¿Por qué piden 25 años a nueve manifestantes por Hasél en Barcelona?

La Fiscalía reclama 25 años y medio de prisión para nueve manifestantes por los graves disturbios ocurridos en Barcelona el 27 de febrero de 2021, durante una de las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El núcleo de la acusación es especialmente serio: el Ministerio Fiscal sostiene que los procesados participaron en el incendio de un furgón de la Guardia Urbana cuando había un agente en su interior, unos hechos que califica como homicidio en grado de tentativa.

Conviene dejar clara una cuestión desde el principio. Los 25 años no son una condena, sino la pena solicitada por la Fiscalía en su escrito de acusación. Corresponderá al tribunal determinar qué hechos quedan probados, qué responsabilidad tuvo cada acusado y si encajan jurídicamente en los delitos planteados por el ministerio público. El agente que se encontraba en el vehículo consiguió salir y no sufrió lesiones por el incendio.

El incendio del furgón, en el centro de la acusación

Los hechos se remontan a una noche especialmente tensa en Barcelona. Las protestas por Pablo Hasél acumulaban ya varios días de movilizaciones, choques con la policía y daños en el mobiliario urbano. Aquella manifestación del 27 de febrero no había sido comunicada y terminó con ataques contra entidades bancarias, comercios y vehículos policiales, según sostiene la acusación.

La Fiscalía afirma que varios participantes lanzaron piedras, botellas, bengalas y objetos incendiarios contra el dispositivo desplegado junto a la comisaría de la Guardia Urbana en la Rambla. En ese contexto comenzó a arder uno de los furgones policiales. Dentro permanecía un guardia urbano que, poco antes, había bloqueado las puertas después de que una persona tratara de abrir el vehículo.

El fuego alcanzó la zona lateral y trasera del furgón. El agente pudo escapar por la puerta del copiloto pese al peso y la rigidez del equipo de protección que llevaba puesto. Para la acusación, ese episodio constituye un intento de homicidio, porque los integrantes del grupo sabían, según la tesis fiscal, que el policía estaba dentro y asumieron el riesgo para su vida. Esa interpretación será uno de los puntos centrales que deberá discutirse y probarse ante el tribunal.

Una actuación que Fiscalía considera coordinada

El relato del ministerio público va bastante más allá de unos disturbios improvisados. Sostiene que los acusados actuaron siguiendo un plan previamente acordado, con funciones distribuidas y movimientos coordinados para atacar distintos objetivos con rapidez.

Según la acusación, llevaban ropa oscura, capuchas, guantes y prendas para cubrirse el rostro, además de pintura, martillos, mazas y líquidos inflamables. Fiscalía sitúa a dos de los procesados como responsables de señalar objetivos y transmitir instrucciones al resto del grupo. También atribuye a los participantes el uso de determinadas palabras como señales para reagruparse o cambiar de dirección.

Ese supuesto grado de organización explica otro de los delitos incluidos en el escrito: pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía considera que no se trató simplemente de personas coincidiendo en una protesta que acabó de forma violenta, sino de una estructura preparada para actuar conjuntamente. La defensa tendrá la posibilidad de combatir tanto esa descripción como la atribución individual de cada conducta.

Ataques a bancos, comercios y mobiliario urbano

El episodio del furgón es el hecho más grave, pero no el único. El escrito de acusación reconstruye un recorrido por distintas calles del centro de Barcelona durante el cual se habrían roto escaparates y cristaleras, incendiado cajeros y levantado barricadas.

Los primeros incidentes que describe la Fiscalía se produjeron en la calle Hospital y continuaron por la Rambla del Raval, Drassanes y la Rambla. En algunos puntos se atacaron oficinas bancarias. Después, durante la retirada hacia plaza de Catalunya, fueron dañados también una tienda y un hotel, mientras se colocaban motos, jardineras, mesas de terraza y contenedores para obstaculizar el avance policial.

El ministerio público asegura igualmente que algunos integrantes del grupo increparon a periodistas que estaban grabando los disturbios para que dejaran de hacerlo. Cuando finalmente se dispersaron, la policía localizó prendas y mochilas que, según la investigación, guardarían relación con los autores de los ataques.

Seis delitos y cerca de 685.000 euros en indemnizaciones

La dimensión de la petición fiscal se entiende al observar la suma de delitos atribuidos. Además del homicidio en grado de tentativa, los procesados están acusados de atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, daños, manifestación ilegal y pertenencia a grupo criminal.

A las penas de prisión se añaden 11.520 euros en multas y las indemnizaciones reclamadas por los daños ocasionados a las entidades afectadas, que en conjunto rozan los 685.000 euros. La cuantía refleja el volumen de destrozos que la acusación vincula con aquella noche, aunque la responsabilidad concreta de los acusados deberá quedar determinada judicialmente.

Entre los nueve procesados hay siete ciudadanos italianos, una francesa y una acusada catalana. Las detenciones practicadas tras los disturbios ya dieron origen en 2021 a una investigación por delitos de especial gravedad, incluido el posible intento de homicidio por el incendio del vehículo policial.

Por qué se produjeron las protestas por Pablo Hasél

Para entender aquella noche hay que regresar a febrero de 2021. Pablo Hasél, nombre artístico de Pablo Rivadulla Duró, había ingresado en el centro penitenciario de Ponent tras una condena de la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y otras instituciones. Su entrada en prisión desencadenó protestas en Barcelona y otras ciudades y reabrió un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y la respuesta penal a determinadas manifestaciones artísticas y políticas.

La condena que provocó su entrada en prisión fue posteriormente examinada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2023 rechazó su recurso y avaló la actuación de los tribunales españoles en ese procedimiento. El caso de Hasél, sin embargo, acabó desbordando ampliamente la discusión jurídica que lo había originado. Durante varias noches las concentraciones derivaron en enfrentamientos, incendios, saqueos y detenciones.

Y ahí aparece una distinción esencial. Una cosa es la protesta contra una decisión judicial, incluida una protesta dura, incómoda o políticamente desagradable. Otra son los hechos violentos concretos y la posible responsabilidad penal de quienes los cometieron. El proceso sobre el furgón de la Guardia Urbana gira precisamente alrededor de esa segunda cuestión.

El juicio decidirá la responsabilidad de cada acusado

La petición de 25 años y medio de cárcel impresiona por su magnitud, pero el procedimiento no consiste en juzgar colectivamente las protestas por Hasél ni las ideas políticas de quienes participaron en ellas. El tribunal tendrá que analizar pruebas, identificar conductas y determinar qué hizo realmente cada acusado.

Será especialmente relevante establecer quién participó en el incendio del vehículo, qué conocimiento tenía de la presencia del agente y si existía la coordinación previa que sostiene la Fiscalía. Ahí se juega buena parte de la calificación de homicidio en grado de tentativa y de grupo criminal, dos piezas que elevan de manera notable la petición de prisión.

Cinco años después de aquella noche de disturbios en Barcelona, el caso entra así en una fase decisiva con dos planos que no deberían mezclarse: la Fiscalía ha formulado una acusación extraordinariamente grave; la culpabilidad todavía debe probarse ante el tribunal. Entre una cosa y otra hay algo menos vistoso que un furgón ardiendo, pero bastante más importante en un Estado de derecho: el juicio y la prueba de cada responsabilidad individual.