¿Puede España celebrar un referéndum sobre monarquía o república?

España sí puede llegar a votar entre monarquía y república, pero cambiar la forma política del Estado no se resuelve convocando una consulta y contando papeletas. La Constitución permite modificar incluso sus elementos esenciales, aunque para sustituir la monarquía parlamentaria por una república exige recorrer el procedimiento más duro de todo el texto constitucional: mayorías de dos tercios, disolución de las Cortes, elecciones generales, una segunda aprobación parlamentaria y, finalmente, un referéndum obligatorio.

Dicho de otro modo: la república no está prohibida por la Constitución española. Lo que está especialmente protegido es el procedimiento para cambiar de una forma de Estado a otra. El artículo 1.3 establece que España es una monarquía parlamentaria, mientras que el artículo 168 obliga a utilizar el procedimiento de reforma agravada cuando la modificación afecta al Título Preliminar o al Título II, dedicado precisamente a la Corona. No hay atajo de una tarde electoral.

El debate sobre un referéndum de monarquía o república en España reaparece periódicamente. Pero una cosa es la discusión política, perfectamente legítima dentro de una democracia plural, y otra bastante distinta el mecanismo jurídico que permitiría convertir el resultado de las urnas en una nueva arquitectura constitucional.

La Constitución permite cambiar la monarquía por una república

La primera idea suele perderse entre consignas: la Constitución de 1978 no contiene una cláusula que declare intocable para siempre la monarquía. El Tribunal Constitucional ha señalado que, dentro de los procedimientos de reforma y respetando los principios democráticos y los derechos fundamentales, no existen límites materiales que impidan plantear una revisión constitucional de gran alcance. Lo verdaderamente inexcusable es seguir los cauces previstos para hacerlo.

Eso significa que defender una república, proponerla políticamente o promover una reforma constitucional para instaurarla forma parte del debate democrático. También, naturalmente, defender la continuidad de la Corona. La Constitución establece las reglas del juego; no obliga a que todas las generaciones mantengan eternamente la misma preferencia política.

La dificultad aparece cuando se pasa de la preferencia al BOE. La frase aparentemente sencilla del artículo 1.3 —la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria— está situada en el Título Preliminar, una de las zonas sometidas al procedimiento agravado del artículo 168. Buena parte de la regulación que habría que sustituir se encuentra además en el Título II, De la Corona, igualmente incluido en ese mecanismo reforzado.

No bastaría, por tanto, con aprobar una ley orgánica que cambiara al rey por un presidente de la República. Una ley está por debajo de la Constitución y no puede reescribirla. Haría falta una reforma constitucional.

El artículo 168 convierte el cambio en una reforma de gran calibre

Aquí llega la parte que explica por qué una eventual transformación de la forma del Estado exige mucho más que una votación parlamentaria ordinaria. El artículo 168 obliga primero a aprobar el principio de la reforma por una mayoría de dos tercios del Congreso y otros dos tercios del Senado. Inmediatamente después deben disolverse las Cortes.

Es decir, los diputados y senadores que abren el cambio no pueden terminarlo ellos solos. Se convocan elecciones generales y la ciudadanía elige unas nuevas Cortes con la reforma constitucional ya encima de la mesa. Las nuevas cámaras deben ratificar la decisión, estudiar el nuevo texto y este tendría que ser aprobado nuevamente por dos tercios tanto del Congreso como del Senado.

Y todavía queda una urna.

Una vez aprobada la reforma por esas nuevas Cortes, el texto tiene que someterse obligatoriamente a un referéndum de ratificación. En este caso no estamos ante una mera consulta política: la votación popular forma parte del propio procedimiento constitucional. Sin esa ratificación, la reforma no culmina.

Quién podría poner en marcha el proceso

La iniciativa tampoco nace directamente de una recogida de firmas. El artículo 166 remite a los apartados 1 y 2 del artículo 87, de manera que la reforma puede ser impulsada por el Gobierno, el Congreso, el Senado y las asambleas de las comunidades autónomas conforme a las condiciones constitucionalmente previstas. La iniciativa legislativa popular contemplada en el apartado 3 del artículo 87 no forma parte de esa remisión.

La ciudadanía tendría, en cambio, dos momentos políticos de enorme peso durante una reforma de este tipo: unas elecciones generales celebradas después de la primera aprobación y el referéndum constitucional obligatorio con el que terminaría el procedimiento.

Hasta septiembre de 2026, el procedimiento del artículo 168 no ha completado ninguna reforma constitucional. Las modificaciones efectuadas hasta ahora se han realizado mediante el artículo 167, incluido el cambio del artículo 69 aprobado en 2026 para que Formentera elija un senador propio, que obtuvo las mayorías exigidas en ambas cámaras y entró en vigor en mayo.

El artículo 92 no es un botón para cambiar la forma del Estado

Aquí aparece la confusión más habitual. El artículo 92 de la Constitución permite someter a todos los ciudadanos las decisiones políticas de especial trascendencia mediante un referéndum consultivo. Para celebrarlo, el presidente del Gobierno debe solicitarlo y el Congreso tiene que autorizarlo; la Ley Orgánica 2/1980 exige para ello mayoría absoluta. La convocatoria corresponde formalmente al rey en los términos establecidos por la Constitución.

Por tanto, España dispone de un mecanismo para celebrar referendos consultivos nacionales. Lo que una consulta del artículo 92 no puede hacer por sí sola es modificar el texto constitucional. Su resultado expresa la posición del cuerpo electoral sobre una decisión política, pero no sustituye los trámites que la propia Constitución establece para reformarse.

Más discutida jurídicamente es otra cuestión: utilizar precisamente ese artículo 92 para celebrar, antes de iniciar la reforma, una consulta sobre monarquía o república. Existe debate doctrinal sobre esa posibilidad. El constitucionalista Víctor Ferreres Comella ha defendido que el artículo 92 no ofrecería cobertura constitucional suficiente para una consulta de este tipo, precisamente porque la cuestión está conectada con una reforma sometida al artículo 168.

La jurisprudencia constitucional aporta un elemento relevante, aunque la sentencia de referencia no trataba sobre la Corona. En la STC 103/2008, relativa a una consulta promovida por el Parlamento vasco, el Tribunal Constitucional señaló que los proyectos que afectan a fundamentos del orden constitucional deben encauzarse mediante el procedimiento formal de reforma que corresponda y que esos procedimientos no pueden simplemente eludirse.

Eso deja una diferencia esencial: discutir sobre monarquía o república es libre; promover una reforma también. Pero hacer jurídicamente efectiva la sustitución de una forma del Estado por otra exige modificar la Constitución mediante el procedimiento agravado.

En 1978 no hubo una papeleta separada entre monarquía y república

Otro punto que vuelve una y otra vez al debate tiene una respuesta documental bastante limpia. El referéndum del 6 de diciembre de 1978 no planteó dos casillas independientes para escoger entre monarquía y república.

La pregunta oficial fue «¿Aprueba el proyecto de Constitución?». Los ciudadanos votaron sobre el texto constitucional completo, cuyo artículo 1.3 establecía la monarquía parlamentaria. Por tanto, la forma política del Estado formaba parte de la Constitución sometida a ratificación, pero no fue objeto de una votación separada.

Las dos afirmaciones pueden convivir sin necesidad de retorcer la historia: la Constitución que estableció la monarquía parlamentaria fue aprobada en referéndum y, al mismo tiempo, aquel referéndum no preguntó específicamente si España debía ser una monarquía o una república. Fue un voto sobre el paquete constitucional entero.

Desde entonces han pasado casi cinco décadas y la discusión ha cambiado de protagonistas, generaciones y contexto político. También han existido iniciativas parlamentarias reclamando una consulta específica. En abril de 2026, por ejemplo, el Parlamento de La Rioja debatió una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a convocar un referéndum consultivo sobre monarquía o república al amparo del artículo 92. La iniciativa fue rechazada.

Un referéndum posible, pero al final de una reforma muy exigente

La imagen de una papeleta con dos casillas —monarquía, república— simplifica una maquinaria constitucional bastante más pesada. Si España quisiera sustituir jurídicamente la Corona por una jefatura del Estado republicana, tendría que decidir también cómo se elige esa jefatura, qué poderes posee, cuánto dura su mandato, cómo se articula su responsabilidad institucional y qué ocurre con todas las disposiciones constitucionales construidas alrededor del rey.

No se cambia únicamente una palabra. Habría que reconstruir una pieza importante de la Constitución.

Y la última palabra sí acabaría en las urnas. El artículo 168 obliga a que una reforma de ese alcance termine con un referéndum nacional de ratificación después de superar dos composiciones sucesivas de las Cortes y las mayorías parlamentarias reforzadas previstas por la Constitución.

Por eso la respuesta jurídica es menos simple que colocar dos opciones sobre una papeleta: España puede convertirse constitucionalmente en una república y la ciudadanía tendría que participar en el referéndum que culminase ese cambio. Lo que el sistema vigente no permite es sustituir la forma política del Estado mediante una votación aislada que reemplace por sí sola el procedimiento de reforma.

La urna existe; llegar hasta ella es lo difícil

El debate monarquía-república no está fuera de la Constitución. Está, paradójicamente, dentro de ella: la propia Norma Fundamental contiene el mecanismo con el que podría modificarse. El listón es extraordinariamente alto y, hasta septiembre de 2026, ningún procedimiento del artículo 168 ha recorrido todas sus fases hasta producir una reforma.

En ese diseño hay una lógica visible. Para alterar elementos centrales del pacto constitucional no basta una mayoría parlamentaria coyuntural ni una sola jornada electoral. Se exige acuerdo reforzado, disolución de las Cortes, elecciones, una nueva aprobación reforzada y voto ciudadano. Un pequeño maratón institucional, con bastante más BOE que épica.

Así que un referéndum sobre monarquía o república en España no pertenece al terreno de lo jurídicamente imposible. Pero el referéndum capaz de convertir realmente una monarquía parlamentaria en una república sería, conforme al mecanismo constitucional vigente, la estación final de una reforma del artículo 168. Antes habría que hacer algo bastante más difícil que colocar dos papeletas sobre una mesa: conseguir que dos composiciones sucesivas de las Cortes aceptasen cambiar una de las reglas fundamentales del Estado.