¿Cómo quiere Ben-Gvir sacar de Gaza a 1,86 millones de palestinos?

Itamar Ben-Gvir ha colocado la salida masiva de palestinos de Gaza en el centro de su campaña para las elecciones israelíes del 27 de octubre de 2026. El ministro de Seguridad Nacional y líder de Otzma Yehudit, formación de extrema derecha, ha presentado un programa denominado “Desconexión 710” que pretende fomentar lo que define como emigración voluntaria desde la Franja: 250.000 personas durante el primer año, 1,11 millones en tres años y aproximadamente 1,86 millones en siete años.

No se trata, al menos por ahora, de una política aprobada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Es una propuesta electoral de Ben-Gvir, aunque bastante más desarrollada que un simple eslogan de mitin: contempla crear un ministerio específico, negociar con países receptores, financiar viajes y alojamiento, ofrecer ayuda laboral durante dos años y destinar miles de millones de séqueles al proyecto. Otzma Yehudit quiere además convertir su aceptación en una condición para participar en la próxima coalición de Gobierno.

Qué propone exactamente el plan “Desconexión 710”

La arquitectura diseñada por el partido de Ben-Gvir parte de una premisa que será también su principal campo de batalla político y jurídico: las salidas deberían ser, según sus promotores, exclusivamente voluntarias. Cada persona o familia tendría que disponer antes de marcharse de un país dispuesto a recibirla y de un estatus legal regularizado en el destino. No bastaría, por tanto, con abrir una frontera y señalar la puerta.

El programa prevé preparar un expediente individual para cada solicitante, tramitar documentación y visados y procurar que las familias permanezcan juntas. También plantea diferentes vías para instalarse fuera de Gaza mediante empleo, estudios, tratamiento médico, reunificación familiar o patrocinio comunitario. A ello se añadirían el coste del viaje, una primera solución habitacional, formación profesional, ayuda para encontrar trabajo y asistencia durante un máximo de 24 meses.

Ben-Gvir quiere que ese mecanismo tenga una administración propia. Su partido exigirá la creación de un Ministerio de Emigración Voluntaria, con ministro, director general, presupuesto independiente, equipo de negociación internacional y una estructura dedicada exclusivamente a gestionar las salidas. La expresión puede sonar burocrática, casi anodina; detrás hay una de las propuestas demográficas más radicales que han llegado a la campaña israelí.

El proyecto también establece controles de seguridad individuales, objetivos anuales y estadísticas mensuales sobre solicitudes, autorizaciones, salidas, costes y asentamiento en los países receptores. Es decir, intenta convertir una vieja idea política —reducir drásticamente la población palestina de Gaza mediante emigración— en una maquinaria administrativa medible, con ventanillas, expedientes y presupuestos.

De 250.000 salidas el primer año a 1,86 millones

Las cifras explican la dimensión real de la iniciativa. 250.000 residentes de Gaza deberían abandonar el enclave durante el primer año. El objetivo acumulado subiría hasta 1,11 millones en tres años y alcanzaría aproximadamente 1,86 millones al cumplirse siete.

No es una cifra marginal ni un programa destinado únicamente a quienes ya tienen familiares en el extranjero. El propósito afectaría a una parte enorme de la población gazatí y modificaría de raíz la estructura demográfica del territorio. La escala distingue esta propuesta de anteriores iniciativas dirigidas simplemente a facilitar la salida de quienes ya deseaban emigrar.

El coste tampoco sería pequeño. El diseño difundido por el partido contempla una inversión inicial israelí de 10.000 millones de séqueles para poner en marcha el sistema y una estructura financiera que podría alcanzar los 50.000 millones, condicionada a la participación internacional y a los acuerdos con los Estados receptores. Parte del dinero podría dirigirse precisamente a esos países en función del número de personas acogidas y del cumplimiento de los objetivos pactados.

Qué países podrían recibir a los palestinos que abandonen Gaza

Ahí aparece el enorme agujero práctico del proyecto. Turquía, Etiopía, Congo y distintos países árabes figuran entre los destinos estudiados por el equipo de Ben-Gvir, pero no hay constancia pública de acuerdos que permitan absorber a cientos de miles de personas en las cantidades previstas.

El propio debate israelí sobre la emigración desde Gaza lleva tiempo chocando con esa pared. Durante meses se han mencionado contactos con distintos gobiernos africanos y otras posibles fórmulas de acogida, sin que haya surgido una red internacional de países receptores capaz de sostener un desplazamiento de semejante escala. La teoría cabe en una carpeta ministerial; encontrar Estados dispuestos a recibir a cientos de miles de palestinos es bastante más complicado.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, volvió a poner la cuestión sobre la mesa poco antes de la presentación de Ben-Gvir. Katz aseguró que los preparativos israelíes para facilitar la emigración de habitantes de Gaza continúan existiendo, aunque afirmó que el proyecto había quedado “congelado” por Donald Trump y que sería necesario el respaldo de Estados Unidos para avanzar. Según Katz, varios países potencialmente receptores reclamarían precisamente garantías estadounidenses antes de comprometerse.

Ese antecedente introduce una diferencia esencial. Ben-Gvir puede transformar la emigración en bandera electoral; convertirla después en política ejecutable exige gobiernos receptores, financiación, cooperación diplomática y cobertura jurídica. Sin esa red, el proyecto continúa siendo una declaración de intenciones con números muy concretos pero fronteras bastante menos concretas.

Por qué Ben-Gvir convierte Gaza en una cuestión electoral

La fecha importa. Israel celebrará elecciones legislativas el 27 de octubre, y la derecha llega a ellas fragmentada. Netanyahu ha tratado de evitar que pequeñas formaciones de su bloque desperdicien votos quedándose por debajo del umbral electoral del 3,25%. En Israel, donde ninguna fuerza suele gobernar sola y las coaliciones deciden quién ocupa el poder, unos pocos escaños pueden valer una legislatura.

Ben-Gvir tiene, por tanto, dos públicos. Uno está en Gaza; el otro, mucho más inmediato, está en las urnas israelíes. Su formación necesita movilizar al electorado más nacionalista y marcar distancias respecto a otros partidos de la derecha, un terreno donde la política hacia Gaza se ha convertido en una competición constante por endurecer posiciones.

Otzma Yehudit pretende distinguirse mediante una propuesta que empuja todavía más lejos el debate sobre el futuro del enclave. No plantea únicamente derrotar o desarmar a Hamás. Su programa aspira a alterar de manera permanente la realidad demográfica de Gaza mediante una salida masiva incentivada y organizada desde el Estado.

Y añade una palanca especialmente relevante: el partido quiere llevar el plan a una futura negociación de coalición. Si los resultados convierten a Ben-Gvir en socio necesario para formar mayoría, la “Desconexión 710” dejaría de ser solamente material electoral y podría convertirse en una exigencia dirigida directamente a Netanyahu o a cualquier candidato capaz de reunir los 61 diputados necesarios para gobernar.

De la retirada israelí de 2005 a la “Desconexión 710”

El nombre tampoco es casual. La palabra “desconexión” remite inevitablemente a la retirada israelí de Gaza de 2005, cuando Israel evacuó sus asentamientos y retiró tropas permanentes del interior del enclave. Ben-Gvir presenta su proyecto como una respuesta ideológica a aquel precedente.

El “710” remite al 7 de octubre de 2023, fecha del ataque dirigido por Hamás contra Israel. El ministro sostiene que aquel día destruyó la idea de que una retirada territorial podía garantizar seguridad. Su respuesta es exactamente inversa: en lugar de retirar población israelí, plantea fomentar la marcha de buena parte de la población palestina y mantiene además su defensa de un futuro reasentamiento israelí en Gaza.

La idea no apareció en septiembre de 2026 de la nada. Ben-Gvir lleva años defendiendo fórmulas de emigración palestina y, desde el comienzo de la guerra, convirtió esa posición en una de sus señas políticas. La novedad está en la escala, el presupuesto y los objetivos cuantificados: ya no se presenta únicamente como consigna ideológica, sino como un proyecto con estructura administrativa y calendario.

La palabra decisiva del plan: qué significa “voluntaria”

Ese adjetivo sostiene todo el edificio. El proyecto insiste en que nadie sería obligado a marcharse y que los incentivos económicos, laborales o residenciales ofrecerían una posibilidad a quienes deseen empezar una nueva vida en otro país.

Pero la discusión jurídica no termina colocando la palabra “voluntaria” delante de emigración. El artículo 49 del IV Convenio de Ginebra prohíbe los traslados forzosos individuales o masivos y las deportaciones de personas protegidas desde un territorio ocupado. Las evacuaciones admitidas por razones imperiosas de seguridad tienen carácter excepcional y temporal.

La cuestión central sería, por tanto, determinar si una eventual salida responde a una decisión verdaderamente libre o está condicionada por circunstancias que hagan inviable permanecer. Esa diferencia puede parecer semántica hasta que se observa el terreno: vivienda, alimentación, seguridad, acceso sanitario, libertad de movimiento y posibilidades reales de reconstrucción. En derecho internacional, la existencia de coerción no depende únicamente de que alguien sea subido físicamente a un autobús contra su voluntad.

Por eso el choque alrededor de la propuesta de Ben-Gvir será mucho más profundo que una disputa sobre vocabulario. Incentivar una emigración genuinamente libre y ejecutar un traslado forzoso son jurídicamente situaciones distintas, y la frontera entre ambas dependería de las condiciones materiales en las que cada palestino adopte su decisión.

Un proyecto electoral que aspira a convertirse en política de Estado

La “Desconexión 710” tiene todavía demasiadas incógnitas para presentarse como un programa gubernamental listo para ejecutarse. Faltan países receptores confirmados, acuerdos internacionales, garantías sobre el estatuto de quienes salgan, una mayoría parlamentaria que lo respalde y una respuesta a las inevitables objeciones legales y diplomáticas.

Pero reducirlo a una extravagancia electoral también sería quedarse corto. El ministro que lo propone forma parte del Gobierno israelí, dirige un partido que puede resultar importante en la construcción de la próxima mayoría y ha anunciado que el Ministerio de Emigración estará entre sus principales exigencias tras las elecciones.

Ahí está la noticia de fondo. La discusión sobre el futuro de Gaza ha pasado de las operaciones militares y los planes de reconstrucción a una campaña electoral israelí en la que uno de los socios de la derecha plantea, con presupuesto y calendario, la salida de 1,86 millones de palestinos.

El 27 de octubre las urnas decidirán cuánto poder tendrá Ben-Gvir para intentar convertir esa propuesta en política de Estado. Entre tanto, el plan deja una cifra difícil de disimular bajo cualquier etiqueta administrativa: casi dos millones de personas en siete años. Y una palabra, “voluntaria”, sobre la que recaerá buena parte de la batalla política, diplomática y jurídica.