¿Por qué parte de la ultraderecha española avala las urnas de Putin?

No es correcto decir que toda la derecha española respalda las elecciones rusas. El fenómeno es bastante más concreto: determinados dirigentes, activistas y redes vinculadas a la derecha radical europea han participado durante años como observadores invitados por Moscú o han presentado sus procesos electorales como transparentes y legítimos. Y tampoco es un fenómeno exclusivamente ultraderechista: el Kremlin ha encontrado interlocutores favorables en distintos extremos del espectro político europeo. Lo relevante está en otra parte. Esos avales chocan con un proceso electoral celebrado sin la principal misión internacional independiente de la región, con buena parte de la oposición antibélica fuera de la competición y con numerosas denuncias sobre el voto electrónico y las condiciones de supervisión.

Las legislativas rusas celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026 han dejado a Rusia Unida, el partido que sostiene políticamente a Vladímir Putin, con 355 de los 450 escaños de la Duma Estatal según los resultados oficiales difundidos. La formación obtuvo el 57,83 % de los votos y la participación anunciada alcanzó el 59,3 %. Es una mayoría constitucional holgada. Pero una cifra espectacular en una urna no responde, por sí sola, a la cuestión esencial en unas elecciones: qué posibilidades reales tenía el elector de escoger entre alternativas políticas capaces de competir en condiciones comparables.

Unas elecciones donde la oposición llegó muy debilitada

El punto de partida resulta incómodo para cualquiera que pretenda certificar simplemente que las elecciones fueron transparentes. Yábloko, una de las últimas fuerzas legales rusas con una posición explícitamente contraria a la guerra de Ucrania, quedó excluida de la lista federal. Otros candidatos críticos con la guerra habían sido encarcelados, expulsados del país o apartados previamente de la competición política. La Unión Europea sostiene que durante el periodo previo a las elecciones se utilizaron recursos administrativos y judiciales para reducir todavía más el espacio disponible para una oposición democrática.

Eso no significa que cada papeleta depositada en Rusia sea falsa ni que todos los funcionarios electorales participen en un fraude. Sería una afirmación imposible de demostrar. Significa otra cosa, bastante más importante: unas elecciones libres no se juzgan únicamente mirando qué sucede dentro del colegio electoral durante cinco minutos. También importa quién puede presentarse, qué medios pueden informar, qué candidatos pueden hacer campaña, quién puede supervisar el recuento y si un ciudadano puede criticar al Gobierno sin exponerse a represalias.

Ahí aparece uno de los grandes problemas de las legislativas de 2026. Rusia no invitó a la OSCE/ODIHR, la institución internacional de referencia para la observación electoral en los países pertenecientes a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La propia OSCE había advertido antes de los comicios de que la exclusión no era coherente con los compromisos asumidos por Moscú y privaba al proceso de una evaluación internacional independiente basada en una metodología pública.

El voto electrónico, la gran caja negra del proceso

La otra sombra es tecnológica. Rusia ha extendido durante los últimos años el voto electrónico remoto, defendido por las autoridades como una herramienta cómoda y moderna. Sus críticos, incluidos opositores y organizaciones independientes, llevan tiempo señalando precisamente el problema contrario: al desaparecer la papeleta física, resulta mucho más difícil comprobar desde fuera que el resultado electrónico coincide con los votos realmente emitidos.

Durante estas legislativas volvieron las denuncias. Observadores independientes señalaron diferencias potencialmente significativas entre el comportamiento del voto presencial y el digital, mientras algunos electores denunciaron dificultades para obtener papeletas físicas o problemas relacionados con el registro electrónico. Conviene conservar aquí la precisión: existen denuncias y sospechas documentadas, pero la ausencia de una auditoría internacional independiente impide convertir automáticamente cada una de ellas en un fraude demostrado. El problema de fondo es justamente ese. Un sistema que pretende disipar dudas necesita permitir comprobaciones externas, no pedir confianza a ciegas.

Incluso durante la votación hubo incidentes con quienes intentaban supervisarla. Yábloko denunció, por ejemplo, que uno de sus observadores perdió el conocimiento durante una detención policial en un colegio electoral de San Petersburgo. La formación y el Partido Comunista comunicaron también obstáculos al acceso de observadores y otras presuntas irregularidades. Las autoridades rusas, por su parte, sostienen que el proceso fue limpio y destacan el enorme dispositivo nacional e internacional desplegado.

Muchos observadores no equivalen a observación independiente

Aquí está una de las trampas semánticas de estas elecciones. Moscú puede exhibir centenares de invitados extranjeros y seguir careciendo de una misión internacional independiente comparable a la de la OSCE.

Una observación electoral profesional no consiste en visitar varios colegios, contemplar urnas ordenadas, charlar con funcionarios y concluir que todo funciona correctamente. Las grandes misiones trabajan durante semanas, estudian el registro de candidatos, la legislación, los medios de comunicación, la financiación electoral, la campaña, una muestra amplia de mesas y posteriormente el recuento. Publican metodología, incidentes y conclusiones. Es decir, miran la película. No una fotografía cuidadosamente encuadrada.

La European Platform for Democratic Elections lleva años documentando un fenómeno que denomina observación políticamente sesgada: invitados extranjeros que participan en elecciones cuestionadas y posteriormente ofrecen declaraciones favorables que las autoridades locales utilizan como aval internacional. La organización ha identificado en anteriores comicios rusos a políticos y activistas europeos vinculados, entre otros espacios, a partidos y movimientos de extrema derecha.

Por qué algunos sectores ultras encuentran atractivo el modelo ruso

La relación entre parte de la derecha radical europea y el Kremlin no nació este fin de semana. Lleva más de una década siendo objeto de investigaciones académicas, parlamentarias y periodísticas. Se han señalado coincidencias en torno al soberanismo nacional, la crítica a determinadas instituciones supranacionales, posiciones sociales conservadoras y el rechazo a buena parte del consenso político de Bruselas. Para algunos movimientos, la Rusia de Putin ha funcionado también como referencia de un Estado fuerte enfrentado política y culturalmente a la Unión Europea y a Estados Unidos.

Hay, además, una utilidad comunicativa evidente para Moscú cuando un visitante extranjero vuelve de Rusia diciendo que ha visto unas elecciones ejemplares: esas declaraciones pueden difundirse ante la audiencia interna como prueba de reconocimiento internacional. Para quienes participan, la visita puede encajar a su vez en un relato político según el cual las instituciones occidentales aplican dobles raseros a Rusia. No todos los observadores comparten necesariamente la misma motivación ni existe una explicación única para todos ellos.

El Parlamento Europeo ha denunciado anteriormente relaciones entre Moscú y determinadas fuerzas y personalidades de extrema derecha, pero también ha mencionado actores situados en otros espacios políticos. Asimismo, ha advertido sobre la participación de políticos europeos próximos al Kremlin en misiones electorales cuestionadas. El fenómeno, por tanto, es más amplio y bastante menos cómodo que una simple pelea entre izquierda y derecha.

España también aparece en estas redes

Entre los españoles que han participado anteriormente en votaciones organizadas por Rusia aparece Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia. Su presencia ha sido documentada en el referéndum organizado por Rusia en Zaporiyia en 2022, en elecciones posteriores en territorio ucraniano ocupado y en las presidenciales rusas de 2024. En aquellas ocasiones describió públicamente los procesos en términos favorables y habló de calma y transparencia.

Aquí aparece un matiz que desmonta cualquier explicación demasiado cómoda. Otro español citado en bases de datos sobre observadores de procesos rusos es Israel “Katu” Arconada, cuya trayectoria política está vinculada a sectores de la izquierda latinoamericana, no a la ultraderecha. Participó como observador en votaciones celebradas en territorios ucranianos ocupados y realizó valoraciones positivas del procedimiento. El engranaje de legitimación exterior ruso, por tanto, no selecciona aliados exclusivamente por el eje clásico izquierda-derecha; puede incorporar a actores con trayectorias ideológicas distintas cuando sus posiciones geopolíticas convergen con Moscú.

El problema añadido de votar dentro de Ucrania ocupada

Las legislativas de 2026 tienen, además, una dimensión que va más allá de la calidad democrática del sistema ruso. Moscú organizó también votaciones en Crimea y Sebastopol y en zonas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, territorios reconocidos internacionalmente como parte de Ucrania.

La Unión Europea declaró el 21 de septiembre que no reconoce ni la celebración de esas votaciones ni sus resultados y que considera su organización una violación del derecho internacional y de la soberanía territorial de Ucrania. La UE también denunció la exclusión de fuerzas opositoras y la ausencia de observadores de la OSCE en el conjunto de las legislativas rusas.

Esto importa cuando se escucha a un observador extranjero elogiar un colegio electoral impecablemente organizado en Donetsk o Zaporiyia. Puede haber una urna transparente, funcionarios amables y una cola perfectamente ordenada. Todo eso puede ser cierto y, a la vez, dejar intacta la cuestión principal: Rusia está organizando unas elecciones nacionales propias dentro de territorio que la comunidad internacional reconoce como perteneciente a Ucrania.

Transparencia no es simplemente poder mirar una urna

Rusia Unida ha ganado oficialmente las legislativas de 2026 con una mayoría gigantesca. Ese es el resultado anunciado y debe contarse como tal. Otra cosa distinta es convertirlo automáticamente en prueba de unas elecciones competitivas y plenamente verificables.

La discrepancia entre Moscú y sus críticos no gira únicamente alrededor de unas cuantas papeletas sospechosas. Es mucho más profunda. Las autoridades rusas hablan de orden, elevada participación, tecnología electoral y observadores extranjeros. La OSCE, la Unión Europea, organizaciones independientes y buena parte de la oposición señalan restricciones a los candidatos, represión política, ausencia de supervisión internacional independiente y dudas alrededor del voto electrónico.

Por eso resulta insuficiente fijarse únicamente en si un observador extranjero visitó una mesa limpia y vio una urna transparente. Probablemente esa urna concreta lo era. La democracia, sin embargo, empieza mucho antes de abrirla y continúa bastante después de cerrarla. Ahí —en quién pudo competir, quién pudo hablar, quién pudo observar y quién pudo comprobar los resultados— se encuentra la parte del proceso que una visita breve y controlada difícilmente puede certificar.