¿Por qué Cataluña se queda fuera de PISA tras siete avisos ignorados?

Cataluña afrontará la publicación de PISA 2025 con un agujero difícil de disimular: sus resultados propios no podrán compararse de forma válida con los de anteriores ediciones ni con los de otros territorios. El problema no nació de una nota baja ni de una caída inesperada en matemáticas o comprensión lectora. Llegó antes, en la propia organización de las pruebas. La muestra catalana excluyó a demasiados alumnos y dejó de cumplir los criterios estadísticos exigidos por la OCDE.

El error ha terminado teniendo consecuencias dentro del Departamento de Educación de la Generalitat. La consejera Esther Niubó ha abierto expedientes disciplinarios a tres personas y ha relevado a Teresa Sambola, hasta entonces secretaria general y número dos de la consejería. El Govern desvincula formalmente este último cese de los expedientes de PISA, aunque la propia Niubó admite que el episodio actuó como detonante al dejar al descubierto problemas de funcionamiento interno. Una sutileza administrativa importante: una cosa es ser sancionado por el caso y otra perder el puesto cuando el caso ha revelado que la maquinaria chirría.

Y hay otra precisión relevante. Decir que Cataluña queda completamente fuera de PISA simplifica lo ocurrido. Sus datos podrán formar parte del cálculo estatal español, pero la muestra ampliada específicamente catalana ha perdido la representatividad necesaria para ofrecer la comparación internacional y temporal que perseguía la Generalitat. En términos prácticos, Cataluña se queda sin una de las fotografías educativas más valiosas del ciclo.

El error que invalida la comparación de Cataluña en PISA

La raíz del problema está en una cifra: 23,2%. Ese fue aproximadamente el porcentaje de alumnos seleccionados en Cataluña que terminaron excluidos de las pruebas. La referencia de la OCDE establece un límite muy inferior, alrededor del 5%, precisamente para impedir que una selección excesiva altere la representatividad de la muestra.

PISA no pretende examinar a todos los estudiantes. Trabaja con muestras diseñadas estadísticamente para representar al alumnado de 15 años. Si se retira de esa muestra a demasiados jóvenes —por ejemplo, por determinadas necesidades educativas— el resultado deja de ser una fotografía fiel. Es como pesar una cesta de fruta después de retirar casi una cuarta parte de las piezas siguiendo un criterio que puede influir en el peso: el número final existe, claro, pero ya no representa la cesta original.

En Cataluña estaban llamados a participar cerca de 2.500 estudiantes y alrededor de 591 terminaron fuera de la prueba. Según las explicaciones ofrecidas por Educación, apenas cinco de los 51 centros participantes respetaron el porcentaje máximo de exclusión establecido.

El problema, por tanto, no es únicamente que hubiera alumnos exentos. PISA contempla excepciones. Lo extraordinario es la magnitud de las exclusiones y que el fenómeno se reprodujera en prácticamente toda la muestra catalana.

Las instrucciones que recibieron los centros eran incompletas

La investigación interna del Departamento ha terminado desplazando buena parte de la responsabilidad desde los colegios hacia la estructura administrativa encargada de organizar las evaluaciones.

Educación había señalado inicialmente posibles problemas en la aplicación realizada por los centros. Después ha rectificado. Las instrucciones facilitadas a los colegios contenían información, pero no dejaban suficientemente claro el límite del 5% que debía respetarse. Es un detalle pequeño escrito sobre el papel y gigantesco cuando se trabaja con una muestra estadística internacional.

Ahí empieza el verdadero problema institucional. No fue solo una interpretación distinta de unas instrucciones. El Ministerio de Educación había detectado mientras se desarrollaba el proceso que Cataluña estaba acumulando demasiadas exclusiones.

Siete advertencias que podían haber evitado el fiasco

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dependiente del Ministerio, lanzó hasta siete avisos relacionados con el exceso de alumnos excluidos. La primera advertencia llegó el 9 de abril de 2025 y las comunicaciones continuaron durante las semanas siguientes, cuando todavía existía margen para pedir correcciones a los centros.

Esas alarmas no produjeron la reacción necesaria. Según las conclusiones conocidas de las diligencias internas, los avisos no llegaron de forma efectiva a las direcciones escolares ni fueron elevados hasta los responsables políticos que podían intervenir. Niubó sostiene que ninguna información sobre el problema llegó a su mesa durante aquella fase.

Eso cambia bastante el retrato del caso. Ya no estamos únicamente ante una instrucción redactada de manera deficiente. Existía un mecanismo de alarma y sonó varias veces. Lo desconcertante es que nadie terminara accionando el freno.

La responsable de Educación ha sido especialmente crítica con quienes coordinaban las pruebas y considera que no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. Las diligencias han desembocado en tres procedimientos disciplinarios que deberán determinar responsabilidades concretas y, en su caso, sanciones.

Dos posibles faltas graves y otra de carácter leve

Los expedientes afectan a dos funcionarios y un alto cargo vinculados a la gestión del proceso. Dos de los procedimientos se refieren a posibles incumplimientos graves de funciones y deberes; el tercero examina una posible infracción leve relacionada con descuido o negligencia.

Los expedientes todavía deben tramitarse, por lo que su apertura no equivale a una declaración definitiva de culpabilidad. Es una diferencia elemental, aunque a veces la política contemporánea tenga cierta afición por convertir el inicio de una investigación administrativa en sentencia, juicio oral y película para televisión durante la misma tarde.

Las tres personas investigadas ya no desempeñan las mismas responsabilidades dentro del Departamento. El Govern ha anunciado además que hará pública más documentación relacionada con el caso cuando concluya la tramitación de los procedimientos disciplinarios.

Teresa Sambola sale de Educación y Marta Clari ocupa su puesto

En paralelo a los expedientes, Niubó ha relevado a Teresa Sambola, que ejercía como secretaria general de Educación y era, en la práctica, la número dos del departamento.

La Generalitat insiste en que Sambola no figura entre las tres personas expedientadas y que su destitución no constituye una sanción por las pruebas PISA. La consejera la presenta como parte de una reorganización destinada a reforzar la capacidad de gestión de una consejería enorme y particularmente compleja.

Pero tampoco ha intentado fingir que ambos acontecimientos viven en universos separados. Niubó ha reconocido que el caso PISA ha servido como detonante para detectar procedimientos internos que no funcionaban correctamente.

El Govern de Salvador Illa ha nombrado para sustituirla a Marta Clari, procedente del Ayuntamiento de Barcelona y con experiencia en gestión pública. El movimiento busca imprimir un perfil más gerencial a la secretaría general después de una crisis que, precisamente, ha mostrado que entre una instrucción, un correo de advertencia y una decisión política puede abrirse un barranco considerable.

Qué pierde Cataluña al no tener resultados comparables

PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes de la OCDE, analiza periódicamente las competencias de jóvenes de 15 años en áreas como matemáticas, lectura y ciencias. Sus resultados permiten observar tendencias a largo plazo y comparar sistemas educativos.

Cataluña participa desde hace años con una muestra ampliada propia, lo que proporciona datos suficientemente detallados para analizar la evolución del sistema catalán de manera independiente. Ese es precisamente el instrumento que queda dañado en la edición de 2025.

Los resultados catalanes existen. El problema es que la OCDE considera que la elevada exclusión reduce su representatividad y, por ello, no podrán utilizarse con las mismas garantías para saber si Cataluña mejora o empeora respecto a ciclos anteriores o dónde se sitúa frente a otros territorios.

Y eso pesa especialmente después de los malos resultados de PISA 2022, cuando Cataluña registró retrocesos importantes y el debate sobre el nivel educativo ocupó durante meses el centro de la política catalana. La siguiente edición debía servir, entre otras cosas, para medir si las medidas adoptadas habían empezado a corregir aquel deterioro. Esa comparación se ha perdido.

Un error administrativo que acaba siendo un problema político

La historia tiene algo incómodo para cualquier Gobierno que reivindique la gestión como bandera. Había reglas conocidas, existían responsables encargados de aplicarlas, llegaron advertencias externas y todavía había tiempo para corregir el rumbo. Sin embargo, la información quedó atrapada en algún punto de la estructura administrativa.

El episodio también coincide con un comienzo de curso especialmente delicado para Salvador Illa y Esther Niubó, con el conflicto laboral docente abierto y una convocatoria de huelga prevista para el primer día lectivo. PISA añade otra capa a una discusión educativa que ya venía cargada.

La oposición y varios socios parlamentarios del Govern consideran insuficientes los ceses y expedientes y reclaman explicaciones más profundas sobre la cadena de responsabilidades. Porque queda una cuestión esencial sin despejar del todo: cómo pudieron ignorarse siete advertencias dentro de una administración que llevaba años participando en estas evaluaciones.

No parece un misterio estadístico. Tampoco una desgracia imprevisible. Es algo bastante más prosaico y, por eso mismo, quizá más preocupante: instrucciones incompletas, avisos que no llegaron donde debían y una cadena de supervisión incapaz de corregir un problema mientras todavía tenía remedio.

Cataluña se queda sin una fotografía educativa decisiva

El daño principal del caso PISA no es una posición menos en una clasificación internacional. Ni siquiera el bochorno político de varios días de titulares. Cataluña pierde información comparable sobre su propio sistema educativo, justo cuando necesitaba comprobar si había conseguido recuperarse del retroceso registrado en la edición anterior.

Habrá datos y habrá explicaciones. También expedientes, nuevas responsabilidades y un relevo en la cúpula de Educación. Lo que no podrá reconstruirse después es la muestra de 2025 con las condiciones que exigía la OCDE.

Una evaluación internacional cuesta dinero, organización y meses de trabajo. Pero su auténtico valor está en poder confiar en la fotografía final. Esta vez, cuando Cataluña mire la imagen, encontrará una zona desenfocada precisamente donde más necesitaba ver con claridad.