¿Qué busca la UCO tras 78,3 millones y cuentas de Aldama en Portugal?

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que impulse el bloqueo inmediato de cuentas bancarias en Portugal relacionadas con empresas investigadas en el caso de los hidrocarburos. El nuevo informe policial eleva hasta 78,3 millones de euros el dinero transferido desde cuentas españolas vinculadas a Villafuel y a distintas suministradoras hacia sociedades portuguesas. La petición afecta a 14 empresas y el rastreo alcanza más de 70 cuentas.

Entre las sociedades señaladas aparecen compañías vinculadas a Víctor de Aldama, uno de los investigados en esta causa junto al empresario Claudio Rivas. Los agentes quieren saber cuánto dinero continúa en Portugal, qué cantidades han sido inmovilizadas y, sobre todo, qué ocurrió después con los fondos que abandonaron las cuentas portuguesas. Parte regresó a España; otra terminó en otros países y los investigadores han localizado operaciones relacionadas con criptomonedas. El mapa financiero, visto sobre el papel, empieza en el combustible y termina bastante lejos de una gasolinera.

La UCO eleva a 78,3 millones el dinero enviado a Portugal

La cifra concreta que recoge el nuevo oficio es de 78.318.349,48 euros. Según la investigación, ese volumen de fondos salió de cuentas españolas de la operadora Villafuel y de sociedades suministradoras hacia cuentas abiertas por mercantiles portuguesas.

No significa que los 78,3 millones pertenecieran a Aldama ni que todos acabaran en sociedades controladas por él. Ese matiz es importante. Se trata del volumen global de transferencias que la Guardia Civil ha identificado dentro de la estructura financiera investigada en Portugal. La información remitida hasta el momento por las autoridades lusas ha permitido localizar la entrada de unos 56,5 millones de euros, mientras todavía quedan movimientos sin reconstruir por completo.

La hipótesis de los investigadores es que determinadas sociedades funcionaron como piezas interpuestas para alejar el dinero de su origen, moverlo entre jurisdicciones y dificultar su seguimiento. La UCO investiga posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de una causa mucho más amplia sobre el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. El procedimiento sigue abierto y estas atribuciones forman parte de la investigación policial y judicial, no de una sentencia sobre estos hechos.

Las cuentas portuguesas que la Guardia Civil quiere congelar

El requerimiento planteado por la UCO tiene una vertiente bastante concreta: que Portugal comunique cuál es el saldo actualmente bloqueado en las cuentas investigadas y que, cuando no exista una inmovilización previa, se proceda a bloquear los fondos de forma inmediata.

No es la primera vez que la Audiencia Nacional dirige peticiones de este tipo a las autoridades portuguesas. Pedraz había solicitado ya en 2024 medidas sobre fondos depositados allí, pero los investigadores sostienen que necesitan conocer con precisión cuáles se ejecutaron y en qué situación se encuentra actualmente el dinero inmovilizado.

Ahora la Guardia Civil reclama una radiografía bancaria mucho más detallada. Quiere movimientos, titulares, saldos y documentación de más de 70 cuentas, incluidas algunas cuya titularidad no está completamente identificada. En una investigación económica de esta dimensión, una transferencia aislada dice poco; la secuencia completa —quién envía, quién recibe y adónde sale después el dinero— lo cambia todo.

Las tres sociedades vinculadas a Víctor de Aldama

El oficio menciona específicamente tres mercantiles portuguesas vinculadas a Aldama: Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada y Cuboflamejante. La primera concentra algunos de los movimientos más relevantes descritos por los investigadores.

Según la UCO, Atmosferaudaz recibió 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, otros 1.205.310 euros de Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 euros de Casmar Hidrocarburos. Solo esas operaciones suman alrededor de 8,86 millones de euros. Las otras dos sociedades también figuran como receptoras dentro de la estructura portuguesa, aunque el oficio conocido no desglosa de la misma manera las cantidades atribuidas a cada una.

La relevancia de estas sociedades no nace únicamente de que recibieran dinero. Los investigadores intentan determinar qué actividad económica real existía detrás de algunas de ellas y si las transferencias respondían a operaciones comerciales auténticas o servían para canalizar fondos procedentes del presunto fraude.

La Fiscalía Europea ya había trasladado información relacionada con esta vertiente portuguesa. En una investigación paralela comunicada a Pedraz, situó en unos 27,9 millones de euros los fondos enviados entre 2022 y 2024 desde varias sociedades españolas del sector hacia empresas portuguesas cuya actividad real estaba bajo sospecha.

Dinero que vuelve a España, criptomonedas y transferencias al extranjero

Portugal no aparece en la investigación como destino necesariamente definitivo, sino como una especie de estación intermedia del dinero. La documentación analizada por los investigadores muestra fondos que después regresaron a sociedades españolas, otros que salieron hacia terceros países y movimientos destinados a plataformas relacionadas con activos digitales.

La Fiscalía Europea había detectado que, de los 27,9 millones analizados en sus pesquisas, al menos 9 millones regresaron a cuentas españolas, alrededor de 3 millones fueron enviados al Reino Unido —incluidas operaciones vinculadas con intermediarios de criptomonedas— y otros aproximadamente 3 millones acabaron repartidos entre cuentas abiertas en distintas jurisdicciones europeas y americanas.

La UCO quiere ampliar precisamente ese seguimiento. En el nuevo oficio pide investigar el movimiento de 213.663 euros hacia una compañía relacionada con Kraken en Irlanda. Los agentes también han identificado una transferencia de medio millón de euros hacia una mercantil de Hong Kong desde una de las sociedades portuguesas investigadas.

No son detalles decorativos. En los procedimientos por blanqueo, la multiplicación de sociedades, países, cuentas y activos puede servir para romper la trazabilidad de los fondos. Eso es justamente lo que los investigadores intentan reconstruir: el viaje completo del dinero, no solo su primera parada.

Los 14 millones que todavía no encajan

Uno de los puntos más llamativos del informe aparece en las propias cuentas de Villafuel. Al analizar la información disponible en España, la Guardia Civil identificó aproximadamente 36,3 millones de euros enviados hacia las cuentas portuguesas de la compañía. Sin embargo, los datos proporcionados desde Portugal reflejan entradas superiores a 50,3 millones.

La diferencia ronda los 14 millones de euros y su origen no ha podido ser determinado todavía por los investigadores. De ahí que la UCO reclame información bancaria adicional. No es una cuestión menor: cuando los movimientos de salida de un país y de entrada en otro no coinciden, conocer qué operaciones faltan puede modificar de forma sustancial la reconstrucción financiera.

La documentación recibida desde Portugal también ha permitido descubrir productos bancarios que inicialmente no estaban identificados, pero los agentes consideran que la información continúa siendo incompleta porque faltan movimientos de algunas de las cuentas localizadas.

Ese agujero documental explica buena parte de las nuevas diligencias. Más que buscar una cifra espectacular —que ya la hay—, la UCO intenta cerrar el circuito financiero.

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