¿Cómo la desinformación contra las ONG puede poner vidas en riesgo?

La desinformación contra las ONG ha dejado de ser una pelea secundaria en redes sociales. Cuando una organización humanitaria es presentada sin pruebas como una mafia, se manipula el destino de una subvención o se difunde que sus voluntarios favorecen deliberadamente una crisis migratoria, el daño no termina en una pantalla. Se erosiona la confianza, aumenta la hostilidad contra quienes trabajan sobre el terreno y se crea un clima social en el que recortar la cooperación empieza a parecer una decisión sencilla, casi indolora.

La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a mostrar esa mecánica. Durante las últimas semanas han circulado mensajes falsos o engañosos contra Cruz Roja y otras organizaciones: desde acusaciones de no haber ayudado durante la dana de Valencia o los incendios hasta afirmaciones sobre supuestos teléfonos regalados a migrantes. Algunas de esas narrativas han terminado acompañadas por boicots, amenazas y ataques verbales. Lo que comienza como una publicación compartida miles de veces puede acabar frente a una furgoneta que ya no consigue repartir comida. Ahí cambia todo.

De un bulo en redes a una política de recortes

La desinformación funciona especialmente bien cuando aprovecha algo verdadero y lo retuerce apenas unos grados. Una cifra real. Una fotografía auténtica, pero antigua. Una subvención existente de la que se elimina el destino. Una escena grabada en otro momento presentada como si estuviera ocurriendo esta mañana.

Ese pequeño desplazamiento es suficiente. La mentira burda suele tropezar pronto; la media verdad viaja mejor.

Uno de los ejemplos más claros afecta a las ayudas públicas destinadas a cooperación internacional. Una concesión de cuatro millones de euros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo al Ministerio de Finanzas palestino fue difundida en redes como si España estuviera entregando dinero sin control y con la posibilidad de que terminara financiando armamento.

El contexto cambia bastante la fotografía. La partida pertenece al mecanismo europeo PEGASE, utilizado para financiar salarios y pensiones de la Autoridad Palestina, prestaciones sociales y servicios sanitarios. Los desembolsos están sometidos a controles de la Comisión Europea y auditorías externas.

Pero el mensaje viral necesita menos espacio: cuatro millones, Palestina y una insinuación. El resto molesta.

La misma técnica se ha visto fuera de España. Durante la ofensiva política contra la agencia estadounidense de cooperación USAID se difundieron afirmaciones falsas sobre supuestos gastos extravagantes. Entre ellas, que se habían destinado decenas de millones de dólares a preservativos para Hamás en Gaza. El programa mencionado correspondía en realidad a la provincia mozambiqueña de Gaza y estaba relacionado con prevención y tratamiento del VIH.

La confusión geográfica parece un chiste de sobremesa. No lo fue.

Ceuta, el escaparate más reciente del problema

La tensión alrededor de la llegada masiva de migrantes a Ceuta ha proporcionado un terreno especialmente fértil. En apenas las primeras 48 horas de la crisis, un estudio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia detectó 9.590 publicaciones de odio y un volumen de mensajes de este tipo tres veces superior al habitual.

Las organizaciones humanitarias quedaron atrapadas dentro de ese vendaval.

Contra Cruz Roja volvió a circular, por ejemplo, la afirmación de que ayudaba a los migrantes mientras había abandonado a los afectados por la dana de Valencia. La acusación no se sostiene: la organización desplegó recursos desde las primeras horas de aquella catástrofe y mantuvo después programas de asistencia durante meses.

Otra ONG, Mission Life International, fue acusada de regalar teléfonos móviles a las personas llegadas a Ceuta. La organización explicó que no entregaba terminales: disponía de una estación de energía solar instalada en una furgoneta para recargar los móviles de quienes necesitaban comunicarse con familiares.

Una diferencia pequeña en caracteres. En significado, un océano.

Cuando la mentira abandona el teléfono móvil

El problema aparece cuando esa narrativa digital encuentra piernas.

Las campañas contra organizaciones que trabajan con migrantes han derivado en amenazas contra voluntarios, difusión de datos personales y acusaciones de colaboración con mafias. En Ceuta incluso se han producido protestas y obstáculos al reparto de alimentos.

Aquí la desinformación deja de ser simplemente un problema de calidad informativa. Se convierte en un riesgo operativo.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha dedicado precisamente su Informe Mundial sobre Desastres 2026 a este fenómeno. Su diagnóstico resulta poco tranquilizador: la información dañina puede debilitar el acceso a la ayuda, romper la confianza entre organizaciones y comunidades y elevar el peligro para trabajadores humanitarios y voluntarios.

No hace falta imaginar escenarios sofisticados. Si una familia cree falsamente que una vacuna es peligrosa, puede rechazarla. Si circula una ubicación falsa para recibir agua, cientos de personas pueden desplazarse hacia un lugar donde no existe ningún reparto. Si una organización médica es presentada como colaboradora de uno de los bandos de una guerra, sus vehículos dejan de parecer ambulancias para algunos ojos.

Y entonces una mentira puede costar algo bastante más serio que una discusión en redes sociales.

El dinero público y la trampa de la cifra desnuda

Naturalmente, financiar cooperación internacional con impuestos públicos admite discusión. Debe admitirla.

La actividad de una ONG no queda santificada por llevar un chaleco con un logotipo, y ningún programa de cooperación debería disfrutar de inmunidad frente a preguntas sobre su eficacia, sus costes o el destino de cada euro. Fiscalizar no es desinformar. Exigir transparencia tampoco.

Otra cosa consiste en eliminar deliberadamente el contexto hasta convertir cualquier ayuda exterior en una extravagancia.

El cómodo dilema de «ellos o nosotros»

Una de las narrativas más repetidas enfrenta el gasto destinado fuera de España con necesidades internas: dinero para Palestina frente a hospitales españoles, cooperación africana frente a pensiones, ayuda a refugiados frente a víctimas de una catástrofe nacional. Ese «ellos o nosotros» simplifica un presupuesto público hasta volverlo irreconocible.

Es una fórmula formidable para redes sociales porque cabe en una fotografía partida por la mitad. También es bastante tramposa.

Los presupuestos públicos no funcionan como un monedero en el que cada euro gastado en cooperación haya sido retirado previamente de una cama hospitalaria concreta. Las prioridades presupuestarias pueden —y deben— discutirse, pero presentar esa relación automática fabrica una causalidad que no existe.

Hay además una paradoja incómoda. Parte de la cooperación internacional se destina precisamente a contener epidemias, hambre, desplazamientos forzosos o colapsos institucionales antes de que sus consecuencias atraviesen fronteras. No siempre funciona, por supuesto. Pero reducirla a caridad ornamental es quedarse mirando únicamente la primera pieza del dominó.

La ayuda mundial ya está sufriendo un retroceso histórico

Este debate llega, además, en un momento particularmente delicado.

La ayuda oficial al desarrollo de los países miembros y asociados del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE cayó un 23,1% en términos reales durante 2025, el mayor descenso anual registrado en esta estadística. La ayuda dirigida a los países menos desarrollados disminuyó un 25,8% y la destinada al África subsahariana, un 26,3%.

Estados Unidos concentró buena parte de ese retroceso. Su ayuda oficial cayó un 56,9% en 2025.

Conviene separar bien los planos: sería incorrecto atribuir semejante contracción exclusivamente a la desinformación. Intervienen decisiones presupuestarias, cambios políticos, prioridades nacionales, guerras, gasto en defensa y nuevas orientaciones de los gobiernos. Pero los bulos proporcionan un combustible útil: si previamente se convence al ciudadano de que la cooperación es un fraude, recortarla resulta políticamente mucho más barato.

Las consecuencias de la falta de financiación, en cambio, tienen poca retórica.

La Organización Mundial de la Salud calcula que las restricciones financieras del sistema humanitario han afectado a más de 6.600 centros sanitarios, dejando sin determinados servicios a más de 53 millones de personas. En 2026, alrededor de 239 millones necesitarán algún tipo de asistencia humanitaria.

En Gaza, la falta de fondos ha obligado a reducir servicios relacionados con agua, alimentación, protección infantil y atención a desplazados. En otros escenarios, desde Afganistán hasta Yemen o Sudán, las organizaciones internacionales están seleccionando qué servicios pueden conservar y cuáles deben abandonar.

Eso significa médicos, antibióticos, vacunas, agua potable. Cosas bastante menos abstractas que un porcentaje presupuestario.

Las ONG tampoco pueden pedir un cheque en blanco

Hay otra parte de la conversación que a veces desaparece entre trincheras digitales. Defender los hechos no obliga a idealizar a las organizaciones humanitarias.

Las ONG manejan fondos, contratan personal, toman decisiones y pueden cometer errores. Deben publicar cuentas, explicar proyectos, someterse a auditorías y aceptar escrutinio político y periodístico. Cuando reciben dinero público, la exigencia de transparencia es especialmente razonable.

La frontera relevante no separa a quienes apoyan o critican la cooperación. Separa el argumento verificable de la acusación inventada.

Puede discutirse si España debería aportar más o menos dinero a determinada política exterior. Puede discutirse incluso si un programa concreto funciona mal. Lo que no constituye una discusión presupuestaria seria es afirmar que una subvención sanitaria financia cohetes sin aportar prueba alguna, convertir una estación de carga de móviles en un reparto de teléfonos o borrar de la historia la actuación de Cruz Roja en una catástrofe porque una publicación viral resulta más cómoda.

La democracia liberal vive precisamente de esa diferencia, pequeña en apariencia y enorme en realidad: discutir sobre hechos comunes, incluso para llegar después a conclusiones opuestas.

Cuando el bulo termina teniendo consecuencias físicas

La desinformación sobre la ayuda humanitaria tiene una característica especialmente desagradable. Sus víctimas finales rara vez son quienes escribieron el mensaje.

El político obtiene un argumento. La cuenta anónima suma interacciones. El vídeo acumula reproducciones. La indignación cambia de tema al día siguiente. Pero el efecto sobre el terreno puede continuar mucho después.

Mientras tanto, una organización puede perder donantes, un voluntario recibe amenazas, una ambulancia encuentra una carretera bloqueada o una clínica deja de disponer de dinero. Ahí aparece la parte que el algoritmo no enseña: el coste físico de la mentira.

Ese es el fondo de la noticia. La desinformación contra las ONG no consiste únicamente en creer algo falso. Su verdadera capacidad aparece cuando modifica comportamientos, legitimidades y presupuestos. Cuando hace aceptable lo que un día antes exigía explicaciones.

Y cuando ese proceso alcanza la cooperación humanitaria, detrás de las cifras no hay una abstracción burocrática. Hay alguien esperando agua, comida o una medicina que quizá, esta vez, no llegue.