¿Por qué Latorre acusa a Sánchez de traición tras la crisis de Ceuta?

Rafa Latorre ha convertido su monólogo de Onda Cero en una severa acusación contra la gestión de Pedro Sánchez durante la crisis de Ceuta. El periodista sostiene que el Gobierno ha pasado de negar la participación marroquí en la entrada masiva de migrantes a cuestionar la actuación de organismos del propio Estado cuando ha aparecido un informe policial que describe una intervención mucho más inquietante de las fuerzas de seguridad de Marruecos.

Ese es el núcleo del asunto, aunque conviene separar el martillo de la radio del expediente que está sobre la mesa. Latorre habla de una “traición” de Sánchez a sí mismo y acusa al Ejecutivo de intentar desacreditar sucesivamente al CNI, la Monarquía y ahora la Policía Nacional para proteger al presidente. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, por su parte, sí aprecia planificación, permisividad y un “guiado activo” de personas por agentes marroquíes, pero no identifica de manera concluyente al Gobierno de Marruecos como autor intelectual de la operación. Ahí, en ese espacio incómodo entre los indicios y la atribución formal, se libra buena parte de la batalla política.

El monólogo fue emitido a las 8.14 horas, menos de una hora antes de que Sánchez compareciera este 3 de septiembre ante el Congreso para explicar la respuesta del Ejecutivo a lo ocurrido en Ceuta desde el 30 de julio. La cita parlamentaria estaba fijada para las 9.00 horas y llega después de más de un mes de crisis, de manifestaciones en numerosas ciudades españolas y, sobre todo, de la publicación de un documento policial que ha reabierto una cuestión que Moncloa creía relativamente controlada: qué papel desempeñó realmente Marruecos.

El ataque de Rafa Latorre contra la versión del Gobierno

Latorre arranca de una contradicción que considera difícil de explicar. Sánchez había descartado públicamente que existieran pruebas suficientes para responsabilizar a Marruecos. Después se conoció el informe elaborado por el CENIF, una unidad de inteligencia criminal integrada en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

El documento analiza lo sucedido durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y sostiene que no fue un fenómeno puramente espontáneo. Habla de una movilización organizada mediante redes sociales, una presencia policial marroquí anormalmente reducida y efectivos que habrían orientado a grupos de personas hacia determinados lugares de paso, especialmente en la zona del Tarajal. Los investigadores señalan incluso que el movimiento buscó saturar la capacidad española de respuesta.

Para Latorre, que el Gobierno mantuviera mientras tanto una posición prudente hacia Rabat plantea dos posibilidades igualmente incómodas: que desconociera una información importante manejada por una unidad policial o que la conociera y, aun así, decidiera no modificar su discurso.

Su acusación más áspera llega ahí. El periodista sostiene que el Ejecutivo “está dispuesto a vender a todos los cuerpos del Estado” para preservar políticamente al presidente. Es una valoración de Latorre, no un hecho acreditado, pero resume el tono de un monólogo que presenta la controversia de Ceuta no solo como una crisis migratoria, sino como una crisis de confianza institucional entre los organismos encargados de gestionar la seguridad del país.

Qué dice realmente el informe policial sobre Marruecos

El matiz resulta decisivo porque las distintas interpretaciones del documento están alimentando titulares aparentemente incompatibles. El informe del CENIF sí señala a miembros de las fuerzas marroquíes. Describe permisividad policial, una reducción del despliegue habitual y situaciones en las que supuestos gendarmes indicaban a los migrantes por dónde avanzar. También identifica a personas de paisano que, según el análisis policial, parecían coordinar movimientos dentro de la multitud.

La unidad concluye asimismo que hubo planificación previa y táctica y considera que la finalidad estrictamente migratoria pudo actuar como cobertura de una operación con efectos de desestabilización. El análisis de mensajes de Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas detectó convocatorias sincronizadas, rumores sobre la apertura de la frontera y contenidos destinados a multiplicar la concentración de personas.

Pero una cosa es detectar que agentes marroquíes participaron o facilitaron determinados movimientos y otra, jurídicamente mucho más grave, afirmar que el Estado marroquí ordenó la operación. Esa segunda afirmación no está demostrada en el documento con la misma claridad.

Tres responsables policiales comunicaron a Interior que ningún informe atribuía hasta ese momento la autoría intelectual del asalto a un Gobierno, servicio o persona concreta. Moncloa se agarra precisamente a esa distinción y al criterio del CNI, que no considera acreditado que Rabat organizara la entrada masiva.

La diferencia entre indicios y autoría

Puede parecer un juego semántico, pero no lo es. Si unos agentes marroquíes colaboraron sobre el terreno, la cuestión es grave; si existió una decisión deliberada del aparato estatal marroquí para provocar una crisis dentro de territorio español, la escala cambia por completo. Entraríamos en el terreno de las acciones hostiles contra otro Estado, con consecuencias diplomáticas y de seguridad bastante más serias que una disputa fronteriza.

Esa es también la razón por la que el Gobierno defiende cautela. Acusar oficialmente a Marruecos sin pruebas concluyentes supondría abrir una crisis bilateral con un país cuya cooperación resulta fundamental para controlar la frontera, gestionar devoluciones y contener nuevos movimientos migratorios. Es una explicación comprensible desde la diplomacia; políticamente, sin embargo, se vuelve bastante más difícil de sostener cuando una unidad de la propia Policía describe actuaciones de agentes marroquíes sobre el terreno.

Por qué Marlaska no conocía el informe del CENIF

Otro de los puntos explotados por Latorre afecta directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Cuando trascendió el contenido del documento, el ministro reclamó explicaciones al director general de la Policía sobre cuándo se había obtenido aquella información y por qué no había llegado a sus manos.

La respuesta introduce una circunstancia relevante: la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga los hechos, había pedido inicialmente a los agentes que mantuvieran reserva sobre el informe. Según la información conocida, ni siquiera la dirección de la Policía dispuso del documento completo mientras estuvo sometido a esa reserva judicial. La jueza autorizó posteriormente el acceso de los superiores policiales.

Esto debilita la tesis más simple de que unos policías decidieron por su cuenta ocultar información al ministro. No resuelve, sin embargo, otra cuestión: qué alertas circularon antes del 30 de julio y qué organismos las recibieron.

El propio informe del CENIF recoge avisos previos sobre el riesgo de una entrada masiva. Margarita Robles había defendido también que el CNI monitorizó la situación y compartió análisis, mientras Marlaska sostuvo durante semanas que no existió una advertencia capaz de anticipar una avalancha de aquella magnitud. Las dos afirmaciones pueden coexistir técnicamente —una alerta sobre riesgo no equivale a prever exactamente 72.000 entradas—, pero la fotografía institucional queda, digamos, bastante menos limpia de lo deseable.

Ceuta vuelve a poner a prueba la relación con Marruecos

Detrás del choque existe además una política exterior muy concreta. Sánchez ha apostado durante los últimos años por estabilizar la relación con Rabat y considera la cooperación marroquí imprescindible para la seguridad fronteriza española.

El presidente ha defendido incluso que, sin esa colaboración, la situación actual de Ceuta sería peor. Buena parte de las personas que entraron durante la crisis han regresado a Marruecos y cualquier proceso de devolución o reunificación necesita, inevitablemente, interlocución con las autoridades del país vecino. Ese pragmatismo diplomático explica la enorme cautela de Moncloa.

Pero también genera un coste político. Cuando aparecen indicios de que fuerzas marroquíes pudieron favorecer el movimiento hacia territorio español, la prudencia diplomática empieza a parecer indulgencia hacia Rabat a ojos de la oposición y de parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo.

Alberto Núñez Feijóo ha ido bastante más lejos que el Gobierno: responsabiliza a Marruecos y reclama medidas diplomáticas. También sectores situados a la izquierda del PSOE han cuestionado que Sánchez descarte tan rápidamente la implicación de Rabat. La discusión, por tanto, ya no transcurre únicamente por la habitual autopista Gobierno-oposición. Hay tráfico en todos los carriles.

De la crisis migratoria a una crisis de Estado

Más de 72.000 personas cruzaron hacia Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, una cifra excepcional que desbordó los dispositivos de seguridad y acogida y colocó a la ciudad autónoma ante una emergencia humana, policial y política.

Desde entonces el debate ha cambiado. Al principio la discusión estaba centrada en cómo pudo producirse semejante entrada y cómo atender a miles de personas. Ahora gira también alrededor de quién la promovió, qué sabía cada organismo español, cuándo lo sabía y por qué las versiones públicas de Interior, Defensa, Policía y servicios de inteligencia parecen encajar con dificultad.

Y ahí Latorre encuentra terreno abonado. Su monólogo no demuestra que Sánchez ocultara conscientemente una operación marroquí, pero sí señala una debilidad política real: el Gobierno necesita explicar por qué fue tan categórico al descartar determinadas hipótesis cuando todavía había información policial pendiente de incorporar al cuadro completo.

Al mismo tiempo, sería precipitado convertir los indicios recogidos por el CENIF en una sentencia firme contra Rabat. La investigación judicial continúa y el informe policial no establece de manera definitiva quién diseñó la operación ni desde qué nivel, en caso de haber existido una dirección organizada. Esa prudencia no es una delicadeza diplomática; es la distancia que separa una sospecha seria de una acusación de Estado.

La grieta ya no está solo en la frontera

El éxito del monólogo de Rafa Latorre se explica porque toca una fibra más profunda que la discusión partidista del día. Onda Cero ha colocado el foco sobre un problema institucional incómodo: cómo puede gestionar España una crisis de seguridad nacional cuando distintas estructuras del propio Estado manejan análisis que parecen conducir a conclusiones diferentes.

Sánchez tiene margen para defender que no existen pruebas concluyentes contra el Gobierno marroquí. El CENIF, al mismo tiempo, ha documentado comportamientos de fuerzas marroquíes que merecen una explicación difícil de despachar con un encogimiento de hombros. Ambas cosas pueden ser ciertas. Precisamente por eso la comparecencia parlamentaria de este jueves importa.

Porque el problema ha dejado de ser solo determinar cuántas personas cruzaron una frontera. Se trata de averiguar quién abrió el camino, quién lo sabía y qué hizo el Estado español con esa información. Y, después de un mes de versiones cruzadas, Ceuta necesita algo menos sofisticado que otro argumentario: hechos comprobables.