitieron avanzar a los migrantes; otra, demostrar que detrás existió una decisión de Estado destinada a desestabilizar la frontera española. La Audiencia Nacional tendrá que determinar hasta dónde llegan los indicios.

Y mientras esa incógnita continúa abierta, permanece una evidencia menos discutible: una entrada de más de 70.000 personas en apenas dos días desbordó Ceuta, abrió una crisis de seguridad y política exterior y volvió a recordar una realidad bastante incómoda. En la frontera sur de Europa, España necesita la cooperación de Marruecos, pero precisamente por eso necesita saber con exactitud qué hizo Marruecos cuando la frontera dejó de funcionar.