¿Qué datos faltan en el auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez?

El último auto del juez Juan Carlos Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero su relato no incorpora con el mismo detalle varios elementos que también figuran en la causa: la actividad universitaria de Gómez anterior a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, las conclusiones iniciales de la UCO sobre los contratos de Red.es, la decisión del Tribunal Supremo que rechazó investigar a Félix Bolaños y documentación aportada por las defensas sobre el control técnico del software de la cátedra.

Eso no significa que el procedimiento haya quedado sin sustento judicial. La Audiencia Provincial de Madrid resolvió en julio de 2026 que existían indicios suficientes para continuar por esos dos delitos, aunque eliminó del procedimiento los de corrupción en los negocios y apropiación indebida y levantó las medidas cautelares impuestas anteriormente. La fotografía completa tiene, por tanto, dos caras: hay indicios que serán sometidos a juicio y existen también antecedentes, informes y documentos que matizan algunos pasajes del auto.

La trayectoria universitaria empezó seis años antes de Moncloa

Uno de los pasajes centrales del auto vincula la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, en junio de 2018, con un supuesto cambio significativo en la carrera profesional de Begoña Gómez. Peinado sitúa ese momento como una referencia relevante para interpretar su posterior trayectoria en la Universidad Complutense y el desarrollo de la cátedra que acabaría bajo investigación.

La cronología anterior introduce, sin embargo, un matiz importante. Gómez ya colaboraba con la Universidad Complutense desde 2012, cuando codirigió estudios de formación continua relacionados con la captación de fondos. Más tarde participó en la dirección de un máster propio desde el curso 2014-2015. Pedro Sánchez todavía tardaría varios años en llegar a La Moncloa. La propia defensa ha utilizado precisamente ese historial para rechazar que su actividad académica naciera tras convertirse en esposa del presidente del Gobierno.

No es un detalle menor. La existencia de una trayectoria académica previa no descarta por sí sola que posteriormente pudiera haberse producido un trato de favor, que es precisamente una de las cuestiones sometidas a investigación. Sí obliga, en cambio, a diferenciar entre el inicio de su relación con la universidad y la creación en 2020 de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que constituye uno de los núcleos del procedimiento.

Red.es: las cartas de apoyo y el primer informe de la UCO

La investigación arrancó en 2024 con especial atención a contratos adjudicados por Red.es a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés. Begoña Gómez había firmado cartas de apoyo a ofertas presentadas por una unión temporal de empresas en la que participaba Innova Next, una de las sociedades relacionadas con Barrabés.

El primer informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no apreció indicios que permitieran atribuir a Gómez una influencia sobre aquellas adjudicaciones. Tampoco identificó relaciones entre ella y los responsables encargados de valorar las ofertas. Ese informe forma parte del recorrido documental de la causa aunque la investigación judicial continuó después por otras vías.

Las cartas firmadas por Gómez tampoco eran los únicos respaldos presentados. Las propuestas de Barrabés incorporaron decenas de cartas de apoyo procedentes de compañías e instituciones. Entre ellas figuraban organizaciones públicas y privadas. El dato no determina por sí mismo cuánto valor tuvo cada carta en los concursos, pero sí aporta contexto a unas comunicaciones que durante la instrucción han adquirido bastante más protagonismo que el que aparentaban tener sobre el papel.

Que aquel primer informe de la UCO no apreciara tráfico de influencias atribuible a Gómez tampoco supone que todas las dudas sobre las adjudicaciones desaparecieran. La Fiscalía Europea abrió sus propias pesquisas sobre contratos financiados con fondos comunitarios y Gómez compareció en ellas en calidad de testigo, no de investigada. Esa línea de investigación y el procedimiento dirigido por Peinado no tienen exactamente el mismo perímetro.

La Audiencia sí aprecia indicios de tráfico de influencias

Ese historial no impidió que la Audiencia Provincial mantuviera vivo el presunto tráfico de influencias. En julio de 2026, los magistrados consideraron verosímil que Gómez pudiera haberse beneficiado de su posición como esposa del presidente para obtener la cátedra y desarrollar su actividad vinculada a ella. Es esa valoración judicial, junto con otros indicios recopilados durante la instrucción, la que permitirá que esa parte del caso llegue al jurado.

No estamos, por tanto, ante una causa archivada que Peinado haya llevado unilateralmente hasta el banquillo. Pero tampoco ante una investigación que haya llegado intacta al juicio. La Audiencia de Madrid redujo su perímetro penal, descartó dos delitos y dejó que sean tráfico de influencias y malversación los que se discutan finalmente ante el Tribunal del Jurado.

Bolaños y el nombramiento de Cristina Álvarez

Otro asunto recogido en el auto es la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en La Moncloa. Peinado relaciona su nombramiento con la Secretaría General de Presidencia, que dirigía entonces Félix Bolaños, dentro del análisis sobre el posterior uso de los servicios de esta empleada pública.

La posible responsabilidad penal de Félix Bolaños, sin embargo, pasó por el Tribunal Supremo. El instructor remitió una exposición razonada para que el alto tribunal investigara su intervención y el Supremo rechazó esa petición al considerar que existía una ausencia de indicios mínimamente fundados para abrir una investigación contra él. Ese pronunciamiento delimita lo que puede atribuirse penalmente al ministro en relación con aquel nombramiento.

Otra cuestión diferente —y esa sí permanece dentro del procedimiento— es determinar si posteriormente se utilizaron recursos públicos destinados al puesto de Álvarez para desarrollar actividades profesionales o privadas relacionadas con Gómez. Es ahí donde se sitúa una parte de la acusación por malversación que deberá examinar el jurado.

El software, entre el dominio privado y el control de la Complutense

Es probablemente el punto más enrevesado de toda la causa. También uno de los que mejor muestran cómo varios datos aparentemente técnicos pueden modificar la lectura del expediente. La acusación por malversación gira en parte alrededor del software desarrollado para la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

La tesis que llegará al juicio sostiene que Gómez pudo desplazar hacia su esfera particular un activo creado con recursos relacionados con la Universidad. Entre los elementos utilizados para sostener esa hipótesis aparece que el dominio asociado a la plataforma quedó registrado a su nombre y que en 2023 se constituyó Transforma TSC SL, sociedad de la que era administradora única. La Universidad Complutense reclama, en caso de condena, más de 113.000 euros por el perjuicio que sostiene haber sufrido.

Pero el expediente contiene documentación utilizada por las defensas para sostener una interpretación distinta. Según correos incorporados a la causa, el dominio de internet habría sido colocado inicialmente a nombre de Gómez siguiendo indicaciones recibidas desde la propia Universidad. Y, en la infraestructura de Google Cloud que alojaba la aplicación, el rol técnico de owner —el permiso con mayores capacidades administrativas— figuraba asignado a una cuenta institucional de la Complutense correspondiente a un empleado de sus servicios informáticos.

Son planos diferentes. Ser titular de un dominio no equivale automáticamente a ser propietario técnico o jurídico de todo aquello que se aloja detrás. Es algo parecido a tener las llaves de una puerta: dice mucho sobre el acceso, pero no resuelve por sí solo quién es dueño del edificio. El juicio deberá aclarar quién controlaba realmente el software, cuáles eran los derechos de la Universidad y si existió una utilización irregular de recursos públicos.

La Audiencia Provincial consideró que existen indicios suficientes para mantener la malversación, aunque descartó que los hechos debieran continuar también como apropiación indebida. El resultado es una discusión penal más estrecha que la planteada inicialmente, pero todavía sustancial: determinar si hubo una disposición ilícita de recursos o bienes vinculados a la Universidad.

Cómo funcionan los másteres de la Complutense también entra en juego

La defensa de Begoña Gómez incorporó una pericial que examinó 209 programas universitarios para discutir que la participación de profesionales externos en la dirección de estudios propios de la Complutense fuese algo excepcional. No es una conclusión judicial, sino un informe presentado por la defensa, una distinción bastante importante en un procedimiento de esta naturaleza.

Según esa pericial, 96 de los másteres analizados tenían un sistema de codirección y, de ellos, 72 —el 75%— contaban con la participación de una persona externa a la Universidad. El informe utiliza esos datos para sostener que la colaboración entre personal universitario y profesionales externos es frecuente en determinados títulos propios.

Eso tampoco resuelve el caso. Que una persona externa pueda codirigir normalmente un programa universitario no determina cómo se produjo el nombramiento concreto de Gómez, ni elimina por sí mismo la posibilidad de un trato de favor. Sí introduce un contexto necesario para valorar hasta qué punto su presencia en esos estudios era ordinaria o excepcional.

La cuestión penal vuelve siempre al mismo sitio: no basta con constatar que Gómez era esposa del presidente, que consiguió patrocinios empresariales o que contó con una asistente pública. Para establecer responsabilidad penal habrá que probar que esas circunstancias se tradujeron en las conductas concretas que exigen los delitos de tráfico de influencias y malversación. La apertura del juicio no equivale a una condena y sigue vigente la presunción de inocencia.

Un juicio con un perímetro mucho más estrecho

Dos años y medio después del comienzo de la investigación, el procedimiento que llegará a la Audiencia Provincial de Madrid es considerablemente más reducido que el planteado durante fases anteriores. Peinado llegó a situar a Gómez ante cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La Audiencia eliminó los dos últimos y dejó únicamente los dos primeros. También levantó la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y las comparecencias periódicas que habían sido acordadas como medidas cautelares.

Finalmente, el auto de apertura de juicio oral dictado el 21 de septiembre de 2026 envía a Gómez ante un jurado por tráfico de influencias y malversación y a Cristina Álvarez por malversación. Peinado no impuso nuevas medidas cautelares ni fianza, aunque ordenó recabar las cinco últimas declaraciones de la renta de Gómez para determinar su capacidad económica ante eventuales responsabilidades.

El auto deja así una acusación concreta, pero no contiene con el mismo grado de detalle todo lo acumulado durante una instrucción extensa. Algunas piezas refuerzan la hipótesis acusatoria; otras introducen contexto o respaldan los argumentos de las defensas. Será el jurado quien tenga que valorar ese conjunto, no la condición política o familiar de las personas implicadas.

Ahí está la diferencia esencial, pequeña sobre el papel y enorme en cualquier proceso penal: una cosa son los indicios suficientes para llegar a juicio y otra, bastante más exigente, la prueba necesaria para declarar culpable a una persona.