¿Cómo frenan los bancos el caso Montoro y qué investiga la Fiscalía?

La investigación del caso Montoro se ha encontrado con un obstáculo bastante terrenal para una causa que intenta seguir precisamente el rastro del dinero: varios requerimientos enviados a entidades financieras no habrían sido atendidos en los términos solicitados y han tenido que repetirse. La Fiscalía Anticorrupción considera que estas dificultades están impidiendo avanzar con normalidad en el análisis de las cuentas de personas y sociedades investigadas.

El dato aparece cuando la instrucción, abierta hace ocho años, entra en otra fase decisiva. El juez Rubén Rus, que dirige la causa desde Tarragona, prorrogó otros seis meses las pesquisas mientras quedan declaraciones e informes pendientes. Entre quienes todavía deben declarar figura el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, alrededor de cuya antigua firma, Equipo Económico, gira buena parte de las sospechas judiciales. La investigación trata de determinar si empresas privadas pagaron al despacho para obtener reformas fiscales favorables desde el Ministerio de Hacienda.

La Fiscalía señala retrasos de varios bancos

La advertencia procede de un escrito de la fiscal Carmen García Cerdá, fechado el 4 de agosto. Anticorrupción sostiene que las solicitudes dirigidas a determinados bancos tuvieron que reiterarse varias veces porque la información recibida no respondía a lo requerido.

No se trata de un detalle administrativo menor. La reconstrucción bancaria permite seguir transferencias, beneficiarios y movimientos de dinero, además de comprobar cómo circularon los fondos entre Equipo Económico, sus socios, las compañías investigadas y otras personas o sociedades relacionadas. Si faltan piezas, el dibujo financiero queda a medias.

La Fiscalía incorpora, además, una circunstancia especialmente llamativa: alguna de las entidades requeridas habría realizado pagos a Equipo Económico. El escrito no identifica públicamente qué banco es ni convierte ese hecho, por sí mismo, en prueba de conducta ilícita. Sí lo presenta como uno de los condicionantes que complican una causa ya especialmente voluminosa.

Aquí está precisamente el núcleo de esta última novedad. Anticorrupción no acusa públicamente a la banca en su conjunto ni afirma que exista una operación coordinada para bloquear las pesquisas. Lo que señala es algo mucho más concreto: determinados requerimientos no han sido correctamente atendidos, han debido repetirse y esa situación está retrasando el examen de las cuentas.

Por qué las cuentas bancarias son esenciales en el caso Montoro

La investigación ha ido desplazando su lupa hacia el circuito financiero porque una de las grandes incógnitas consiste en aclarar qué ocurrió con el dinero cobrado por Equipo Económico y cuál fue exactamente la naturaleza de esos pagos.

En marzo, el juez autorizó a los Mossos d’Esquadra a acceder al Fichero de Titularidades Financieras y reclamó información bancaria de cerca de una veintena de personas físicas y jurídicas, entre ellas el propio Montoro, personas de su entorno y diferentes empresas. Meses antes, los investigadores ya habían advertido carencias en la información disponible.

La Agencia Tributaria había puesto sobre la mesa otro dato de considerable tamaño: detectó movimientos por unos 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 relacionados con Equipo Económico y planteó profundizar en el origen y recorrido de esos fondos. Eso no significa que esos 35,5 millones constituyan dinero ilícito. Significa que el volumen de operaciones obliga a separar qué pagos corresponden a actividad profesional ordinaria y cuáles pueden tener interés para la investigación penal.

Los pagos de las empresas gasistas

Una de las líneas más desarrolladas es la relacionada con compañías del sector de los gases industriales y medicinales. La UCO situó en 673.575 euros los ingresos procedentes de sociedades gasistas encontrados en las cuentas analizadas, distribuidos en 29 operaciones. La cifra era inferior a una estimación inicial cercana a 780.000 euros.

Los investigadores sostienen que una parte sustancial de esos fondos terminó mediante transferencias directas en cuentas de socios del despacho y fue utilizada para distintos gastos. La cuestión judicial, sin embargo, no consiste simplemente en determinar que las empresas pagaron a una consultora —algo perfectamente legal en sí mismo—, sino en esclarecer qué estaban pagando realmente.

Ahí se abre la grieta que sostiene toda la causa: diferenciar entre unos servicios profesionales legítimos y la posible utilización de relaciones privilegiadas con la Administración para obtener decisiones favorables.

Las reformas fiscales que están bajo investigación

Según la tesis que maneja el instructor, distintas gasísticas habían intentado obtener determinadas modificaciones fiscales antes de contratar a Equipo Económico, sin conseguirlo. Después de la entrada del despacho, aquellas pretensiones terminaron plasmándose en reformas legales favorables para el sector.

La investigación se ha detenido particularmente en cambios relacionados con el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El juez considera que existen indicios para estudiar si Equipo Económico actuaba como una vía privilegiada para trasladar los intereses de sus clientes al Ministerio que dirigía Montoro.

Uno de los correos hallados durante las pesquisas adquirió especial relevancia porque presentaba la contratación del despacho como una vía directa para llegar al Ministerio. Esos mensajes fueron encontrados durante un registro realizado en 2017 en las instalaciones de Messer Ibérica de Gases y terminaron dando origen a una investigación judicial que comenzó formalmente en agosto de 2018.

El juez ha descrito provisionalmente una presunta red de influencias formada alrededor de Equipo Económico y de antiguos responsables públicos. La hipótesis es que el despacho podría haber intervenido, mediando pagos, en procesos normativos para adaptarlos a los intereses económicos de algunos clientes. Son indicios sometidos a investigación, no hechos declarados probados por una sentencia.

Equipo Económico niega que vendiera influencia política

La versión de la firma investigada es muy distinta. Equipo Económico ha presentado informes periciales en los que sostiene que el trabajo desarrollado para las gasísticas fue técnico y profesional, y rechaza que su actividad consistiera exclusivamente en utilizar contactos dentro del Ministerio para conseguir ventajas fiscales.

El despacho sostiene también que algunas de las reformas examinadas tenían justificación jurídica y fiscal, y cuestiona las conclusiones alcanzadas por los investigadores. En relación con la modificación del Impuesto sobre la Electricidad de 2014, su defensa mantiene que el cambio era técnicamente consistente y no una decisión arbitraria confeccionada para beneficiar a sus clientes.

Montoro, por su parte, ha mantenido su inocencia y ha solicitado el archivo de las actuaciones respecto de su persona. El procedimiento continúa todavía en fase de instrucción, por lo que no existe una sentencia que determine la existencia de los delitos investigados ni la responsabilidad penal de quienes aparecen en la causa.

La batalla por prorrogar una causa que cumple ocho años

El bloqueo bancario aparece dentro de otra discusión jurídica importante: cuánto tiempo puede seguir abierta la investigación. El juez decidió prolongar la instrucción otros seis meses debido a la cantidad de diligencias pendientes y a la complejidad del procedimiento.

El plazo se extiende hasta el 26 de enero de 2027. Quedan todavía declaraciones por practicar, entre ellas la de Montoro, e informes policiales y financieros que deben incorporarse a las actuaciones.

Varias defensas recurrieron la prórroga. Su argumento principal es que no se habría respetado correctamente el trámite de audiencia previsto antes de ampliar la instrucción, lo que habría provocado indefensión. También cuestionan la motivación de la resolución judicial.

Anticorrupción rechaza esa interpretación. Sostiene que las partes sí tuvieron ocasión de pronunciarse cuando la acusación popular ejercida por FETAP-CGT solicitó previamente la ampliación del plazo y que, por tanto, no quedaron privadas de su derecho a formular alegaciones. Para la fiscal, la acumulación de declaraciones pendientes, informes por recibir y problemas con requerimientos bancarios justifica que la investigación continúe.

La disputa procesal no es secundaria. Después de ocho años de pesquisas, cada prórroga se convierte en terreno de batalla entre quienes consideran imprescindibles nuevas diligencias y unas defensas que alegan que la investigación no puede prolongarse indefinidamente.

El procedimiento examina posibles delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, entre otros extremos recogidos durante la investigación.

El foco inicial estuvo colocado en las gasísticas, aunque las pesquisas han ido examinando las relaciones económicas de Equipo Económico con empresas de otros ámbitos. La dimensión de la investigación explica en buena medida el enorme volumen documental acumulado: correos electrónicos, contratos, facturas, movimientos bancarios, informes tributarios y comunicaciones internas.

La cuestión de fondo sigue siendo sencilla de formular, aunque muchísimo más difícil de probar judicialmente: determinar si Equipo Económico prestaba servicios profesionales reales e independientes o si, al menos en determinadas operaciones, los clientes estaban pagando por la capacidad de sus responsables para influir sobre decisiones públicas.

Y en medio de esa cuestión aparece el dinero. Transferencia a transferencia.

El rastro financiero marcará la siguiente fase

Las dificultades denunciadas por la Fiscalía colocan a las cuentas bancarias en el centro de la próxima etapa de la instrucción. Saber quién pagó, cuánto, cuándo, por qué concepto y cuál fue posteriormente el destino de esos fondos permitirá confirmar, matizar o debilitar algunas de las hipótesis que sostienen el procedimiento.

De momento, Anticorrupción considera que no dispone de toda la información solicitada y responsabiliza de parte del retraso a la respuesta insuficiente de determinados bancos. Que una de esas entidades haya mantenido, además, relaciones económicas con Equipo Económico añade un elemento que la Fiscalía considera digno de atención, aunque por ahora no se haya atribuido públicamente a ese banco ningún delito.

El caso Montoro, lejos de aproximarse todavía a una resolución definitiva, sigue así atrapado entre dos relojes: el procesal, que obliga a justificar cada nueva extensión de una instrucción excepcionalmente larga, y el financiero, mucho más paciente, donde las transferencias dejan huellas incluso años después. La Fiscalía quiere seguirlas. Para hacerlo necesita que las entidades entreguen toda la documentación reclamada.