Quién da más miedo en España: ¿inmigrantes, corruptos o miedo social?

La foto real del miedo en España no señala a un color de piel, un acento ni un pasaporte como si fueran una huella dactilar del delito. Señala algo más incómodo: una sociedad que mezcla vivienda imposible, economía tensa, inmigración convertida en munición política, corrupción institucional y una inseguridad cotidiana que a menudo se siente más de lo que se mide. En el CIS de junio de 2026, la vivienda aparece como el primer problema nacional, con un 41,3%; después llegan la crisis económica, con un 19,2%; la inmigración, con un 18,9%; y la corrupción y el fraude, con un 18,4%, ya en cuarta posición tras dispararse 9,3 puntos en un mes. Ahí está el retrato: el país tiene miedo, sí, pero no siempre sabe distinguir entre amenaza, ruido y tertulia con focos.

El núcleo es este: los datos no permiten afirmar que personas negras, árabes, rumanas, jóvenes marroquíes o latinas sean “el peligro” en España. Esa frase, además de injusta, es estadísticamente pobre. Lo que sí dicen las cifras es que la delincuencia registrada crece muy poco en conjunto, que la criminalidad convencional está prácticamente plana o baja, que la ciberdelincuencia sube, que los delitos de odio alcanzan máximos y que la corrupción vuelve a colocar una sombra espesa sobre la vida pública. Menos navaja en el callejón de película, más estafa en el móvil, más bronca identitaria, más sospecha hacia quien manda. Menos épica de frontera. Más desgaste democrático.

Lo que dicen los datos: menos calle que relato

El Balance de Criminalidad de Interior para 2025 registró 2.474.156 infracciones penales, un aumento del 0,8% respecto a 2024. La criminalidad convencional, la de la calle y los delitos no digitales, bajó un 0,2%, mientras que la cibercriminalidad llegó a 489.248 infracciones y creció un 5,3%. Este detalle cambia mucho la película: el miedo público suele imaginar una esquina oscura, pero la estadística apunta cada vez más al enlace falso, al SMS venenoso, a la compra online que se evapora, al timo que entra por la pantalla con olor a banco serio.

También conviene mirar los delitos que más alimentan la sensación física de inseguridad. Los robos con violencia o intimidación bajaron un 1,5% en 2025, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos descendieron un 9,1%, los robos en viviendas cayeron un 8,3% y los hurtos bajaron un 2,3%. No es una España angelical, claro que no. Hay barrios con problemas, zonas tensionadas, delitos duros, reincidencia, bandas, narcotráfico y violencia machista. Pero el país que aparece en los datos no coincide siempre con el país que algunas sobremesas televisivas pintan como una estación de metro en llamas.

La contradicción es vieja: cuando algo se repite mucho en televisión o redes, parece más frecuente; cuando ocurre cerca, parece general; cuando el autor tiene acento extranjero, algunos lo convierten en categoría política. Esa operación mental tiene nombre sencillo: tomar una parte por el todo. Y funciona, vaya si funciona. Un delito cometido por un español suele ser “un delito”; si lo comete un extranjero, demasiadas veces pasa a ser “un síntoma”. Ahí empieza la trampa.

Por qué los condenados no explican solos la inseguridad

La estadística judicial añade matices, no eslóganes. En 2024 hubo 306.807 adultos condenados con sentencia firme, un 9,4% más que el año anterior. El 79,9% eran hombres. La mayor tasa se dio entre personas de 21 a 30 años. Y la mayoría de los condenados, el 71,4%, tenía nacionalidad española, aunque la tasa por cada 1.000 habitantes adultos fue más alta entre personas extranjeras: 15,7 frente a 6,2 entre españoles. Ese dato existe y no debe esconderse; tampoco debe utilizarse como garrote contra millones de personas que trabajan, cuidan, pagan alquileres absurdos, levantan persianas antes del alba y no han cometido delito alguno.

La nacionalidad, por sí sola, explica poco. Importan la edad, el sexo, la renta, el empleo, el tipo de delito, la situación administrativa, el lugar de residencia, la concentración territorial, la precariedad, la vigilancia policial diferencial y la propia composición demográfica. Una población extranjera más joven y más masculina tendrá, en casi cualquier país, más presencia en ciertas estadísticas penales que una población envejecida. Eso no convierte a una comunidad en culpable colectiva. Convierte al análisis perezoso en un chiringuito con bandera.

En menores ocurre algo parecido. En 2024 fueron inscritos 13.491 menores condenados, y el 80% tenía nacionalidad española. La tasa entre menores extranjeros fue más alta, 10,9 por cada 1.000 frente a 5,8 entre españoles, pero los delitos de mayor incidencia fueron lesiones, robos y amenazas; datos serios, sí, aunque lejos de autorizar esa caricatura del joven marroquí como espantapájaros nacional. Cuando se habla de adolescentes, además, la política debería ponerse guantes. Son menores. No material inflamable para tertulia de noche.

La inmigración como chivo expiatorio de sofá

España ha cambiado muy deprisa. A 1 de enero de 2025, el 14,1% de la población tenía nacionalidad extranjera y el 19,3% había nacido fuera del país. Las nacionalidades extranjeras más numerosas eran la marroquí, la colombiana y la rumana; en el primer trimestre de 2026, las principales llegadas fueron de colombianos, marroquíes y venezolanos. Es decir, el paisaje humano del país ya no cabe en la postal antigua: hay acentos nuevos en la farmacia, en el autobús, en el bar, en el colegio, en la obra, en el hospital. Y eso, para parte de la población, produce mezcla de curiosidad, convivencia, competencia y miedo.

El problema empieza cuando una transformación demográfica se cuenta como una invasión, o cuando un suceso criminal se usa para vestir de sospecha a una comunidad entera. Los latinos no son una categoría penal. Los rumanos tampoco. Los marroquíes tampoco. Las personas negras no aparecen en las estadísticas oficiales como bloque criminal porque España no mide el delito por “raza”, y haría bien en no convertir esa palabra en martillo. Lo que hay son personas, nacionalidades, trayectorias, barrios, desigualdades, delitos concretos y víctimas concretas.

La nacionalidad no es una condena preventiva

La inmigración sí aparece ya como preocupación social de primer nivel. En el CIS de junio de 2026 se mantiene como tercer problema del país, con un 18,9% de menciones, casi empatada con la crisis económica y la corrupción. Pero preocupación no significa prueba. El salto de “me inquieta la inmigración” a “los inmigrantes dan miedo” es un salto político, no estadístico; una pirueta de plató, no una conclusión decente.

La vida diaria lo desmiente con una fuerza modesta, nada teatral. La misma España que escucha discursos duros contra la inmigración depende de trabajadores extranjeros en cuidados, hostelería, agricultura, construcción, reparto, limpieza y servicios. En el Censo de 2025, el INE recuerda que los extranjeros representaban el 43,5% de los empleados domésticos, el 39,6% de los peones agrarios, forestales y de pesca y el 22,4% de los asalariados de restauración a 1 de enero de 2023. La señora que teme al “extranjero” quizá está siendo cuidada por una extranjera. La terraza que presume de orden quizá funciona porque alguien llegó de fuera para fregar, servir, cargar, madrugar.

Racismo, xenofobia y redes: el miedo que fabrica culpables

El dato más oscuro no está solo en quién comete delitos, sino en quién es convertido en diana. Interior registró en 2025 un máximo histórico de delitos e incidentes de odio: 2.417 infracciones penales e incidentes, un 23,6% más que en 2024. Los más numerosos fueron los de racismo y xenofobia, con 934 hechos; después aparecen los vinculados a orientación sexual e identidad de género, con 571, y los delitos por ideología, con 241. El miedo también delinque cuando se organiza como odio.

Ese veneno baja al barro digital con una facilidad pasmosa. El OBERAXE identificó en mayo de 2026 más de 31.000 contenidos discriminatorios en redes sociales, y su informe señala que la inseguridad ciudadana se consolida como eje principal de los mensajes racistas y xenófobos, afectando sobre todo a personas del Norte de África, musulmanas y afrodescendientes. La fórmula es reconocible: se toma un delito, se le pone rostro extranjero, se repite, se exagera, se deshumaniza. Al final, el miedo ya no busca al culpable concreto; busca un grupo entero.

Aquí los opinion makers de televisión, radio, prensa y redes tienen una responsabilidad que no cabe en el clásico “yo solo hago preguntas”. Las preguntas también empujan. Las mesas de tertulia fabrican clima cuando seleccionan siempre el mismo tipo de caso, cuando ponen música de amenaza a cada llegada por mar, cuando convierten un barrio complejo en zoológico moral o cuando hablan de “los menas”, “los moros”, “los latinos” o “los rumanos” como si fueran una nube tóxica. Luego llega el dato y trae una fregona pequeña para un incendio enorme.

Corrupción: el peligro que no corre, pero pudre

La corrupción da menos miedo físico que un robo, pero puede hacer más daño estructural. No entra en el portal con capucha; entra en contratos, favores, fundaciones, mordidas, puertas giratorias, adjudicaciones opacas y silencios de partido. Por eso su ascenso en el CIS importa. En junio de 2026, la corrupción y el fraude pasan del décimo al cuarto problema nacional, del 9,1% al 18,4% de menciones. La preocupación por los problemas políticos en general también sube hasta el 18,3%, y el Gobierno y los partidos aparecen con un 14,4%. No es solo cabreo: es desgaste de confianza.

La percepción internacional tampoco ayuda. Transparency International sitúa a España en 2025 con 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, un punto menos que el año anterior, y en el puesto 49 de 182 países. No somos un Estado fallido ni una cleptocracia de novela negra, pero tampoco estamos para dar lecciones con la toga recién planchada. La corrupción española tiene algo de humedad en pared vieja: a veces no se ve, pero aparece la mancha, vuelve el olor, se cae la pintura.

Frente a un carterista, una persona sabe qué teme. Frente a la corrupción, el miedo es más abstracto: que el mérito valga menos, que la ley tarde demasiado, que los amigos del poder tengan ascensor, que los grandes casos se eternicen hasta que la memoria pública se canse. La calle puede dar sustos; la corrupción fabrica cinismo. Y el cinismo, en democracia, es un ácido lento.

La foto incómoda del miedo español

La España de 2026 no tiene un único monstruo bajo la cama. Tiene una suma de ansiedades: alquileres que muerden, salarios que no alcanzan, política embarrada, delitos digitales en expansión, agresiones reales, delitos de odio al alza y un debate migratorio que demasiadas veces confunde convivencia con amenaza. El peligro no tiene pasaporte colectivo. Tiene actos concretos, responsables concretos, víctimas concretas y datos que obligan a pensar con algo más que vísceras.

La respuesta honesta es menos cómoda que el eslogan: no dan más miedo “los negros”, “los árabes”, “los rumanos”, “los jóvenes marroquíes” o “los latinos”. Da miedo el delito, venga de quien venga; da miedo la corrupción, porque rompe la confianza común; da miedo el odio, porque convierte vecinos en sospechosos; y da miedo una conversación pública que a veces prefiere señalar pieles antes que mirar estructuras. España no está condenada a vivir asustada. Pero necesita distinguir entre peligro real y espantajo rentable. Ahí se juega bastante más que una tertulia.