Quince latinoamericanos, enviados a un limbo en el Congo

Quince personas de Colombia, Perú y Ecuador fueron trasladadas desde Estados Unidos a la República Democrática del Congo en abril de 2025, como parte de una política de expulsiones a terceros países promovida por la Administración de Donald Trump. Alojadas en Kinshasa, la capital congoleña, describieron restricciones para salir, problemas de salud y falta de información sobre su futuro. Algunas afirmaron que tenían procesos migratorios abiertos o protecciones judiciales que impedían devolverlas a sus países de origen.

El caso expone una zona poco transparente de la política migratoria estadounidense: cuando una persona no puede ser enviada directamente al país del que huyó, Washington puede buscar otro Estado que acepte recibirla. Para quienes aterrizaron en el Congo, esa solución no significó encontrar un lugar seguro y estable, sino quedar entre opciones que consideran difíciles: permanecer en un país desconocido, solicitar protección allí o regresar a un territorio donde temen sufrir daños. El interrogante central es si un traslado de ese tipo ofrece garantías reales y una posibilidad efectiva de impugnarlo.

De Estados Unidos a Kinshasa, sin un destino esperado

Jorge Cubillos, colombiano, llevaba ocho años en Estados Unidos, según su relato. Había dejado atrás su país tras recibir amenazas y había formado una familia en Florida, donde vivían su esposa y sus cuatro hijos. Aseguraba tener permiso de trabajo y un proceso de asilo en marcha; sin embargo, terminó en una habitación de hotel en Kinshasa, enfermo y lejos de los suyos. La distancia no era solo geográfica: también desconocía el idioma, el entorno y las reglas que determinarían qué podía hacer allí.

Los quince trasladados constituían el primer grupo conocido enviado a la República Democrática del Congo bajo este acuerdo. El Gobierno congoleño defendió la acogida como temporal y la vinculó a la protección de la dignidad de las personas migrantes y a la solidaridad internacional. También indicó que habría asistencia durante su estancia. Las declaraciones oficiales, no obstante, no disiparon las preguntas sobre cuánto duraría esa acogida, cuál sería el estatus de cada persona y qué ocurriría cuando dejaran de recibir apoyo.

El término tercer país describe aquí el lugar al que se envía a una persona que no es nacional de ese Estado y que tampoco lo había elegido como destino. No basta, por sí solo, para explicar si el traslado es legal o seguro: importan las circunstancias individuales, las garantías ofrecidas y la posibilidad de recurrir la decisión. En este caso, varios deportados afirmaron que supieron adónde iban con muy poco margen, una situación que complica cualquier defensa y convierte una decisión administrativa en una ruptura abrupta de la vida cotidiana.

Detenciones y avisos que cambiaron el rumbo

Una mujer colombiana que pidió ser identificada con un nombre ficticio relató que su caso había pasado por una larga batalla legal. Según su testimonio, había permanecido 14 meses detenida antes de quedar en libertad en febrero, con una orden de supervisión, permiso de trabajo y un proceso migratorio activo. El 2 de abril, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, acudieron a su casa en Texas. Ella creyó que iban a comprobar su dirección; después, aseguró, la esposaron y la detuvieron.

La mujer contó que pasó por los centros de detención de Bluebonnet y Prairieland, en Texas, y que estuvo casi dos días incomunicada. Afirmó que no encontraba su nombre en los registros y que durante ese periodo le faltaron comida y agua. Tras ser trasladada a Luisiana, recibió una vacuna contra la fiebre amarilla y le comunicaron que viajaría al Congo al día siguiente. Su versión dibuja una secuencia en la que, según ella, el cambio de destino llegó cuando apenas quedaba tiempo para entenderlo o buscar asesoramiento.

Otro caso fue el de Carlos Rodelo, también colombiano. Dijo que una jueza de Maryland le había concedido protección bajo la Convención contra la Tortura en febrero de 2025, lo que, según su interpretación, impedía devolverlo a su país, aunque no le permitía salir de Estados Unidos. Meses después fue detenido al acudir a una cita migratoria y pasó ocho meses bajo custodia en Luisiana. Aseguró que presentó nuevas solicitudes de protección, pero fue deportado antes de que un juez federal pudiera pronunciarse sobre ellas. Las versiones de los afectados ponen en el centro el acceso a una revisión judicial antes del traslado.

Los relatos no son idénticos y describen trayectorias migratorias distintas, pero comparten un punto: los deportados sostienen que sus casos incluían solicitudes o medidas de protección y que no recibieron información suficiente sobre el país de destino. La Administración estadounidense ha defendido de forma general que estos acuerdos respetan el debido proceso y que permiten expulsar a personas que no pueden ser devueltas a sus países de origen. Las autoridades no ofrecieron, en las informaciones citadas, una explicación detallada sobre cada una de las acusaciones.

Un vuelo con el destino revelado tarde

Los testimonios describen el traslado como un viaje de más de 24 horas con las manos y los pies inmovilizados. Cubillos afirmó que él y otros pasajeros permanecieron sujetos por la cintura, las manos y los pies durante más de 25 horas. Según su relato, recibieron una bolsa con una manzana, unas patatas y agua. La duración del trayecto y las condiciones denunciadas han dado al vuelo un peso central en las críticas, porque los deportados no solo cuestionan adónde fueron enviados, sino también cómo se ejecutó el traslado.

La mujer colombiana entrevistada por Associated Press afirmó que llegó al Congo el 17 de abril tras un vuelo chárter de casi 24 horas. Según ella, le anunciaron el destino con apenas un día de antelación. Otros testimonios también sitúan la comunicación del destino en las horas previas al viaje. Esa falta de anticipación tiene consecuencias prácticas: dificulta contactar con familiares, abogados o representantes consulares y deja poco tiempo para evaluar qué recursos legales siguen disponibles.

La información sobre las expulsiones no siempre permite reconstruir de forma completa cada etapa, desde la detención hasta el embarque. Por eso, las denuncias deben entenderse como testimonios atribuidos a quienes las hicieron, no como una resolución judicial sobre todos los aspectos del proceso. Pero la dificultad para verificar de manera independiente lo ocurrido no elimina la pregunta pública: qué información recibe una persona antes de ser trasladada y qué margen tiene para discutir una decisión que puede situarla en un país desconocido.

La estancia en Kinshasa y el papel de la OIM

Los deportados quedaron alojados en un hotel de Kinshasa, cerca del aeropuerto, bajo una modalidad que describieron como restrictiva. Según los relatos recogidos por Associated Press, podían salir aproximadamente una vez por semana y siempre acompañados por personal de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Una mujer dijo que el personal decidía adónde iban durante esas salidas y qué podían comprar. La organización también habría organizado actividades recreativas, aunque algunos residentes dejaron de participar y pasaban buena parte del día en sus habitaciones.

La OIM confirmó que el Gobierno congoleño le pidió prestar asistencia humanitaria a las quince personas llegadas el 17 de abril. Indicó que podía ofrecer apoyo de protección y, a quienes lo solicitaran, un retorno voluntario asistido conforme a su mandato y a los marcos legales aplicables. La organización también aclaró que no decide quién es deportado. En los relatos publicados, el alcance concreto de la ayuda y la continuidad de esa cobertura no quedaban del todo claros; las informaciones disponibles ofrecían versiones distintas sobre quién asumía los gastos.

Ese matiz importa porque la ayuda humanitaria y la libertad de movimiento no son lo mismo. Una persona puede recibir alojamiento y atención básica y, al mismo tiempo, sentir que no controla sus desplazamientos ni sabe qué ocurrirá al terminar la estancia. La OIM sostiene que un retorno asistido debe contar con el consentimiento de la persona. Sin embargo, defensores de los deportados advierten que la decisión puede estar condicionada por el aislamiento, la ausencia de alternativas y el temor a quedarse sin apoyo. El consentimiento solo es significativo si existe información comprensible y una opción real de decir que no.

El Gobierno congoleño ha presentado la estancia como temporal, mientras que los migrantes describieron una espera sin un calendario claro. La prensa informó de que una de las mujeres tenía un visado congoleño de tres meses próximo a vencer, sin que se conociera un plan concreto para después. No todos los detalles sobre la situación migratoria de cada integrante del grupo se han hecho públicos, por lo que no cabe asumir que todos tenían el mismo permiso o que sus plazos coincidían.

Enfermedad, aislamiento y vidas partidas

Varios miembros del grupo denunciaron fiebre, vómitos, diarrea, cortes de electricidad y falta de agua potable. Cubillos afirmó que él y sus compañeros se encontraban enfermos y que les habían dicho que el malestar podía deberse a la adaptación al entorno. Una mujer colombiana también relacionó la comida con molestias estomacales persistentes. Son testimonios de personas que describen síntomas, no diagnósticos médicos; aun así, el deterioro que aseguran experimentar agrava la incertidumbre de una estancia que ya consideran difícil.

El impacto tampoco se limita a la salud física. Los deportados afirmaron que la desinformación y el desconocimiento de lo que ocurriría les afectaban emocionalmente. En el caso de Cubillos, la separación de su esposa y sus cuatro hijos en Florida transformó el traslado en una fractura familiar. Otra mujer contó que telefoneaba por la noche a su hija de 10 años en Colombia y que no sabía cuándo volvería a verla. Una llamada mantiene el contacto, pero no reemplaza la presencia ni resuelve la pregunta que los niños pueden hacer al otro lado de la línea.

La barrera del idioma añade otra capa de dependencia. El francés y el lingala, lenguas presentes en la vida cotidiana de Kinshasa, eran ajenos a varios de los recién llegados, según sus declaraciones. Sin una red personal en el país y con información limitada sobre su estatus, hasta una gestión sencilla puede convertirse en un obstáculo. La sensación de estar atrapado no necesita siempre una celda: también puede nacer de no poder moverse sin compañía, no entender los trámites y no saber a quién acudir. En ese escenario, la incertidumbre se convierte en una forma de desgaste.

El riesgo de volver y la opción de quedarse

Para algunos de los deportados, volver a su país de origen no es una salida segura. Jorge Cubillos afirmó que había huido de amenazas en Colombia y que regresar a Barranquilla supondría exponerse de nuevo al peligro. Otras personas dijeron haber escapado de amenazas de grupos armados, violencia de exparejas o persecución. Esos motivos deben evaluarse caso por caso, pero explican por qué la opción del retorno puede sentirse como una nueva amenaza y no como una solución sencilla.

La situación de una colombiana de 29 años descrita por Associated Press ilustra esa tensión. Según documentos judiciales citados en esa información, un juez estadounidense determinó en mayo de 2025 que no debía ser devuelta a Colombia con garantías de seguridad, al concederle protección bajo la Convención contra la Tortura. Aun así, acabó trasladada al Congo. Su abogada sostuvo que enviarla a un tercer país sin permitirle impugnar adecuadamente el traslado vulneraba sus derechos y las obligaciones legales de Estados Unidos. Esas son alegaciones de la defensa; no equivalen por sí mismas a una sentencia definitiva sobre el acuerdo con Kinshasa.

La alternativa de solicitar asilo en el Congo tampoco aparecía como una decisión obvia para quienes aseguraban no sentirse seguros allí. Permanecer podría significar hacerlo sin vínculos familiares, con una ayuda cuya duración no estaba clara y sin conocer el resultado de una solicitud de protección local. Por otro lado, volver podía exponerles al riesgo que habían alegado ante las autoridades estadounidenses. Así, las opciones no se ordenan como puertas igualmente abiertas: cada una llega con costes y temores distintos. La dificultad está en que una elección formal no siempre equivale a una alternativa libre.

La OIM señaló que puede organizar un retorno voluntario asistido para quienes lo soliciten, de acuerdo con los marcos aplicables. La organización describió ese programa como una opción que requiere consentimiento. La discusión no se resuelve únicamente con el nombre del servicio: también depende de cómo se informa a cada persona, qué apoyo seguirá disponible si rechaza volver y si puede acceder a asesoría independiente. Esas condiciones determinan si el retorno responde a una decisión propia o a la falta de salidas viables.

El debate jurídico detrás de las expulsiones a terceros países

El principio de no devolución ocupa el centro del debate. En términos generales, impide enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, tortura u otros daños graves. La protección no se limita a evitar un vuelo directo al país de origen: también plantea qué ocurre si el Estado receptor termina devolviendo allí a la persona o no puede protegerla. Por eso, juristas y organizaciones de derechos humanos cuestionan si un tercer país ofrece garantías suficientes y si la persona trasladada dispone de medios para defender su caso.

Un traslado a un tercer Estado no demuestra automáticamente que se haya vulnerado ese principio. La legalidad depende de las normas aplicables, de las circunstancias individuales y de las garantías concretas. El Instituto de Investigación sobre Derechos Humanos, con sede en el Congo, criticó el acuerdo y sostuvo que no veía una base legal adecuada para llevar allí a personas procedentes de Estados Unidos. También cuestionó que fueran retenidas si no habían cometido delitos en territorio congoleño. Son posiciones de una organización de derechos humanos, mientras que la Administración estadounidense ha defendido la legitimidad general de sus acuerdos de expulsión.

El punto más delicado es qué posibilidades tiene cada deportado de conocer y recurrir la decisión antes de subir al avión. Una protección contra el retorno directo al país de origen puede perder eficacia práctica si la persona es enviada a un lugar desde el que teme ser devuelta, o si carece de acceso real a un abogado y a un procedimiento. No basta con que existan garantías en el papel; deben poder comprobarse en la experiencia concreta de quien ha sido trasladado. De ahí que el caso plantee una cuestión más amplia que la cooperación entre dos gobiernos: qué significa el debido proceso cuando el destino se decide lejos del afectado.

Un acuerdo opaco en una política más amplia

La recepción de migrantes de terceros países por parte del Congo forma parte de una estrategia estadounidense que ha buscado acuerdos con varios gobiernos africanos. Informaciones citadas por Associated Press situaron en al menos ocho el número de países africanos que habían suscrito acuerdos con la Administración Trump para facilitar este tipo de expulsiones. La cifra refleja el alcance de la política descrita por esas fuentes, aunque los términos de cada pacto y las condiciones ofrecidas no son necesariamente iguales.

En el caso congoleño, los detalles públicos del acuerdo eran limitados. El presidente Félix Tshisekedi lo describió como un gesto amistoso y afirmó que no había compensación económica. También sostuvo que los migrantes podían marcharse. La versión oficial contrasta con los relatos de personas que dijeron no poder salir por su cuenta o que solo abandonaban el hotel acompañadas. Esa diferencia no prueba por sí sola quién tiene razón en cada episodio, pero sí muestra que la libertad proclamada por un Gobierno y la libertad percibida por quienes dependen de su acogida pueden ser realidades distintas.

El pacto se inscribe además en un contexto regional complejo. La República Democrática del Congo afronta conflictos y desplazamientos internos, y Washington mantenía una relación diplomática intensa con la región, en un momento de presión sobre Ruanda por su apoyo al grupo rebelde M23. El artículo de referencia también situaba las conversaciones en un contexto de intereses estadounidenses sobre minerales críticos congoleños. Ese trasfondo permite entender por qué los acuerdos migratorios pueden convivir con otras prioridades geopolíticas, pero no demuestra que exista un intercambio directo entre la recepción de deportados y esos intereses. La conexión política merece análisis, no una conclusión automática.

La opacidad también afecta a la rendición de cuentas. Si los términos del acuerdo no se conocen con detalle, resulta difícil determinar cuánto durará la acogida, quién supervisa el trato, qué vías de reclamación existen y qué ocurre si un migrante rechaza el retorno. La falta de respuestas específicas de las autoridades estadounidenses y la escasez de detalles públicos sobre el pacto dejan un vacío que las declaraciones generales no llenan. En una política que traslada personas a miles de kilómetros, publicar las reglas no es un gesto accesorio: es una condición para evaluar si se cumplen.

Lo que revela el limbo de Kinshasa

La experiencia de estas quince personas no permite describir todos los acuerdos de deportación ni anticipar el desenlace de cada caso. Sí muestra cómo una política concebida para resolver expulsiones puede trasladar la incertidumbre a otro país sin resolver la situación de fondo. Washington puede considerar que ha sacado a una persona de su territorio; Kinshasa puede presentar su acogida como temporal; pero el expediente humano permanece abierto mientras no exista una vía clara, segura y comprensible para cada individuo.

El caso también pone a prueba el significado de una protección judicial. Si alguien obtiene una salvaguarda frente a la devolución a su país, la aparición de un destino alternativo no debería borrar la necesidad de examinar el riesgo, informar al afectado y permitirle impugnar la decisión. De lo contrario, la protección puede quedar reducida a una prohibición estrecha, mientras la persona es enviada a un lugar donde no tiene arraigo y desde el que teme no poder construir una vida. El debate no es solo si los Estados pueden cooperar en materia migratoria, sino qué límites deben acompañar esa cooperación.

En Kinshasa, las denuncias de enfermedad, vigilancia y aislamiento conviven con el anuncio oficial de una estancia temporal y con la asistencia de la OIM. Para las familias separadas, sin embargo, el tiempo no es una categoría diplomática. Se mide en llamadas nocturnas, noticias que no llegan y semanas sin saber si habrá un regreso, una solicitud de asilo o un traslado posterior. A falta de un calendario y de información individual, el futuro se convierte en una habitación de espera que puede prolongarse sin que nadie explique cuándo termina.

Las fronteras ya no se limitan al puesto de control o al aeropuerto. También se desplazan mediante acuerdos, vuelos y decisiones tomadas lejos de quienes las padecen. La discusión sobre las expulsiones a terceros países se resolverá menos por el lenguaje de la cooperación que por sus condiciones concretas: acceso a abogados, libertad de movimiento, atención adecuada y posibilidad efectiva de rechazar un retorno inseguro. Mientras esas garantías sigan sin estar claras, la distancia entre la política anunciada y la vida de los deportados seguirá siendo el dato más elocuente del caso.