¿Por qué señalan a Mar Sánchez, la mano derecha de Feijóo en Génova?

María del Mar Sánchez Sierra es la dirigente a la que alude la noticia. Diputada del PP por Madrid, responsable durante años de la imagen pública de Alberto Núñez Feijóo y antigua secretaria general de Medios de la Xunta, su nombre aparece vinculado a denuncias que cuestionan el empleo de fondos públicos destinados a comunicación institucional durante su etapa en Galicia. Las acusaciones mencionan posibles delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales, pero no existe una sentencia ni un auto judicial que considere probados esos hechos.

El dato decisivo —y el que obliga a bajar el volumen del titular— es otro. La Fiscalía gallega remitió una denuncia a la Fiscalía del Tribunal Supremo en febrero de 2025 porque Sánchez Sierra era diputada y, por tanto, aforada. Aquella derivación no equivalía a abrir una causa penal ni a imputarla. A fecha del 19 de junio de 2026, la información que ha reactivado el asunto no aporta número de procedimiento, auto de admisión, citación, decreto fiscal ni querella presentada ante la Sala de lo Penal. En los tribunales, una carpeta enviada a Madrid todavía no es un banquillo.

La mujer que organiza la imagen de Feijóo

Sánchez Sierra, nacida en 1969 y licenciada en Ciencias de la Información, no es una recién llegada a la sala de máquinas del Partido Popular. Trabajó en medios, en la Xunta y en distintas estructuras públicas antes de convertirse en una de las colaboradoras más estables de Feijóo. Le acompañó desde su etapa al frente de Correos y volvió a su lado cuando este regresó a Galicia. En 2009 fue nombrada directora general de Comunicación de la Xunta y, cuatro años después, asumió la Secretaría General de Medios.

Su poder nunca ha dependido demasiado de los micrófonos. Ha estado en la cocina: discursos, estrategia, encuadre de los mensajes, relación con periódicos y televisiones, cuidado casi quirúrgico de la figura del líder. Cuando Feijóo tomó las riendas nacionales del PP en 2022, la colocó al frente del área de Proyección e Imagen. Después la incluyó en las listas por Madrid y obtuvo escaño en el Congreso en 2023. La Cámara la mantiene como diputada, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de control de RTVE.

Llamarla mano derecha de Feijóo es una simplificación periodística, pero no una fantasía. Sánchez Sierra forma parte del pequeño círculo gallego que acompañó al presidente del PP en su desembarco en Génova. No dirige formalmente el partido ni ejerce como portavoz; influye en un territorio menos visible y, a menudo, más poderoso: la construcción de la imagen. La política moderna tiene esas ironías. Quien decide la luz suele quedarse fuera de la fotografía.

Qué denuncia existe y qué no está demostrado

La denuncia conocida fue impulsada por Miguel Ángel Delgado, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo y Pesquero de Galicia, Pladesemapesga. El escrito llegó primero a la Fiscalía de Galicia y contenía documentación sobre presuntas irregularidades atribuidas a Sánchez Sierra durante su etapa en la Administración autonómica. La Fiscalía gallega abrió un expediente gubernativo, lo archivó en su propio ámbito y lo remitió por inhibición a la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo debido al aforamiento de la diputada.

Esa secuencia suele prestarse a equívocos. El archivo en Galicia no significaba que el contenido hubiera sido declarado falso; indicaba que aquella fiscalía no era competente para resolver sobre una diputada nacional. Del mismo modo, la recepción del expediente en el Tribunal Supremo tampoco acreditaba los delitos denunciados. Significaba, sencillamente, que el organismo competente debía estudiar si había materia penal suficiente.

Hay otro elemento que enturbia la versión de una investigación que avanza. Xornal Galicia, medio dirigido por el propio denunciante, publicó en diciembre de 2025 que la Fiscalía del Tribunal Supremo había archivado las actuaciones el mes anterior por falta de base suficiente. No se ha difundido públicamente una resolución que permita comprobar todos sus términos, pero ese antecedente resulta relevante: la información conocida este 19 de junio no aclara si habla de aquel expediente, de una nueva denuncia o de una eventual reapertura.

La remisión al Supremo no es una imputación

La Fiscalía puede recibir una denuncia, efectuar comprobaciones preliminares y decidir después entre archivarla o llevarla ante un juez mediante denuncia o querella. La normativa obliga al Ministerio Fiscal a cerrar las diligencias cuando no aprecia elementos que justifiquen ejercer acciones penales; si encuentra indicios de delito, debe judicializar el asunto. Examinar documentación no convierte automáticamente a nadie en investigado.

Sánchez Sierra, por su condición de diputada, solo podría ser instruida y juzgada penalmente por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y para inculparla o procesarla durante su mandato sería necesaria la autorización previa del Congreso mediante el correspondiente suplicatorio. Nada de eso consta públicamente en este momento.

La precisión importa. No por indulgencia con el poder —el poder merece lupa, siempre—, sino porque entre denunciar un delito y demostrarlo hay una distancia que se llama Estado de derecho. Saltársela queda muy vistoso en una portada, pero convierte una sospecha en condena anticipada.

El foco sobre la Secretaría General de Medios

El núcleo político de las acusaciones está en el periodo durante el cual Sánchez Sierra controló la política comunicativa de la Xunta. Desde la Secretaría General de Medios se gestionaban campañas institucionales, convenios, ayudas y relaciones con empresas periodísticas. Sus críticos sostienen que ese caudal de publicidad pública habría servido para premiar líneas editoriales favorables al Ejecutivo de Feijóo y debilitar a medios incómodos.

El debate sobre la publicidad institucional no es menor. Cuando una Administración distribuye millones entre periódicos, radios y televisiones sin reglas suficientemente transparentes, el dinero puede comportarse como una persiana: deja pasar luz hacia unos y mantiene a otros en penumbra. Eso puede ser políticamente discutible, administrativamente irregular o incluso delictivo, pero cada escalón exige pruebas distintas. La discrecionalidad, por sí sola, no demuestra una malversación.

La polémica patrimonial y la gestión de los fondos de comunicación se han mezclado hasta formar una nube espesa. Conviene separarlas. El hecho de que una responsable pública tenga un patrimonio elevado no demuestra que este proceda de fondos públicos. Para sostener un delito de blanqueo de capitales haría falta acreditar el origen ilícito del dinero, su recorrido y las operaciones utilizadas para ocultarlo. La mera suma de inmuebles, sociedades familiares y sospechas no completa ese puzle.

ABANCA y la acusación sobre publicidad institucional

Las denuncias sitúan parte de esos gastos de comunicación alrededor del nacimiento de ABANCA. Según los denunciantes, la Xunta habría financiado campañas y convenios destinados a mejorar la percepción pública de la nueva entidad durante la desaparición de las antiguas cajas gallegas y la privatización de NCG Banco.

El contexto histórico está documentado. Tras recibir ayudas públicas y quedar bajo el control del FROB, NCG Banco fue vendido en 2013 a Banco Etcheverría-Grupo Banesco. La oferta ascendió a 1.003 millones de euros por el 88,33% de las acciones y fue escogida dentro de un proceso competitivo. La operación se formalizó en junio de 2014 y la entidad adoptó después la marca ABANCA.

Que la Xunta desplegara publicidad institucional en aquellos años puede comprobarse mediante presupuestos, contratos y convenios. Lo que no está probado judicialmente es que Sánchez Sierra desviara esas partidas para “lavar” la imagen del banco a cambio de una ventaja privada, ni que participara en la adjudicación financiera de NCG Banco. La venta dependió del FROB, del Banco de España y de las autorizaciones nacionales y europeas, no de la Secretaría General de Medios de la Xunta. Mezclar ambos planos produce un relato potente, casi cinematográfico, pero todavía no una prueba penal.

Patrimonio, opacidad administrativa y sospechas

La declaración presentada por Sánchez Sierra al entrar en el Congreso recogía un patrimonio financiero de algo más de 1,29 millones de euros, con participaciones en las sociedades familiares Inpronosa Inversiones y Fincela, fondos, cuentas y acciones. También incluía numerosos inmuebles o participaciones en propiedades procedentes, en gran parte, de un pacto sucesorio de mejora formalizado con su familia en 2020. El documento declaraba entonces que no tenía deudas.

Es una fortuna considerable, desde luego, pero declarada. La existencia de ese patrimonio no constituye indicio penal por sí misma. Una parte relevante procede de sociedades y bienes familiares; determinar si existe alguna irregularidad exigiría contrastar escrituras, tributación, valoraciones, movimientos bancarios y relaciones con decisiones administrativas concretas. Las cifras grandes llaman la atención. Los delitos, en cambio, necesitan algo más prosaico: documentos que encajen.

Sí existe un problema de transparencia administrativa acreditado. Tras cesar como secretaria general de Medios en mayo de 2022, su declaración de bienes no apareció publicada en el Diario Oficial de Galicia dentro del procedimiento habitual. La Xunta aseguró que Sánchez Sierra la había presentado en tiempo y forma, pero admitió que no se publicó y no facilitó inicialmente los justificantes reclamados por la prensa. El incumplimiento de publicidad corresponde a la Administración gallega; no demuestra que la ex alto cargo ocultara bienes deliberadamente.

También se informó posteriormente de la compra de una vivienda en A Coruña que no figuraba en la declaración parlamentaria de agosto de 2023. Hay que mirar el calendario antes de encender las antorchas: la escritura se formalizó en marzo de 2024, varios meses después de aquella declaración inicial. Su ausencia en el documento de 2023 no prueba por sí sola una ocultación, aunque sí puede alimentar el debate sobre la actualización y claridad de las declaraciones patrimoniales de los diputados.

La distancia entre el titular y la causa penal

A Sánchez Sierra pueden ocurrirle jurídicamente tres cosas. Si el expediente fue archivado definitivamente en 2025 y no existen nuevas pruebas, el asunto permanecerá cerrado, sin perjuicio de que los denunciantes intenten presentar otra denuncia o una querella. Si ha llegado documentación nueva a la Fiscalía del Supremo, esta podrá revisarla y decidir de nuevo entre el archivo y la judicialización. Solo en este último supuesto comenzaría una verdadera causa penal ante la Sala Segunda.

Después vendrían pasos mucho más visibles: designación de instructor, resolución de admisión, posibles citaciones y, cuando procediera actuar formalmente contra la diputada, solicitud de suplicatorio al Congreso. Ninguno de esos hitos aparece acreditado en la información disponible. No consta una imputación, una investigación judicial abierta ni una petición de autorización a la Cámara.

En el terreno político, la factura puede llegar antes. Sánchez Sierra ocupa una posición de confianza y cualquier controversia sobre publicidad institucional, patrimonio u opacidad afecta directamente al discurso de regeneración que Feijóo dirige contra sus adversarios. El PP puede mantenerla, apartarla de sus responsabilidades internas o exigirle explicaciones más detalladas. Son decisiones políticas, no consecuencias automáticas de una denuncia.

Muchas dudas y ninguna condena

El círculo judicial, por ahora, no parece haberse estrechado tanto como sugiere el titular. Lo que sí se ha estrechado es el margen para el silencio. La trayectoria de Sánchez Sierra, su influencia sobre la comunicación del PP y el deficiente episodio de transparencia en la Xunta justifican el escrutinio público. Pero el estado verificable del asunto exige una frase menos rotunda y bastante más limpia: hay acusaciones graves, hay documentos remitidos y hay muchas dudas, pero no hay una culpabilidad demostrada ni una causa penal pública que permita presentarla como investigada.