IRPEF, siempre menos marcan la casilla de la Iglesia

La caída de las casillas de Iglesia y fines sociales en la renta retrata una España más secular, desconfiada y pendiente del dinero público.

España está cambiando también en la declaración de la renta, ese pequeño teatro anual donde el contribuyente se sienta ante Hacienda, mira sus datos fiscales y decide, a golpe de clic, si quiere destinar parte de su IRPF a la Iglesia católica, a fines sociales, a ambas cosas o a ninguna. La novedad no es que existan esas casillas, que llevan operativas desde 2007, sino que cada vez más declarantes prefieren no marcar nada. En 2024, el 39,5 % dejó en blanco las dos opciones. Casi cuatro de cada diez. La cifra no tumba el sistema, porque todavía seis de cada diez contribuyentes sí eligen alguna asignación, pero dibuja una tendencia clara: la casilla de la Iglesia pierde peso, la de fines sociales baja algo menos y la opción de no intervenir gana terreno, como una mancha de aceite discreta en mitad del formulario.

El dato tiene varias lecturas y ninguna cabe del todo en el ruido habitual. No significa que el contribuyente pague menos por no marcar, ni que pague más por hacerlo. Tampoco implica que Hacienda le devuelva más o menos. La decisión afecta al destino de una parte de la cuota íntegra del IRPF: el 0,7 % para la Iglesia católica, el 0,7 % para actividades de interés social o ambas asignaciones si se marcan las dos casillas. En la campaña de la renta de 2024, ese mecanismo repartió 968 millones de euros: 401 millones para la Iglesia, que suben a 423 millones al sumar País Vasco y Navarra, y 567 millones para fines sociales. Mucho dinero para dos cuadrados minúsculos. La burocracia española, ya se sabe, a veces es una novela rusa escondida dentro de una pantalla azul.

La caída silenciosa de una costumbre fiscal

Cuando el sistema arrancó en 2007, el reparto parecía responder a una España todavía bastante reconocible: un 34,1 % de contribuyentes marcó solo la casilla de fines sociales, un 21,7 % eligió únicamente la de la Iglesia, un 12,7 % marcó ambas y el 31,5 % no señaló ninguna. Diecisiete años después, la fotografía ha cambiado. En 2024, solo el 10,1 % marcó exclusivamente la casilla de la Iglesia. Es menos de la mitad que al principio. La opción de fines sociales también retrocedió, aunque con menos dramatismo, hasta el 29,9 %. Quienes marcaron ambas casillas se mantuvieron en el 20,5 %, tras haber superado el 20 % en 2015 y aguantar desde entonces en una meseta bastante estable. La gran ganadora, si puede hablarse así de una abstención fiscal, es la opción en blanco.

Ese movimiento no se entiende solo como un dato religioso. Sería demasiado fácil y, además, algo perezoso. La sociedad española se ha secularizado, sí, y la identificación pública con la Iglesia ya no tiene el peso automático que tuvo en otras generaciones. Pero la declaración de la renta no es un confesionario ni una encuesta moral. Es un trámite frío, con pantallas, certificados, avisos, borradores y prisas. Muchos contribuyentes aceptan el resultado sin revisar cada casilla. Otros no conocen bien qué ocurre al marcarla. Algunos creen, erróneamente, que la elección puede afectar a su devolución o a lo que deben pagar. Y otros, sencillamente, deciden no participar en ese reparto específico porque entienden que el dinero público debe distribuirse por vías presupuestarias ordinarias, sin casillas de adhesión.

La caída de la casilla exclusiva de la Iglesia sí tiene, aun así, una carga simbólica evidente. En 2007, más de uno de cada cinco declarantes la marcaba como única opción. En 2024, apenas uno de cada diez. El descenso se aceleró especialmente a partir de 2012, un año que queda ya lejos en el calendario pero no tanto en la memoria social: crisis económica, recortes, desconfianza institucional, malestar con las élites y una relación más áspera entre ciudadanía y grandes organizaciones. La Iglesia no vivió aislada de ese clima. Ninguna institución lo hizo. La diferencia es que su vínculo con el IRPF permite medir año a año, con precisión de contable, una parte de esa distancia.

Qué se financia cuando se marca cada casilla

Conviene aclararlo porque la confusión es casi parte del paisaje. Marcar la casilla de la Iglesia católica no supone una donación privada adicional ni reduce la factura fiscal del contribuyente. Lo que hace es indicar al Estado que el 0,7 % de la cuota íntegra del IRPF se asigne al sostenimiento económico de la Iglesia. Marcar la casilla de fines sociales dirige otro 0,7 % a programas considerados de interés social, gestionados después mediante subvenciones y convocatorias públicas. Si se marcan las dos, se asigna un 0,7 % a cada una. Si no se marca ninguna, esa cantidad no desaparece: queda dentro de la caja común del Estado.

Ahí está uno de los malentendidos persistentes. Hay quien piensa que elegir ambas casillas divide el mismo porcentaje entre dos destinos, como si se partiera una naranja. No es así. Al señalar las dos, se activan dos asignaciones distintas. También hay quien cree que marcar una casilla perjudica su devolución, lo cual tampoco es correcto. La declaración sale igual para el contribuyente. La diferencia está en el camino que toma una parte del impuesto ya calculado. Dicho de manera menos administrativa: el ciudadano no paga más, pero sí introduce una preferencia en el reparto de una fracción del dinero público.

En 2024, la Iglesia recibió 401 millones de euros en el régimen común: 149 millones procedieron de quienes marcaron solo su casilla y 252 millones de quienes marcaron ambas. Al incorporar País Vasco y Navarra, con sus propios regímenes forales, la cantidad se elevó hasta 423 millones. Los fines sociales obtuvieron 567 millones: 315 millones de los contribuyentes que eligieron solo esa opción y 252 millones de quienes marcaron también la de la Iglesia. La simetría de esos 252 millones compartidos tiene algo de espejo perfecto: dos casillas, dos destinos, una misma decisión doble.

No todos los debates caben en la cifra, pero la cifra obliga a ordenar el debate. La Iglesia mantiene una financiación importante a través del IRPF incluso cuando baja el porcentaje de quienes la eligen como única opción. Los fines sociales conservan una base amplia, aunque ya no crecen como en los primeros años. Y la opción de no marcar nada se ha convertido en un comportamiento masivo, no en una rareza de despistados. Ahí empieza lo interesante.

La renta también marca la diferencia

El análisis por nivel de ingresos añade una capa decisiva: no todos los contribuyentes se comportan igual según su renta. Las rentas bajas tienden a dejar más casillas sin marcar. Las altas, en cambio, participan más en la asignación, especialmente marcando ambas opciones o la casilla de la Iglesia. La opción de no señalar ninguna es mayoritaria entre quienes declaran menos de 30.000 euros y supera el 40 % en los tramos por debajo de 21.000 euros. Entre quienes declaran de 60.000 a 150.000 euros, baja al 22,6 %. En las rentas superiores a 150.000 euros, se queda en el 21,9 %.

La diferencia es llamativa porque rompe una idea cómoda: que las casillas se explican solo por ideología, religión o sensibilidad social. Hay también un componente de posición económica, cultura fiscal, relación con la administración y quizá percepción de utilidad. Los contribuyentes con rentas más altas parecen estar más dispuestos a intervenir en el destino de esa parte del impuesto. En los tramos superiores, marcar ambas casillas es la opción favorita. Entre quienes declaran más de 150.000 euros, lo hace el 30,3 %. Una cifra robusta, nada anecdótica.

La casilla exclusiva de la Iglesia también crece con la renta. Entre los contribuyentes con ingresos inferiores a 30.000 euros no llega a uno de cada diez, pero sube al 12,8 % en el tramo de 30.000 a 60.000 euros, al 16,2 % entre 60.000 y 150.000 euros y al 22,7 % entre quienes declaran más de 150.000 euros. Es decir, la opción que más ha caído en términos generales conserva una implantación fuerte entre las rentas altas. La sociología fiscal, cuando se mira despacio, tiene menos pancarta y más retrato de familia.

Los fines sociales presentan otro dibujo. Funcionan especialmente bien entre las rentas medias y medias-altas, sobre todo entre 21.000 y 150.000 euros, donde superan el 30 % de las declaraciones. Mantienen además más del 20 % en casi todos los colectivos, salvo en bases negativas y cero. Su apoyo es más transversal, menos dependiente de una identidad religiosa explícita. Tal vez porque “fines sociales” suena menos comprometido, más amplio, casi imposible de rechazar en abstracto. Una expresión cómoda: caben la dependencia, la pobreza, la infancia vulnerable, la discapacidad, las organizaciones del tercer sector. Cabe casi todo lo que no chirría en una sobremesa familiar.

Una España más secular, más desconfiada y más distraída

La lectura cultural aparece sola. España no es la misma de 2007. La práctica religiosa ha perdido centralidad, las generaciones jóvenes tienen una relación más distante con las instituciones tradicionales y la autoridad moral de la Iglesia convive con heridas abiertas, desde los abusos hasta la opacidad patrimonial, pasando por debates sobre educación, igualdad o presencia pública. Para una parte de la sociedad, marcar la casilla ya no es un gesto natural sino una decisión política, o casi. Para otra, sigue siendo una forma sencilla de apoyar una red de parroquias, Cáritas, patrimonio, clero, actividad social y asistencia comunitaria. Dos Españas, aunque por suerte no siempre a garrotazos. A veces solo separadas por un clic.

Pero reducirlo todo a la secularización sería quedarse corto. La opción de no marcar nada también puede crecer por fatiga administrativa. La renta se ha digitalizado, el borrador llega casi hecho, muchas personas entran en la aplicación, confirman, respiran y salen. No hay épica en eso. Hay nóminas, retenciones, alquileres, hijos, hipotecas, deducciones autonómicas, avisos de Hacienda y el deseo profundo de terminar cuanto antes. En ese contexto, las casillas pueden convertirse en un detalle lateral. Visible, sí, pero lateral.

También influye la desconfianza. No solo hacia la Iglesia. Hacia las ONG, hacia el Estado, hacia las subvenciones, hacia cualquier mecanismo que suene a caja intermedia. Una parte de la ciudadanía ha desarrollado una especie de escepticismo defensivo: mejor no tocar, mejor no elegir, mejor que el dinero vaya al presupuesto general y que respondan los responsables públicos. Es una postura discutible, pero no absurda. Sobre todo en un país donde la conversación fiscal suele estar contaminada por medias verdades, indignaciones de temporada y una relación sentimental bastante mejorable con los impuestos.

El resultado es paradójico. La casilla de fines sociales, pensada para canalizar apoyo ciudadano a proyectos de interés general, también pierde algo de tracción. No cae como la de la Iglesia, pero tampoco escapa del desgaste. Ese 29,9 % de 2024 sigue siendo muy relevante, aunque queda por debajo del 34,1 % inicial de 2007. La solidaridad fiscal existe, pero no flota en el aire como una bandera pura. Necesita confianza, información y hábito. Cuando cualquiera de esas tres cosas se erosiona, el gesto se enfría.

El pequeño poder de un clic en la renta

La declaración de la renta tiene algo de espejo incómodo. Cada año devuelve al ciudadano una imagen comprimida de su vida económica: cuánto ganó, cuánto le retuvieron, si le toca pagar, si espera devolución, si aquella deducción entra o no entra, si el alquiler pesa como una losa, si los hijos cambian la cuenta, si la subida de sueldo fue real o solo una manera más elegante de pagar más IRPF. Dentro de ese espejo aparecen las casillas de asignación tributaria. Pequeñas, casi educadas. No gritan. Pero mueven cientos de millones.

Ese poder limitado explica por qué el debate reaparece cada cierto tiempo. Para los defensores del sistema, las casillas permiten al contribuyente expresar preferencias sin coste adicional y sostener actividades que, en muchos casos, llegan donde la administración llega tarde o llega con botas de plomo. Para los críticos, el mecanismo introduce una singularidad discutible, especialmente en el caso de la Iglesia católica, porque ninguna otra confesión religiosa dispone de una casilla equivalente en el IRPF estatal. También se cuestiona que una parte de la financiación pública dependa de una decisión individual en campaña de renta, no de una planificación presupuestaria ordinaria, evaluable y plenamente homogénea.

La respuesta práctica del contribuyente, mientras tanto, es menos solemne. Algunos marcan Iglesia por convicción religiosa o por confianza en su labor social. Otros marcan fines sociales porque quieren apoyar programas asistenciales sin entrar en debates eclesiales. Muchos marcan ambas porque lo perciben como una forma de multiplicar el destino útil de su impuesto. Y una porción cada vez mayor no marca ninguna. No siempre como protesta. A veces por duda. A veces por despiste. A veces por una prudencia seca, muy española: “que lo repartan ellos”.

El problema es que el silencio también decide. Cuando una casilla queda en blanco, esa parte no se asigna al destino concreto que el contribuyente podría haber elegido. Se integra en la recaudación general. No es una pérdida para el Estado, pero sí cambia el volumen de recursos destinados por esta vía a Iglesia y fines sociales. Por eso la evolución del porcentaje importa tanto como las cantidades absolutas. Puede ocurrir, de hecho, que la recaudación suba por el aumento de bases, salarios o declaraciones, mientras el porcentaje de adhesión baja. Más dinero, menos respaldo relativo. Una de esas contradicciones que tanto gustan a la realidad y tan poco a los titulares fáciles.

Los 968 millones que explican el debate

La cifra de 968 millones de euros en la campaña de 2024 coloca el asunto lejos de la anécdota. No hablamos de calderilla institucional. Hablamos de una asignación relevante dentro de la arquitectura fiscal española, con efectos sobre entidades, programas y presupuestos. Los 567 millones para actividades de interés social tienen un peso evidente en el tercer sector. Los 401 millones asignados a la Iglesia en el régimen común mantienen una vía de financiación que combina apoyo de los declarantes, reconocimiento histórico y controversia política. Al sumar País Vasco y Navarra, la cantidad eclesial llega a 423 millones. El matiz foral cuenta, como casi siempre en España. Hasta la casilla tiene geografía.

Ese dinero no sale de un bolsillo distinto al del impuesto ya calculado, pero sí produce una percepción peculiar: el contribuyente siente que decide. Y ese sentimiento de decisión tiene valor democrático, aunque sea parcial. La cuestión es si el sistema sigue reflejando bien las preferencias sociales o si empieza a mostrar signos de agotamiento. Cuando casi el 40 % no marca ninguna casilla, hay una señal que no debería despacharse con superioridad. Puede haber desconocimiento. Puede haber rechazo. Puede haber indiferencia. Tres cosas distintas, con remedios distintos.

La Administración podría explicar mejor el mecanismo, porque todavía circulan errores básicos. No, marcar no encarece la declaración. No, dejar en blanco no mejora la devolución. No, marcar ambas no divide una única cantidad. Sí, el dinero tiene destinos diferentes. Sí, la elección se puede cambiar cada año. Una pedagogía clara no resolvería el debate de fondo, pero limpiaría la niebla. Y en materia fiscal, la niebla siempre favorece al tópico.

La Iglesia, por su parte, afronta un desafío más delicado: no solo recaudar, sino convencer. La caída de su casilla exclusiva indica que parte del apoyo tradicional se ha diluido o se ha desplazado hacia la doble opción. El respaldo no desaparece, pero se mezcla. Ya no siempre llega solo, con el sello nítido de la pertenencia religiosa. A menudo llega acompañado de fines sociales, como si el contribuyente quisiera equilibrar identidad, prudencia y utilidad pública en el mismo gesto. Una especie de pacto íntimo con el formulario.

Las organizaciones sociales tampoco deberían leer sus datos con complacencia. Mantienen una base amplia, sí, pero han bajado respecto al arranque del sistema. En un país donde la desigualdad, la dependencia, la soledad no deseada, la salud mental y la precariedad siguen ocupando espacio real, el apoyo fiscal a fines sociales no crece de forma automática. Hay que sostener la confianza. Explicar qué se financia. Mostrar resultados sin convertir la solidaridad en propaganda de folleto. La gente no pide fuegos artificiales. Pide no sentirse tomada por tonta.

Una decisión pequeña que ya no parece automática

La evolución de las casillas de la renta cuenta una historia mayor que la de un trámite. Habla de una España menos obediente a sus viejos reflejos, más fragmentada en sus lealtades y más escéptica ante cualquier institución que pida confianza sin enseñar bien las costuras. La Iglesia pierde peso relativo, los fines sociales resisten con menos brillo del que tuvieron al principio y la abstención fiscal específica se acerca al 40 %. Todo eso ocurre mientras la recaudación asignada sigue siendo enorme, porque el IRPF mueve masas de dinero que convierten un gesto mínimo en una consecuencia muy concreta.

No hay que dramatizarlo, pero tampoco mirar hacia otro lado. Seis de cada diez contribuyentes aún marcan alguna casilla. La mayoría participa. Sin embargo, la minoría que no marca ya es demasiado grande para llamarla despiste colectivo. En la renta, como en tantas cosas, España no rompe de golpe con el pasado: lo va dejando en blanco, pantalla a pantalla, hasta que el cambio aparece en una tabla de Hacienda con decimales y millones. Y entonces sorprende. Aunque llevaba años delante de todos.