¿Por qué el Supremo ha amnistiado a Junqueras y a otros tres líderes del procés?

Nueve años después del 1-O, la justicia española ha cerrado en falso —o en redondo, según se mire— el mayor proceso judicial de la democracia reciente. El Tribunal Supremo ha declarado extinguida la responsabilidad penal de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por la malversación vinculada al referéndum ilegal de 2017. Sin antecedentes, sin inhabilitación y con la causa archivada.

El auto, fechado el 19 de octubre y hecho público este martes, llega justo antes de que empiece el plazo para presentar candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre. Y no es un giro voluntario del Supremo: es el desenlace de un pulso institucional de dos años con el Tribunal Constitucional. Estas son las claves para entender qué ha pasado exactamente y por qué.

Qué ha decidido exactamente el Supremo

La Sala de lo Penal ha aplicado la ley de amnistía —aprobada en junio de 2024— al delito de malversación por el que fueron condenados los cuatro dirigentes independentistas. En la práctica, esto supone tres cosas: se extingue su responsabilidad criminal, se archiva la ejecutoria de las condenas de 2019 y se levantan las inhabilitaciones que todavía pesaban sobre ellos. El Supremo ha ordenado además comunicar la decisión al Ministerio de Justicia para que borre sus antecedentes penales.

El ponente del auto ha sido Manuel Marchena, el magistrado que presidió el juicio del procés. La Sala que lo firma incluye a tres de los siete jueces que juzgaron los hechos en 2019: el propio Marchena, Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral. El resto se ha jubilado o está de baja.

Por qué ha cambiado de criterio: la orden del Constitucional

En julio de 2024, el Supremo se negó en redondo a amnistiar la malversación del procés. Su argumento: los condenados obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial al desviar fondos públicos para sufragar el referéndum, y además resultaron afectados intereses financieros de la Unión Europea. Dos excepciones que, según la ley, dejaban fuera el perdón. Las defensas recurrieron y el Supremo desestimó sus propios recursos en septiembre de ese año.

El vuelco llegó desde fuera. El pasado 6 de octubre, el pleno del Tribunal Constitucional —con su mayoría progresista— estimó el recurso de amparo de Bassa, anuló los autos del Supremo y le ordenó dictar una nueva resolución declarando amnistiado el delito. El Constitucional apreció vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y reprochó al Supremo una interpretación contraria al espíritu de la norma. Catorce días después, la Sala Penal ha acatado.

Y aquí viene lo extraordinario: ha acatado protestando. El auto denuncia el «expansionismo» del Constitucional, sostiene que su resolución «encierra una descalificación que alcanza a otros catorce magistrados» y habla de una «ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica». Obedece, pero deja constancia de que no comparte. Un choque entre los dos altos tribunales sin precedentes en la democracia española.

De la sedición a la malversación: nueve años de encaje legal

Para entender por qué la batalla se libró justo en la malversación hace falta rebobinar. La historia legal del procés es una sucesión de reformas y reinterpretaciones:

1. 1Octubre de 2019. El Supremo condena a doce líderes por sedición y, cuatro de ellos (Junqueras, Turull, Romeva y Bassa), también por malversación. Junqueras: 13 años de prisión e inhabilitación absoluta.
2. 2Junio de 2021. El Gobierno concede indultos parciales: perdonan la prisión pendiente, pero mantienen las inhabilitaciones, vigentes hasta 2030-2031.
3. 3Diciembre de 2022. La reforma del Código Penal suprime la sedición y rebaja la malversación. El Supremo revisa las condenas, pero conserva las inhabilitaciones.
4. 4Junio de 2024. Entra en vigor la ley de amnistía. En julio, el Supremo rechaza aplicarla a la malversación del procés: hay ánimo de lucro personal, dice.
5. 5Octubre de 2026. El Constitucional ordena amnistiar la malversación y el Supremo acata: responsabilidad penal extinguida y causa archivada.
6. 6Próximas semanas. Se espera que el resto de instancias judiciales cierren las causas pendientes contra otros independentistas, incluidos Puigdemont, Comín y Puig.

Qué cambia desde hoy para los amnistiados

Las consecuencias prácticas son inmediatas y, en clave electoral, enormes. Con las inhabilitaciones levantadas a las puertas del plazo de candidaturas —que arranca esta semana y termina el 26 de octubre—, el mapa político catalán cambia de golpe:

• ✓Junqueras, Romeva y Bassa cerrarán las listas de ERC a las generales del 29-N, según ha anunciado ya Esquerra.
• ✓Junqueras puede volver a su plaza de profesor universitario y presentarse a unas autonómicas.
• ✓Puigdemont, Comín y Puig, huidos desde 2017, pueden volver a España sin riesgo de detención; Comín podrá tomar posesión como eurodiputado.
• ✓Todos quedan sin antecedentes penales: a ojos del registro, como si los hechos nunca hubieran sucedido.

«Hoy es un día de victoria, de celebración, tras nueve años de represión que nunca tuvieron que haber existido. Hoy la política vuelve al terreno de la política y sale de la judicialización»

Quien habla es Oriol Junqueras, ante la sede de ERC en Barcelona, minutos después de conocerse el auto. Al otro lado, el Supremo deja por escrito su queja institucional: no hay conflicto con el Constitucional, dice, pero sí una «ruptura» de ese órgano con su propia jurisprudencia. Traducido: obedecemos, pero que conste en acta.

Lo que queda abierto

La decisión no llega en el vacío político. Con las cortes disueltas y las generales del 29 de noviembre convocadas, el PP y Vox negocian una alianza para alcanzar la mayoría de tres quintos en el Senado que les permitiría, a su vez, influir en la renovación de los órganos constitucionales. La oposición lleva dos años sosteniendo que la amnistía fue el peaje pactado por Sánchez con los independentistas a cambio de la investidura de 2023, y el auto de este martes les da munición para la campaña. El PSOE, mientras, defiende que la ley es constitucional porque así lo ha certificado el propio tribunal de garantías.

También queda pendiente el efecto dominó en los tribunales inferiores. En las próximas semanas se espera que el resto de instancias judiciales procedan a amnistiar o cerrar las causas aún abiertas contra otros independentistas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigados por su actuación en otoño de 2017. Y falta por ver si el Supremo llevará su queja por el «expansionismo» del Constitucional a algún terreno más allá del papel: de momento, la denuncia escrita en el propio auto ya es, en sí misma, un hecho inédito.

La amnistía cierra la vía penal, pero no el debate. Queda saber cómo resolverán el resto de tribunales las causas pendientes de otros implicados en las próximas semanas, si el fallo del Supremo alimenta los recursos de quienes se sienten agraviados por un perdón que consideran político, y qué papel jugará todo esto en una campaña electoral del 29-N que ya venía caldeada por la crisis de vivienda y la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre.

Nueve años después de aquellas urnas de octubre de 2017, la pregunta original de Junqueras en el juicio —«esto no se resuelve en los tribunales»— se ha cumplido de la forma más retorcida posible: los tribunales han terminado resolviendo que ya no hay nada que resolver. La pelota, otra vez, en el tejado de la política.