¿Qué propone Iustitia Europa y por qué se presenta a las generales?

Iustitia Europa quiere dejar de ser conocida principalmente por sus escritos en los juzgados y probar suerte donde la política cobra su forma más incómoda: las urnas. La formación presidida por el abogado y ex guardia civil Luis María Pardo ha anunciado que proclamará el 27 de septiembre, en Madrid, su candidatura a las próximas elecciones generales, previstas para 2027 salvo adelanto electoral. El partido se presenta a sí mismo como un “antipartido”, rechaza encuadrarse en la izquierda o la derecha y promete una profunda reforma del sistema político español.

Su programa permite, en cualquier caso, situar con bastante claridad algunas de sus posiciones. En inmigración plantea deportaciones masivas de personas en situación irregular, el cierre y refuerzo de la frontera sur, el despliegue del Ejército y la Armada y una reforma profunda de la Ley de Extranjería. También defiende reducir el peso de los partidos sobre las instituciones, rechaza la Agenda 2030 y las subvenciones públicas a las formaciones políticas y reivindica lo que denomina un “reinicio moral” de España.

No parte exactamente de cero. Iustitia Europa concurrió a las elecciones europeas de junio de 2024 y obtuvo 26.611 votos en toda España. No consiguió representación. Dos años después intenta transformar una presencia hasta ahora mucho más visible en los tribunales que en las urnas en una candidatura nacional con opciones de entrar en el Congreso.

Iustitia Europa prepara el salto de los tribunales a las urnas

La notoriedad de la formación ha aumentado durante 2026 por su participación en procedimientos judiciales de enorme repercusión política. Iustitia Europa ha ejercido la acusación popular en causas que afectan a dirigentes o personas vinculadas al PSOE, pero también ha promovido actuaciones contra figuras situadas en otros espacios políticos.

Uno de los ejemplos más claros llegó en agosto, cuando una denuncia del partido provocó la apertura de diligencias por la compra de un ático de 6,3 millones de euros por parte de Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid. El inmueble estaba destinado inicialmente a albergar de forma temporal el despacho de Isabel Díaz Ayuso durante unas obras en la Real Casa de Correos. Posteriormente, la Fiscalía remitió al mismo juzgado otras denuncias y PSOE y Más Madrid solicitaron personarse en el procedimiento.

La formación también ha impulsado actuaciones judiciales relacionadas con dirigentes socialistas y presentó otras iniciativas contra Santiago Abascal, Carlos Mazón o el juez Santiago Pedraz. Esa dispersión forma parte de la identidad que intenta proyectar Pardo: ni aliado estable de la izquierda ni satélite formal de la derecha.

Una declaración de independencia ideológica resulta, claro, más sencilla que escapar de las coordenadas políticas. España lleva décadas enterrando el eje izquierda-derecha y desenterrándolo cinco minutos después. Iustitia Europa sostiene que esa división está agotada; sus propuestas, sin embargo, dibujan posiciones reconocibles, especialmente en inmigración, soberanía nacional, Unión Europea o políticas medioambientales.

Ceuta convierte a la formación en un actor nacional

El gran escaparate de Iustitia Europa ha sido la crisis de Ceuta. El partido presentó el 30 de julio de 2026 una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigara si la entrada masiva de personas desde Marruecos podía responder a una actuación organizada y si existían posibles delitos relacionados con la seguridad del Estado, la inmigración irregular o la actuación de organizaciones criminales.

La Audiencia Nacional abrió diligencias y reclamó información a las fuerzas de seguridad. Desde entonces, el asunto ha ido creciendo políticamente. El contenido y alcance de un informe policial incorporado a las actuaciones ha provocado incluso versiones contradictorias sobre el posible papel de Marruecos. A fecha de 3 de septiembre, no puede afirmarse como hecho probado que Rabat organizara la entrada masiva: el director general de la Policía trasladó al ministro Fernando Grande-Marlaska que el informe no atribuye a Marruecos su planificación o ejecución, mientras la investigación judicial continúa tratando de esclarecer qué ocurrió.

Iustitia Europa ha llevado también el caso ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Europea, ampliando así una estrategia basada en utilizar distintas vías judiciales e institucionales. Para una formación pequeña, la ecuación es evidente: cada procedimiento relevante multiplica una visibilidad que una campaña tradicional costaría mucho más dinero conseguir. Eso no convierte sus denuncias en acertadas ni equivocadas por definición; corresponde a los tribunales determinar su recorrido.

Qué propone Iustitia Europa sobre inmigración y fronteras

Es precisamente en inmigración donde el proyecto político de Pardo abandona cualquier ambigüedad. Su contrato electoral propone reforzar las vallas de Ceuta y Melilla, habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en la frontera, trasladar la flota de la Armada situada en Ferrol hacia Canarias y desplegar efectivos militares en fronteras, puertos y costas.

El documento incorpora además la promesa de realizar deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular, impedir posteriores regularizaciones, expulsar a extranjeros que cometan delitos graves o sean reincidentes y eliminar determinadas ayudas destinadas a personas sin autorización de residencia. La formación plantea asimismo modificar el procedimiento de asilo.

El tono es particularmente duro en el ámbito marítimo. Iustitia Europa sostiene que las pateras deberían ser interceptadas inmediatamente y propone utilizar la Armada Española para impedir que barcos de organizaciones no gubernamentales puedan participar, según su interpretación, en operaciones que favorezcan a las redes de tráfico de personas.

Las expulsiones no dependen únicamente de una decisión política

Convertir esas propuestas en legislación sería otra historia. La normativa española permite la devolución en determinados supuestos de entrada irregular, pero establece procedimientos y garantías, mientras el Derecho europeo obliga a respetar el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir determinados riesgos graves. Las peticiones de protección internacional también condicionan la ejecución de una devolución.

Por eso, expresiones programáticas como “retorno automático” o deportación masiva tendrían que traducirse después a normas compatibles con la legislación española, el Derecho de la Unión Europea y los compromisos internacionales de España. Entre una pancarta electoral y el BOE suele existir un territorio bastante menos fotogénico llamado Derecho.

El “antipartido” que quiere superar el régimen del 78

La inmigración es solo una parte del proyecto. Iustitia Europa habla de “superar el régimen del 78”, reducir la influencia de las organizaciones políticas sobre las instituciones y recuperar, según su terminología, el poder de la sociedad civil. Defiende asimismo financiarse mediante aportaciones privadas y rechaza las subvenciones públicas destinadas a partidos.

La formación afirma contar con alrededor de 1.500 afiliados y un número similar de colaboradores activos. Su estructura sigue siendo diminuta frente a la maquinaria territorial de PP, PSOE o Vox, pero su estrategia no parece competir inicialmente en ese terreno: busca convertir la exposición judicial, las redes sociales y un mensaje fuertemente antisistema en reconocimiento electoral.

Ahí aparece también una de sus principales contradicciones políticas, al menos en apariencia. Se autodefine como partido sin ideología y rechaza la división tradicional entre izquierda y derecha, pero ofrece un programa con posiciones muy definidas sobre inmigración, soberanía, Unión Europea, educación o Agenda 2030. No declararse ideológico no significa carecer de ideología; significa, en todo caso, discutir las etiquetas con las que se clasifica.

Una encuesta le concede cuatro diputados por Madrid

El partido ha empezado incluso a alimentar la posibilidad de una entrada en el Congreso. Una encuesta realizada por NC Report le atribuyó en agosto un 11,4% de intención de voto en Madrid, equivalente a unos 401.000 sufragios y cuatro diputados por esa circunscripción.

El dato merece contexto. El estudio fue encargado por la propia Iustitia Europa, se refiere a Madrid y no constituye una estimación nacional. Resulta, por tanto, insuficiente para concluir que la formación tenga garantizada representación parlamentaria. Sí muestra algo más modesto pero políticamente interesante: existe un intento deliberado de presentar al partido como una opción electoral viable y no únicamente como una plataforma jurídica.

La comparación con 2024 ilustra el tamaño del salto que necesitaría. Entonces reunió 26.611 votos en toda España. Pasar de esa cifra a cientos de miles en una sola circunscripción exigiría un crecimiento extraordinario, incluso teniendo en cuenta la exposición pública conseguida tras la crisis de Ceuta.

También tendrá que competir por un espacio congestionado. Las posiciones más severas sobre inmigración y soberanía ya tienen representación parlamentaria, mientras el discurso contra el funcionamiento de los partidos lleva años alimentando candidaturas de muy distinta procedencia. El “antipartido” tendrá que demostrar que el prefijo anti sirve para algo más que llamar la atención.

Las urnas medirán el peso real de Iustitia Europa

La proclamación prevista para el 27 de septiembre marcará así un cambio de etapa. Iustitia Europa quiere transformar una trayectoria construida alrededor de denuncias, acusaciones populares y causas de gran exposición mediática en una candidatura capaz de disputar escaños en las próximas generales.

Su programa ofrece pocas dudas sobre algunos de los asuntos que pretende colocar en el centro de la campaña: inmigración, fronteras, soberanía, corrupción y reforma institucional. Más discutible resulta cuánto respaldo electoral existe detrás de esa notoriedad.

Ceuta le ha proporcionado una ventana política inesperadamente grande. Los tribunales, otras. Pero una querella puede abrir titulares y no llenar una urna; son lógicas distintas. En 2024, Iustitia Europa comprobó esa distancia con apenas 26.611 votos. En las próximas generales sabrá si aquella cifra fue el techo de un partido extraparlamentario o apenas el primer renglón de algo bastante mayor.