Caso residencias: el choque judicial que puede abrir una macrocausa

La investigación judicial sobre las muertes en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia ha entrado en un terreno nuevo. Una jueza de Navalcarnero sostiene que los procedimientos no deberían examinarse únicamente como una sucesión de casos individuales y reclama que se investigue si los protocolos de no derivación hospitalaria pudieron generar un patrón común de discriminación entre los residentes. La pelota, otra vez, termina en la Audiencia Provincial de Madrid.

Conviene precisar el alcance porque la palabra “macrocausa” tiene cierta facilidad para correr más deprisa que los autos judiciales: la macrocausa no está abierta. Lo que existe es un conflicto sobre qué juzgado debe investigar los hechos y sobre si distintas denuncias pueden —o deben— acumularse en un mismo procedimiento. Y ese debate acaba de complicarse todavía más: la jueza María Isabel Durántez, responsable del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha consultado al presidente de la Audiencia Provincial ante las resoluciones contradictorias dictadas por distintas secciones del propio tribunal.

Una jueza quiere investigar un patrón común en las residencias

El movimiento que ha reactivado el caso parte de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero Plaza Dos. En un auto fechado el 31 de julio de 2026, la magistrada plantea una cuestión de competencia frente al Juzgado número 3 de Madrid, que anteriormente había rechazado asumir el procedimiento.

La jueza considera insuficiente examinar únicamente qué ocurrió con cada residente, su estado médico concreto y las circunstancias de cada geriátrico. Entiende que existe un elemento que atraviesa los procedimientos: los protocolos de derivación hospitalaria y la forma en que fueron aplicados durante las semanas más duras de marzo y abril de 2020.

El asunto, por tanto, cambia ligeramente de foco. Ya no se trataría solo de establecer si un residente concreto debió ser trasladado a un hospital y no lo fue, sino de determinar si las reglas utilizadas para decidir esos traslados contenían criterios capaces de producir una exclusión generalizada de determinados mayores.

Ahí aparecen factores especialmente delicados: el grado de dependencia, la movilidad o el deterioro cognitivo. Según el razonamiento judicial conocido, debe aclararse si esos elementos pudieron condicionar sistemáticamente el acceso a la asistencia hospitalaria de un grupo de residentes y configurar un posible trato discriminatorio.

El posible delito que entra en escena

La resolución menciona el artículo 511 del Código Penal, que castiga determinados supuestos de denegación discriminatoria de prestaciones o servicios públicos. Eso no significa que el delito esté probado —ni mucho menos—, sino que la jueza considera necesario investigar si las decisiones adoptadas pueden encajar eventualmente en ese marco penal.

La diferencia es importante. En una investigación judicial, estudiar la posible existencia de un delito no equivale a declararlo cometido. Primero habrá que reconstruir decisiones, responsabilidades e instrucciones; después, en su caso, determinar si existen indicios suficientes contra personas concretas. El derecho penal suele avanzar con zapatos bastante menos veloces que el debate político.

La Audiencia Provincial afronta criterios contradictorios

El verdadero embrollo está en que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha ofrecido respuestas diferentes ante situaciones parecidas.

Dos de sus secciones se han pronunciado contra la acumulación de procedimientos, defendiendo que cada fallecimiento presenta circunstancias sanitarias y asistenciales propias y exige un examen individual. Sin embargo, la Sección Séptima decidió en julio unir dos investigaciones al apreciar suficientes similitudes entre ellas y el riesgo de que procedimientos separados acabaran ofreciendo respuestas judiciales incompatibles.

No es una sutileza menor. Estamos hablando del mismo órgano judicial llegando, a través de distintas secciones, a criterios que apuntan en direcciones opuestas. Procesalmente, un pequeño laberinto. Y los laberintos judiciales tienen una mala costumbre: consumen meses mientras las carpetas engordan.

La jueza María Isabel Durántez ha terminado trasladando la situación al presidente de la Audiencia Provincial, Juan Pablo González-Herrero, para aclarar cómo debe actuar. Dos secciones se han opuesto a la acumulación y otra la ha respaldado. Ni siquiera está completamente claro que la presidencia de la Audiencia sea el órgano competente para solucionar el conflicto; la cuestión podría terminar elevándose al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Fiscalía, por su parte, ha respaldado la posibilidad de una investigación conjunta.

Qué cambiaría realmente una macrocausa de las residencias

La acumulación no convertiría automáticamente todas las muertes en un único hecho ni borraría las circunstancias médicas particulares de cada persona. Eso sería jurídicamente difícil de sostener. Lo que permitiría es investigar en un mismo procedimiento el tronco común de las decisiones: quién elaboró las instrucciones, quién las conoció, cómo circularon, qué margen tenían médicos y geriatras y hasta qué punto condicionaron las derivaciones hospitalarias.

Después seguiría siendo necesario analizar cada caso cuando hubiera que establecer una relación concreta entre una decisión y un resultado determinado. La eventual macrocausa serviría para examinar conjuntamente el origen y aplicación de los protocolos, no para convertir en idénticas historias clínicas que no lo eran.

La ventaja procesal resulta evidente. Los mismos responsables no tendrían que prestar declaración una y otra vez ante juzgados diferentes; documentos, correos y testimonios comunes podrían valorarse dentro del mismo expediente y disminuiría el riesgo de acabar con resoluciones incompatibles sobre unas directrices idénticas.

Durante más de seis años, las investigaciones han avanzado repartidas entre numerosos juzgados. Existen más de 80 procedimientos abiertos y cuatro antiguos responsables intermedios del Gobierno madrileño han llegado a ser investigados por una posible discriminación en el acceso a la sanidad.

Qué decían los protocolos de derivación hospitalaria

Para comprender por qué todo vuelve una y otra vez al mismo documento hay que regresar a marzo de 2020, al momento en que los hospitales madrileños estaban sometidos a una presión extrema.

Las distintas versiones de los protocolos contemplaron criterios relacionados con enfermedades terminales, deterioro funcional y deterioro cognitivo para determinar la derivación hospitalaria de residentes. Entre las referencias empleadas figuraban escalas clínicas como el índice de Barthel, utilizado para medir el grado de autonomía de una persona en actividades básicas, o la escala GDS, relacionada con el deterioro cognitivo.

La posición inicial del Gobierno madrileño fue que uno de los documentos había sido un borrador enviado por error y que las decisiones finales dependían de criterios clínicos individuales. Con el tiempo aparecieron correos, documentos y declaraciones judiciales que han alimentado la discusión sobre el alcance real de aquellas instrucciones. El antiguo director de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur declaró en 2026 que los protocolos estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus preparado por la Comunidad.

Precisamente ahí reside buena parte de lo que los tribunales tendrán que despejar: una cosa es disponer de recomendaciones médicas para un sistema hospitalario al límite; otra muy distinta sería establecer barreras generales basadas en dependencia o discapacidad sin una valoración clínica suficientemente individualizada.

Ese matiz, enorme en términos jurídicos y éticos, está en el centro del procedimiento.

Los 7.291 fallecidos y una cifra que necesita contexto

El número 7.291 se convirtió hace años en el símbolo de la tragedia de las residencias madrileñas. Pero conviene utilizarlo correctamente.

Son los residentes que, según datos oficiales de la Comunidad de Madrid obtenidos posteriormente, fallecieron en los geriátricos durante marzo y abril de 2020 sin haber sido trasladados previamente a un hospital. No significa que las 7.291 muertes estuvieran confirmadas como consecuencia de la COVID-19 ni demuestra por sí misma que todos esos fallecimientos fueran provocados por los protocolos.

Precisamente eso es lo que hace tan compleja la discusión judicial. Entre esas miles de personas había situaciones clínicas diferentes. Algunos residentes podían encontrarse en fases terminales o contar con decisiones médicas que justificaran no realizar un traslado agresivo; otros casos presentan circunstancias distintas y son objeto de las investigaciones actuales.

Una macrocausa no eliminaría esas diferencias. Intentaría responder a una cuestión anterior: determinar si existió una política común que condicionó quién podía llegar al hospital.

El derecho penal no juzga estadísticas. Juzga conductas y responsabilidades personales.

Por eso incluso una eventual investigación unificada tendría que identificar quién decidió qué, con qué información, qué capacidad real de decisión tenía cada responsable y qué consecuencias produjo su actuación. También deberá distinguir entre la elaboración de criterios generales, su transmisión a los centros, la interpretación realizada por los profesionales sanitarios y la situación concreta de unos hospitales que atravesaban una emergencia extraordinaria.

La pandemia explica el contexto. No resuelve por sí sola las responsabilidades.

Una decisión que puede cambiar seis años de investigación

El siguiente movimiento relevante corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid, aunque el peculiar choque entre sus propias secciones podría obligar a buscar una solución en una instancia superior.

Si termina imponiéndose la acumulación, el caso de las residencias cambiará de escala: el centro de gravedad pasaría de decenas de historias judiciales dispersas a una investigación común sobre el origen, la transmisión y los efectos de los protocolos. Si se mantiene la separación, cada juzgado continuará reconstruyendo su caso particular, incluso cuando parte de las pruebas y de los responsables sean los mismos.

Seis años después de aquellas semanas de ambulancias, hospitales saturados y residencias convertidas casi de repente en una frontera sanitaria, la justicia todavía intenta decidir cuál es la lente adecuada para mirar lo ocurrido: muchas decisiones individuales o una estructura común con consecuencias múltiples.

Ese es, exactamente, el dilema que tiene encima de la mesa la Audiencia de Madrid. Y antes de determinar responsabilidades penales queda algo bastante elemental, aunque haya costado años llegar hasta aquí: decidir quién debe investigarlas y bajo qué procedimiento.