¿Por qué Esther Niubó releva a su número dos tras el fiasco de PISA?

Esther Niubó ha movido ficha después del grave error en las pruebas PISA 2025 que impide utilizar con normalidad los resultados propios de Cataluña para compararlos con otras comunidades, países o ediciones anteriores. La consejera catalana de Educación y Formación Profesional ha anunciado el relevo de Teresa Sambola, secretaria general del departamento y número dos de la consejería, y la apertura de tres expedientes disciplinarios: dos a funcionarios y otro a un alto cargo que ya había sido cesado.

La decisión llega después de una investigación interna que ha reconstruido una cadena bastante incómoda para la Administración: instrucciones incompletas, advertencias que no escalaron por la estructura del departamento y oportunidades para corregir la muestra que, sencillamente, se dejaron pasar. Niubó ha asumido que la responsabilidad corresponde al Departamento de Educación y ha exculpado expresamente a los directores de los centros, después de que las primeras explicaciones públicas hubieran situado parte del problema en las escuelas.

El error de PISA que ha obligado a Esther Niubó a reaccionar

El origen del terremoto está en un porcentaje. Cataluña excluyó de las pruebas PISA al 23,2% de los alumnos seleccionados, cuando la OCDE establece aproximadamente un 5% como límite recomendado para preservar la representatividad de la muestra. No es un pequeño desfase estadístico. Es más de cuatro veces ese umbral.

De los cerca de 2.500 estudiantes de 15 años inicialmente seleccionados, finalmente hicieron el examen 1.909 alumnos. Entre quienes pueden quedar exentos están, por ejemplo, estudiantes recién llegados que todavía no dominan suficientemente la lengua de la prueba o alumnos con determinadas necesidades educativas. El problema aparece cuando esas exclusiones son tantas que la fotografía deja de parecerse al paisaje que pretende retratar. Y PISA vive precisamente de comparar fotografías educativas.

Por eso los datos catalanes no podrán utilizarse con normalidad para establecer la comparación internacional y temporal propia de PISA. La prueba no consiste únicamente en sentar adolescentes frente a un examen de matemáticas, lectura o ciencias; depende de una muestra diseñada para representar razonablemente al conjunto de estudiantes de esa edad. Si esa muestra se deforma demasiado, también se deforma cualquier conclusión.

Siete avisos y tiempo para corregir el problema

La parte políticamente más delicada no es únicamente que se produjera el error. Es que hubo advertencias previas. Según la reconstrucción presentada por Educación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa trasladó el primer aviso el 9 de abril de 2025 al detectar una tasa excesiva de exclusiones. Después llegaron nuevas comunicaciones, hasta sumar siete avisos antes del 30 de mayo.

El departamento admite que esas alertas no fueron trasladadas correctamente a los centros ni desencadenaron las medidas correctoras que todavía eran posibles. La secuencia había empezado incluso antes. El 11 de marzo de 2025, el entonces Consejo Superior de Evaluación organizó una sesión informativa con los centros escogidos para PISA. La información proporcionada era correcta en términos generales, pero resultó incompleta: no dejó suficientemente claro el límite de exclusión que debía respetarse.

La burocracia tiene a veces esa capacidad casi literaria para convertir una advertencia importante en una carpeta que nunca llega a la mesa adecuada. Aquí ocurrió algo parecido, aunque con consecuencias bastante menos poéticas. La investigación apunta a errores de interpretación, supervisión y comunicación, además de una alerta que no fue elevada a los responsables superiores cuando todavía había margen de reacción.

La magnitud del problema se entiende mejor al bajar del porcentaje general a los centros. De alrededor de medio centenar de centros participantes, únicamente cinco respetaron el umbral recomendado para las exclusiones. El problema, por tanto, no quedó reducido a un colegio despistado o a una anomalía local: atravesó buena parte de la muestra catalana.

Niubó había relacionado inicialmente parte del desajuste con la coincidencia temporal entre PISA y las pruebas de final de etapa de cuarto de ESO, cuyos criterios de exención no son idénticos. Esa hipótesis podía explicar cierta confusión. Lo que la investigación interna añade es algo bastante más serio: hubo mecanismos administrativos que no funcionaron cuando tenían que funcionar.

Teresa Sambola, la número dos que sale del departamento

El nombre político más destacado de esta crisis es el de Teresa Sambola. Como secretaria general de Educación ocupaba uno de los puestos principales dentro de la estructura del departamento y era, en la práctica, la número dos de la consejería.

Niubó sostiene que su relevo no constituye formalmente una sanción por el caso PISA y ha subrayado que Sambola no figura entre las tres personas expedientadas. La consejera presenta la decisión como el inicio de una nueva etapa destinada a reforzar el funcionamiento interno de Educación. Pero también reconoce que PISA ha actuado como un detonante, al poner al descubierto problemas de organización que considera necesario corregir.

La distinción importa. Una cosa son los expedientes disciplinarios, donde habrá que determinar responsabilidades concretas y posibles sanciones, y otra un relevo político y organizativo en la cúspide del departamento. Mezclar ambas categorías sería cómodo. También sería incorrecto.

La Generalitat pretende cubrir rápidamente el puesto de Sambola y encarar una reorganización interna de Educación cuando apenas queda una semana para el comienzo del curso escolar. El relevo, por tanto, difícilmente puede interpretarse como un movimiento administrativo menor en mitad de agosto.

Qué investigan los tres expedientes disciplinarios

Los procedimientos abiertos afectan a dos funcionarios y un alto cargo relacionados con la coordinación y gestión de las pruebas. En los dos primeros casos se investigan posibles faltas graves por presunto incumplimiento de los deberes propios de la función pública. El tercer expediente estudia una posible infracción leve vinculada a negligencia o descuido en el ejercicio de las obligaciones.

Eso no significa que las sanciones estén decididas. Los expedientes deben instruirse y determinar qué ocurrió y quién conoció cada información, qué debía hacer con ella y hasta qué punto hubo una responsabilidad individual susceptible de castigo administrativo.

Niubó ha sido especialmente contundente al describir el resultado de las diligencias: las personas encargadas de coordinar el proceso no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. También ha corregido el foco respecto a las primeras jornadas de la polémica, dejando fuera de la responsabilidad a los equipos directivos de los colegios e institutos. El problema, según su versión tras la investigación, estaba dentro del departamento.

Un fallo administrativo en pleno cambio del sistema de evaluación

El episodio tiene otro ingrediente. Las pruebas se organizaron mientras el antiguo Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo atravesaba un proceso de transformación institucional. No es un detalle decorativo: se trataba precisamente del organismo encargado de coordinar y supervisar evaluaciones como PISA.

El Govern había decidido recuperar y activar la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, organismo previsto desde la legislación educativa catalana y llamado a asumir las funciones del antiguo Consejo. La transición coincidió temporalmente con la preparación y realización de las pruebas que acabarían provocando el problema.

Ese periodo de cambio no borra responsabilidades, pero ayuda a entender el ecosistema en el que se produjo el fallo: competencias repartidas, responsables en funciones, una estructura que cambiaba de piel y mensajes que circulaban por varios escalones administrativos. Cuando un sistema depende de que cada aviso atraviese correctamente todos esos pisos, basta con que una puerta se quede cerrada para que el problema termine en el tejado. Y aquí acabó allí.

Quién es Esther Niubó y por qué esta crisis la coloca en el foco

Esther Niubó Cidoncha, dirigente del PSC, es consejera de Educación y Formación Profesional del Govern presidido por Salvador Illa. Antes de entrar en el Ejecutivo había desarrollado buena parte de su actividad política precisamente en el ámbito educativo y había sido diputada del Parlament durante varias legislaturas, además de portavoz socialista en materias de enseñanza.

Ese recorrido explica por qué el episodio de PISA tiene para ella una dimensión política particular. No es una crisis situada en un área secundaria de su trayectoria, sino en el corazón del departamento que dirige y de una materia que conoce desde hace años.

El calendario tampoco ayuda. El curso 2026-2027 comienza el 8 de septiembre, la misma fecha prevista para conocerse los resultados de PISA y con una huelga docente convocada para esa jornada. Educación afronta, por tanto, el inicio de las clases con nuevos recursos y más personal, pero también con un conflicto sindical abierto y con el caso PISA todavía resonando por los pasillos.

Una crisis que no cabe en tres expedientes

El relevo de Teresa Sambola y los expedientes disciplinarios permiten a Esther Niubó mostrar que el fiasco de PISA tiene consecuencias políticas y administrativas. Pero el verdadero examen para Educación empieza después.

El problema de fondo no fue únicamente que alguien aplicara mal un criterio. Hubo siete avisos, una tasa de exclusión del 23,2%, comunicaciones que no llegaron donde debían y una estructura que no consiguió reaccionar pese a disponer de tiempo. Cuando tantos pequeños fallos administrativos terminan alineándose, cuesta seguir hablando de una simple equivocación aislada: aparece un problema de funcionamiento.

PISA mide competencias de los alumnos, pero esta vez ha terminado midiendo, involuntariamente, otra cosa: la capacidad de una administración para detectar sus propios errores antes de que sea demasiado tarde. Cataluña pierde una referencia comparativa especialmente valiosa para conocer la evolución de su sistema educativo. Para el Departamento de Educación, en cambio, la prueba ha empezado antes.