¿Por qué la Audiencia Nacional frena el referéndum laboral de Airbus?

La Audiencia Nacional ha suspendido provisionalmente el referéndum de Airbus que debía celebrarse los días 24 y 25 de septiembre de 2026 para que la plantilla en España votara la propuesta destinada a cerrar el conflicto laboral. La Sala de lo Social ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por CGT, que mantiene una demanda en la que denuncia una posible vulneración del derecho de huelga y mala fe durante la negociación.

La decisión tiene un alcance muy concreto: el referéndum queda parado, pero no anulado definitivamente. El tribunal todavía no ha resuelto si Airbus vulneró el derecho de huelga ni ha declarado ilegal la propuesta sometida a votación. La siguiente fecha importante será el 24 de septiembre, precisamente el día en el que estaba previsto abrir las urnas, cuando se celebrará la vista sobre las medidas cautelares. El procedimiento sobre el fondo de la demanda tiene señalado el juicio para el 4 de noviembre.

La Audiencia frena la consulta antes de celebrarse

El movimiento judicial llega en un momento especialmente delicado. Airbus había comunicado que la consulta se celebraría durante dos jornadas, el 24 y 25 de septiembre, en sus centros españoles. La votación debía decidir el futuro de una propuesta de entendimiento presentada el 4 de septiembre tras una reunión celebrada en el Ministerio de Industria y Turismo.

CGT había acudido previamente a la Audiencia Nacional mediante una demanda de conflicto colectivo. El sindicato considera que durante las negociaciones se abrieron vías paralelas al comité de huelga, formado por UGT, CGT y ÚTIL, y que esa actuación pudo interferir en el ejercicio del derecho fundamental de huelga.

La proximidad de las fechas terminó de enredarlo todo. La vista sobre las medidas cautelares estaba fijada para el 24 de septiembre y Airbus convocó el referéndum precisamente para ese día y el siguiente. CGT pidió entonces una intervención urgente de la Audiencia Nacional para evitar que la votación se produjera antes de que el tribunal pudiera examinar sus argumentos. La Sala aceptó esa petición.

No es una sentencia sobre el fondo. Tampoco significa, al menos por ahora, que la Justicia haya dado por probado lo denunciado por CGT. La suspensión es provisional y preserva la situación existente hasta que el tribunal pueda escuchar y valorar las posiciones de las partes.

Qué denuncia CGT y qué no ha decidido todavía el tribunal

El corazón del conflicto ya no es únicamente cuánto suben los salarios o qué ocurre con el teletrabajo. Hay otra discusión, más jurídica y bastante menos sencilla: quién puede negociar durante una huelga y hasta dónde puede llegar la empresa utilizando otros cauces de diálogo.

CGT sostiene que Airbus no negoció adecuadamente con el comité que había convocado los paros y que la propuesta impulsada posteriormente mediante otros interlocutores sindicales vaciaba de contenido la capacidad negociadora de ese comité. Es una acusación relevante porque el derecho de huelga tiene protección constitucional.

Airbus, por su parte, ha defendido la legitimidad de consultar directamente a toda la plantilla. La compañía había anunciado que el referéndum contaría con auditores de los sindicatos que quisieran participar y con la intervención de PwC como consultora externa, una fórmula con la que pretendía garantizar la transparencia e integridad del proceso.

Ahí está el nudo. Una votación general entre los trabajadores puede parecer, sobre el papel, el mecanismo democrático más elemental. Pero durante un conflicto colectivo no basta con contar papeletas: importa también cómo se ha llegado hasta la consulta, quién ha negociado y qué efectos puede tener sobre una huelga vigente. Eso es lo que deberá ordenar jurídicamente la Audiencia Nacional.

Qué contiene la propuesta del 4 de septiembre

La llamada propuesta de entendimiento nació de una reunión celebrada el 4 de septiembre bajo la mediación del Ministerio de Industria y Turismo. El documento contempla el pago del IPC real y una recuperación adicional del poder adquisitivo del 7,95% distribuida hasta 2029.

El esquema salarial plantea incrementos ligados al IPC con porcentajes adicionales durante los próximos ejercicios. También incluye una paga extraordinaria de 2.000 euros brutos, así como el mantenimiento del modelo actual de teletrabajo, uno de los asuntos que había alimentado el malestar interno durante los meses anteriores.

Hay igualmente compromisos relacionados con el comedor, determinadas condiciones de flexibilidad y otras materias laborales. Parte de la disputa reside, sin embargo, en el grado de concreción de algunos apartados: varias cuestiones quedan pendientes de desarrollo o negociación posterior. Para los sindicatos favorables a la propuesta, el documento supone un avance suficiente para someterlo a decisión de los trabajadores; para CGT y ÚTIL, todavía deja cuestiones esenciales abiertas.

Airbus presenta el planteamiento como una solución equilibrada para cerrar el conflicto, mejorar las condiciones laborales y mantener al mismo tiempo la competitividad de sus operaciones españolas. Los sindicatos que rechazan el texto consideran insuficiente la recuperación salarial y reclaman condiciones más ambiciosas.

UGT se desmarca de la firma del acuerdo

La composición de los bloques sindicales ha provocado cierta confusión durante estas semanas. La propuesta fue presentada inicialmente tras una reunión en la que participaron representantes de ATP, CCOO, SIPA y UGT, junto con Airbus y el Ministerio. El papel de cada organización, sin embargo, no terminó siendo el mismo.

Posteriormente, UGT aclaró que no había firmado ningún acuerdo ni preacuerdo con la compañía y defendió que cualquier propuesta debía ser discutida por las plantillas. Así, el respaldo más claro al texto quedó en manos de CCOO, ATP y SIPA, mientras el comité de huelga —UGT, CGT y ÚTIL— mantuvo sus reservas sobre el proceso y las condiciones planteadas.

La diferencia no es simplemente una pelea de siglas, aunque desde fuera pueda parecerlo. Airbus cuenta con organizaciones sindicales que consideran razonable llevar la propuesta a una votación general y, al mismo tiempo, con un comité de huelga que cuestiona tanto partes del contenido como el procedimiento empleado para alcanzar el documento.

Una huelga pausada, pero no extinguida

El conflicto laboral viene de lejos. La huelga indefinida comenzó el 25 de agosto de 2026, después de semanas de movilizaciones y desacuerdos sobre salarios, pérdida de poder adquisitivo, teletrabajo y otras condiciones laborales.

Tras conocerse la propuesta del Ministerio, las distintas plantas celebraron votaciones sobre la continuidad de las movilizaciones. El resultado global fue extremadamente ajustado: alrededor del 51% apoyó mantener la huelga, con una diferencia de apenas 67 votos respecto de quienes preferían pausarla.

Getafe y San Pablo, en Sevilla, inclinaron la balanza hacia la continuidad, mientras otros centros apostaron por suspender temporalmente los paros. Ante una plantilla prácticamente partida en dos, el comité decidió el 9 de septiembre pausar las movilizaciones y retirar los piquetes, aunque mantuvo formalmente vigente la convocatoria de huelga.

Ese matiz explica buena parte de lo que está ocurriendo. La fábrica funciona, pero el conflicto no está jurídicamente enterrado. Bajo la aparente normalidad sigue abierta una disputa que, durante el verano, llevó a miles de trabajadores a movilizarse y que el 12 de septiembre volvió a trasladarse a las calles de Madrid, con una marcha hasta el Ministerio de Industria.

Salarios y beneficios, las cifras detrás del pulso

La discusión salarial se desarrolla, además, en un momento económicamente favorable para Airbus. El grupo obtuvo un beneficio neto de 2.243 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 47% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos consolidados crecieron un 12%, hasta los 33.176 millones.

También mejoró con fuerza el negocio de Defensa y Espacio. Su resultado operativo ajustado aumentó un 84%, hasta los 487 millones de euros, durante los seis primeros meses del ejercicio. La compañía mantiene unas previsiones para el conjunto de 2026 que incluyen alrededor de 870 entregas de aviones comerciales y un EBIT ajustado cercano a los 7.500 millones.

Los sindicatos partidarios de endurecer las reivindicaciones utilizan el buen momento financiero como argumento para reclamar una recuperación salarial mayor. Airbus contrapone a esa visión la necesidad de preservar su competitividad industrial y sostiene que la oferta puesta sobre la mesa representa un equilibrio entre salarios, condiciones laborales y estabilidad.

Una cuenta de resultados boyante no resuelve por sí sola una negociación salarial; tampoco convierte automáticamente cualquier reivindicación en asumible o inasumible. Pero introduce un dato difícil de apartar de la mesa: el conflicto ocurre mientras Airbus aumenta beneficios, ingresos y actividad, no durante una crisis empresarial.

El calendario judicial marca ahora el conflicto de Airbus

La fecha que debía inaugurar el referéndum se ha convertido, por decisión judicial, en el próximo gran episodio del conflicto. El 24 de septiembre la Audiencia Nacional examinará las medidas cautelares y podrá decidir si mantiene la suspensión o permite que Airbus retome el proceso de consulta.

Después quedará el litigio principal. El juicio previsto para el 4 de noviembre deberá abordar la acusación de vulneración del derecho de huelga y las circunstancias en las que se desarrolló la negociación. Hasta entonces conviene evitar triunfalismos: ni la suspensión cautelar constituye una victoria judicial definitiva de CGT ni supone que Airbus haya perdido jurídicamente la posibilidad de someter su propuesta a la plantilla.

Lo que sí ha cambiado es el tablero. Una consulta que Airbus pretendía utilizar para cerrar meses de conflicto laboral ha quedado detenida antes de abrir las urnas, y la discusión ha pasado de las fábricas, las asambleas y los despachos del Ministerio a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

El preacuerdo continúa sobre la mesa. La huelga sigue formalmente viva. Y el referéndum, de momento, no tiene permiso para despegar. En una empresa acostumbrada a calcular cada maniobra al milímetro, esta vez el calendario laboral ha encontrado una pista ocupada: la judicial.