¿Por qué Zaragoza sigue sin reclamar 12 millones al Tiro de Pichón?

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene pendiente desde hace casi cuatro años la recuperación de una cantidad que ronda los 12 millones de euros relacionada con la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón. El dinero procede de una antigua expropiación de terrenos junto al Ebro cuyo fundamento cambió después de que buena parte del suelo fuese considerado dominio público. El Gobierno municipal sostiene que la posibilidad de recuperar las cantidades sigue intacta y que espera a que avance el litigio abierto sobre el deslinde de esos terrenos.

La novedad está en un informe municipal fechado el 9 de septiembre de 2026. El documento considera que el plazo para reclamar no está prescrito porque la ejecución del acuerdo de 2022 quedó suspendida después del recurso presentado por el Tiro de Pichón. También señala que resolver aquel recurso podía provocar «importantes perjuicios» a los expropiados, aunque no concreta cuáles serían. Ahí está el corazón de la controversia: no se discute únicamente cuánto dinero hay sobre la mesa, sino por qué el procedimiento lleva años sin resolverse.

De una expropiación junto al Ebro a casi 12 millones

El origen del asunto se remonta a los años previos a la Expo de Zaragoza de 2008. En septiembre de 2007, el pleno municipal aprobó la expropiación de terrenos de la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón situados en La Almozara, dentro de las actuaciones relacionadas con las riberas del Ebro. Comenzó entonces una larga discusión sobre el valor de aquel suelo y sobre una operación que, muchos años después, sigue generando consecuencias administrativas y judiciales.

El precio acabaría llegando hasta los tribunales. En 2016, el Tribunal Supremo fijó el justiprecio de las fincas expropiadas en 9.643.015,16 euros. El Ayuntamiento tuvo que completar posteriormente el pago y en 2018 acordó abonar 7.294.547 euros que todavía quedaban pendientes, repartidos entre finales de ese año y el primer semestre de 2019. Era una factura considerable para unas parcelas cuya naturaleza jurídica volvería poco después al centro del debate.

Parecía el final de una batalla administrativa de más de una década. No lo fue. Un documento histórico relacionado con aquellos terrenos abrió otro frente: parte de la superficie se había formado mediante vertidos autorizados sobre el antiguo cauce del Ebro y existían antecedentes que apuntaban a su consideración como suelo de dominio público hidráulico. La Confederación Hidrográfica del Ebro terminó aprobando un nuevo deslinde en diciembre de 2021.

Ese deslinde determinó que 10.771 metros cuadrados de los 11.799,07 metros cuadrados de la parcela principal afectada tenían carácter demanial. Y ahí cambió el tablero: los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, de modo que el Ayuntamiento comenzó a revisar la expropiación que él mismo había aprobado años antes.

El pleno de Zaragoza anuló parte de la expropiación en 2022

El Ayuntamiento inició una revisión de oficio y el asunto llegó al Consejo Consultivo de Aragón. Su dictamen 198/2022 informó favorablemente sobre la propuesta municipal y el pleno acabó declarando nula la expropiación en lo relativo a esos 10.771 metros cuadrados, precisamente por tratarse de un bien de dominio público.

La decisión municipal suponía algo más que corregir un expediente antiguo. Si una parte sustancial del terreno no podía ser objeto de expropiación, aparecía inevitablemente la cuestión económica: qué cantidades habían sido pagadas indebidamente y cuánto debía volver a las arcas municipales. El propio acuerdo abría la puerta a las actuaciones necesarias para afrontar las consecuencias de aquella nulidad.

El recurso que dejó el expediente congelado

La Sociedad Deportiva Tiro de Pichón presentó el 2 de diciembre de 2022 un recurso de reposición contra la decisión municipal y solicitó expresamente la suspensión del acuerdo. El Ayuntamiento no contestó esa petición dentro del plazo de un mes y tampoco resolvió después el recurso, que continuaba pendiente en septiembre de 2026.

El informe municipal conocido este septiembre sostiene que, al transcurrir ese mes sin resolución, la ejecución quedó suspendida por efecto de la normativa administrativa desde el 3 de enero de 2023. El documento habla de una suspensión producida por ministerio de la ley, sin que fuese necesario un acuerdo municipal expreso para activarla.

La frase que más ruido político ha provocado es otra. El informe señala que resolver el recurso podía ocasionar «importantes perjuicios» a los sujetos expropiados, es decir, a la propia sociedad recurrente. El texto conocido no detalla cuáles serían esos perjuicios ni los cuantifica. La oposición municipal ha utilizado ese argumento para cuestionar la demora, mientras el Gobierno de la ciudad defiende que su actuación responde a una estrategia jurídica prudente.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, sostiene que resulta razonable esperar al desenlace del contencioso relacionado con el deslinde de la Confederación Hidrográfica del Ebro. También ha defendido que existe voluntad política de recuperar el dinero y que la acción para reclamar continúa plenamente abierta. Es, por el momento, la posición jurídica y política del Gobierno municipal; no una resolución judicial definitiva sobre el fondo del asunto.

De dónde salen exactamente los 12 millones

La cifra que ha convertido el expediente en un asunto político de primera magnitud procede de sumar aproximadamente 9,6 millones de euros de principal y unos 2,3 millones correspondientes a intereses. El resultado se sitúa cerca de los 12 millones que habitualmente aparecen asociados al conflicto entre Zaragoza y el Tiro de Pichón.

Hay, sin embargo, un matiz importante. La revisión de oficio no afecta exactamente a toda la superficie que fue expropiada. De los 11.799,07 metros cuadrados de la parcela principal, la nulidad alcanza 10.771 metros cuadrados. El informe municipal calcula que, teniendo en cuenta ese nuevo escenario, el justiprecio correcto podría rondar los 1.413.000 euros.

Por eso conviene no confundir dos cantidades. Una cosa son los casi 12 millones pagados históricamente entre principal e intereses; otra, la suma exacta que eventualmente pueda reclamarse y recuperarse después de cerrar todos los procedimientos administrativos y judiciales. Esa cifra final depende todavía del encaje jurídico del expediente y de las resoluciones que quedan pendientes.

El riesgo de prescripción enfrenta al Gobierno y la oposición

La preocupación política ha aumentado porque en octubre de 2026 se cumplen cuatro años desde el acuerdo plenario que declaró parcialmente nula la expropiación. Los grupos de la oposición han advertido del riesgo de prescripción y han reclamado al Gobierno municipal que actúe para garantizar la recuperación del dinero. El Ejecutivo local sostiene exactamente lo contrario: que el plazo no está corriendo en los términos que plantean sus adversarios.

El informe municipal tampoco establece una fecha definitiva en la que prescribiría la reclamación. Recoge la discusión sobre si podría aplicarse un plazo de cuatro o cinco años, según la naturaleza de la obligación, pero argumenta que el cómputo no comienza mientras el acuerdo no sea firme y continúe pendiente de resolución el recurso presentado por el club.

Serrano ha defendido que las posibilidades jurídicas del Ayuntamiento permanecen «absolutamente incólumes» y que existe voluntad de reclamar. El PSOE municipal, por su parte, ha anunciado que contempla acudir a los tribunales si el Ayuntamiento no impulsa la recuperación de las cantidades. Son posiciones contrapuestas ante un procedimiento abierto y, precisamente por eso, conviene separar las acusaciones políticas de los hechos administrativos ya documentados.

Un conflicto jurídico que viene de lejos

El caso tiene una peculiaridad difícil de pasar por alto. Durante años, Ayuntamiento y club discutieron cuánto valían unos terrenos y los tribunales terminaron fijando una indemnización millonaria; después apareció documentación que reforzó la tesis de que buena parte de aquella superficie pertenecía al dominio público hidráulico. Lo que parecía un pleito terminado volvió a abrirse por la base.

En 2018, cuando todavía se discutían las vías para evitar el pago, el propio Ayuntamiento señalaba que la controversia giraba precisamente alrededor de la condición pública de parte de los terrenos. Aquel mismo año terminó acordando satisfacer los 7,29 millones que quedaban pendientes en cumplimiento de las resoluciones judiciales existentes. El deslinde posterior de 2021 permitió abrir una nueva revisión administrativa.

También existe un elemento histórico que ha entrado en la discusión política. Jorge Azcón, actual presidente de Aragón y antiguo alcalde de Zaragoza, figuró en 2010 en la junta del Tiro de Pichón como tesorero, cuando todavía no desempeñaba un cargo público. La oposición ha utilizado esa relación pasada en sus críticas, aunque ese dato, por sí solo, no acredita ninguna irregularidad en la gestión posterior del expediente.

Doce millones todavía atrapados entre recursos y plazos

A septiembre de 2026, Zaragoza no ha recuperado los casi 12 millones vinculados al expediente, pero el Gobierno municipal sostiene que tampoco ha perdido la posibilidad jurídica de reclamarlos. Esa diferencia, nada pequeña, resume buena parte de un conflicto donde los plazos administrativos pesan casi tanto como las cantidades económicas.

El Ayuntamiento considera suspendida la ejecución mientras sigue pendiente el recurso y espera también al desenlace judicial relacionado con el deslinde. La oposición reclama resolver el expediente y activar el cobro cuanto antes. En medio quedan años de procedimientos, una expropiación parcialmente anulada y una suma muy relevante de dinero público cuyo destino definitivo sigue sin estar cerrado.

Lo cierto, sin adornos, es esto: el pleno declaró en 2022 la nulidad de una parte sustancial de aquella expropiación, el recurso presentado después continúa sin resolución expresa y el dinero sigue sin volver a las cuentas municipales. Cuatro años después, el caso del Tiro de Pichón y los 12 millones de Zaragoza permanece abierto, pendiente de que el laberinto administrativo y judicial termine por señalar cuánto debe recuperarse y cuándo puede exigirse.